AC1995-2021 (2016-00168-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1995-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 73001-31-10-001-2016-00168-01 <\/p>\n
Aprobado en Sala virtual de once de febrero de dos mil veinte <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda presentada por Berenice, Adela, Dora, Gerardo y Alberto Silva Contreras, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia de 12 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso verbal incoado por los recurrentes contra Alba Silva Contreras. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Los demandantes solicitaron declarar que la interpelada no es hija de sus padres leg\u00edtimos, Efra\u00edn Silva Mill\u00e1n y Alicia Contreras de Silva, fallecidos. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. La demandada es hija de crianza de los causantes. La recibieron en su hogar en 1950 o 1960, cuando apenas ten\u00eda seis a\u00f1os. Proven\u00eda del municipio de Santa Isabel (Tolima), hu\u00e9rfana de madre. <\/p>\n
El 11 de marzo de 1977, Alba Silva Contreras fue registrada por Clara de Aterrasman como hija legitima de Efra\u00edn Silva Mill\u00e1n y Alicia Contreras de Silva. Lo anterior con informaci\u00f3n err\u00f3nea. Los c\u00f3nyuges no eran sus progenitores, tampoco la legitimaron dentro del matrimonio. <\/p>\n
1.3. La r\u00e9plica. La convocada se opuso a las s\u00faplicas. Adujo que fue registrada en el estado civil con base en una partida de bautismo suscrita por \u00abEfra\u00edn Silva Mill\u00e1n y Alicia Contreras D. Padrinos Gerardo Silva y Francelina Romero\u00bb. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El 5 de febrero de 2019, el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 accedi\u00f3 a las pretensiones. Sustent\u00f3 la decisi\u00f3n en el dictamen de ADN del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Grupo de Gen\u00e9tica. La prueba, dijo, desvirtuaba la presunci\u00f3n de paternidad y maternidad leg\u00edtima. <\/p>\n
1.5. La decisi\u00f3n de segunda instancia. Revoc\u00f3 la precedente decisi\u00f3n y declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de caducidad de las acciones de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
1.5.1. La de paternidad. El Tribunal eligi\u00f3 aplicar el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, sin la reforma introducida por la Ley 1660 de 2006. La fecha del deceso de Efra\u00edn Silva Mill\u00e1n, el 12 de octubre de 1979, as\u00ed lo ense\u00f1aba. La impugnaci\u00f3n, para entonces, respecto de los herederos, era transmitida y se reduc\u00eda al lapso que le faltaba al causante para reclamar, sin que fuera propia, como ahora. <\/p>\n
El tiempo de preclusi\u00f3n, a la saz\u00f3n, acorde con el canon 221 del C\u00f3digo Civil, se limitaba a sesenta d\u00edas. De esto emerg\u00eda n\u00edtido que en la \u00e9poca de la demanda, el 8 de abril de 2016, el \u00abt\u00e9rmino de caducidad para impugnar la paternidad (\u2026) estaba con creces rebasado\u00bb. <\/p>\n
1.5.2. La de maternidad. Seg\u00fan el ad-quem, como Alicia Contreras de Silva falleci\u00f3 el 21 de mayo de 2009, la Ley 1660 de 2006, gobernaba el caso. Consagraba dos momentos para discutir esa relaci\u00f3n filial. Uno, la muerte de la madre; y otro, el nacimiento del hijo. <\/p>\n
En el subj\u00fadice, ante la ausencia de prueba sobre el conocimiento de dicho alumbramiento, el deceso de la progenitora detonaba la caducidad. Y si el t\u00e9rmino para cuestionar se acortaba a ciento cuarenta d\u00edas, resultaba claro, el lapso, para las calendas de la demanda, el 8 de abril de 2016, \u00abigualmente se encontraba rebasado\u00bb. <\/p>\n
1.5.3. Para el juzgador, era improcedente aplicar el art\u00edculo 219, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo Civil, en el sentido de computar la caducidad a partir del proceso de petici\u00f3n de herencia elevada por la demandada, como se solicit\u00f3 por los actores. Dijo que se deb\u00eda partir de la existencia del proceso de petici\u00f3n de herencia y esto no estaba acreditado. <\/p>\n
1.5.4. El Tribunal, por \u00faltimo, resalt\u00f3 que la \u00abfamilia de crianza, entendida como aquella que no se conforma por v\u00ednculos biol\u00f3gicos, sino por lazos de afecto, respeto, solidaridad, comprensi\u00f3n y protecci\u00f3n (\u2026), es una modalidad de grupo familiar que cuenta con reconocimiento y protecci\u00f3n constitucional consagrado en el art\u00edculo 42 de la Carta Pol\u00edtica (\u2026)\u00bb. Todo, a partir de la presunci\u00f3n de paternidad y maternidad (art\u00edculo 6\u00ba, numeral 6\u00ba de la Ley 75 de 1968), proveniente de la \u00abposesi\u00f3n notoria del estado de hijo\u00bb. <\/p>\n
1.6. La demanda de casaci\u00f3n. Los cuatro cargos elevados acusan violado el canon 7 de la Ley 1660 de 2006. <\/p>\n
1.6.1. El primero, por la v\u00eda directa. En sentir de los recurrentes, el a-quem ignor\u00f3 y le neg\u00f3 eficacia al precepto, e incurri\u00f3 \u00aben defectuosa apreciaci\u00f3n de pruebas porque no tiene en cuenta la solemnidad de la Ley\u00bb. <\/p>\n
Conforme a la norma, no hay caducidad de los \u00abefectos patrimoniales\u00bb cuando los interesados entraron en posesi\u00f3n efectiva de la herencia sin contradicci\u00f3n del pretendido hijo. En este caso, \u00abpodr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo\u00bb si \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos. <\/p>\n
No es jur\u00eddico, por tanto, computar la caducidad de una impugnaci\u00f3n incoada por los herederos. Porque \u00abcontra quien no puede ejercitar una acci\u00f3n no corre la prescripci\u00f3n y la acci\u00f3n que no ha nacido, no puede prescribir\u00bb. <\/p>\n
1.6.2. El segundo, rectamente. Los impugnantes reprochan al juzgador por interpretar y aplicar en forma indebida la norma, y el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil. El derecho a impugnar, dicen, naci\u00f3 cuando Alba Silva Contreras inici\u00f3 el proceso de petici\u00f3n de herencia y se afectaron los derechos de herederos. En particular, porque las \u00abpruebas recaudadas indican (\u2026) filiaci\u00f3n excluyente\u00bb. <\/p>\n
1.6.3. El tercero, derechamente. Para los censores, el fallador err\u00f3 de \u00abderecho frente al material probatorio, lo que genera el error de hecho en la ausencia de apreciaci\u00f3n de la prueba sobre todo y para los efectos del yerro sustancial\u00bb. <\/p>\n
1.6.4. El cuarto, como consecuencia de la comisi\u00f3n de yerros de hecho probatorios. Sostienen los casacionistas que el Tribunal apreci\u00f3 defectuosamente la prueba de ADN, mediante la cual se desvirtuada la filiaci\u00f3n leg\u00edtima. En efecto, la paternidad y maternidad la dej\u00f3 demostrada sin estarlo y como secuela no comput\u00f3 la caducidad desde cuando la convocada inco\u00f3 la petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
1.7. Siendo ese el contenido esencial de los cargos formulados, es del caso examinar su idoneidad formal. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala los requisitos que debe contener una demanda de casaci\u00f3n, en orden a admitirla y resolverla de fondo. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de tales exigencias estriba en la naturaleza dispositiva y exceptiva del recurso. Bien se sabe, responde a motivos previstos en forma expresa por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas. Por esto, el adjetivo de extraordinario. De ah\u00ed que, en \u00faltimas, los requisitos vienen a diferenciar y delimitar el medio de impugnaci\u00f3n de los cauces ordinarios del proceso. <\/p>\n
Ese medio excepcional de defensa, al decir de la Sala, es \u00abdistante en mucho de los recursos propios de las instancias, pues la discusi\u00f3n ante la Corte procura demostrar las desarmon\u00edas del fallo recurrido frente al ordenamiento jur\u00eddico, y nunca convertirse en la oportunidad para recrear el debate gen\u00e9rico de que se ocup\u00f3 el proceso\u00bb1. <\/p>\n
Durante el juicio, en efecto, las partes pueden discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidos. La casaci\u00f3n, en cambio, abandona todo lo anterior y se circunscribe a la sentencia impugnada. Supone que el juzgador no se equivoc\u00f3 al pronunciarla y se parte de presumir su legalidad y acierto. <\/p>\n
2.2. Com\u00fan a todas las causales de casaci\u00f3n, el numeral 2\u00ba, ib\u00eddem, obliga al censor a formular los cargos por separado \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara, precisa y completa\u00bb. <\/p>\n
2.2.1. La \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, permite identificar las discrepancias entre el juzgador y el recurrente acerca de lo juzgado. <\/p>\n
Por ello, como tiene sentado esta Corporaci\u00f3n, \u00abdesde el punto de vista t\u00e9cnico, no podr\u00eda hablarse de acusaci\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia, en la medida en que por tal acci\u00f3n, la de acusar, se entiende la exposici\u00f3n de los cargos contra el acusado2 o contra lo acusado\u00bb3. <\/p>\n
2.2.2. La claridad refiere que las acusaciones deben ser inteligibles o f\u00e1ciles de comprender. No lo ser\u00edan, por ejemplo, cuando se entremezclan causales. Si se confunden o refunden, llevar\u00eda a hacerlas inentendibles, y por ese camino, a dificultar su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Implica, al decir de la Sala, se\u00f1alar la \u00abv\u00eda y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonarse en su desarrollo el camino escogido\u00bb4. Si lo discurrido \u00abno cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de all\u00e1 y de ac\u00e1, su admisi\u00f3n es improcedente\u00bb5. <\/p>\n
2.2.3. El ataque completo impone no solo identificar los argumentos torales que, por s\u00ed, sostendr\u00edan la sentencia, sino combatirlos todos. El recurrente nada sacar\u00eda acertar en aquello y pecar en lo otro. La raz\u00f3n, los motivos basilares olvidados seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n, tiene sentado la Corte, en doctrina aplicable, \u201c\u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed le presta apoyo suficiente al fallo impugnado, \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u201d6. <\/p>\n
2.2.4. La precisi\u00f3n, por su parte, exige simetr\u00eda entre los motivos basilares blandidos por el Tribunal y los confutados. El censor, por tanto, debe ser correspondiente. Si desv\u00eda la atenci\u00f3n a cuestiones distintas, no habr\u00eda cargos frente al acusado ni contra lo acusado. <\/p>\n
En casaci\u00f3n, un ataque preciso o enfocado requiere, al decir de la Corte, que \u00abguarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque\u00bb7. <\/p>\n
La ratio legis estriba en que reprochados argumentos no basilares, los que son, seguir\u00edan en firme y con poder suficiente para sostener la decisi\u00f3n. Ciertamente, al continuar abrigados por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto cuando traspasan el p\u00f3rtico de la casaci\u00f3n. Todo, claro est\u00e1, con independencia del juicio del ad-quem. <\/p>\n
2.4. Frente a las anteriores directrices, en el caso, ninguno de los cargos propuestos fue planteado id\u00f3neamente para recibirlo a tr\u00e1mite y resolverlo de fondo. <\/p>\n
2.4.1. Para empezar, los tres primeros, no aparecen formulados con claridad. <\/p>\n
(i) Planteados por la v\u00eda directa, esto supone aceptar las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias del Tribunal. En ese evento, como se tiene decantado, la Corte trabaja es con los \u201c(\u2026) textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
(ii) La directriz fue inobservada. Los cargos aluden temas probatorias. El primero, \u00abdefectuosa apreciaci\u00f3n de pruebas porque no tiene en cuenta la solemnidad de la Ley\u00bb. El segundo, \u00abpruebas recaudadas\u201d que excluyen filiaci\u00f3n leg\u00edtima y afectan derechos hereditarios. Y el tercero, error de \u00abderecho frente al material probatorio, lo que genera el error de hecho en la ausencia de apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
(iii) No obstante, ninguna interpretaci\u00f3n permite superar la falta. Desde luego, entroncados los tres cargos con los hechos comunes que, al decir de los recurrentes, afectaban los derechos hereditarios, a saber: La exclusi\u00f3n de la filiaci\u00f3n y el proceso de petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
En la perspectiva de los errores facti in iudicando, ante la ausencia de otros requisitos esenciales. En general, el cuestionamiento es abstracto. Trat\u00e1ndose de errores de derecho, no se indic\u00f3 ninguna norma medio violada y esto descarta que se haya podido explicar la infracci\u00f3n. Y de hecho, tampoco aparece singularizadas las pruebas omitidas, supuestas o tergiversadas. Dichas exigencias concretas se contemplan en el art\u00edculo 344, numeral 2\u00ba, literal a), in fine del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Desde la \u00f3ptica de los errores iuris in iudicando, ello supone aceptar las conclusiones probatorias del Tribunal y discrepar de su subsunci\u00f3n normativa. Entendiendo que la paternidad y maternidad leg\u00edtima fue desvirtuada, pues es el presupuesto para analizar la excepci\u00f3n de caducidad, en sentir de los recurrentes, el t\u00e9rmino de preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n empezaba a correr con el proceso de petici\u00f3n de herencia. Empero, al margen de las consecuencias, si para el Tribunal el hecho \u00abno se encuentra probado\u00bb, \u00abs\u00f3lo se anunci\u00f3\u00bb, nada habr\u00eda para analizar en el plano sustantivo. <\/p>\n
2.4.2. El cargo cuarto, en realidad, no contiene acusaci\u00f3n. Parte de algo supuesto por el Tribunal, as\u00ed sea en forma impl\u00edcita, como es la exclusi\u00f3n de paternidad y maternidad leg\u00edtima. Precisamente, el antecedente para declarar fundada la excepci\u00f3n de caducidad. Todo, seg\u00fan el resultado de la prueba de ADN. Otra cosa es si el resultado de la prueba hubiere sido de inclusi\u00f3n de filiaci\u00f3n leg\u00edtima, caso en el cual las pretensiones habr\u00edan resultado infirmadas, empero, no por dicha excepci\u00f3n. <\/p>\n
Mirado lo escrito como una acusaci\u00f3n, en todo caso, resulta desenfocada. En efecto, a la conclusi\u00f3n de exclusi\u00f3n de filiaci\u00f3n leg\u00edtima se le opone un argumento discordante. En concreto, que el Tribunal \u00abdio por demostrado sin estarlo que la se\u00f1ora Alba Silvia Contreras tiene un v\u00ednculo de hija con los progenitores de mis poderdantes\u00bb. Esto no es lo que se observa o se desprende del fallo confutado. <\/p>\n
2.5. Lo dicho es suficiente para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n. En adici\u00f3n, porque no hay lugar a observar lo previsto en los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, a\u00fan frente a defectos formales de la demanda de casaci\u00f3n, cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad. La oficiosidad, para defender los derechos constitucionales, el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
2.5.1.1. En el plano adjetivo no se observan. Contrastada la actuaci\u00f3n, los recurrentes en casaci\u00f3n mantuvieron intactas las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n. Prueba de ello, llegaron hasta la casaci\u00f3n y en la demanda presentada para sustentar el recurso no alegaron ninguna informalidad al respecto. <\/p>\n
2.5.1.2. Igual ocurre en el campo de los hechos y de las pruebas, y en el escenario netamente jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo primero, al margen de las consecuencias que en derecho puedan derivarse, los recurrentes no discuten la conclusi\u00f3n probatoria del Tribunal sobre el proceso de petici\u00f3n de herencia. Si el hecho, en efecto, no se encontraba acreditado, la falta calificada queda descartada. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, la caducidad de la acci\u00f3n presupone desvirtuar la paternidad y maternidad leg\u00edtima. Como ello sucedi\u00f3 con la prueba de ADN, distinto es que el libelo se haya formulado fuera de t\u00e9rmino. El problema es si, pese a ello, la convocada se encontraba habilitada para incoar la petici\u00f3n de herencia y los convocados para oponer la excepci\u00f3n de \u00abposesi\u00f3n efectiva de los bienes\u00bb. Y si esto es ajeno al proceso, ning\u00fan error superlativo puede endilgarse. <\/p>\n
2.5.2. En la \u00f3ptica de la selecci\u00f3n positiva, tampoco hay lugar a la actuaci\u00f3n de la Corte. Ello, al no aparecer temas asociados con la aplicaci\u00f3n o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente. <\/p>\n
2.6. Se impone, entonces, inadmitir el libelo examinado, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 346, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de que se trata, y desierto el recurso de casaci\u00f3n en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Auto de 2 de junio de 2009, expediente 08749. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Auto de 19 de febrero de 2010, expediente 03455. <\/p>\n
5 CSJ. Civil. Auto de 19 de enero de 2010, expediente 00017. <\/p>\n
6 CSJ. Civil. Sentencia 027 de 27 de julio de 1999; reiterada en fallos de 7 de septiembre de 2006 y de 19 de agosto de 2015, y en auto de 22 de agosto de 2011, entre otros muchos. <\/p>\n
7CSJ. Civil. Sentencia de26 de marzo de 1999 (CCLVIII-294), reiterada en autos de 19 de diciembre de 2014(expediente 00147), 25 de febrero de 2013 (radicaci\u00f3n 00228), y 30 de abril de 2014 (radicado 00084), entre otros muchos. <\/p>\n
8 CSJ. Civil. Auto de 28 de febrero de 2013, expediente 00131, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
9 Convenci\u00f3n Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972. <\/p>\n
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