AC2022-2021 (2021-00821-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2022-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00821-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por Ambrosio Baz\u00e1n Achury frente al auto de 7 de diciembre de 2020, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que radic\u00f3 contra la sentencia de 10 de noviembre del mismo a\u00f1o, dictada dentro del proceso que inici\u00f3 contra Marina Quintanilla Mart\u00ednez y herederos indeterminados de Gonzalo Solano Lizarazo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 declarar la ineficacia por simulaci\u00f3n relativa en cuanto al sujeto negocial o identidad del comprador de las cl\u00e1usulas primera y sexta de la compraventa otorgada mediante escritura p\u00fablica 279 de 11 de agosto de 2006, de la Notar\u00eda Segunda de Floridablanca, mediante la cual Gonzalo Solano Lizarazo transfiri\u00f3 el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 320-18399 a Marina Quintanilla Mart\u00ednez. En consecuencia, declararlo verdadero comprador, modificar las cl\u00e1usulas primera y sexta de dicho negocio jur\u00eddico, y ordenar el registro correspondiente de la sentencia. <\/p>\n
2. Una vez agotadas las fases de rigor, previa notificaci\u00f3n y oposici\u00f3n de Marina Quintanilla Mart\u00ednez, mientras que los herederos indeterminados de Gonzalo Solano Lizarazo fueron emplazados y representados por curador ad litem, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga profiri\u00f3 sentencia el 28 de noviembre de 2018, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, al desatar la alzada interpuesta por Quintanilla Mart\u00ednez, el 10 de noviembre de 2020 revoc\u00f3 la providencia apelada y, en su lugar, declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito de \u00abestar plenamente probada la validez de los actos contenidos en el otro s\u00ed de 8 de agosto de 2006 y la escritura p\u00fablica 279 de 11 de agosto de 2006\u00bb y \u00abexistencia real del contrato contenido en la escritura p\u00fablica\u00bb, en consecuencia, negaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4. Inconforme con dicha resoluci\u00f3n el actor formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, solicit\u00f3 tener en cuenta la p\u00f3liza de seguro prestada en el proceso para garantizar los perjuicios que se pudieran causar con las cautelas decretadas y alleg\u00f3 f\u00f3rmula de recapitalizaci\u00f3n de la tierra por medio de la cual se pod\u00eda calcular el justiprecio para recurrir en suma superior a $6.111\u2019000.000, pero el Tribunal deneg\u00f3 su concesi\u00f3n el 7 de diciembre del mismo a\u00f1o, tras considerar que no acredit\u00f3 tener inter\u00e9s que ascendiera a 1000 SMMLV, conforme al art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como no alleg\u00f3 dictamen pericial dentro del t\u00e9rmino previsto para recurrir deb\u00eda verificar el inter\u00e9s de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, las cuales daban cuenta que el precio del predio materia del contrato dubitado no alcanzaba el monto legal exigido para acudir en casaci\u00f3n, pues la compraventa lo fij\u00f3 en $50\u2019000.000, el trabajo de experto practicado en el juicio lo valor\u00f3 para la fecha de la negociaci\u00f3n en $32\u2019000.000; y la experticia trasladada del reivindicatorio n.\u00ba 2010-00118 seguido entre las partes, lo valor\u00f3 en $57\u2019500.000, suma esta que actualizada a la data de la sentencia cuestionada arrojaba $102\u2019252.130. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en nada incid\u00eda en la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir la p\u00f3liza de seguro constituida por el actor para respaldar los eventuales perjuicios que se pudieran causar con las cautelas decretadas, por cuanto el dem\u00e9rito se calculaba con base en la denegaci\u00f3n de las pretensiones del libelo. <\/p>\n
5. La \u00faltima determinaci\u00f3n fue atacada por el convocante en s\u00faplica a fin de que se concediera el mecanismo extraordinario, argumentando que el inter\u00e9s para acudir en casaci\u00f3n deb\u00eda tasarse con base en los elementos de juicio que obren en el expediente, dentro de los cuales se encuentra la p\u00f3liza prestada al inicio de la causa y la f\u00f3rmula empleada para actualizar el valor del bien ra\u00edz estaba errada. <\/p>\n
6. La opositora solicit\u00f3 mantener la negativa de conceder el remedio extraordinario en cuanto no hab\u00eda probanza que indicara el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente en la cuant\u00eda m\u00ednima exigida. <\/p>\n
7. El fallador de segunda instancia recondujo la impugnaci\u00f3n a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del principio pro-recurso, y al desatarlo mantuvo su decisi\u00f3n y orden\u00f3 remitir copia digital del proceso para darle curso a la queja, razon\u00f3 que el perjuicio actual del inconforme no era otro que el que se concretaba en la desestimaci\u00f3n de los pedimentos del libelo, los cuales versaron sobre la simulaci\u00f3n relativa de una compraventa de un predio, por lo que el menoscabo se reduc\u00eda al valor de ese inmueble, del cual no obraban pruebas que acreditaran su monto actual; que el aval\u00fao de un bien ra\u00edz se demostraba con un dictamen pericial, no con una actualizaci\u00f3n o capitalizaci\u00f3n del valor del inmueble. En el plenario obraban 2 experticias que avaluaron el fundo para el a\u00f1o 2005, pero estas no arrojaron un precio del inmueble similar al tope m\u00ednimo previsto para recurrir en casaci\u00f3n, tampoco era viable realizar una \u00abrecapitalizaci\u00f3n de la tierra\u00bb, como aspira el quejoso porque, se repite, el valor del inmueble deb\u00eda concretarse mediante dictamen pericial. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la p\u00f3liza de seguro garantizaba posibles perjuicios generados por el decreto de medidas cautelares, es decir ten\u00eda otra finalidad dentro del proceso. Finalmente, reiter\u00f3 que la actualizaci\u00f3n del mayor valor del predio concluido en una de las experticias que reposan en el proceso se verific\u00f3 con los puntos del IPC indicados, lo que resultaba innecesario dado que los indicadores econ\u00f3micos son hechos notorios. <\/p>\n
8. Arribadas las diligencias a la Corte, previo traslado del recurso a la parte opositora cumple desatar la queja bajo las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
Corresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictar\u00e1 los dem\u00e1s autos que no correspondan a la sala de decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el presente caso, por tratarse de la resoluci\u00f3n de una queja interpuesta contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, se debe aplicar la \u00faltima de las reglas transcritas y la decisi\u00f3n se adopta de forma unipersonal. <\/p>\n
2. El recurso de queja, en lo que a este asunto interesa, por disposici\u00f3n de los art\u00edculos 352 y 353 \u00eddem, tiene como finalidad primordial que el superior funcional revise si el inferior al negar la concesi\u00f3n del extraordinario de casaci\u00f3n procedi\u00f3 con apego a la normatividad vigente o se apart\u00f3 de sus postulados. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 338 ibidem prescribe, refiri\u00e9ndose a la casaci\u00f3n, que \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb. Dicha cuant\u00eda se except\u00faa cuando \u00abse trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
De manera uniforme y constante la Corporaci\u00f3n ha sostenido que el inter\u00e9s que debe acreditarse para acudir al remedio extraordinario se circunscribe \u00abal valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo\u00bb, subrayando que en el evento en que la sentencia cuestionada sea \u00edntegramente desestimatoria de los pedimentos del libelo, \u00absu inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n (CSJ AC 5 sep. 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en AC1698-2015, AC41847-2017 y AC 4387-2019, entre otros). <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido el art\u00edculo 339 ejusdem, dispone que corresponde al juez de instancia establecer dicho inter\u00e9s econ\u00f3mico, mediante decisi\u00f3n que deber\u00e1 adoptar de plano y a partir de los elementos de juicio existentes en el respectivo plenario, sin perjuicio que el interesado pueda aportar un nuevo dictamen. <\/p>\n
4. En el caso bajo estudio el fallador de \u00faltima instancia acert\u00f3 al denegar la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, dado que no se cumpl\u00eda el presupuesto objetivo para abrirle paso en cuanto el valor del predio materia del contrato de compraventa, cuya simulaci\u00f3n se persigui\u00f3, no alcanzaba el inter\u00e9s econ\u00f3mico m\u00ednimo establecido para recurrir en casaci\u00f3n, esto es, 1.000 SMLMV que para el a\u00f1o 2020 equival\u00edan a $877\u2019803.000. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de negocios jur\u00eddicos esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que, para establecer la afectaci\u00f3n que la sentencia criticada irroga al censor, deber\u00e1 ponderarse el quantum de las prestaciones materia de la declaraci\u00f3n de voluntad o el objeto material sobre el que recaen, analizadas de acuerdo con la calidad de quien recurre. <\/p>\n
De all\u00ed que, al examinar la cuant\u00eda para recurrir en los casos de simulaci\u00f3n o nulidades contractuales, haya admitido que es dable acudir al precio se\u00f1alado en las escrituras p\u00fablicas contentivas de la convenci\u00f3n respectiva (AC4423, 13 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01073-00; AC4179, 30 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01130-00). Claro est\u00e1, en trat\u00e1ndose de bienes inmuebles, su valoraci\u00f3n comercial, as\u00ed como el porcentaje de dominio reclamado, constituyen dos (2) elementos esenciales para definir el dem\u00e9rito patrimonial (AC8593, 14 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01, reitera el auto AC, 28 sep. 2012, rad. n.\u00b0 2006-00065-01. En el mismo sentido AC, 7 jul. 2014, rad. n.\u00b0 2010-00048-01 y AC6729, 4 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01). <\/p>\n
5. En el caso concreto, Ambrosio Baz\u00e1n Achury pretendi\u00f3 declarar relativamente simulada la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 279 de 11 de agosto de 2006, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Floridablanca, por medio de la cual Gonzalo Solano Lizarazo transfiri\u00f3 a Marina Quintanilla Mart\u00ednez el predio rural identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 320-18399, en orden a que se declarara que el actor en realidad era el comprador del inmueble, pedimento negado con la sentencia del Tribunal revocatoria de la de primera instancia. <\/p>\n
En tal virtud, la afectaci\u00f3n que el fallo del ad quem ocasiona al demandante se contrae a la desestimaci\u00f3n de la simulaci\u00f3n relativa suplicada, por ende, el valor del predio determina su inter\u00e9s para recurrir y, bajo esa directriz, el fallador de segundo grado hizo la verificaci\u00f3n con los elementos de juicio obrantes en el expediente (cfr. art. 339 C.G.P.), para concluir que no se cumpl\u00eda con tal presupuesto. Destac\u00f3 que la valuaci\u00f3n debi\u00f3 efectuarse con el material probatorio militante en el proceso, toda vez que el impugnante no aport\u00f3 dictamen pericial actualizado que acreditara el valor comercial del fundo. <\/p>\n
As\u00ed, examin\u00f3 el contrato dubitado que fij\u00f3 como precio de la compraventa $50\u2019000.000, el dictamen pericial practicado donde el inmueble fue valuado en $32\u2019000.000 y la experticia trasladada del reivindicatorio n.\u00ba 2010-00118 que apreci\u00f3 el fundo en $57\u2019500.000, esta cifra actualizada a la data de la sentencia cuestionada obteniendo como resultado $102\u2019252.130, lo que condujo a concluir que ninguna de estas sumas alcanzaba la cota m\u00ednima exigida para acudir a la senda extraordinaria. <\/p>\n
Por tanto, nada hay que reprocharle al auto impugnado porque el mismo fue dictado por la autoridad judicial legalmente facultada para el efecto, y fue soportado en los medios suasorios obrantes en el plenario que daban cuenta de su improcedencia, al no cumplirse el presupuesto de la cuant\u00eda del inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia. <\/p>\n
6. Ahora bien, no tiene asidero el cuestionamiento erigido frente a la f\u00f3rmula de actualizaci\u00f3n del precio del fundo utilizada por el sentenciador de \u00faltima instancia, comoquiera que es la que viene empleando la jurisprudencia de la Corte de manera reiterada y uniforme. Adem\u00e1s, la correcci\u00f3n monetaria se aplic\u00f3 al precio m\u00e1s alto registrado del fundo1, teniendo como fecha inicial noviembre de 20052 y como data final el 10 de noviembre de 20203; se utiliz\u00f3 el \u00edndice de precios al consumidor y us\u00f3 la f\u00f3rmula seg\u00fan la cual el valor hist\u00f3rico multiplicado por el IPC actual y el resultado de esta operaci\u00f3n dividido por el IPC inicial arroja el valor presente de la suma de dinero. <\/p>\n
As\u00ed: VA = VH * (IPC Actual \/ IPC Inicial) <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que los \u00edndices empleados son los certificados por el DANE4 para los per\u00edodos correspondientes, los cuales constituyen un hecho notorio que no requiere de prueba al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 167 inciso final y 177 (inciso 5\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, no es de recibo la alegaci\u00f3n del recurrente en punto que debi\u00f3 valorarse la p\u00f3liza de seguro por \u00e9l constituida desde los albores del juicio para asegurar el pago de los perjuicios que pudiera generar el decreto de medidas cautelares sobre los bienes de la accionada, pues, como bien lo expresa la finalidad de esa garant\u00eda, es amparar posibles detrimentos patrimoniales que se ocasionen a la parte convocada que debe soportar el gravamen, mas no al peticionario de la cautela. De ah\u00ed que no resulta viable calcular la afectaci\u00f3n irrogada por la sentencia adversa a las pretensiones de la parte actora con base en esa garant\u00eda que, como se dijo, fue prestada con un objeto muy diferente. No est\u00e1 de m\u00e1s reiterar que, como en el presente asunto fueron desestimados los pedimentos del libelo, es con base en estos que debe calcularse el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegada la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 10 de noviembre de 2020, dictada dentro del proceso de simulaci\u00f3n relativa promovido por Ambrosio Baz\u00e1n Achury contra Marina Quintanilla Mart\u00ednez y los herederos indeterminados de Gonzalo Solano Lizarazo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
1 $57\u2019500.000 registrado en el dictamen pericial trasladado del reivindicatorio radicado bajo el n.\u00ba 2010-00118. <\/p>\n
2 Fecha respecto de la cual se aval\u00fao el predio (folio 186 del cuaderno digital de copias reivindicatorio 2010-00118). <\/p>\n
3 Fecha de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n