AHC2077-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AHC2077-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00222-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al prove\u00eddo proferido el 19 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, denegatorio de la solicitud de h\u00e1beas corpus invocada por John Alexander Londo\u00f1o Usuaga contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el INPEC EPMSC, el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Medell\u00edn y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante interpuso la presente acci\u00f3n p\u00fablica solicitando el amparo de las prerrogativas esenciales a la libertad personal y defensa, toda vez que, en su sentir, se encuentra privado injustamente de la libertad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 30 de abril de 2006 firm\u00f3 un preacuerdo de 33 meses de prisi\u00f3n con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en concordancia con el subrogado penal de la ejecuci\u00f3n condicional de la pena y las disposiciones de la Ley 600 de 2000; que dicho preacuerdo fue ratificado en el 2016, sin embargo, el 11 de julio de 2018, el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Antioquia profiri\u00f3 sentencia condenatoria en su contra por 60 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que al momento de emitir la aludida decisi\u00f3n no se respet\u00f3 el preacuerdo de la Fiscal\u00eda; que el delito de concierto para delinquir naci\u00f3 desde la firma el proceso de paz en 2016, por lo que actualmente se encontraba extinto; y que fue capturado en 2019, esto es, 12 a\u00f1os y un mes despu\u00e9s. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que era notable la inconstitucionalidad de su caso, por lo que la presente acci\u00f3n era procedente para la defensa de su libertad personal; y que era v\u00edctima del reclutamiento por parte del grupo armado, lo que lo exoneraba de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn avoc\u00f3 conocimiento de la acci\u00f3n constitucional y orden\u00f3 oficiar a las autoridades involucradas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que le correspondi\u00f3 la vigilancia y ejecuci\u00f3n de la pena impuesta al accionante, quien estaba privado de la libertad desde el 4 de junio de 2019, es decir, que hab\u00eda descontado 716 d\u00edas de manera f\u00edsica y 43 d\u00edas por redenci\u00f3n de pena; que la sentencia se encontraba ejecutoriada; que el actor no le hab\u00eda elevado petici\u00f3n alguna respecto de los temas ahora expuestos; que \u00fanicamente el promotor deprec\u00f3 se le concediera prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia, pero la misma se despach\u00f3 de manera desfavorable. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, toda vez que se relacionaban hechos ajenos a ese despacho. <\/p>\n
3. El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medell\u00edn refiri\u00f3 que la presente petici\u00f3n no se esgrim\u00eda por una privaci\u00f3n o prolongaci\u00f3n ilegal de la libertad, por lo que no se evidenciaba la transgresi\u00f3n invocada y deprecaba su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y sostuvo que el presente h\u00e1beas corpus resultaba abiertamente improcedente, pues el gestor se encontraba legalmente detenido por orden judicial y no hab\u00eda acudido ante la autoridad competente a elevar solicitudes de libertad por cumplimiento de requisitos para ser beneficiado con un subrogado penal o para la extinci\u00f3n de las sanciones por el advenimiento de alguna de las circunstancias en ese sentido; que el promotor se limit\u00f3 a indicar que su privaci\u00f3n de la libertad era injusta, en tanto su militancia se dio como producto de reclutamiento ilegal y que la pena impuesta desconoci\u00f3 las negociaciones previas que adelant\u00f3 con la Fiscal\u00eda, aspectos que no fueron debatidos al interior del proceso; y que el procesado decidi\u00f3 de forma voluntaria alejarse del tr\u00e1mite luego de la indagatoria. <\/p>\n
5. El INPEC indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues no contaba con las facultades para acceder a lo peticionado por el accionante. <\/p>\n
PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El fallador de primer grado deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada al considerar que la queja del accionante escapaba de la \u00f3rbita del juez constitucional, toda vez que fue producto de un proceso legalmente tramitado en su contra, en el cual fue hallado penalmente responsable del delito de concierto para delinquir agravado, sin que hiciera uso de las herramientas de defensa; que tampoco demostr\u00f3 que hubiese efectuado petici\u00f3n de libertad por cumplimiento de requisitos que lo hicieren merecedor de alg\u00fan subrogado penal o redenci\u00f3n de pena ante el juez vigilante; y que prescind\u00eda de la entrevista al petente por la claridad del asunto, la que emerg\u00eda de las respuestas y comunicaciones allegadas por los vinculados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor impugn\u00f3 la decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que en su caso se cometi\u00f3 un yerro, pues tal como lo hab\u00eda indicado la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, era procedente esta acci\u00f3n constitucional cuando una persona era privada de la libertad con violaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, instituy\u00f3 el h\u00e1beas corpus como una acci\u00f3n constitucional consagrada para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad de las personas cuando se encuentren privadas de ella y creyeren estarlo ilegalmente. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1095 de 2006 la define como \u00abun derecho fundamental y, a la vez, una acci\u00f3n constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o \u00e9sta se prolongue ilegalmente. Esta acci\u00f3n \u00fanicamente podr\u00e1 invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisi\u00f3n se aplicar\u00e1 el principio pro homine\u00bb. <\/p>\n
Justamente, sobre sus caracter\u00edsticas relevantes, la Corte ha puntualizado: <\/p>\n
Si bien para decidir la acci\u00f3n p\u00fablica de H\u00e1beas Corpus debe aplicarse el principio \u2018pro homine\u2019, seg\u00fan el cual al basarse el modelo del Estado Social de Derecho en la dignidad del ser humano, entre otros valores y principios, toda interpretaci\u00f3n debe hacerse en funci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales, tambi\u00e9n es cierto que la protecci\u00f3n de tales contenidos superiores debe brindarse en los casos en que son conculcados. Trat\u00e1ndose de la libertad personal, la violaci\u00f3n de ese derecho fundamental tiene lugar cuando alguien es privado de la misma con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o en los eventos en que a pesar de haberse observado esas garant\u00edas, la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga ilegalmente, tal cual lo establece el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1095 de 2006. (CSJ AHC, 18 dic. 2006, rad. 26665) <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, los instrumentos internacionales de los derechos humanos consagran la garant\u00eda fundamental de la libertad del individuo; as\u00ed por ejemplo, el art\u00edculo 9\u00b0 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos dispone que \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado\u00bb; de igual manera, el art\u00edculo XXV de la Declaraci\u00f3n de Derechos y Deberes del Hombre manda que ning\u00fan individuo puede ser privado de su libertad \u00absino en los casos y seg\u00fan las formas establecidas por leyes preexistentes\u00bb; del mismo modo, el art\u00edculo 9\u00b0 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos tambi\u00e9n establece la prerrogativa a un pronta resoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica luego de que una persona es capturada por causas legales y la posibilidad de recurrir ante un tribunal la legitimidad de su detenci\u00f3n para obtener su libertad; igualmente, el art\u00edculo 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos prev\u00e9, entre otras cosas, que \u00ab[n]adie puede ser sometido a detenci\u00f3n o encarcelamiento arbitrarios\u00bb. <\/p>\n
Como se aprecia, el est\u00e1ndar internacional sobre la salvaguarda de la libertad es de gran importancia, pues proh\u00edbe expresamente la privaci\u00f3n arbitraria e ilegal de la misma e impone la obligaci\u00f3n a los Estados de que en sus ordenamientos posibiliten el acceso a un recurso efectivo, con el prop\u00f3sito de que la persona pueda impugnar la detenci\u00f3n a la que fue sometida. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que: <\/p>\n
Una detenci\u00f3n es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviaci\u00f3n de las facultades de detenci\u00f3n, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley.1 <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el derecho a controvertir la legalidad de la privaci\u00f3n de la libertad ante una autoridad judicial, el Tribunal Internacional referido ha estimado que: <\/p>\n
La revisi\u00f3n de la legalidad de una detenci\u00f3n implica la constataci\u00f3n no solamente formal, sino sustancial, de que esa detenci\u00f3n es adecuada al sistema jur\u00eddico y que no se encuentra en violaci\u00f3n a ning\u00fan derecho del detenido. Que esa constataci\u00f3n se lleve a cabo por un Juez, rodea el procedimiento de determinadas garant\u00edas, que no se ven debidamente protegidas si la resoluci\u00f3n est\u00e1 en manos de una autoridad administrativa, que no necesariamente tiene la formaci\u00f3n jur\u00eddica adecuada, pero que en ning\u00fan caso puede tener la facultad de ejercer la funci\u00f3n jurisdiccional.2 <\/p>\n
2. Ahora bien, la procedencia del h\u00e1beas corpus est\u00e1 condicionada a la privaci\u00f3n ilegal de la libertad de una persona o, a que habi\u00e9ndose efectuado con sujeci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico, la misma se prolongue injustificadamente; adem\u00e1s, la Corte ha considerado que este mecanismo es un instrumento excepcional que no puede utilizarse como medio \u00abalternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son propios al tr\u00e1mite de los procesos en que se investigan y juzgan hechos punibles\u00bb, por el contrario: <\/p>\n
\u2026se trata de una acci\u00f3n excepcional de protecci\u00f3n de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que por conducto de su afectaci\u00f3n puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y torturas, seg\u00fan lo determin\u00f3 la Corte Constitucional en el ya citado fallo de control previo C- 187 de 2006, que frente al \u00e1mbito de protecci\u00f3n que se busca a trav\u00e9s de la excepcional acci\u00f3n (\u2026)\u201d (CSJ AHP, 24 en. 2007, rad. 26811). <\/p>\n
A su vez, la jurisprudencia constitucional precisa la pertinencia de este remedio excepcional en los siguientes casos: <\/p>\n
[a] Cuando la aprehensi\u00f3n de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas especiales constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts. 28 C. Pol. 2 y 297 Ley 906\/94), flagrancia (arts. 345 Ley 600\/00 y 301 Ley 906\/04), p\u00fablicamente requerida (art. 348 Ley 600\/00) y administrativa (C-24 enero 27\/94), esta \u00faltima con fundamento directo en el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n y por ello de no necesaria consagraci\u00f3n legal, tal como sucedi\u00f3 -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000 (\u2026) <\/p>\n
[b.] Cuando ejecutada legalmente la captura la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos previstos en la Carta Pol\u00edtica o en la ley para que el servidor p\u00fablico i) lleve a cabo la actividad a que est\u00e1 obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposici\u00f3n judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisi\u00f3n que al caso corresponda (definir situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro del t\u00e9rmino, ordenar la libertad frente a captura ilegal. Arts. 353 Ley 600\/00 y 302 Ley 906\/04-, entre otras) (CC C-187\/06). <\/p>\n
3. En el asunto que convoca la atenci\u00f3n de la Corte, la petici\u00f3n se circunscribe a poner de presente que la privaci\u00f3n de la autonom\u00eda personal de John Alexander Londo\u00f1o Usuaga es injusta, en tanto que considera que la pena impuesta no concuerda con el preacuerdo que suscribi\u00f3, adem\u00e1s de encontrarse extinta. <\/p>\n
Al respecto, de entrada habr\u00e1 de se\u00f1alarse la improcedencia del h\u00e1beas corpus, con fundamento en las siguientes razones: <\/p>\n
a.) John Alexander Londo\u00f1o Usuaga se encuentra detenido debido a la condena de 60 meses de prisi\u00f3n impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia en sentencia de 11 de julio de 2018, decisi\u00f3n que no fue recurrida y est\u00e1 debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
Por consiguiente, el accionante no se halla injustamente privado de la libertad, pues est\u00e1 claro que su confinamiento penitenciario deriva de una orden judicial. <\/p>\n
b.) As\u00ed las cosas, destacando que acorde con lo acreditado en este tr\u00e1mite, las diferentes alegaciones expuestas en la demanda de amparo a\u00fan no han sido planteadas ante el funcionario natural de conocimiento del asunto (actualmente Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn), a quien legalmente compete hacer un pronunciamiento al respecto, el presente ruego tuitivo se torna inviable, dado que al juez constitucional de h\u00e1beas corpus le est\u00e1 vedado usurpar atribuciones que el legislador defiri\u00f3 al fallador ordinario. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: <\/p>\n
4. De la informaci\u00f3n suministrada a este Despacho el 14 de junio de 2016, por el Juez encargado de vigilar la sanci\u00f3n impuesta al accionante…, se colige la improcedencia del auxilio. En efecto, el aludido juzgador luego de referir que los supuestos relacionados por el interesado en el escrito genitor debieron ser planteados en el tr\u00e1mite de la causa penal, acot\u00f3 \u201c(\u2026) no haberle vulnerado [al se\u00f1or Ram\u00edrez Herrera] el derecho a la libertad, pues hasta el momento en el proceso no se evidencia petici\u00f3n alguna [en ese sentido] por parte del condenado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es palmario el fracaso del resguardo, por cuanto es deber del supuesto afectado ventilar ante los jueces del conocimiento los aspectos presuntamente violadores de la citada garant\u00eda fundamental, antes de acudir a esta excepcional justicia. <\/p>\n
Un an\u00e1lisis contrario al efectuado, dejar\u00eda <\/p>\n
\u201c(\u2026) insubsistentes los mecanismos end\u00f3genos del proceso para proteger la libertad y vac\u00eda la tarea que el C\u00f3digo del Procedimiento entreg\u00f3 a los jueces y Fiscales. Si el proceso tiene acciones y recursos para intentar la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la libertad, debe [el interesado] primero hacer uso de ellos, s\u00f3lo una vez advertido el funcionario competente y ante su obstinaci\u00f3n en prolongar ilegalmente la restricci\u00f3n de la libertad m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos legales, ser\u00eda ah\u00ed s\u00ed, necesaria y urgente la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u201d3. <\/p>\n
No ha de olvidarse <\/p>\n
\u201c(\u2026) que los tr\u00e1mites judiciales deben ser adelantados con \u201cobservancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u201d, de manera que la referida acci\u00f3n constitucional no puede de ning\u00fan modo sustituir o desplazar los mecanismos dispuestos por el legislador al interior de cada tr\u00e1mite. <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, resulta manifiestamente improcedente la pretensi\u00f3n del actor de acudir a la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus en procura de conseguir su libertad (\u2026) [por cuanto] [e]s palmario que una decisi\u00f3n (\u2026) sobre el particular en el curso de este tr\u00e1mite, comportar\u00eda una intromisi\u00f3n indebida en la actuaci\u00f3n del juez natural, en manifiesto quebranto del principio de independencia judicial\u201d4 (subl\u00ednea fuera de texto). <\/p>\n
En un pronunciamiento reciente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 la postura descrita en los prove\u00eddos anteriores, indicando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la procedencia de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus se encuentra sujeta a que el afectado con la privaci\u00f3n ilegal de la libertad, o con su prolongaci\u00f3n il\u00edcita, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues lo contrario conduce a una injerencia indebida en las facultades que son propias del funcionario judicial que conoce de la actuaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
\u201cPor tanto, cuando existe un proceso o actuaci\u00f3n judicial (\u2026), no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n establecidos como mecanismos legales id\u00f3neos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opini\u00f3n diversa \u2014a manera de instancia adicional\u2014 de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona (CSJ AHP, 26 jun. 2008, rad. 30066)\u201d5 (subraya y negrilla original). <\/p>\n
5. En ese orden, deber\u00e1 el promotor, antes que nada, pedir al funcionario respectivo la inmediata observancia del aludido derecho si en su sentir, ha sido quebrantado, pues ese es el escenario natural y por dem\u00e1s legal, para generar debates como el ahora esbozado. <\/p>\n
Ha de tener presente el reclamante que es esa autoridad la llamada, en principio, a dilucidar si le asiste o no raz\u00f3n en sus alegatos, esto es, si los supuestos f\u00e1cticos aqu\u00ed trazados como puntal de su pretensi\u00f3n, se subsumen en alguna de las causales jur\u00eddicas previstas para decretar su liberaci\u00f3n, y de serle adverso ese pronunciamiento podr\u00e1, si a bien tiene, atacarlo a trav\u00e9s de los recursos dispuestos por el legislador para el efecto. <\/p>\n
6. Por los fundamentos antes narrados, el Despacho estima improcedente la acci\u00f3n constitucional deprecada por… Ram\u00edrez Herrera (CSJ AHC3729-2016, 16 jun., rad. 2016-00096-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia confirma el prove\u00eddo materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente al funcionario del conocimiento. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Caso Castillo Pezo contra Per\u00fa, P\u00e1rrafo 102 (1999). Tomado de O\u2019Donnell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Normativa, Jurisprudencia y Doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Primera Edici\u00f3n. Bogot\u00e1, abril de 2004. P\u00e1g. 285. <\/p>\n
2 Caso Levoyer Jim\u00e9nez contra Ecuador. P\u00e1rrafo 67 (2000). Ib\u00eddem. P\u00e1g. 336. <\/p>\n
3 Auto, 3 may. 2007, rad. 00002. <\/p>\n
4 H\u00e1beas corpus, 12 mar. 2013, rad. 40891. <\/p>\n
5 CSJ AHP755-2016, 1\u00b0 abr., rad. 47819. <\/p>\n
13 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AHC2077-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AHC2077-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00222-01 Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al prove\u00eddo proferido el 19 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54297","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}