AC2004-2021 (2018-01664-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2004-2021 <\/p>\n
Radicado n\u00ba 11001-02-03-000-2018-01664-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las citadas compa\u00f1\u00edas impugnaron en casaci\u00f3n la sentencia de segunda instancia proferida por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria -DIMAR-, que confirm\u00f3 la liquidaci\u00f3n de perjuicios realizada por la Capitan\u00eda del Puerto de Santa Marta (20 ene. 2017), que declar\u00f3 a la sociedad C.I. Prodeco S.A., responsable del siniestro mar\u00edtimo ocurrido el 4 de agosto de 2003. <\/p>\n
2. El fallador de segundo grado concedi\u00f3 el recurso extraordinario el 18 de febrero de 2018, al estimar que \u201cla sentencia recurrida corresponde a la connotaci\u00f3n se\u00f1alada en el numeral tercero del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso (aquellas dictadas para liquidar una condena en concreto -incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios)\u201d y \u201cla cuant\u00eda por concepto de da\u00f1os materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) supera [los mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes]\u201d (folio 4304, reverso). <\/p>\n
3. Integrada la Sala de Conjueces, al declararse fundado el impedimento manifestado por el anterior titular de este despacho y los dem\u00e1s integrantes de la Sala (14 nov. 2019), el entonces magistrado sustanciador declar\u00f3 la inadmisibilidad de las censuras excepcionales promovidas por las vencidas en juicio, por cuanto el fallo confutado \u201cno proviene de ning\u00fan Tribunal Superior\u201d (fol. 118, c. Corte) y fue dictado en un decurso para cuya tramitaci\u00f3n no est\u00e1 previsto tal medio de defensa, como lo concluy\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en providencia de 26 de octubre de 2010, dictada en el expediente con radicaci\u00f3n n.\u00ba 2010-01619-00 (16 mar. 2020). <\/p>\n
4. En informe rendido el 21 de abril del a\u00f1o en curso, la Secretar\u00eda de la Sala, se report\u00f3 el fallecimiento del se\u00f1or Conjuez de la Corte Guillermo Montoya P\u00e9rez, a quien correspond\u00eda la sustanciaci\u00f3n de este asunto, e ingres\u00f3 las diligencias a este Despacho para continuar con su tramitaci\u00f3n (fol. 185). <\/p>\n
II. LOS RECURSOS DE REPOSICI\u00d3N <\/p>\n
1. Seguros Generales Suramericana S.A.: <\/p>\n
Solicit\u00f3 revocar el prove\u00eddo recriminado por cuanto, en su sentir, el car\u00e1cter jurisdiccional de la actuaci\u00f3n adelantada por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria, en segunda instancia, es asimilable a la de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, tal como lo exige el primer inciso del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En esa medida, la sentencia proferida por aquella autoridad es susceptible del medio defensivo propuesto, atribuido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 30 ej\u00fasdem, a la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, as\u00ed debi\u00f3 declararse, m\u00e1xime, cuando \u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de hacer extensiva la condena a las Aseguradoras vinculadas (\u2026) tomada por el Capit\u00e1n del Puerto en el tr\u00e1mite del incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios y confirmada por la DIMAR en providencia del 2 de febrero de 2018[,] a todas luces excede las excepcional\u00edsimas facultades jurisdiccionales otorgadas por el legislador y es all\u00ed donde radica el may\u00fasculo yerro en que incurri\u00f3 esta autoridad y por lo cual debe proceder el recurso de casaci\u00f3n interpuesto (\u2026)\u201d (fol. 130 vuelto), en aras de garantizar de sus derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, debido proceso e igualdad. <\/p>\n
En ese orden, dijo, nada se opone a la aplicaci\u00f3n de las reglas adjetivas civiles al tr\u00e1mite objeto de controversia, pues el C\u00f3digo General del Proceso \u201cregula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios\u201d, adem\u00e1s de \u201ctodos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u201d (art. 1\u00ba). As\u00ed lo conceptu\u00f3 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, refiri\u00e9ndose a los vac\u00edos del Decreto Ley 2324 de 1984, al decir \u201c(\u2026) en lo no previsto en las normas especiales que rigen este tipo de investigaciones, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil es el (\u2026) aplicable y no el C\u00f3digo Contencioso Administrativo (\u2026)\u201d (Concepto de 4 de noviembre, rad. 1605) (folio 132). <\/p>\n
Tales lineamientos, concluy\u00f3, revelan la procedencia de la impugnaci\u00f3n, sin que sea dable apoyar una postura contraria en el \u00fanico precedente que sirvi\u00f3 de sustento al pronunciamiento reprochado (CSJ AC 26 oct. 2010), el cual no constituye doctrina probable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 169 de 1896 y la sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2. SBS Seguros Colombia S.A.: <\/p>\n
En consonancia con los reproches anteriores, recab\u00f3 en el ejercicio de funciones jurisdiccionales que dio lugar a la sentencia recriminada en casaci\u00f3n, recordando que, de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201clas autoridades administrativas deben tramitar los procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u201d. <\/p>\n
Como en el proceso cuestionado se resolvi\u00f3 un conflicto originado en una eventual responsabilidad civil extracontractual, donde los demandantes alegan, infundadamente, dijo, haber sufrido perjuicios, liquidados en m\u00e1s de $4.800\u2019000.000, el recurso incoado no solo es viable sino que se trata de la \u00fanica v\u00eda id\u00f3nea para controvertir la decisi\u00f3n, por lo tanto, negarles esa prerrogativa equivale a dejarla desprovista de herramientas frente a la extralimitaci\u00f3n de las autoridades mar\u00edtimas, al resolver asuntos derivados de un contrato de seguros, sin estar facultadas para ello. <\/p>\n
En ese sentido, reclam\u00f3 dar prevalencia al derecho sustancial y garantizar sus derechos al debido proceso e igualdad, en aras de no enviar un mensaje de desprotecci\u00f3n al gremio asegurador. <\/p>\n
3. C.I. Prodeco S.A.: <\/p>\n
Insistiendo en la factibilidad del mecanismo defensivo desestimado, la demandada destac\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo incoado contra la negativa de la DIMAR a fijar una cauci\u00f3n para suspender el cumplimiento del fallo de segunda instancia, concluyendo que, si tal negativa constituy\u00f3 una v\u00eda de hecho, la inadmisi\u00f3n de la casaci\u00f3n tambi\u00e9n lo es. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, reclam\u00f3 interpretar la legislaci\u00f3n procesal en la forma establecida en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, tomando en consideraci\u00f3n la similitud de los efectos y alcances de las decisiones proferidas por las autoridades mar\u00edtimas y las dictadas por los Tribunales Superiores, memorando que, de acuerdo con el Consejo de Estado: <\/p>\n
\u00aba pesar de que en una primera oportunidad no hab\u00eda una postura pac\u00edfica acerca de la naturaleza de las decisiones proferidas por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria -DIMAR-, lo cierto es que con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Carta Pol\u00edtica de 1991, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han clarificado el tema en cuanto han sostenido, en reiteradas ocasiones, que las decisiones adoptadas por dicha entidad, en virtud de las facultades de investigaci\u00f3n y fallo, tienen el car\u00e1cter de jurisdiccionales\u201d (Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, sentencia de 9 de noviembre de 2013, rad. 27001-23-31-000-2012-00035-01(47130)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, calific\u00f3 de violatorio de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad, el auto ahora recurrido, por incurrir en un exceso ritual manifiesto, al hacer una interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 334 procedimental. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. A voces del inciso tercero del art\u00edculo 342 del estatuto procesal civil, \u201c[e]l auto que decida sobre la admisibilidad del recurso ser\u00e1 dictado por el magistrado sustanciador y contra \u00e9l s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2. Por su parte, el inciso segundo de dicha norma, prescribe que la censura extraordinaria ser\u00e1 inadmisible \u201csi la providencia no es susceptible de casaci\u00f3n, por ausencia de legitimaci\u00f3n, por extemporaneidad, o por no haberse pagado las copias necesarias para su cumplimiento, si fuere el caso\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Ahora bien, en punto de la procedencia del medio de defensa en comento, el art\u00edculo 334 ej\u00fasdem, establece que ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias \u201cproferidas por los tribunales superiores en segunda instancia\u201d, provenientes de \u201ctoda clase de procesos declarativos\u201d, \u201cacciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d y \u201clas dictadas para liquidar una condena en concreto\u201d. <\/p>\n
3. En el asunto que nos concita, el remedio excepcional fue interpuesto contra la providencia emitida por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria -DIMAR el 2 de febrero de 2018, mediante la cual se resolvi\u00f3 el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios presentado dentro la investigaci\u00f3n por el siniestro o accidente mar\u00edtimo ocurrido el 4 de agosto de 2003, de conformidad con las facultades y el procedimiento establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984. <\/p>\n
La inadmisi\u00f3n de tal censura, declarada en auto de 16 de marzo de 2020, notificado en estado del 1\u00ba de julio siguiente, fue rebatida por la demandada C.I. Prodeco S.A. y sus llamadas en garant\u00eda Seguros Generales Suramericana S.A. y S.B.S. Seguros Colombia S.A., quienes, al un\u00edsono predicaron la equivocaci\u00f3n de tal postura, esgrimiendo, entre otros argumentos, la semejanza de la DIMAR, cuando profiere sentencias de segunda instancia, en cumplimiento de funciones jurisdiccionales, con un \u201ctribunal superior\u201d. <\/p>\n
3.1. Ninguna discusi\u00f3n ofrece la atribuci\u00f3n de funciones jurisdiccionales a las Capitan\u00edas de Puerto y a la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria, cuando se trata de investigar accidentes entre naves o artefactos navales, pues as\u00ed se desprende de la normativa especial en cita y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y esta Corporaci\u00f3n, tra\u00eddos a colaci\u00f3n por las opugnadoras; sin embargo, ello no es raz\u00f3n para predicar la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n contra las decisiones proferidas en ese particular escenario. <\/p>\n
Lo anterior, porque es palmaria la especialidad, singularidad y autonom\u00eda del procedimiento legal dise\u00f1ado para el adelantamiento y definici\u00f3n de ese tipo de sucesos, dada la necesidad de garantizar que las autoridades a quienes se conf\u00eda su definici\u00f3n, ostenten conocimientos espec\u00edficos y experiencia t\u00e9cnica sobre la materia, adem\u00e1s de dirimir con prontitud los conflictos de esa naturaleza, en atenci\u00f3n a los deberes adquiridos con la comunidad internacional, al ratificar los Convenios para Prevenir la Contaminaci\u00f3n por Buques (1973), modificado el Protocolo de 1978 (Ley 12 de 1981), y sobre Responsabilidad Civil por Derrames de Hidrocarburos, enmendado por el Protocolo de 1992 (Ley 523 de 1999)1. <\/p>\n
De ah\u00ed que, al declarar la exequibilidad de algunas normas del Decreto Ley 2324 de 19842, la Corte Constitucional enfatizara en que no de otra manera podr\u00eda \u00abColombia cumplir estos convenios internacionales si no fuera por la atribuci\u00f3n de competencias especiales en la materia a un organismo cuyas actividades y experiencia le permiten fallar con mayor conocimiento de causa como es el caso de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria\u201d (Se destaca). <\/p>\n
3.2. En efecto, el art\u00edculo 25 del memorado compendio determina que: \u201c[l]as investigaciones por accidentes o siniestros mar\u00edtimos que involucren naves o artefactos navales, o plataformas o estructuras marinas, se adelantar\u00e1n y fallar\u00e1n por el procedimiento de que tratan las disposiciones siguientes (\u2026)\u201d; a su turno, el art\u00edculo 27 \u00eddem, precept\u00faa: \u201c[p]ara la investigaci\u00f3n y fallo de los accidentes o siniestros mar\u00edtimos ocurridos dentro de las \u00e1reas de jurisdicci\u00f3n establecida por el art\u00edculo 2\u00ba del presente Decreto ser\u00e1n competentes el respectivo Capit\u00e1n de Puerto en Primera Instancia y el Director General Mar\u00edtimo y Portuario en Segunda. Igualmente ser\u00e1n competentes para investigar y fallar accidentes o siniestros ocurridos fuera de las \u00e1reas de jurisdicci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria, cuando el primer puerto de recalada sea colombiano\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, el canon 35 ej\u00fasdem, impone al Capit\u00e1n de Puerto investigar, de oficio o a petici\u00f3n de parte el incidente, debiendo iniciar las pesquisas \u201cdentro del d\u00eda siguiente al conocimiento del siniestro o accidente, o al arribo de la embarcaci\u00f3n a puerto colombiano o a la presentaci\u00f3n de la protesta o demanda. El expediente deber\u00e1 ser foliado y radicado en los libros de la capitan\u00eda de Puerto\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el canon 50 indica que \u201c[e]l Capit\u00e1n de Puerto deber\u00e1 producir su fallo dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir del auto por medio del cual se declara abierta la investigaci\u00f3n. Si el fallo se produjere despu\u00e9s de este t\u00e9rmino, este hecho no constituir\u00e1 causal de nulidad, pero acarrear\u00e1 las sanciones disciplinarias que fueren del caso\u201d. <\/p>\n
En lo concerniente a los recursos procedentes contra las decisiones emitidas en esta especial tramitaci\u00f3n, el Cap\u00edtulo IV es di\u00e1fano al consagrar que \u201c[c]ontra las providencias o fallos que dicte el Capit\u00e1n de Puerto existen los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u201d (art. 52), los cuales deber\u00e1n reunir los requisitos del canon 52 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo para su admisibilidad, so pena de rechazo (art. 56) y establece el grado de consulta, ante la DIMAR, contra los fallos \u201cde primera instancia en los que se determine el aval\u00fao de da\u00f1os por un valor igual o mayor a 150 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, (\u2026) cuando no se interponga oportunamente el recurso de apelaci\u00f3n. La decisi\u00f3n de los fallos consultados se har\u00e1 de plano, sin que sea necesario escuchar a las partes interesadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria podr\u00e1 aclarar, modificar, revocar o sustituir \u00edntegramente al fallo del a quo e, inclusive, \u201cpronunciarse sobre aspectos no decididos, en los fallos de segunda instancia en v\u00eda de apelaci\u00f3n o consulta\u201d (art\u00edculo 58). <\/p>\n
3.3. Dentro del r\u00e9gimen especial para la investigaci\u00f3n y juzgamiento de da\u00f1os producidos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos, cuya competencia fue asignada, exclusivamente, a las Capitan\u00edas de Puerto y a la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria, no se contempl\u00f3 la procedibilidad de recursos extraordinarios, y no es dable, por v\u00eda de interpretaci\u00f3n judicial, reformar dicha preceptiva. <\/p>\n
Es cierto, como lo postulan las recurrentes, el C\u00f3digo General del Proceso es aplicable a las actuaciones de las autoridades administrativas cuando ejercen funciones jurisdiccionales (art. 1\u00ba), pero tal remisi\u00f3n normativa solo es viable en lo no regulado \u201cexpresamente en otras leyes\u201d, hip\u00f3tesis que no corresponde a la del presente asunto, porque el juicio en el cual se profiri\u00f3 el fallo que se pretende rebatir por v\u00eda de casaci\u00f3n, cuenta con lineamientos precisos en los cuales no se encuentra consagrado tal medio de censura; luego, deviene intrascendente la alegaci\u00f3n de Suramericana S.A. respecto de la atribuci\u00f3n de competencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 30 adjetivo, pues existe norma expresa en el Decreto Ley 2324 de 1984, que la radica, de forma exclusiva, en los precitados organismos especiales (art. 27). <\/p>\n
Tampoco ofrece discusi\u00f3n la regla establecida en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 24 del ordenamiento procedimental, utilizada por S.B.S. Seguros S.A. para soportar su remedio horizontal; empero, precisamente, el deber de tramitar \u201clos procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u201d, evidencia que los procesos de que trata dicho canon no son equiparables con el de investigaci\u00f3n de accidentes o siniestros mar\u00edtimos, por cuanto no podr\u00eda exig\u00edrsele a las Capitan\u00edas de Puerto ni a la DIMAR, ce\u00f1irse al estatuto procedimental, cuando el tantas veces citado Decreto Ley 2324, edific\u00f3 particulares ritualidades para adelantar esta \u00faltima clase de litigios. <\/p>\n
Cada ordenamiento establece formas, t\u00e9rminos y lapsos divergentes para la evacuaci\u00f3n del respectivo pleito y, trat\u00e1ndose de los contemplados en el citado art\u00edculo 24, el legislador previ\u00f3, de manera expresa, que \u201clas apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolver\u00e1n por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable\u201d (inciso segundo, par\u00e1grafo 3\u00ba, art. 24 C.G.P.). <\/p>\n
Lo anterior resulta l\u00f3gico, pues las actuaciones son adelantadas bajo los mismos derroteros; no obstante, como no ocurre lo mismo en materia de accidentes mar\u00edtimos, no es acertado asimilar uno y otro procedimiento, lo cual explica que el Decreto Ley 2324 fijara el conocimiento de la segunda instancia en la DIMAR y no en un juez o tribunal de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
3.4. Ahora bien, coincidieron las memorialistas en alegar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, con la decisi\u00f3n de inadmitir el remedio extraordinario enarbolado frente a la sentencia de segunda instancia dictada por la DIMAR en el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios, por constituir un \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, al desconocer el deber de privilegiar la interpretaci\u00f3n que mejor resguarde el derecho sustancial sobre las formalidades (art. 11 del C.G.P.). <\/p>\n
Frente a lo anotado, debe recalcarse que las dos primeras prerrogativas han sido respetadas en el decurso, al tramitarse y decidirse la actuaci\u00f3n, de conformidad con la norma especial sobre la materia, permiti\u00e9ndoseles recurrir las determinaciones all\u00ed adoptadas, a trav\u00e9s de los recursos previstos en ese ordenamiento (arts. 52 y 53 del Decreto 2324 de 1984), para lo cual han contado con la posibilidad de intervenir activamente en las diferentes fases procesales, haciendo uso, inclusive, de las acciones constitucionales existentes para salvaguardar sus intereses. <\/p>\n
Tampoco se advierte quebranto al derecho a la igualdad de las recurrentes, por cuanto no se conoce un solo juicio de \u201cinvestigaci\u00f3n por accidente o siniestro mar\u00edtimo\u201d, en donde se haya admitido el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria. Es m\u00e1s, en el \u00fanico evento semejante, esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la procedibilidad de la revisi\u00f3n extraordinaria del fallo, por no estar consagrada en la norma especial llamada a gobernar el asunto (CSJ AC, 26 oct., 2010, rad. 2010-01619-00). <\/p>\n
Entonces, negar la admisibilidad de un recurso extraordinario y excepcional cuando \u00e9ste no es procedente, no equivale, de ninguna manera, a violentar tales derechos; pues, de ser as\u00ed, se incurrir\u00eda en tal conducta cada vez que las autoridades judiciales aplican la normatividad llamada a regular la materia para desestimar solicitudes o impugnaciones inviables. <\/p>\n
Por otra parte, equiparar el procedimiento previsto en el Decreto 2324 de 1984 al establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, desconocer\u00eda el principio de legalidad, n\u00facleo esencial del debido proceso, en perjuicio de la especialidad y celeridad requerida en esos casos, en especial, para las v\u00edctimas del derrame de hidrocarburo, as\u00ed reconocidas en las instancias previstas para el tr\u00e1mite de dicha controversia, m\u00e1xime, cuando esta se ha dilatado en el tiempo sin darles una soluci\u00f3n definitiva, en contrav\u00eda, se repite, de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esa materia. <\/p>\n
3.5. No es cierto, como lo alega Prodeco S.A. que, en el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el 4 de abril de 2018, se hubiese reconocido la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n por el hecho de haber ordenado fijar la cauci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 341 adjetivo. En aquel escenario constitucional, la precitada autoridad no analiz\u00f3 el punto de derecho ahora debatido; lo que all\u00ed se discuti\u00f3 fue si procede negar \u201cla suspensi\u00f3n del cumplimiento de la providencia impugnada\u201d a quien le ha sido concedido tal medio de defensa, independientemente de la decisi\u00f3n que adoptara la Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
3.6. Para finalizar, las alegaciones seg\u00fan las cuales el fallo dictado por la DIMAR es materialmente injusto, no solo por extralimitarse en sus funciones, al condenar a las llamadas en garant\u00eda a responder solidariamente por los perjuicios liquidados, sino por reconocer derechos a personas que, sin fundamento alguno, se hicieron pasar como pescadores afectados con el derrame de crudo, no son aspectos que puedan sopesarse para efectos de la admisi\u00f3n del recurso extraordinario; de acuerdo con el canon 342 del estatuto procesal, para tal efecto se impone verificar que la providencia sea susceptible de casaci\u00f3n, la legitimaci\u00f3n del censor, la tempestividad de la impugnaci\u00f3n y el pago de las copias para el cumplimiento de la determinaci\u00f3n reprochada, en caso de ser necesario. <\/p>\n
4. Por las razones expuestas en precedencia, se mantendr\u00e1 el prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NO REPONER el auto de 16 de marzo de 2020, mediante el cual se declar\u00f3 inadmisible el recurso de casaci\u00f3n referido en la parte inicial de este prove\u00eddo. <\/p>\n
SEGUNDO: En firme la presente decisi\u00f3n, por Secretar\u00eda devu\u00e9lvase el expediente a la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria -DIMAR-, dejando las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1 As\u00ed lo puntualiz\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-212 de 1994: \u201c(\u2026) en varios convenios internacionales el Estado colombiano ha asumido la obligaci\u00f3n de prevenir y reprimir la contaminaci\u00f3n del medio marino. A nivel mundial se tienen, por ejemplo, el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por da\u00f1os causados por contaminaci\u00f3n del agua de mar por hidrocarburos, celebrado en 1969 y adicionado mediante Protocolo suscrito en 1976; el Convenio internacional para prevenir la contaminaci\u00f3n del mar por buques (MARPOL), pactado en 1973 y adicionado mediante Protocolo en 1978; y el Convenio Internacional sobre la seguridad de la vida humana en el mar, celebrado en 1974 y adicionado mediante Protocolo en 1978. A nivel regional pueden mencionarse el Convenio para la protecci\u00f3n del medio marino y \u00e1reas marinas costeras del Pac\u00edfico Suroeste de 1981; el Acuerdo sobre la cooperaci\u00f3n regional para el combate contra la contaminaci\u00f3n marina por petr\u00f3leo y otros factores nocivos en casos de accidente, celebrado en 1981 y adicionado mediante Protocolo de 1983; y el Convenio para la protecci\u00f3n y ordenamiento del medio marino y zona costera del Gran Caribe de 1981, as\u00ed como el Protocolo de cooperaci\u00f3n para combatir los derrames de hidrocarburos, suscrito en 1983 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 Concretamente, los art\u00edculos 5, numeral 8; 11, numeral 6; 20, numerales 7 y 8; 27, numeral 27; 28; 32; 35; 36; 37; 38; 43; 48; 67; 70 y 72. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2004-2021 (2018-01664-00) AC2004-2021 Radicado n\u00ba 11001-02-03-000-2018-01664-00 Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). I. ANTECEDENTES 1. Las citadas compa\u00f1\u00edas impugnaron en casaci\u00f3n la sentencia de segunda instancia proferida por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54286\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}