AC1992-2021 (2021-01579-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1992-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01579-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia entre los Juzgados de Familia, S\u00e9ptimo de Bogot\u00e1 y Primero de Funza, para conocer de la demanda ejecutiva de alimentos, interpuesta por Andrea Sanabria N\u00fa\u00f1ez, en representaci\u00f3n de sus tres hijos menores de edad, contra Eduardo Enrique Cruz. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los juzgados mencionados, la accionante elev\u00f3 solicitud para el pago de la deuda que por concepto de alimentos debe el convocado, por un valor de dieciocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos dos pesos con cincuenta y siete centavos ($18.754.902.57). Puntualiz\u00f3 que el requerido es \u201cvecino de la ciudad de Bogot\u00e1\u201d y fundament\u00f3 la competencia en raz\u00f3n a la naturaleza del asunto y por \u201cel domicilio de los menores\u201d1. <\/p>\n
2. La autoridad judicial de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 el asunto, tras considerar que \u201cde conformidad con lo dispuesto por el art. 306 ib\u00eddem, es ante el juez de conocimiento ante el que debe presentarse la ejecuci\u00f3n, para que all\u00ed se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en el que fue dictada la providencia constitutiva del t\u00edtulo ejecutivo\u201d2. Remiti\u00f3 las diligencias al Juzgador de Funza. <\/p>\n
3. El Juez de Familia de la ciudad de destino no acept\u00f3 la atribuci\u00f3n y promovi\u00f3 la colisi\u00f3n que se examina, poniendo de presente que, \u201c(\u2026) el fuero de conexi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 306 del C.G.P., es desplazado por la norma de car\u00e1cter especial plasmada en el art\u00edculo 28 numeral 2\u00ba inciso 2\u00ba ibidem, que asigna la competencia de forma exclusiva o privativa a los jueces del lugar en donde se encuentren domiciliados los menores interesados, al ser sujetos de especial protecci\u00f3n y primar su inter\u00e9s personal\u201d3. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 de la Ley 1564 de 2012 y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
3. El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem consagra la regla general que \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u201d, luego de la inteligencia de la anterior disposici\u00f3n se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en las causas judiciales contenciosas est\u00e1 asignada al juez del domicilio del demandado. <\/p>\n
Ahora bien, el criterio citado en precedencia no encuentra aplicaci\u00f3n en asuntos frente a los cuales, el legislador ha establecido que el funcionario competente para asumir el conocimiento del litigio se determina en consideraci\u00f3n a otras circunstancias. <\/p>\n
Por ejemplo, trat\u00e1ndose de procesos de alimentos para menores, la ley establece pautas especiales que permiten asignar el tr\u00e1mite de una controversia a determinado juzgador. Es as\u00ed, que en tal sentido el inciso 2\u00ba del numeral 2 del referido canon 28 \u00eddem, indica que: \u201cen los procesos de alimentos\u2026 en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u201d. <\/p>\n
De lo anterior se deduce que la competencia por el factor territorial en los procesos de alimentos en que un menor sea parte, corresponde de manera privativa al juez de su \u201cdomicilio\u201d, pues, como ha dicho la Sala, \u201cLa atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en la que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u201d (AC3745-2017). <\/p>\n
La regulaci\u00f3n especial que fija la competencia en el juzgador del domicilio de los ni\u00f1os, se justifica en el inter\u00e9s del legislador de facilitar la comparecencia de los peque\u00f1os a pleitos de naturaleza tan esencial como son los que tienen que ver con su sostenimiento y manutenci\u00f3n, y es, en ese orden de ideas, que la jurisprudencia ha destacado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia (CSJ, AC, 18 dic. 2007, rad. 01529-00, reiterado AC543, 11 feb. 2014, exp. 2013-01719-00). <\/p>\n
4. En el caso concreto, de entrada se advierte que no resulta admisible la manifestaci\u00f3n hecha por el Juzgado de familia Bogot\u00e1, en el sentido de que \u201ces ante el juez de conocimiento ante el que debe presentarse la ejecuci\u00f3n\u201d, habida cuenta que, seg\u00fan lo manifest\u00f3 la parte actora, el cobro se hace a favor de los menores de trece, once y seis a\u00f1os de edad, quienes viven en Bogot\u00e1 con su progenitora, ciudad diferente a aquella en la que se concret\u00f3 y aval\u00f3, mediante audiencia de conciliaci\u00f3n, la cuota de manutenci\u00f3n, es decir, que siguiendo las directrices del inciso 2\u00b0 numeral 2 del art\u00edculo 28 del C. G. de P., en cuanto privativamente atribuye la facultad de conocer los litigios al juez de la vecindad de los menores, el caso corresponde al funcionario de la capital del pa\u00eds. <\/p>\n
5. Debe se\u00f1alarse que, seg\u00fan el criterio de la Sala, en los juicios de alimentos como el presente, donde se hallan involucrados intereses de menores de edad, no es aplicable la regla de competencia consignada en el canon 306 del C\u00f3digo General del Proceso, que impone la obligaci\u00f3n de conocer en cabeza del juez que hubiere dictado la providencia cuya ejecuci\u00f3n se persigue, pues, en un asunto semejante se sostuvo: <\/p>\n
\u201cPuestas as\u00ed las cosas, la Corte observa que al presente caso no era aplicable la regla seg\u00fan la cual el proceso de ejecuci\u00f3n de alimentos deb\u00eda tramitarse ante el mismo juez que los fij\u00f3, habida cuenta que, seg\u00fan lo manifest\u00f3 la parte actora, el cobro se hace a favor de dos menores de tres y siete a\u00f1os de edad (\u2026), quienes viven en Cali con su progenitora, domiciliada all\u00e1, ciudad diferente a aquella en la que se adelant\u00f3 el juicio de divorcio donde se concret\u00f3 y aval\u00f3 la cuota de manutenci\u00f3n que de com\u00fan acuerdo hab\u00edan fijado los ahora ex-c\u00f3nyuges. Es decir, que siguiendo las directrices del inciso 2\u00b0 numeral 2 del art\u00edculo 28 del C. G. de P., en cuanto privativamente atribuye la facultad de conocer los litigios al juez de la vecindad de los menores, el caso corresponde al funcionario de la capital del Valle\u201d4. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el juzgador de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 cuando remiti\u00f3 el caso al juzgador que previamente hab\u00eda conocido el tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n de los progenitores de los ni\u00f1os, porque ante una regla privativa de competencia establecida para proteger el inter\u00e9s superior de ellos, no era de recibo aplicar otra como la del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 le corresponde conocer del libelo de alimentos de Andrea Sanabria N\u00fa\u00f1ez, en representaci\u00f3n de sus tres hijos menores de edad, contra Eduardo Enrique Cruz. <\/p>\n
En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina indicada para lo de su competencia e inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n, mediante oficio, a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 64 c. D1100110203000202210157900_proceso_202119124210. Exp. digital. <\/p>\n
2 Folio 64 Ibidem. <\/p>\n
3 Folios 1 a 3. C. D11001020300020210157900_proceso_2021519124229. Ibidem. <\/p>\n
4 AC3872-2018, exp. 2018-02470. Tambi\u00e9n: AC3745-2017. <\/p>\n
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