ATC715-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
ATC715-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00130-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por V\u00edctor Jos\u00e9 Rojas Lanao frente al fallo proferido el 28 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Coordinadores de los Grupos de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario i) Interno de Trabajo Conductas de Corrupci\u00f3n y ii) de Trabajo de Secretar\u00eda T\u00e9cnica y Gesti\u00f3n Documental, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Vicefiscal\u00eda, la Direcci\u00f3n Seccional del Magdalena y la Subdirecci\u00f3n de Talento Humano, todas de la misma entidad; si no fuera porque la Corte observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos esenciales al debido proceso administrativo, petici\u00f3n, \u00abvida en condiciones digna[s]\u00bb y \u00abprincipio non bis in \u00eddem\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en concreto, por no atender la petici\u00f3n calendada 23 de noviembre de 2017 que dirigi\u00f3 al entonces Director Seccional Magdalena de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y ordenar, el pasado 9 de septiembre, a trav\u00e9s del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Instructor Conductas de Corrupci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario de ese ente, abrir una nueva investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra, por hechos ya discutidos, y escucharlo en versi\u00f3n libre a pesar de haberla rendido al respecto \u00abpor escrito debidamente soportada de fecha 29 de abril de 2019 y enviada el\u2026 15 de mayo de 2019 a la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario de la FGN\u00bb. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se present\u00f3 el 13 de abril de 2021. <\/p>\n
2.1. Inicialmente se asign\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda siguiente, aduciendo aplicar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 -modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021-, dispuso remitirla al Tribunal Superior de esa localidad, al considerar carecer de competencia para tramitarla por dirigirse contra el Fiscal General de la Naci\u00f3n, sin que su vinculaci\u00f3n resultara \u00abaparente, en tanto que en el escrito tutelar, adem\u00e1s de ense\u00f1arse conductas vulneratorias a cargo de los grupos de control disciplinario, el actor se queja de manera expresa respecto del actuar de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, representada por el doctor\u2026 Barbosa Espinosa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, se reasign\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien la admiti\u00f3 y en el fallo de instancia deneg\u00f3 el resguardo al no observar \u00abninguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor\u2026, porque las decisiones adoptadas en la parte resolutiva de ese acto [se refiere a la decisi\u00f3n del pasado 9 de septiembre] est\u00e1n encaminadas a impulsar la investigaci\u00f3n administrativa\u2026, y contrario a lo referido por el accionante, no se desconoce el hecho de que \u00e9ste haya rendido versi\u00f3n libre por escrito el\u2026 15 de mayo de 2019. Al rev\u00e9s, se le est\u00e1 dando aplicaci\u00f3n al numeral 3 del art\u00edculo 92 de la Ley 734 de 2002\u2026[\u201d]. Ahora, tampoco\u2026 se le est\u00e1 sancionando nuevamente por los hechos acontecidos, pues\u2026 tal acto administrativo no constituye ni modifica alguna situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u2026, y en todo caso, tal circunstancia le corresponder\u00eda dirimirla a los jueces ordinarios competentes. Por ello, no es dable a trav\u00e9s de una tutela eliminar una actuaci\u00f3n administrativa en curso, si de ella no se desprenden graves vulneraciones a los derechos fundamentales. Por otra parte, no se vislumbra prueba de alg\u00fan perjuicio irremediable que pueda padecer el actor\u00bb. <\/p>\n
3. La anterior determinaci\u00f3n la opugn\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta al que inicialmente le fue repartida la acci\u00f3n, al no admitirla para su respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, al observar que este ruego constitucional se formul\u00f3 el pasado 13 de abril, para el reparto del mismo eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 del d\u00eda 6 anterior, por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, el que en su canon 3\u00ba, al mudar la \u00faltima disposici\u00f3n citada, claramente contempl\u00f3 que \u00ab[l]as reglas [all\u00ed] contenidas\u2026 s\u00f3lo se aplicar\u00e1n a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 6 de abril de 2021\u2026\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo que aqu\u00ed interesa, el Decreto en comento, al modificar el precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
… <\/p>\n
2. Las\u2026 que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas\u2026 en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las\u2026 dirigidas contra las actuaciones\u2026 del Fiscal General de la Naci\u00f3n\u2026 ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n
2. Ahora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe el inconforme lo dirigi\u00f3 contra la \u00abFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Coordinador Grupo de Trabajo de Secretar\u00eda T\u00e9cnica y Gesti\u00f3n Documental- y Coordinador Grupo Interno de Trabajo Conductas de Corrupci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario\u00bb, porque no atendieron la petici\u00f3n calendada 23 de noviembre de 2017 que dirigi\u00f3 al entonces Director Seccional Magdalena de la Fiscal\u00eda y ordenaron, el pasado 9 de septiembre, abrir una nueva investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra, por hechos ya discutidos, y escucharlo en versi\u00f3n libre a pesar de ya haberla rendido al respecto. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-), pues, como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra del Fiscal General de la Naci\u00f3n, a pesar de que se se\u00f1al\u00f3 que \u00e9l era el representante de dicho ente, de donde es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de \u00e9ste, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, contrario a los sostenido por el Juzgado del Circuito al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Luego, el ente llamado a conformar el extremo pasivo respecto a la petici\u00f3n de amparo de la referencia es, exclusivamente, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de varias de sus dependencias, y atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la misma, se tiene que es una autoridad del \u00aborden nacional\u00bb, de donde r\u00e1pidamente se concluye que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta -lugar donde se radic\u00f3 la petici\u00f3n de amparo-, a quien le fue inicialmente repartida, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba de la regla 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificada por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-). <\/p>\n
\u2026el inconforme enfil\u00f3 el auxilio supralegal contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, censurando de tal autoridad que se excedi\u00f3 en la facultad discrecional de investigaci\u00f3n disciplinaria, al abrirle indagaci\u00f3n preliminar en virtud del auto DCD 2-1303 de 21 de enero de 2019, rad. N.\u00ba 47574 sin existir m\u00e9rito alguno, pues ha venido \u00abacatando las \u00f3rdenes de [sus] superiores [en cuanto al] traslado al Choc\u00f3\u00bb; lo que no se compadece con la conculcaci\u00f3n sistem\u00e1tica tanto a \u00e9l como a su n\u00facleo familiar de sus garant\u00edas esenciales, a consecuencia de la suspensi\u00f3n de los servicios de salud en julio de 2018. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se destaca que, para el caso concreto, las actuaciones criticadas no se desprenden de actos directos del Fiscal General de la Naci\u00f3n1, sino de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario Interno del mencionado ente acusador, dependencia esta que abri\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria en contra del gestor, mediante el auto DCD 2-1303 de 21 de enero de 2019, rad. N.\u00ba 47574, cuya suspensi\u00f3n y archivo se implora en esta oportunidad; raz\u00f3n por la que no es aplicable el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado -la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n-, esto es, entidad del \u00aborden nacional\u00bb, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer en primera instancia en los Juzgados del Circuito de Quibd\u00f3, acorde con la regla de reparto trazada en el memorado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la sentencia proferida en este dossier por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 9 de abril de 2019 est\u00e1 viciada de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al mecanismo de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992 (CSJ ATC817-2019, 30 may., rad. 2019-00032-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.3 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, a quien le fue inicialmente repartida, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 28 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, a quien le fue inicialmente repartido, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 En el mismo sentido CSJ ATC1136-2018, 31 may., rad. 2018-00132-01; y CSJ ATC2067-2018, 31 oct., rad. 2018-001931-01. <\/p>\n
2 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
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