ATC714-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC714-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2015-00258-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la consulta del auto de 5 de mayo de 2021, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Juan Fernando Durango Solera contra el Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto (Director General de Sanidad Militar). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante fallo proferido el 11 de noviembre de 2015, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ampar\u00f3 los derechos fundamentales de Juan Fernando Durango Solera, ordenando a la \u00abDirecci\u00f3n General de Sanidad Militar\u00bb, prestar \u00abel servicio m\u00e9dico de valoraci\u00f3n por neumolog\u00eda\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n concedi\u00f3 \u00abel tratamiento integral por todos aquellos servicios\u2026 que se desprendan de su patolog\u00eda hiperlipidemia mixta y embolia pulmonar sin menci\u00f3n de coraz\u00f3n pulmonar aguda\u00bb y, finalmente, advirti\u00f3 a la accionada que \u00abno podr\u00e1 negarse el suministro de transporte al actor cuando autorice los servicios por fuera del municipio de residencia del paciente\u00bb. <\/p>\n
2. Juan Fernando Durango Solera present\u00f3 ante el a quo constitucional escrito en el que indic\u00f3 que \u00abfue remitido para que se [le] hiciera una gamagraf\u00eda pulmonar perfusi\u00f3n y ventilaci\u00f3n, consulta de control o seguimiento por especialista\u2026 y consulta de primera vez por hematolog\u00eda\u00bb; que fue a \u00abSanidad Militar a que [le] autoricen la cita y [le] den los pasajes y [le] dicen que no le dan estad\u00eda ni pasajes, situaci\u00f3n que [lo] perjudica porque no [tiene] donde quedarse\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal, por medio de auto de 12 de abril de los corrientes, requiri\u00f3 al Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto, en calidad de Director General de Sanidad Militar, con el fin de que dieran cumplimiento inmediato al prenotado fallo de tutela. <\/p>\n
A trav\u00e9s de escrito calendado 14 de abril de los cursantes, el referido funcionario solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, toda vez que el actor \u00abfigura registrado activo dentro del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, a cargo de la Direcci\u00f3n de Sanidad Ej\u00e9rcito Nacional quien, a trav\u00e9s del Batall\u00f3n de A.S.P.C. No. 17 \u201cClara Elisa Narv\u00e1ez Arteaga\u201d, [que] es el directo responsable para la prestaci\u00f3n de servicios de salud al mismo\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que la \u00abDirecci\u00f3n General de Sanidad Militar NO tiene competencia alguna respecto de la prestaci\u00f3n de los servicios asistenciales a los usuarios, toda vez que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 10 de la Ley 352 de 1997, sus funciones son de car\u00e1cter netamente administrativas y no asistenciales\u00bb. <\/p>\n
4. Cumplido a lo anterior, con auto del 23 de abril siguiente, se dispuso tramitar el incidente conforme a lo reglado en el Decreto 2591 de 1991, contra el funcionario referido a espacio (Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto), surtiendo el traslado de rigor, as\u00ed como la notificaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la solicitud de resguardo g\u00e9nesis del asunto. <\/p>\n
5. El Tribunal constitucional de primera instancia, con providencia de 5 de mayo de estas calendas, sancion\u00f3 por desacato al Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto, en su condici\u00f3n de Director General de Sanidad Militar; imponi\u00e9ndole \u00abcinco\u2026 d\u00edas de arresto domiciliario\u00bb y \u00abmulta de cinco\u2026 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, de conformidad con los art\u00edculos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, el a quo consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 de conformidad con el art. 117 de la ley 352 de 1997, el ente convocado tiene a su cargo la direcci\u00f3n y orientaci\u00f3n de cada una de las Fuerzas creadas por normas internas de las mismas Fuerzas Militares, dentro de las cuales est\u00e1n comprendidas la Armada Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, Direcci\u00f3n de Sanidad Naval y Jefatura Salud Fuerza A\u00e9rea Colombiana, de lo que n\u00edtidamente se desprende que la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional hace parte de la entidad convocada, esto es de la DIRECCI\u00d3N GENERAL DE SANIDAD MILITAR, ente este sobre el que legalmente recae la direcci\u00f3n y orientaci\u00f3n de cada una de sus dependencias, a m\u00e1s que no se puede echar de menos que el destinatario de la orden tutelar es precisamente el ente aqu\u00ed accionado\u2026 <\/p>\n
Tras dilucidar lo anterior, adicion\u00f3 que el incidentado \u00abha incurrido en un incumplimiento injustificado de la orden constitucional, habida consideraci\u00f3n que no ha procedido a realizar ninguna gesti\u00f3n tendiente a lograr que los servicios m\u00e9dicos que requiere el accionante se hagan efectivos\u00bb. <\/p>\n
6. Posteriormente, la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional solicit\u00f3 la \u00abinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb, por cuanto, en el mes de mayo de 2021, fueron autorizados los procedimientos ordenados al actor (gamagraf\u00eda pulmonar perfusi\u00f3n y ventilaci\u00f3n, consulta por cardiolog\u00eda y hematolog\u00eda), lo que le fue debidamente informado. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que \u00aba la fecha no existe solicitud de vi\u00e1ticos pendiente a nombre del accionante, para el cumplimiento de estas citas\u00bb, siendo \u00abesta es la raz\u00f3n por la que a la fecha no se le han autorizado y\/o asignado los vi\u00e1ticos (transporte) amparados en el fallo de tutela\u00bb; y que, una vez se presente la solicitud con el lleno de requisitos, \u00abse proceder\u00e1 con la autorizaci\u00f3n del servicio de transporte\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que los gastos de estad\u00eda no fueron amparados por el fallo de tutela que se predica insatisfecho, por lo que no puede reputarse su incumplimiento por el hecho de no ser suministrados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Es menester indicar que el fallo emitido en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela \u00abno s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3. Con base en las anteriores premisas, para establecer si en el caso sub examine la convocada atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En esa decisi\u00f3n fue ordenado a la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar (i) prestar al accionante \u00abel servicio m\u00e9dico de valoraci\u00f3n por neumolog\u00eda\u00bb, (ii) suministrar \u00abel tratamiento integral por todos aquellos servicios\u2026 que se desprendan de su patolog\u00eda hiperlipidemia mixta y embolia pulmonar sin menci\u00f3n de coraz\u00f3n pulmonar aguda\u00bb; y (iii) se advirti\u00f3 a la accionada que \u00abno podr\u00e1 negarse el suministro de transporte al actor cuando autorice los servicios por fuera del municipio de residencia del paciente\u00bb. <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo constitucional es que esta Corte debe cotejar si la persona destinataria de ese mandato se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta negativa, como es apenas natural, deber\u00e1 accederse a la aspiraci\u00f3n del promotor del presente incidente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene que la queja del gestor radic\u00f3 en que \u00abfue remitido para que se [le] hiciera una gamagraf\u00eda pulmonar perfusi\u00f3n y ventilaci\u00f3n, consulta de control o seguimiento por especialista\u2026 y consulta de primera vez por hematolog\u00eda\u00bb; que fue a \u00abSanidad Militar a que [le] autoricen la cita y [le] den los pasajes y [le] dicen que no le dan estad\u00eda ni pasajes, situaci\u00f3n que [lo] perjudica porque no [tiene] donde quedarse\u2026\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, revisados los elementos de juicio allegados, se advierte que los d\u00edas 11 y 12 de mayo de estas calendas, fueron autorizadas las prestaciones antes mencionadas, remiti\u00e9ndose las correspondientes autorizaciones al actor. <\/p>\n
Ahora bien, respecto de los gastos de transporte que reclama el quejoso, examinadas las presentes diligencias, evidencia la Sala que no hay ning\u00fan elemento de juicio que demuestre que el promotor, efectivamente, los solicit\u00f3 a la accionada y que \u00e9sta se los hubiera negado en contravenci\u00f3n de la advertencia realizada en el prenotado fallo de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
Por el contrario, la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional niega rotundamente que se hubiese elevado tal reclamaci\u00f3n y, adem\u00e1s, pone de presente que, de as\u00ed deprecarse, proceder\u00e1 al reconocimiento de los citados gastos de transporte. <\/p>\n
Por \u00faltimo, encuentra la Sala que, como lo aleg\u00f3 la prenombrada Direcci\u00f3n de Sanidad, en la citada sentencia de 11 de noviembre no fueron reconocidos los gastos de estad\u00eda que aduce el incidentante, por el contrario, en la parte considerativa de dicha providencia se consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 respecto los gastos de alojamiento y alimentaci\u00f3n\u2026, el tutelante no aduce en ninguno de los apartes de la acci\u00f3n de tutela que la atenci\u00f3n en salud que necesita requerir\u00e1 de su estad\u00eda en la ciudad donde le fue autorizada por m\u00e1s de un d\u00eda, de donde se infiere con claridad que no se cumplen los requisitos para la concesi\u00f3n de tal beneficio y en tal sentido no se acceder\u00e1 a ese pedimento\u2026 <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, si bien el Tribunal Constitucional de primera instancia impuso sanci\u00f3n por desacato, sobre la base de que en el tr\u00e1mite incidental el Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto (Director General de Sanidad Militar), no acredit\u00f3 el cumplimiento al fallo de tutela; lo cierto es que, de los medios de convicci\u00f3n allegados con posterioridad a dicha providencia, se concluye que, en la actualidad, fueron autorizados los servicios que exigi\u00f3 el actor (gamagraf\u00eda pulmonar perfusi\u00f3n y ventilaci\u00f3n, consulta por cardiolog\u00eda y hematolog\u00eda). <\/p>\n
Adem\u00e1s, encuentra la Sala que no est\u00e1n demostrados los dem\u00e1s incumplimientos alegados por el actor, comoquiera que no se acredit\u00f3 que se hubiesen negado los gastos de transporte, pues ni tan siquiera aparece probado que aqu\u00e9l los solicit\u00f3 a la accionada y, por otra parte, porque los costos de alojamiento no fueron amparados en el fallo g\u00e9nesis de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha indicado que: <\/p>\n
\u2026si bien al momento de decidir el incidente en comento el juez a quo constitucional actu\u00f3 con apego en la realidad procesal preponderante, lo cierto es que, en las actuales circunstancias no se justifica la vigencia de las sanciones impuestas en el marco del incidente de desacato, pues del material probatorio allegado por la entidad querellada con posterioridad a la providencia sancionatoria, se colige que efectivamente se tomaron las medidas respectivas y acertadas encaminadas a dar cumplimiento al prenotado fallo de tutela (CSJ STC, 31 may. 2013, rad. 2012-00073-01; reiterado en ATC475-2015, 4 feb. 2015, rad.1999-00026-02). <\/p>\n
5. En este orden de ideas, comoquiera que esta Sala ha sostenido que constituye la finalidad del incidente de desacato asegurar la eficacia de las \u00f3rdenes proferidas tendientes a proteger los derechos fundamentales reclamados, en este momento no resulta justificado aplicar la sanci\u00f3n impuesta en la providencia materia de an\u00e1lisis, por lo que la decisi\u00f3n consultada habr\u00e1 de revocarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Revocar el auto de 5 de mayo de 2021, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Juan Fernando Durango Solera contra el Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto (Director General de Sanidad Militar), al no encontrar demostrado el incumplimiento de la orden constitucional de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
Segundo: En su lugar, abstenerse, por tanto, de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC714-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC714-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2015-00258-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Se decide la consulta del auto de 5 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54320","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54320"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54320\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}