AC1996-2021 (2021-01521-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1996-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-01521-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 7 de noviembre de 2019, el ICBF Centro Zonal Santa Fe, previa solicitud de N\u00e9stor Ren\u00e9 Zorro Cajamarca, radic\u00f3 demanda de investigaci\u00f3n de paternidad contra Dora Nelly Monsalve Parra, respecto del menor -L.E.M.P.-. El convocante fij\u00f3 la competencia en los jueces de familia de Bogot\u00e1 \u201c{p}or la naturaleza del asunto y el domicilio del ni\u00f1o\u201d (folios 13 a 15, cuaderno principal 2010-01158, expediente digital). <\/p>\n
2. El asunto le fue asignado por reparto al Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 que, por auto del 25 del mismo mes y a\u00f1o, lo admiti\u00f3 y orden\u00f3 correr traslado a la demandada (folio 18, ib.). <\/p>\n
3. El solicitante N\u00e9stor Ren\u00e9 Zorro pidi\u00f3 la remisi\u00f3n de las actuaciones al municipio de Garagoa (Boyac\u00e1), atendiendo al cambio de domicilio del menor por traslado laboral de su progenitora, pedimento al que accedi\u00f3 el referido despacho, resguardado en el inciso 2\u00ba, numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso (archivo 13, expediente digital). <\/p>\n
4. Al recibir las diligencias, el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa (Boyac\u00e1) rehus\u00f3 su conocimiento, arguyendo que la justificaci\u00f3n en que fund\u00f3 su solicitud el demandante no configura ninguna excepci\u00f3n a la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, por lo que suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia (archivo 14, expediente digital). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Al tenor de lo dispuesto en el inciso 2\u00ba, numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cEn los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u201d (se destaca). <\/p>\n
Dicho aparte normativo fue justamente el invocado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando al radicar la demanda de investigaci\u00f3n de paternidad \u201cen aras de restablecer el derecho de filiaci\u00f3n del ni\u00f1o (\u2026)\u201d L.E.M.P. fij\u00f3 la competencia en el juez de familia de la ciudad de Bogot\u00e1, pues era este el lugar de su domicilio; sin embargo, del escrito radicado por el promotor de la causa se advierte que aqu\u00e9l vari\u00f3 al municipio de Garagoa, en raz\u00f3n del cambio de lugar de trabajo de su se\u00f1or madre, demandada en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Frente a dicha situaci\u00f3n, podr\u00eda pensarse, como lo hizo la juzgadora de esa locaci\u00f3n que, en virtud del principio de \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, \u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta\u00bb (CSJ AC4557-2019, 21 oct., rad No. 2019-03420-00, reiterada en CSJ AC2332-2020, 21 sep., rad. 2020-02298-00). <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n se ha dicho que la indicada regla puede \u00ab(\u2026) y debe ceder ante circunstancias verdaderamente excepcionales, de evidenciarse la manifiesta inconveniencia de que el tr\u00e1mite siga siendo gestionado por quien originalmente avoc\u00f3 su conocimiento\u00bb (CSJ AC3405-2020, 4 dic., rad. 2019-04181-00), como ocurre en los eventos en que el inter\u00e9s superior del menor se vea favorecido con la remisi\u00f3n de las diligencias. <\/p>\n
Ello, en tanto, \u00abla finalidad de alterar la competencia tiene sustento en las siguientes dos premisas: i) para salvaguardar los derechos e intereses del menor y ii) mayor celeridad en el tr\u00e1mite. Esto \u00faltimo estriba en que es m\u00e1s f\u00e1cil fijar la competencia en el lugar donde se encuentra el menor, por cuanto hace expedita la instrucci\u00f3n, la recolecci\u00f3n de pruebas, la verificaci\u00f3n en tiempo real de las condiciones de vida de los menores, sus necesidades afectivas y econ\u00f3micas reales\u00bb (CSJ AC2332-2020, 21 sep., rad. 2020-02298-00). <\/p>\n
4. Bajo ese entendido, no existe raz\u00f3n para que la juzgadora de la municipalidad de Garagoa rehusara la competencia en el caso, pues, a m\u00e1s de que, en dicho territorio se encuentran domiciliados el menor respecto del cual se discute la paternidad y su progenitora -demandada en el proceso-, fue el propio convocante quien solicit\u00f3 el traslado del expediente, con el \u00fanico prop\u00f3sito de garantizar los derechos del infante. <\/p>\n
Dicha posici\u00f3n se acompasa con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal que deben regir toda actuaci\u00f3n judicial, dado que ning\u00fan sentido tendr\u00eda adelantar el juicio en una ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica ajena a los extremos procesales e involucrados en el litigio y, en cambio, s\u00ed representar\u00eda un desgaste tanto para ellos como para la administraci\u00f3n de justicia, reflejado, entre otros, en gastos de desplazamiento y comisiones para la pr\u00e1ctica de diligencias. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, f\u00e1cil resulta concluir que la competencia para conocer este tipo de controversias, desde el punto de vista territorial, recae en la autoridad del lugar \u201cdonde se encuentre\u201d el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente involucrado en el asunto, que para este caso es el Juzgado Promiscuo de Garagoa (Boyac\u00e1), a quien ser\u00e1n remitidas. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa (Boyac\u00e1) es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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