AC2026-2021 (2021-01388-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2026-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01388-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Pereira y Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, para conocer la demanda verbal de declaratoria de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n garantizada con gravamen hipotecario, as\u00ed como de esta garant\u00eda, promovida por Stefanny Espinosa Holgu\u00edn contra Central de Inversiones S.A. \u00abCISA\u00bb, en calidad de cesionaria de los derechos del liquidado Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 demanda verbal de declaratoria de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n garantizada con la hipoteca constituida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 4772 del 11 de septiembre de 1989 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Pereira, sobre los predios urbanos ubicados en la \u00abAvenida Ricaurte calles 12 y 13 \/ K 17 # 11-70, Edificio Calatrava\u00bb, en el municipio de Pereira (Risaralda), con folios de matr\u00edculas inmobiliarias n.\u00ba 290-71626, n.\u00ba 290-71616 y n.\u00ba 290-71620; as\u00ed como declaratoria de prescripci\u00f3n de la aludida garant\u00eda. <\/p>\n
En el libelo la demandante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por \u00abla ubicaci\u00f3n de los bienes (Pereira, Rda.), el domicilio de la demandante\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Tal despacho admiti\u00f3 la demanda, v\u00ednculo a la convocada y, posteriormente, declar\u00f3 su falta de competencia, en raz\u00f3n a que la demandante es una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y descentralizada, con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 como se evidencia en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal allegado, por ende, adujo, para determinar la competencia territorial se aplica la regla contemplada en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual es prevalente conforme a los preceptos 16 y 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, por lo que, corresponde a su hom\u00f3logo de la capital de la Rep\u00fablica el conocimiento del asunto. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que es inaplicable el numeral 7\u00ba de la disposici\u00f3n citada, porque la demandante no est\u00e1 ejerciendo derecho real, s\u00f3lo subjetivo. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, en raz\u00f3n a que la accionante present\u00f3 el escrito genitor en el estrado judicial de Pereira, porque all\u00ed se encuentran ubicados los inmuebles sobre los que se ejercen los derechos reales, como sucede en los procesos ejecutivos con garant\u00eda hipotecaria, de donde debe aplicarse el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C.G.P.; adem\u00e1s de inferir que la entidad p\u00fablica renunci\u00f3 a la prevalencia del fuero personal contemplado en el numeral 10\u00b0 del canon 28 de la misma obra. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisi\u00f3n que si \u00e9ste tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 10\u00b0 dispone que: \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
3. Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y partiendo de que el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 4819 de 2007 establece la naturaleza jur\u00eddica de Central de Inversiones S.A. \u00abCISA\u00bb, al se\u00f1alar que: \u00abes una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de naturaleza \u00fanica, sujeta en la celebraci\u00f3n de todos sus actos y contratos, al r\u00e9gimen de derecho privado\u00bb (Resaltado por la Corte); se colige que es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son: \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb (Resalt\u00f3 la Corte). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el caso de autos resulta inviable la aplicaci\u00f3n al sub examine del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n adjetiva, toda vez que la petici\u00f3n de cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario no implica el ejercicio de un derecho real para la accionante, como lo tiene sentado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00abEn el caso que motiva el conflicto que se dirime, sin embargo, no se aprecia la existencia del fuero concurrente invocado por el Juzgador de Bogot\u00e1, comoquiera que la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho real que haga viable la aplicaci\u00f3n del criterio previsto en el citado numeral 9\u00ba del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, b\u00e1sicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto s\u00f3lo podr\u00eda serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n del gravamen no es en s\u00ed el ejercicio de las prerrogativas que tal derecho real confiere, sino, por el contrario, el derecho de quien particularmente lo soporta \u2013el propietario-, para que el juez formalice la extinci\u00f3n de la citada garant\u00eda inmobiliaria. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, en el que se ventilaba la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario por prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n garantizada, la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201cuna tem\u00e1tica de esa estirpe no puede encuadrarse dentro de los supuestos que ata\u00f1en con acciones enderezadas a ejercitar \u2018derechos reales\u2019, merced a que lo que las indicadas actoras han \u2018pretendido no es aprovecharse del poder jur\u00eddico total o parcial sobre una cosa\u2019 (auto 059 de 7 de marzo de 2006), sino, se repite, demandar, por cuenta de la alegada prescripci\u00f3n extintiva, la cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario, cuesti\u00f3n que impide equiparar esa clase de debates con los que ciertamente califican como tales, pues importa recordar que \u2018… los derechos reales originan acciones reales y \u00e9stas comportan su ejercicio, por lo cual, cuando se ejercite una acci\u00f3n establecida en la ley como real necesariamente se ejercita el derecho real\u2019. (Auto 037 de 12 de marzo de 2008) <\/p>\n
\u201cSiendo, por tanto, pac\u00edfico que la demanda presentada no plantea discusi\u00f3n alguna en el terreno del ejercicio de un derecho real, ni principal, ni accesorio, es inviable sostener que del se\u00f1alado tr\u00e1mite pueda conocer el Juez del lugar donde est\u00e1n ubicados los bienes respecto de los cuales se pretende obtener la anotada cancelaci\u00f3n del gravamen otrora constituido, por considerar que as\u00ed lo impone el citado art\u00edculo 23 del estatuto procesal civil, en la regla 9, puesto que ya la Corte advirti\u00f3 que en \u2018tal hip\u00f3tesis normativa no es posible hacer encajar una solicitud de cancelaci\u00f3n de hipoteca como la que implica la demanda cuyo conocimiento se discute\u2019 (auto 018 de 3 de febrero de 1998). <\/p>\n
\u201cSi por virtud de lo dicho no existe posibilidad de predicar la presencia de un fuero concurrente por elecci\u00f3n, habida cuenta que tal clase de debate est\u00e1 por fuera del ejercicio de las acciones reales, es necesario concluir que, por cuenta del foro general, de la apuntada demanda deber\u00e1 conocer el Juez que corresponde al domicilio de la parte demandada\u201d (auto de 20 de abril de 2009, Exp. 2008-02058-00)\u00bb. (CSJ AC, 20 jun. 2013, rad. 2013-00131-01). <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada\u201d (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, en principio tendr\u00eda raz\u00f3n el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira (Risaralda) para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, en tanto el domicilio principal de la sociedad ejecutante es la ciudad de Bogot\u00e1, seg\u00fan su certificado de existencia y representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que para \u00ablos procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (Subraya ajena). <\/p>\n
Es decir que para conocer de una acci\u00f3n contra persona jur\u00eddica, el primer juez llamado es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre aquella autoridad judicial y la de la respectiva sucursal o agencia, como se ha expuesto en varias ocasiones (entre otros, AC8175-2017, 4 dic. 2017, rad. 2017-03065-00; AC8666-2017, 15 dic. 2017, rad. 2017-02672-00). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abMandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo\u00bb (Resalt\u00f3 la Corte, AC489, 19 feb. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00319-00). <\/p>\n
En consecuencia, el caso de autos debe ser conocido por el despacho judicial de la sucursal o agencia de Central de Inversiones S.A. \u00abCISA\u00bb de la ciudad de Medell\u00edn, en aplicaci\u00f3n de la parte final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que en el memorial de excepciones previas allegado por la demandada indic\u00f3 que a la sucursal de dicha localidad corresponde asumir el conocimiento del asunto porque el presente litigio est\u00e1 vinculado a tal sucursal, lo que aparece corroborado con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado a este escrito. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia3, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.4), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes5. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)7. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, aunque el conflicto se suscit\u00f3 entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Pereira (Risaralda) y Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, sin que a ninguno de estos pueda asign\u00e1rsele la competencia por las razones antes expuestas, nada obsta para que en casos especiales como el presente se dirima el conflicto remitiendo el plenario a un tercer despacho judicial, no involucrado en el mismo, en aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal (art. 42, num. 1\u00b0 del C.G.P.) y celeridad (art. 29, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo anotado, la Corte resuelve el conflicto de competencia asignando el proceso a los Juzgados Civiles Municipales de Medell\u00edn (reparto), por lo que all\u00ed se remitir\u00e1, y de esta determinaci\u00f3n se informar\u00e1 a los juzgados involucrados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, ordena remitir a los Juzgados Civiles Municipales de Medell\u00edn (reparto) el expediente, para que el asignado resuelva lo que corresponda. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los otros estrados judiciales involucrados en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
2\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
7\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2026-2021 (2021-01388-00) AC2026-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01388-00 Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Pereira y Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, para conocer la demanda verbal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}