ATC722-2021<\/p>\n
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ATC722-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2019-02527-03 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide lo pertinente en cuanto a las solicitudes de \u00abcumplimiento de fallo\u00bb e interposici\u00f3n de \u00abincidente de desacato\u00bb, incoados respecto de la sentencia STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, proferida en el asunto de la referencia. <\/p>\n
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1. Antecedentes <\/p>\n
1.1. Con escritos del pasado 6 de mayo, dirigidos a esta Sala y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Laura G\u00f3mez y Angie Rusinque exigen intervenir de manera \u00abinmediata para lograr el cumplimiento de la sentencia\u00bb rese\u00f1ada. <\/p>\n
Aseguran, el \u00abderecho fundamental a la protesta pac\u00edfica\u00bb, all\u00ed resguardado, viene siendo vulnerado desde el 28 de abril de 2021, al desconocerse, entre otras, la orden impartida a los accionados, tendiente a \u00ab(\u2026) abstenerse de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esa decisi\u00f3n, entre otras, el abuso sistem\u00e1tico del uso de la fuerza, por parte de la Polic\u00eda Nacional y el Esmad el 21 de noviembre de 2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Reclaman, asimismo, la intervenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, apoyadas \u00ab(\u2026) en [el] numeral 11 [de dicho fallo, donde] expresamente [se] advirti\u00f3 cuando la Corte lo considere necesario, asumir\u00e1 la competencia para exigir el obedecimiento de lo aqu\u00ed ordenado (\u2026)\u00bb y la imposici\u00f3n de las sanciones necesarias para conseguir el acatamiento de la providencia referida. <\/p>\n
1.2. Ermes Evelio Pete Vivas, Consejero Mayor y representante legal del Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca CRIC, con memorial del pasado 6 de mayo, refiere que tras la \u00abmovilizaci\u00f3n\u00bb del 28 de abril de 2021, de acuerdo con los reportes de distintos medios de comunicaci\u00f3n, han sucedido \u00ab19 asesinatos, la mayor\u00eda de j\u00f3venes y 13 por arma de fuego (\u2026) [adem\u00e1s] presuntamente 1181 casos de violencia policial y 761 detenciones arbitrarias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asegura que miembros de la Guardia Ind\u00edgena del pueblo de Nasa y una comisi\u00f3n integrada por personal de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensor\u00eda del Pueblo y de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fueron \u00abatacados por miembros de la Polic\u00eda en la estaci\u00f3n de Polic\u00eda Fray Dami\u00e1n en la ciudad de Cali (\u2026), cuando iban a realizar la verificaci\u00f3n de ciudadanos que fueron capturados, durante las movilizaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agrega que el Presidente de la Rep\u00fablica ha estigmatizado y reprimido el proceso de movilizaci\u00f3n al realizar \u00ab(\u2026) se\u00f1alamientos como terrorismo urbano, vandalismo, delincuentes y diferentes acusaciones que buscan desvirtuar la esencia de la protesta social y las razones que motivan la movilizaci\u00f3n de los ciudadanos(as) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asegura que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no tiene un reporte en su p\u00e1gina web oficial, \u00ab(\u2026) sobre la violencia sexual que se ha presentado en esta protesta (\u2026)\u00bb; y, de igual modo, la Defensor\u00eda del Pueblo carece de boletines oficiales para reportar las violaciones a derechos sucedidas en este tiempo. <\/p>\n
Expone, su comunidad ha sido v\u00edctima de los se\u00f1alamientos, estigmatizaci\u00f3n, amenazas y persecuci\u00f3n, as\u00ed como de asesinato a sus l\u00edderes por participar en diferentes manifestaciones. <\/p>\n
Por lo narrado, sostiene, no se ha dado cumplimiento a la sentencia STC7641-2020, pues, por el contrario <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cada vez es m\u00e1s fuerte la represi\u00f3n hacia la participaci\u00f3n ciudadana, lo que conlleva a la sistem\u00e1tica vulneraci\u00f3n de los derechos a la protesta pac\u00edfica, participaci\u00f3n ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, \u201cno ser sometidos a desaparici\u00f3n forzada\u201d, y a las libertades de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n, circulaci\u00f3n y movimiento, presuntamente amenazadas por las autoridades accionadas, tutelados por su sala (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1.3. Mar\u00eda Alejandra Garz\u00f3n Mora, Germ\u00e1n Romero S\u00e1nchez, Douglas E. Lorduy Monta\u00f1ez, Raissa Carrillo Villamizar, Gustavo Gall\u00f3n Giraldo, Alejandro Jim\u00e9nez Ospina, Jomary Orteg\u00f3n Osorio, Reymundo Rafael V\u00e1squez Barrios, Juan David Romero Preciado, Franklin Casta\u00f1eda Villacob, Ana Bejarano Ricaurte y Olga Lilia Silva L\u00f3pez, quienes afirman ser \u00abaccionantes y apoderados\u00bb en el asunto de la referencia, exigen \u00ab(\u2026) dar tr\u00e1mite al cumplimiento del fallo de tutela proferido por esa Sala el 22 de septiembre de 2020, as\u00ed como para que se desate el incidente de desacato contra los responsables por el incumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostienen, en s\u00edntesis, que, de acuerdo con lo expresado en la sentencia T-233 de 2018 de la Corte Constitucional, en este caso resulta procedente que la Corte Suprema de Justicia asuma el conocimiento del tr\u00e1mite rogado, pues, aunque no fungi\u00f3 como juez de primer grado, confluyen las siguientes razones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la sentencia STC7641-2020 (\u2026) en la orden und\u00e9cima dispuso expl\u00edcitamente sobre la posibilidad de reasumir competencia para exigir el cumplimiento de la sentencia; <\/p>\n
\u00ab(ii) la situaci\u00f3n generalizada de riesgo y vulneraci\u00f3n en la que se encuentra el derecho a la protesta, que se desarrolla a profundidad en los numerales siguientes, ilustra la imperiosa necesidad de salvaguardar la supremac\u00eda e integridad del ordenamiento constitucional colombiano; y <\/p>\n
\u00ab(iii) dado que la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 este expediente de tutela, la intervenci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria -y en este caso de la constitucional tambi\u00e9n-, es indispensable para la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tras aludir a distintos considerandos de la sentencia materia de este pronunciamiento, exponen: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [D]espu\u00e9s de m\u00e1s de seis meses de una deficiente implementaci\u00f3n del fallo, sigue pendiente de cumplirse, por parte de la Fuerza P\u00fablica y de su comandante supremo, el presidente de la Rep\u00fablica, esta obligaci\u00f3n de abstenci\u00f3n de realizar una intervenci\u00f3n arbitraria, sistem\u00e1tica y violenta contra la manifestaci\u00f3n p\u00fablica. Las agresiones contra la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de prensa, el ejercicio de la manifestaci\u00f3n p\u00fablica, y la participaci\u00f3n de militares en el control de civiles, siguen siendo la pauta de actuaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Refieren que las \u00abagresiones de la fuerza p\u00fablica (\u2026)\u00bb, censuradas en el fallo de esta Sala, contin\u00faan realiz\u00e1ndose, as\u00ed, advierten, en cuanto a las movilizaciones iniciadas desde el pasado 28 de abril, a la fecha, en medios de comunicaci\u00f3n y redes sociales \u00abse han difundido gran cantidad de v\u00eddeos y fotograf\u00edas que muestran agentes de Polic\u00eda golpeando manifestantes, lanzando gases lacrim\u00f3genos y disparando balas de goma de manera irregular, incluso disparando armas de fuego en circunstancias en las que no existe ninguna amenaza para su vida ni para la de un tercero (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Anotan que existen manifestaciones p\u00fablicas del Relator Especial para el Derecho de Reuni\u00f3n Pac\u00edfica y Libertad de Asociaci\u00f3n de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, reprobando, el primero, el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Bogot\u00e1, Cali y Popay\u00e1n y, la segunda, los altos \u00edndices de violencia, ejercida por la Polic\u00eda Nacional, frente a manifestantes. <\/p>\n
Relacionan, asimismo, los datos suministrados por distintas organizaciones civiles, relativos a las personas presuntamente \u00abdesaparecidas\u00bb, agredidas y asesinadas \u00ab(\u2026) por el accionar desproporcionado de la Polic\u00eda Nacional (\u2026)\u00bb durante el per\u00edodo de manifestaciones y protestas que contin\u00faa. <\/p>\n
La anterior situaci\u00f3n, aseguran, evidencia el desconocimiento de los mandatos de esta Corte, la \u00absistematicidad\u00bb en el accionar violento de la fuerza p\u00fablica y el incumplimiento de los protocolos ordenados; a\u00f1aden, todo lo aseverado encuentra respaldo en m\u00faltiple material audiovisual, disponible en las p\u00e1ginas web de las cuales suministran enlaces. <\/p>\n
Luego de resaltar la existencia de \u00abdetenciones arbitrarias y tratos inhumanos, crueles y degradantes\u00bb, por parte de la Polic\u00eda Nacional y referir que contin\u00faan us\u00e1ndose armas de fuego y otras \u00abpotencialmente letales\u00bb contra la poblaci\u00f3n civil, aseveran que ning\u00fan llamado han hecho las autoridades nacionales y locales para que cesen esos comportamientos. <\/p>\n
Advierten de las lesiones ocasionadas a la libertad de prensa y expresi\u00f3n, en el marco de las actuales protestas, anunciando que la Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa -FLIP-, \u00ab(\u2026) ha documentado 81 ataques a la libertad de prensa y 88 v\u00edctimas (\u2026)\u00bb, 44 de \u00e9stas atribuidas por las v\u00edctimas a agentes de la fuerza p\u00fablica. <\/p>\n
Censuran, in extenso, la estigmatizaci\u00f3n de la protesta social, por parte del Ministro de Defensa y el Presidente de la Rep\u00fablica, quienes, acotan, no han hecho referencia a los cr\u00edmenes cometidos por la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Sostienen que, aun cuando se realizaron mesas de trabajo para la elaboraci\u00f3n de los protocolos y \u00abestablecer l\u00edmites claros y estrictos para el uso leg\u00edtimo de la fuerza del Estado en manifestaciones p\u00fablicas\u00bb, se desconocieron sus propuestas y se expidi\u00f3 el Decreto 003 de 2021 \u00ab(\u2026) como una declaraci\u00f3n de principios que en lo operativo [que] no modifica sustancialmente ning\u00fan aspecto de la actuaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional en manifestaciones (\u2026)\u00bb, proceder que tambi\u00e9n da cuenta del desobedecimiento a lo ordenado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Reprochan que el 1\u00b0 de mayo de esta anualidad, el Presidente de la Rep\u00fablica hubiese ordenado a las Fuerzas Militares asistir a la Polic\u00eda Nacional, en el marco del art\u00edculo 170 de la Ley 1801 de 2016; pues al no existir \u00abprotocolos y normas especializadas sobre la materia\u00bb, la actuaci\u00f3n del ente castrense queda sin controles expresos y espec\u00edficos, siendo inconveniente promover su intervenci\u00f3n en las manifestaciones actuales, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) i) las recomendaciones internacionales indican que el control de civiles en general no es una funci\u00f3n que cumplan eficazmente los militares, ii) la asistencia militar est\u00e1 contemplada por el Legislador, pero no ha sido debida y correctamente regulada y iii) existiendo un contexto de vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica al derecho a la manifestaci\u00f3n p\u00fablica ante un uso desproporcionado de la fuerza, involucrar militares cuyo poder de destrucci\u00f3n es radical, es una abierta vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas amparadas en el fallo al que aqu\u00ed se pretende dar cumplimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para los petentes, es indispensable que el Gobierno Nacional explique <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) \u00bfCu\u00e1les son los protocolos y normas especializadas sobre la materia bajo los cuales debe regirse la asistencia militar, como lo establece la Ley? (ii) \u00bfExisten unidades militares especializadas en atenci\u00f3n a poblaci\u00f3n civil, o cualquier unidad militar puede prestar esa asistencia? (iii) \u00bfCu\u00e1les son las unidades militares que en el actual contexto de manifestaciones p\u00fablicas configurado desde el 18 de abril del 2021, realizan esa asistencia? \u00bfQui\u00e9nes son sus comandantes? \u00bfBajo qu\u00e9 \u00f3rdenes de operaciones act\u00faan? \u00bfCu\u00e1l es la cadena de mando completa que dirige esas medidas de asistencia militar? (iv) \u00bfCu\u00e1l es la justificaci\u00f3n para contemplar la asistencia militar excepcional en la situaci\u00f3n que actualmente vive el pa\u00eds? \u00bfMediante qu\u00e9 acto se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de ordenar la asistencia militar el pasado 2 de mayo? (v) \u00bfCu\u00e1l es la justificaci\u00f3n t\u00e1ctica, operacional, log\u00edstica y de inteligencia que soporta la necesidad actual de que las Fuerzas Militares, en el marco de sus funciones constitucionales, asistan a la Polic\u00eda Nacional en el control de actos de violencia? (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, reclaman como \u00ab(\u2026) medida urgente (\u2026) suspender la aplicaci\u00f3n de ese medio de polic\u00eda hasta que no se cuente con una reglamentaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destacan el incumplimiento en torno a la orden de expedir un protocolo de verificaci\u00f3n de capturas, pues adem\u00e1s de elaborarse por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional sin la participaci\u00f3n de las organizaciones defensoras de derechos humanos, no garantiza la verificaci\u00f3n efectiva y a tiempo de las detenciones y traslados de las personas manifestantes, pues se incluy\u00f3 una \u00abruta de verificaci\u00f3n (\u2026) [a trav\u00e9s] de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n como intermediaria entre la informaci\u00f3n que suministra la polic\u00eda y las comisiones de verificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, circunstancia que atenta contra el derecho a la informaci\u00f3n y al principio de transparencia. <\/p>\n
A\u00f1aden que, en todo caso, dicho protocolo no ha sido implementado, pues, en este momento, \u00ab(\u2026) no existe una ruta de acceso a la informaci\u00f3n de las capturas y traslados (\u2026)\u00bb; as\u00ed como tampoco un informe, por parte de los entes de control, \u00abque permita conocer el inicio de investigaciones contra agentes de la polic\u00eda por cometer delitos al excederse en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
Demandan, en consecuencia, (i) declarar en desacato a las entidades accionadas; (ii) prevenirlas para que no incurran en los comportamientos denunciados; y, (iii) como \u00abmedidas urgentes y necesarias\u00bb, adem\u00e1s de las explicaciones atr\u00e1s se\u00f1aladas, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ordenar a todas las autoridades de polic\u00eda, en espec\u00edfico a los comandantes operativos de la Polic\u00eda Nacional en manifestaciones p\u00fablicas, abstenerse de disolver por la fuerza las mismas, hasta tanto se evidencie que est\u00e1n en capacidad de hacer un uso moderado y proporcional de la fuerza. Para ello, tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de aplicar estrictamente el principio de diferenciaci\u00f3n, as\u00ed como dar cumplimiento a una pol\u00edtica criminal garante del derecho a la manifestaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ordenar a todas las autoridades de polic\u00eda, en espec\u00edfico a los comandantes operativos de la Polic\u00eda Nacional en manifestaciones p\u00fablicas, suspender el uso de armas de fuego para dar respuesta a las manifestaciones. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Suspender la actuaci\u00f3n del ESMAD hasta tanto se evidencie que est\u00e1 en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas. Para hacer esa verificaci\u00f3n, es preciso ordenar la conformaci\u00f3n de una instancia de verificaci\u00f3n conformada por el Gobierno Nacional, el Ministerio P\u00fablico, organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos, sociales y estudiantiles, as\u00ed como organismos especializados en la materia y garantizando una amplia participaci\u00f3n; con el fin de que verifiquen la formaci\u00f3n integral, aptitudes psicosociales y actitudes emocionales los uniformados ante los retos del servicio de atenci\u00f3n a manifestaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, exigen medidas para \u00ab(\u2026) indagar sobre el cumplimiento y sus responsables por parte de las entidades accionadas (\u2026)\u00bb; solicitar pruebas de sus afirmaciones a instituciones p\u00fablicas y organizaciones no gubernamentales; pedirle a la CIDH y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos allegar los informes realizados sobre las presentes denuncias; imponerle al Gobierno Nacional ordenarle a \u00abtodos los miembros de la rama ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las pol\u00edticas del gobierno nacional (\u2026)\u00bb; y a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 y la Personer\u00eda de esta Capital, remitir \u00ab(\u2026) la informaci\u00f3n de la que tenga conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas desde el 28 de abril del 2021 a la fecha (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Consideraciones <\/p>\n
2.1. En materia de tutela, la orden impartida en la sentencia que decide su tr\u00e1mite es de obligatorio acatamiento por quien debe cumplirla, y ejecutarla dentro del t\u00e9rmino perentorio establecido en el fallo respectivo. Si as\u00ed no acontece, adem\u00e1s de continuar vulner\u00e1ndose las prerrogativas sustanciales amparadas, se incurre en desacato a las disposiciones jurisdiccionales. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, advirti\u00f3 esta Sala, \u00abno s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo (\u2026) en la Carta Pol\u00edtica (\u2026) y [en la] protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026)\u00bb, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Por la prevalencia de los principios de eficacia y efectividad, el ordenamiento jur\u00eddico fij\u00f3 en cabeza del juez constitucional, de un lado, las facultades necesarias para garantizar el cumplimiento material del mandato respectivo y, de otro, la potestad de sancionar por desacato a la autoridad o particular que la ha incumplido injustificadamente. <\/p>\n
Por tratarse de un acatamiento inmediato exigido al destinatario del precepto tutelar, el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. <\/p>\n
A su turno, el canon 52 \u00eddem, estableci\u00f3 el tr\u00e1mite de desacato, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, es claro, la ley ofrece dos v\u00edas que difieren, pero se complementan y est\u00e1n orientadas a obtener el restablecimiento del derecho conculcado. El juez constitucional, para ello, debe proceder a adelantar las gestiones respectivas para obtener el cumplimiento de la orden de tutela, por cuanto su competencia se mantiene hasta el restablecimiento de la prerrogativa menoscabada o una vez superados los motivos de la amenaza. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, sostuvo la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El marco reglamentario de la acci\u00f3n de tutela consagra entonces, un conjunto de facultades y \u2013tambi\u00e9n- el punto cardinal conforme al cual podemos derivar un conducto regular desde donde el juez podr\u00e1 determinar si es necesario, como \u00faltima ratio, el inicio del incidente de desacato. <\/p>\n
\u00abPor supuesto, conforme a lo anterior encontramos que dentro de las obligaciones del juez de primera instancia se encuentra, en primera medida, verificar el cumplimiento del fallo y luego s\u00ed, podr\u00e1 evaluar la necesidad de evacuar los dem\u00e1s recursos consignados en el art\u00edculo 27 y, en caso de considerarlo necesario, acudir al desacato. <\/p>\n
\u00abAhora bien, dentro de este \u00faltimo evento es necesario tener en cuenta, que su tr\u00e1mite no puede desconocer las garant\u00edas inherentes al debido proceso y el derecho de defensa, es decir, la brevedad del mismo no puede ser \u00f3bice para menguar derechos fundamentales. Ser\u00eda contradictorio y lesivo de la propia Carta que los mecanismos que sirven de apoyo para asegurar la realizaci\u00f3n de una tutela, constituyeran medios para vulnerar los derechos fundamentales de aquellos que deben cumplir la orden de amparo constitucional (\u2026)\u00bb2 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
El desacato constituye, en consecuencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [U]n ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
2.2. Ahora, seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 \u00ab(\u2026) [l]a sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb (negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Igualmente, de acuerdo con la uniforme y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia4, la competencia para conocer y adelantar los incidentes de desacato le corresponde al \u00abjuez que haya fallado la tutela en primera instancia\u00bb; sobre ello, se ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) N\u00f3tese que esta competencia nada tiene que ver con la facultad de conocer nuevas acciones de tutela, ni con las reglas de reparto establecidas de manera reglamentaria por el Gobierno Nacional. Por el contrario, es una competencia que deriva de la Ley y que ha sido decantada en la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes5 (\u2026)\u00bb6. <\/p>\n
Y, en otro caso, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia (\u2026)\u00bb7. <\/p>\n
Al punto, conviene destacar que esa \u00faltima autoridad, en prove\u00eddo de 10 de mayo anterior, frente a las peticiones de distintos interesados, particularmente, en relaci\u00f3n con el \u00abcumplimiento del fallo\u00bb, dispuso requerir a los servidores involucrados, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l Presidente de la Rep\u00fablica deber\u00e1 informar lo correspondiente a la expedici\u00f3n del acto administrativo a trav\u00e9s del cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las pol\u00edticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligaci\u00f3n permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresi\u00f3n, reuni\u00f3n, protesta pac\u00edfica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoci\u00f3n interior; o (iii) estado de emergencia\u201d. Para ello se ha de adjuntar la prueba documental correspondiente y el soporte de las diligencias encaminadas al enteramiento de todos los miembros de la Rama Ejecutiva. <\/p>\n
\u201cEl mandatario tambi\u00e9n deber\u00e1 rendir un informe detallado, claro y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones del paro indicando si se lleg\u00f3 o no a un consenso, allegando para el efecto el acto administrativo correspondiente en el que se haya reglamentado lo relativo al uso de la fuerza en las protestas pac\u00edficas y en donde se haya tenido en cuenta \u201ccomo m\u00ednimo, las directrices se\u00f1aladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las a[ll\u00ed] se\u00f1aladas, relacionadas con la intervenci\u00f3n y el uso de la fuerza por parte de la Polic\u00eda Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas\u201d. <\/p>\n
\u00abAsimismo, el Presidente deber\u00e1 aportar el protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores \u00b4que se denominar\u00e1: \u2018ESTATUTO DE REACCI\u00d3N, USO Y VERIFICACI\u00d3N DE LA FUERZA LEG\u00cdTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCI\u00d3N DEL DERECHO A LA PROTESTA PAC\u00cdFICA CIUDADANA\u2019, mismo que debi\u00f3 realizarse con la participaci\u00f3n \u201cdirecta de la ciudadan\u00eda, \u00f3rganos de control y los mandatarios regionales y locales\u201d. <\/p>\n
\u00abTodo lo anterior, de conformidad con el numeral 5\u00b0 de la parte resolutiva del fallo respecto del cual se insta su cumplimiento. <\/p>\n
\u00abEn igual sentido, la Polic\u00eda Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n deber\u00e1n informar si se expidi\u00f3 el protocolo tendiente a que los ciudadanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y las entidades vinculadas a las Naciones Unidas puedan realizar las verificaciones en los casos de capturas y traslados de personas durante el desarrollo de actos de protestas masivas, tal como se dispuso en el numeral sexto de la sentencia presuntamente incumplida. <\/p>\n
\u00abIgualmente, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n informar\u00e1n lo pertinente acerca de los \u201cplanes de f\u00e1cil acceso para el acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda jur\u00eddica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar\u201d, seg\u00fan se orden\u00f3 en el numeral s\u00e9ptimo del fallo de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
\u00abDel mismo modo, se oficiar\u00e1 al Defensor del Pueblo para que suministre un informe respecto del control \u201cestricto, fuerte e intenso\u201d que debe surtir al actuar del ESMAD en el desarrollo de las manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos, tal como se dispuso en el numeral octavo del rese\u00f1ado pronunciamiento. <\/p>\n
\u00abPor otro lado, el Director General de la Polic\u00eda Nacional y los Escuadrones M\u00f3viles Antidisturbios de la Polic\u00eda Nacional deber\u00e1n informar si han dado cumplimiento a la suspensi\u00f3n de uso de la escopeta calibre 12, en caso afirmativo deber\u00e1 adjuntar los soportes de la ejecuci\u00f3n de dicha orden, todo conforme fuere dispuesto en el numeral noveno del fallo constitucional. <\/p>\n
\u00abDe otra parte, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n deber\u00e1n informar lo relativo a los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas con ocasi\u00f3n de los hechos que fueron materia de la salvaguarda impetrada, seg\u00fan se dispuso en el numeral decimosegundo del enunciado pronunciamiento. <\/p>\n
\u00abCon todo, cada uno de los entes y autoridades accionadas, en el marco de sus funciones y competencias deber\u00e1 acreditar ante esta Corporaci\u00f3n el debido acatamiento al fallo constitucional en referencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, orden\u00f3 comunicar de la determinaci\u00f3n citada tanto a los accionantes y accionados como a los comandantes del Ej\u00e9rcito Nacional, de los Escuadrones M\u00f3viles Antidisturbios de la Polic\u00eda Nacional, del Comando de Unidades Operativas Especiales de la Polic\u00eda Nacional, del Grupo de Operaciones Especiales de la Polic\u00eda Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de G\u00e9nero y el Empoderamiento de las Mujeres, la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, el comandante de la Decimotercera Brigada de la Quinta Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica; la Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa, Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad del Atl\u00e1ntico, la Universidad Pedag\u00f3gica y Tecnol\u00f3gica de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia y la Central Unitaria de Trabajadores, ello atendiendo a la vinculaci\u00f3n dispuesta en el prove\u00eddo ATC282-2020 de esta Corte. <\/p>\n
Lo anterior evidencia que el fallador competente viene actuando conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicable para establecer el cumplimiento de la sentencia STC-7641-2020, pudiendo abrirse paso el desacato. <\/p>\n
2.4. Con todo, en el numeral once del fallo constitucional en cuesti\u00f3n, se se\u00f1al\u00f3 \u00ab(\u2026) que cuando la Corte lo considere necesario, asumir\u00e1 la competencia para exigir el obedecimiento de lo aqu\u00ed ordenado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Si bien lo alegado por los memorialistas y los hechos actuales, de p\u00fablico conocimiento, sustentan la necesidad de intervenci\u00f3n de esta Corte, la injerencia de la misma tendr\u00e1 lugar, por ahora, con el decreto de pruebas complementarias respecto de las impartidas por el el juez constitucional de primer grado, correspondi\u00e9ndole a \u00e9ste recabarlas durante el tr\u00e1mite de desacato que actualmente adelanta en esa etapa procesal, garantizando ante todo, el acatamiento del fallo, el derecho de contradicci\u00f3n y defensa de los involucrados y la doble instancia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se remitir\u00e1n al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 las solicitudes aqu\u00ed allegadas para que, una vez revise su contenido, junto con el material demostrativo adosado, se pronuncie o adicione la apertura del desacato demandado, junto con la pr\u00e1ctica de las pruebas aqu\u00ed decretadas, y las que considere procedentes. <\/p>\n
2.4.1. Como lo expusieron los aqu\u00ed solicitantes, la Sala en la sentencia STC-7641-2020 -hoy en firme al excluirse de revisi\u00f3n y negarse la insistencia8- ampar\u00f3 las prerrogativas invocadas, relativas a \u00ab(\u2026) la protesta pac\u00edfica, participaci\u00f3n ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, \u201cno ser sometidos a desaparici\u00f3n forzada\u00bb, y a las libertades de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n, circulaci\u00f3n y movimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En \u00f3rdenes consignadas en la parte resolutiva, se le impuso, entre otras cosas, a los accionados – \u00abque, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acci\u00f3n\u00bb, de las que da cuenta lo rese\u00f1ado en el numeral 5.2.8.1. y los siguientes \u00edtems de la sentencia STC-7641-2020, que llevaron a la Sala a concluir: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que existi\u00f3 -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresi\u00f3n, desproporcionada de la fuerza p\u00fablica respecto de quienes, de manera pac\u00edfica, se manifestaron en las datas atr\u00e1s indicadas, en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el art\u00edculo 37 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dado el uso desmedido e irregular de sus armas de dotaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00abContrario a lo manifestado por varias de las autoridades accionadas, aduciendo que la demanda de amparo se funda: (i) en hechos futuros e inciertos; (ii) ausencia de perjuicio irremediable; y (iii) carencia actual de objeto, lo evidenciado demuestra una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza p\u00fablica y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no s\u00f3lo sus propios manuales, sino tambi\u00e9n, principios y valores de rango constitucional. <\/p>\n
\u00abSus actividades no controladas representan un riesgo una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pac\u00edficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresi\u00f3n individualizable en el marco de las protestas, especialmente las llevadas a cabo a partir del 21 de noviembre de 2019. <\/p>\n
\u00abLo antelado, por cuanto lo sucedido en las tres principales ciudades del pa\u00eds [Bogot\u00e1, Cali y Medell\u00edn], en las fechas antes anotadas, evidencia similitudes pese a las distancias existentes entre esas urbes, lo cual refleja, en principio, y sin haber sido rebatida, una coordinaci\u00f3n de las unidades del ESMAD y de Polic\u00eda en los procedimientos censurados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como una de las finalidades de la sentencia STC-7641-2020 consisti\u00f3 en evitar la repetici\u00f3n de lo ocurrido en las fechas mencionadas y en las anteriores, analizadas en el fallo en cuesti\u00f3n, ha de verificarse si se han reiterado los hechos denunciados. <\/p>\n
2.4.2. No puede, ensancharse el debilitamiento de la confianza ciudadana frente a las instituciones. La exigencia pac\u00edfica del ejercicio del derecho de reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n y protesta conlleva entre las muchas, una obligaci\u00f3n de doble v\u00eda, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatizaci\u00f3n y la intimidaci\u00f3n, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democr\u00e1tico y constitucional de hacer un pa\u00eds incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadan\u00eda a acatar con diligencia y plena observancia, los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020. <\/p>\n
2.4.3. Se dispondr\u00e1, por tanto, ordenar la pr\u00e1ctica de las siguientes pruebas complementarias a las decretadas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1, las cuales practicar\u00e1 y recabar\u00e1 dicha Corporaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de desacato que actualmente cursa en el asunto de la referencia: <\/p>\n
1-. Descripci\u00f3n del procedimiento administrativo y de la metodolog\u00eda a trav\u00e9s del cual se busque garantizar el esclarecimiento de acciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza p\u00fablica, as\u00ed como de las \u00f3rdenes de la cadena de mando. <\/p>\n
2-. Calendario de reuniones presentes y futuras, con la agenda de cada una de ellas, relacionado con la actividades de la mesa de articulaci\u00f3n de alto nivel entre la Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, el Director General de la Polic\u00eda Nacional, las v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internacionales, donde se discuti\u00f3 la tem\u00e1tica de la reestructuraci\u00f3n de las directrices sobre el uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pac\u00edficas. <\/p>\n
3-. En l\u00ednea con lo anterior, se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los criterios de invitaci\u00f3n a las v\u00edctimas, de las organizaciones de v\u00edctimas de y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internaciones. <\/p>\n
4-. En igual sentido, mencionar qui\u00e9nes y c\u00f3mo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internaciones, presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
5-. Indicar cu\u00e1les fueron, si existen, las propuestas y consensos presentados por los mandatarios regionales, locales, y \u00f3rganos de control, y las respuestas dadas a dichas solicitudes. <\/p>\n
6-. Resultados de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con las v\u00edctimas, de las organizaciones de v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales que participaron en las mencionadas reuniones. <\/p>\n
2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Naci\u00f3n, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: <\/p>\n
1-. Atinente con el protocolo de capturas y traslado de personas, mencionar qui\u00e9nes y c\u00f3mo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internaciones, presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza p\u00fablica involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodol\u00f3gico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistem\u00e1tico, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violaci\u00f3n de los derechos humanos. En sentido negativo, deber\u00e1n explicar las razones por las cuales no se abord\u00f3 ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
2.4.3.3. Ordenar al Defensor del Pueblo, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: <\/p>\n
Evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del compromiso actual del Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales sobre: (i) la situaci\u00f3n actual de las personas afectadas durante los actos de protesta en cada municipio y departamento y los riesgos existentes frente al incremento de la violencia como el vandalismo, bloqueos viales y el exceso desproporcionado del actuar del ESMAD y en general, de la Fuerza P\u00fablica; (ii) la infraestructura de atenci\u00f3n y las instancias de coordinaci\u00f3n con que cuenta cada entidad territorial para atender los reclamos y denuncias de las personas afectadas durante los actos de protesta; (iii) las especificidades de las personas afectadas por los actos de protesta, como el tipo de perjuicio y la respuesta institucional, prestando particular atenci\u00f3n al enfoque de g\u00e9nero, as\u00ed como de los pueblos ind\u00edgenas, la poblaci\u00f3n afrocolombiana y los campesinos; (v) las prioridades de atenci\u00f3n a nivel territorial que pueden ser diversas, y (vi) los factores que han incidido negativamente en el compromiso de garant\u00eda al derecho a la protesta, as\u00ed como de los mecanismos apropiados para introducir correctivos. <\/p>\n
La anterior evaluaci\u00f3n se fundamentar\u00e1 en indicadores compatibles con lo ordenando por la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
2.5. Finalmente, se remitir\u00e1n las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para que se pronuncie, sobre la apertura o complementaci\u00f3n del tr\u00e1mite incidental deprecado por los memorialistas y, en adici\u00f3n, supervise la pr\u00e1ctica de las pruebas decretadas en esta decisi\u00f3n, sin perjuicio de la verificaci\u00f3n a cargo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Ordenar la pr\u00e1ctica de las siguientes pruebas complementarias a las decretadas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1, las cuales recabar\u00e1 dicha Corporaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de desacato que actualmente cursa en el asunto de la referencia: <\/p>\n
1. Ordenar al Gobierno Nacional -Presidencia de la Rep\u00fablica y Ministerio de Defensa Nacional, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: <\/p>\n
1.1. Descripci\u00f3n del procedimiento administrativo y de la metodolog\u00eda a trav\u00e9s del cual se busque garantizar el esclarecimiento de acciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza p\u00fablica, as\u00ed como de las \u00f3rdenes de la cadena de mando. <\/p>\n
1.2. Calendario de reuniones presentes y futuras, con la agenda de cada una de ellas, relacionado con la actividades de la mesa de articulaci\u00f3n de alto nivel entre la Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, el Director General de la Polic\u00eda Nacional, las v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internaciones, donde se discuti\u00f3 la tem\u00e1tica de la reestructuraci\u00f3n de las directrices sobre el uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pac\u00edficas. <\/p>\n
1.3. En l\u00ednea con lo anterior, se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los criterios de invitaci\u00f3n a las v\u00edctimas, de las organizaciones de v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales. <\/p>\n
1.4. En igual sentido, mencionar qui\u00e9nes y c\u00f3mo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internacionales, presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
1.6. Resultados de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con las v\u00edctimas, de las organizaciones de v\u00edctimas de y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales que participaron en las mencionadas reuniones. <\/p>\n
2. Ordenar a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Naci\u00f3n, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: <\/p>\n
2.1. Atinente con el protocolo de capturas y traslado de personas, mencionar qui\u00e9nes y c\u00f3mo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las v\u00edctimas y sus representantes, ciudadan\u00eda, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internaciones, presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
2.2. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza p\u00fablica involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodol\u00f3gico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistem\u00e1tico, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violaci\u00f3n de los derechos humanos. En sentido negativo, deber\u00e1n explicar las razones por las cuales no se abord\u00f3 ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
3. Ordenar al Defensor del Pueblo, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: <\/p>\n
Evaluar la situaci\u00f3n del compromiso actual del Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales sobre: (i) la situaci\u00f3n actual de las personas afectadas durante los actos de protesta en cada municipio y departamento y los riesgos existentes frente al incremento de la violencia como el vandalismo, bloqueos viales y el exceso desproporcionado del actuar del ESMAD y en general, de la Fuerza P\u00fablica; (ii) la infraestructura de atenci\u00f3n y las instancias de coordinaci\u00f3n con que cuenta cada entidad territorial para atender los reclamos y denuncias de las personas afectadas durante los actos de protesta; (iii) las especificidades de las personas afectadas por los actos de protesta, como el tipo de perjuicio y la respuesta institucional, prestando particular atenci\u00f3n al enfoque de g\u00e9nero, as\u00ed como de los pueblos ind\u00edgenas, la poblaci\u00f3n afrocolombiana y los campesinos; (v) las prioridades de atenci\u00f3n a nivel territorial; y (vi) los factores que han incidido negativamente en el compromiso de garant\u00eda al derecho a la protesta, as\u00ed como de los mecanismos apropiados para introducir correctivos. <\/p>\n
La anterior evaluaci\u00f3n se fundamentar\u00e1 en indicadores compatibles con lo ordenando por la sentencia STC 7641-2020. <\/p>\n
Segundo: REMITIR las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para que contin\u00fae con el conocimiento del tr\u00e1mite de \u00abcumplimiento del fallo\u00bb de la sentencia STC-7641-2020 y se pronuncie, sobre la apertura y complemento del caso, del desacato exigido por los solicitantes. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a todos los intervinientes en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. ATC de 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04 y ATC516-2021 rad. n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00218-01 de 22 de abril de 2021, entre otros. <\/p>\n
2 CSJ. ATC de 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04 y ATC516-2021 rad. n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00218-01 de 22 de abril de 2021, entre otros. <\/p>\n
3 CSJ. ATC de 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04 y ATC516-2021 rad. n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00218-01 de 22 de abril de 2021, entre otros. <\/p>\n
4 Corte Constitucional. Sentencia T-763 de diciembre 7 de 1998, CSJ ATP306-2021 de 15 de marzo de 2021, entre otras. <\/p>\n
5 Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 1996. <\/p>\n
6 CSJ. ATP200- 2021, rad. 115052 de 16 de febrero de 2021. <\/p>\n
7 CSJ. ATC de 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04. <\/p>\n
<\/p>\n
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