SC1614-2021 (2015-00395-00)_1<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00395-00 <\/p>\n
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Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC1614-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00395-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
co (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n
Dec\u00eddese la solicitud de exequatur presentada por Catalina Polo Carreras1, en representaci\u00f3n de su menor hija Pen\u00e9lope Polo Carreras2, respecto de la sentencia de 8 de abril de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad seguido por aquella contra la sucesi\u00f3n \u00abintestamentaria a bienes\u00bb del extinto Juan Rubio Blanco3. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante solicit\u00f3 la homologaci\u00f3n del referido pronunciamiento extranjero que declar\u00f3 a Juan padre biol\u00f3gico de Pen\u00e9lope, derivando los derechos y obligaciones propios del parentesco por consanguinidad en primer grado reconocido, orden\u00f3 registrarla con los apellidos Rubio Polo y pagar en favor suyo una cuota alimentaria a cargo de la sucesi\u00f3n (folio 47 a 54). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los hechos relevantes del libelo admiten el siguiente compendio (folios 48 a 50): <\/p>\n
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2.1. Juan Rubio Blanco y Catalina Polo Carreras, ambos de nacionalidad colombiana, convivieron como pareja entre febrero de 2002 y el 9 de marzo de 2006 (data esta \u00faltima en que el primero muri\u00f3) y establecieron su domicilio en Zapop\u00e1n, Estado de Jalisco (M\u00e9xico). <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. El 22 de abril de 2006, fruto de esa convivencia, naci\u00f3 Pen\u00e9lope Polo Carreras, quien no pudo ser reconocida por el padre biol\u00f3gico debido a su fallecimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Por solicitud de Catalina, en representaci\u00f3n de la menor, se convoc\u00f3 a juicio de investigaci\u00f3n de paternidad a la sucesi\u00f3n intestada del extinto Juan, la que por conducto de la albacea Mar\u00eda Gonz\u00e1lez45 expresamente se allan\u00f3 a los pedimentos reclamados. No obstante, se practic\u00f3 prueba gen\u00e9tica molecular a la menor y a los ascendientes del pretenso padre, Sixto Rubio6 y Julia Blanco7, la cual concluy\u00f3 con una \u00abprobabilidad mayor de 99,99 %\u00bb que estos eran abuelos paternos de aquella y se pod\u00eda inferir la paternidad del extinto Juan Rubio Blanco. <\/p>\n
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2.4. El Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante sentencia de 8 de abril de 2013, declar\u00f3 que Juan Rubio Blanco es el progenitor de Pen\u00e9lope Polo Carreras, con los consecuentes derechos y obligaciones que se derivan del v\u00ednculo consangu\u00edneo en primer grado; orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en la correspondiente partida de nacimiento de la menor y el pago de la pensi\u00f3n alimenticia a cargo de la sucesi\u00f3n y en favor de la declarada descendiente (folios 2-11 y 47 a 50). <\/p>\n
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TR\u00c1MITE DEL EXEQUATUR <\/p>\n
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1. La demanda fue admitida el 26 de abril de 2016, se prescindi\u00f3 de citar a la sucesi\u00f3n intestada de Juan Rubio Blanco, debido al allanamiento expreso de las pretensiones que hiciera, y orden\u00f3 correr traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, as\u00ed como a su hom\u00f3loga para Asuntos Civiles (folios 66 y 67). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La representante del Ministerio P\u00fablico para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia se enter\u00f3 personalmente del auto que admiti\u00f3 la demanda (folio 68). En oportunidad conceptu\u00f3 la procedencia de \u00abotorgar efecto jur\u00eddico a la sentencia de declaratoria de la paternidad referenciada, toda vez que se trata de una decisi\u00f3n de autoridad leg\u00edtima desde lo internacional y su contenido guarda consonancia con el r\u00e9gimen de filiaci\u00f3n regulado en la legislaci\u00f3n nacional\u00bb; no as\u00ed respecto de la condena al pago de alimentos en favor de la menor involucrada, por estimar que \u00abla tasaci\u00f3n de los factores que integran la obligaci\u00f3n var\u00edan\u00bb, de modo que \u00ablo decidido no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino meramente formal, dado que las circunstancias f\u00e1cticas pueden variar, las mismas no deben ser objeto de exequatur pues este debe contraerse \u00fanicamente a la decisi\u00f3n judicial que declara la paternidad y a la protecci\u00f3n de los derechos que de la misma se derivan de forma definitiva\u00bb (folios 69 a 73). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradora para Asuntos Civiles se notific\u00f3 personalmente del prove\u00eddo admisorio (folio 80). Al descorrer el traslado, expres\u00f3 que \u00abno se opon[\u00eda] al exequatur, por tratarse de una decisi\u00f3n leg\u00edtima desde lo internacional y su contenido guarda correspondencia con el r\u00e9gimen de filiaci\u00f3n regulado en la legislaci\u00f3n nacional\u00bb (folios 81 a 90). <\/p>\n
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4. Se recabaron las siguientes pruebas en desarrollo de la actuaci\u00f3n: <\/p>\n
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4.1. Documentos aportados con el libelo y la subsanaci\u00f3n, que incluyen copia aut\u00e9ntica de la providencia, constancia de ejecutoria, prueba de parentesco con ADN, registro civil de nacimiento de Catalina Polo Carreras, acta de defunci\u00f3n de Juan Rubio Blanco y acta de nacimiento de Pen\u00e9lope Polo Carreras, respectivamente, apostillados (folios 2 a 46 y 59 a 62). <\/p>\n
<\/p>\n
4.2. Oficio S-GTAJI-16-103507 suscrito por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual alleg\u00f3 copia aut\u00e9ntica de la versi\u00f3n en espa\u00f1ol de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 5 de agosto de 1979 (folios 99 a 106). <\/p>\n
<\/p>\n
4.3. Oficio S-GAUC-16-114682 suscrito por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares de la referida cartera ministerial, por el cual remiti\u00f3 copia del memorando CMXMXC.2461.191 del C\u00f3nsul General de Colombia en M\u00e9xico, mediante el cual env\u00eda criterios de interpretaci\u00f3n del articulado del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles, en relaci\u00f3n con el reconocimiento y ejecuci\u00f3n en territorio nacional mexicano de sentencias extranjeras, allegado por la Coordinaci\u00f3n de Compilaci\u00f3n y Sistematizaci\u00f3n de Tesis, de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (folios 112 a 130). <\/p>\n
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4.4. Oficio S-GAUC-19-034974 del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a trav\u00e9s del cual remiti\u00f3 el memorando CMXMXC.720.093 con el cual el Consulado de Colombia en M\u00e9xico envi\u00f3 el diligenciamiento efectuado para obtener \u00abcopia aut\u00e9ntica de los textos normativos en materia de divorcio\u00bb (folios 155 a 159). <\/p>\n
<\/p>\n
4.5. Copia aut\u00e9ntica de los art\u00edculos 569 y ss. del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles mexicano, trasladada de los expedientes n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-02335-00, 11001-02-03-000-2017-02006-00 y 11001-02-03-000-2017-00669-00, los cuales versaron sobre la ejecuci\u00f3n de sentencias relativas al estado civil dictadas por autoridades jurisdiccionales mexicanas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El 5 de octubre de 2020 se cerr\u00f3 el periodo probatorio y orden\u00f3 correr traslado para alegar de conclusi\u00f3n (folio 187). La solicitante descorri\u00f3 el traslado y reiter\u00f3 la petici\u00f3n de homologar la sentencia de filiaci\u00f3n, en cuanto esta cumple todos los requisitos formales para el efecto (folios 191 y 192). <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La presente decisi\u00f3n se sujetar\u00e1 al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por ser la norma vigente al momento en que se present\u00f3 la solicitud de reconocimiento, esto es, el 23 de febrero de 2015 (folio 56). <\/p>\n
<\/p>\n
Acl\u00e1rese que, la entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso no tiene la aptitud de trastocar la anterior conclusi\u00f3n, en tanto la nueva codificaci\u00f3n estableci\u00f3 una vigencia ultractiva de la que se encontraba en vigor, respecto a aquellas actuaciones que estuvieran en curso (numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625), como sucede en el presente caso. <\/p>\n
<\/p>\n
Tal es la doctrina fijada por esta Corporaci\u00f3n, en un caso equivalente al sub lite dijo: <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien el 1\u00b0 de enero de 2016 entr\u00f3 en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que el numeral 5 del art\u00edculo 625 ibidem consagr\u00f3 como regla general que las actuaciones en curso deben culminarse de acuerdo con la normatividad aplicable al momento de su iniciaci\u00f3n, regla que es aplicable al reconocimiento\u2026 As\u00ed lo ha recocido esta Corporaci\u00f3n: \u2018Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequatur en la norma referida -numeral 6 del art\u00edculo 625-, queda comprendido dentro de la \u00faltima regla transcrita, por lo que se tendr\u00e1n en cuenta las normas que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inici\u00f3\u2019 (CSJ SC8655, 29 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2015-01712-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n es arm\u00f3nica con la naturaleza de este procedimiento, ya que es similar al de algunos tr\u00e1mites incidentales, los cuales, de acuerdo con el art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, subrogado por el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, \u2018se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando\u2026 se promovieron\u2019\u2026 (SC1695, 13 feb. 2017, rad. n.\u00b0 2007-01340-00; reiterado en SC2476, 9 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2014-01635-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Adentr\u00e1ndose en el tema de decisi\u00f3n, debe precisarse que la homologaci\u00f3n es un tr\u00e1mite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y de las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tr\u00e1nsito de personas y de capitales entre los pa\u00edses. <\/p>\n
<\/p>\n
En este caso, la administraci\u00f3n de justicia deja de estar en manos de los jueces locales, para otorgar vigor a lo resuelto por falladores for\u00e1neos, a condici\u00f3n que se cumplan las formalidades fijadas en la regulaci\u00f3n, las cuales no pretenden un reexamen de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, sino la verificaci\u00f3n de ciertos aspectos extr\u00ednsecos al prove\u00eddo, tales como la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, la competencia del juzgador, la salvaguardia del orden p\u00fablico interno, la tutela de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, y el cumplimiento de la legalizaci\u00f3n y autenticaci\u00f3n que es exigible a todos los documentos extranjeros. <\/p>\n
<\/p>\n
En Colombia, los art\u00edculos 693 y 694 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consagraban estos requerimientos en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
<\/p>\n
(i) Entre nuestro pa\u00eds y el de procedencia debe existir reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, de suerte que haya un compromiso correlativo de reconocer las providencias emitidas en el otro, en virtud de tratados internacionales o de sus ordenamientos jur\u00eddicos nacionales8; <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) La decisi\u00f3n debe tener el car\u00e1cter de sentencia judicial y ser emitida en un proceso contencioso o de jurisdicci\u00f3n voluntaria9; <\/p>\n
<\/p>\n
(iii) El asunto del cual se ocupa el fallo no puede referirse a derechos reales sobre bienes ubicados en territorio colombiano, pues en este caso debe aplicarse el principio de territorialidad10; <\/p>\n
<\/p>\n
(iv) La resoluci\u00f3n debe estar en armon\u00eda con las normas de orden p\u00fablico sustancial patrias, valga decirlo, los principios que disciplinan las diferentes instituciones jur\u00eddicas y en cuyo respeto est\u00e1 interesado el pa\u00eds; <\/p>\n
<\/p>\n
(v) El prove\u00eddo a reconocer debe estar ejecutoriado, seg\u00fan la ley del pa\u00eds de origen, en orden a garantizar que sea inmodificable e intangible, para lo cual deber\u00e1 acreditarse que frente a lo decidido no proceden recursos, que los mismos ya se agotaron, que precluy\u00f3 la oportunidad para interponerlos, o que no existen instrumentos judiciales para controvertir lo resuelto11; <\/p>\n
<\/p>\n
(vi) Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto de que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento p\u00fablico, para lo cual deber\u00e1 acudirse a la legalizaci\u00f3n ante consulado o a la apostilla, seg\u00fan el caso12; <\/p>\n
<\/p>\n
(vii) La competencia para conocer de la materia no debe ser privativa de los jueces colombianos, como sucede en los casos de inmunidades o por la aplicaci\u00f3n de los estatutos personal o real reconocidos en el Derecho Internacional Privado; <\/p>\n
<\/p>\n
(viii) Es imperativo observar las reglas de la cosa juzgada y el non bis in \u00eddem, por lo que se excluye la homologaci\u00f3n de decisiones que se refieran a asuntos sobre los cuales haya un pronunciamiento local o un proceso en curso; y <\/p>\n
<\/p>\n
(ix) Deber\u00e1 acreditarse que en el tr\u00e1mite adelantado en el otro pa\u00eds se respet\u00f3 el debido proceso, en particular, las garant\u00edas de debida noticia y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto, claro est\u00e1, sin perjuicio de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sean aplicables al caso, los cuales pueden consagrar requisitos adicionales o diferentes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Con base en tales premisas y de cara al caso sub examine, encuentra la Corte que deber\u00e1 accederse al reconocimiento solicitado, en tanto se satisfacen las condiciones enunciadas, como pasa a explicarse: <\/p>\n
<\/p>\n
3.1. Reciprocidad <\/p>\n
<\/p>\n
Es criterio pac\u00edfico de la Sala que la reciprocidad puede ser diplom\u00e1tica, legislativa y de hecho: <\/p>\n
<\/p>\n
[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deber\u00e1 acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el pa\u00eds que dict\u00f3 la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplom\u00e1tica; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley for\u00e1nea o la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle tambi\u00e9n efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fen\u00f3menos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho (SC, 17 jul. 2001, rad. n.\u00b0 0012, reiterada en SC14776-2015 y SC19855-2017, 28 nov. 2017, rad. n.\u00b0 2012-02577. En sentido similar, ver: SC17721, 7 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2014-00211, reiterado en SC2777, 17 jul. 2018, rad. n.\u00b0 2016-02853). <\/p>\n
<\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo expuesto, le corresponde a la Corporaci\u00f3n verificar si el pa\u00eds de donde proviene la sentencia y la Rep\u00fablica de Colombia hacen parte de un instrumento de derecho internacional (bilateral o multilateral) que consagre la correspondencia diplom\u00e1tica, y que este se encuentre vigente. En ausencia del mismo, deber\u00e1 establecer si las leyes o la jurisprudencia de aquel consagran reciprocidad. <\/p>\n
<\/p>\n
(i) En punto a la primera forma de correspondencia, en el caso concreto est\u00e1 acreditado que Colombia y M\u00e9xico hacen parte de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros13, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. No obstante, para este preciso caso -homologaci\u00f3n de sentencia de investigaci\u00f3n de paternidad- no es dable predicar la existencia de reciprocidad diplom\u00e1tica debido a que este \u00faltimo pa\u00eds se reserv\u00f3 \u00abde limitar su aplicaci\u00f3n a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados Partes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, en armon\u00eda con el literal d), numeral 1, art\u00edculo 2 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado el 23 de mayo de 1969, por reserva se entiende una declaraci\u00f3n unilateral realizada por un Estado al suscribir, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a \u00e9l, con el fin de excluir o alterar los efectos jur\u00eddicos de algunas disposiciones en este contenidas en su aplicaci\u00f3n a ese Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden de ideas, la reserva efectuada por M\u00e9xico hace que en ese pa\u00eds los fallos que traten sobre el estado civil de las personas queden exceptuados del amparo de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, lo que conduce a concluir la ausencia de reciprocidad diplom\u00e1tica en esa materia. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, la Corte expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Preliminarmente se impone precisar que en este asunto no se evidencia la \u00abreciprocidad diplom\u00e1tica\u00bb, puesto que a pesar de la existencia de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979 de la que son parte Colombia y M\u00e9xico, este \u00faltimo Estado hizo \u00abexpresa reserva de limitar su aplicaci\u00f3n a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados Partes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Si de conformidad con lo previsto en el literal d), numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Convenci\u00f3n de Viena de 1969 y 1986 \u00abse entiende por \u201creserva\u201d una declaraci\u00f3n unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominaci\u00f3n, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a \u00e9l, con objeto de excluir o modificar los efectos jur\u00eddicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicaci\u00f3n a ese Estado\u00bb, entonces los fallos relacionados con el estado civil de las personas, como los de divorcio, en virtud de la \u00abreserva\u00bb efectuada por M\u00e9xico, no quedaron cobijadas por la aludida \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, lo que en el presente asunto permite sostener la inexistencia de reciprocidad diplom\u00e1tica (SC, 13 dic. 2013, rad. n.\u00b0 2012-02576; criterio reiterado en SC5190-2014, SC4536, 22 oct. 2018, rad. n.\u00b0 2017-02006-00 y SC4227-2018). <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) En lo tocante a la reciprocidad legislativa, esta se acredit\u00f3 con copia aut\u00e9ntica del Cap\u00edtulo VI (Ejecuci\u00f3n de Sentencias), Libro Cuarto (De La Cooperaci\u00f3n Procesal Internacional), del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles mexicano, obrante en los expedientes n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-02335-00, 11001-02-03-000-2017-02006-00 y 11001-02-03-000-2017-00669-00 y que fuera trasladada de manera regular y oportuna a la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
De los art\u00edculos 569 a 571, que conforman el referido Cap\u00edtulo VI, se desprende el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos en el territorio mexicano a los fallos extranjeros. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 569. Las sentencias, los laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial, y dem\u00e1s resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendr\u00e1n eficacia y ser\u00e1n reconocidos en la Rep\u00fablica en todo lo que no sea contrario al orden p\u00fablico interno en los t\u00e9rminos de este c\u00f3digo y dem\u00e1s leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que M\u00e9xico sea parte. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que s\u00f3lo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, ser\u00e1 suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Los efectos que las sentencias, laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial y resoluciones jurisdiccionales extranjeros produzcan en el territorio nacional, estar\u00e1n regidos por lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil, por este c\u00f3digo y dem\u00e1s leyes aplicables.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 570. Las sentencias, laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial y resoluciones jurisdiccionales extranjeros se cumplir\u00e1n coactivamente en la Rep\u00fablica, mediante homologaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de este c\u00f3digo y dem\u00e1s leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que M\u00e9xico sea parte. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 571. Las sentencias, laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, podr\u00e1n tener fuerza de ejecuci\u00f3n si cumplen con las siguientes condiciones: <\/p>\n
I.- Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este C\u00f3digo en materia de exhortos provenientes del extranjero; <\/p>\n
II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acci\u00f3n real; <\/p>\n
III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este C\u00f3digo. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jur\u00eddicos de que devenga la resoluci\u00f3n que se pretenda ejecutar, una cl\u00e1usula de sometimiento \u00fanicamente a la jurisdicci\u00f3n de tribunales mexicanos; <\/p>\n
IV.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garant\u00eda de audiencia y el ejercicio de sus defensas; <\/p>\n
V.- Que tengan el car\u00e1cter de cosa juzgada en el pa\u00eds en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra; <\/p>\n
VI.- Que la acci\u00f3n que les dio origen no sea materia de juicio que est\u00e9 pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicar\u00e1 cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; <\/p>\n
VII.- Que la obligaci\u00f3n para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden p\u00fablico en M\u00e9xico; y <\/p>\n
VIII.- Que llenen los requisitos para ser considerados como aut\u00e9nticos. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, las disposiciones federales adjetivas civiles mexicanas prev\u00e9n el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos de las sentencias y dem\u00e1s fallos jurisdiccionales extranjeros no comerciales, en condiciones generales an\u00e1logas a las previstas en las normas nacionales colombianas. <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. Decisi\u00f3n materia de reconocimiento <\/p>\n
<\/p>\n
La providencia de 8 de abril de 2013, cuyo reconocimiento se depreca tiene alcance de sentencia judicial, como se infiere de la autoridad que la profiri\u00f3 y su contenido, dado que eman\u00f3 del Juzgado Cuarto Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento -la investigaci\u00f3n de paternidad en favor de Pen\u00e9lope Polo Carreras-, previa vinculaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n intestada del supuesto padre -la cual por intermedio de su representante legal se allan\u00f3 a las pretensiones- y del an\u00e1lisis de los hechos y de las pruebas arrimadas a la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3. No afectaci\u00f3n de derechos reales <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, el fallo declar\u00f3 que el extinto Juan Rubio Blanco era el padre biol\u00f3gico de Pen\u00e9lope Polo Carreras, orden\u00f3 las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento de la menor para que lleve los apellidos Rubio Polo y conden\u00f3 a la sucesi\u00f3n intestamentaria del extinto padre a pagar en favor de la ni\u00f1a la pensi\u00f3n alimentaria, en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo mensual vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la filiaci\u00f3n es uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica que invariablemente est\u00e1 ligada al estado civil de las personas, cuya definici\u00f3n implica atributos propios de la condici\u00f3n humana como la nacionalidad, la relaci\u00f3n de patria potestad, el orden sucesoral, derechos y obligaciones alimentarias, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, se relieva que la obligaci\u00f3n de proveer alimentos a favor de la menor tambi\u00e9n es susceptible de reconocimiento en nuestro pa\u00eds, pues se advierte que dicha imposici\u00f3n no se hizo vinculando directamente derechos reales concretos sobre bienes de la sucesi\u00f3n del extinto padre ubicados en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
3.4. Ausencia de transgresi\u00f3n del orden p\u00fablico <\/p>\n
<\/p>\n
La providencia for\u00e1nea objeto de autorizaci\u00f3n es arm\u00f3nica con los principios y normatividad de orden p\u00fablico nacional, pues tanto la legislaci\u00f3n mexicana como la dom\u00e9stica admiten la filiaci\u00f3n extramatrimonial y, en caso de defunci\u00f3n del presunto padre el proceso puede adelantarse con los herederos y la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, en el sub lite ante el \u00f3bito del progenitor se llam\u00f3 a la sucesi\u00f3n intestada de este, la cual compareci\u00f3 por intermedio de la albacea14 (arts. 10, ley 75 de 1968 y 2, ley 721 de 2001). <\/p>\n
<\/p>\n
La decisi\u00f3n mexicana destaca la necesidad de practicar prueba de ADN por \u00abser la id\u00f3nea para demostrar cient\u00edfica y biol\u00f3gicamente la relaci\u00f3n paterno filial\u00bb15 (art. 7, ley 75 de 1968, mod. art. 2, ley 721 de 2001), as\u00ed como advierte sobre los efectos y las consecuencias inherentes a la relaci\u00f3n filial declarada, como son la \u00abidentidad y filiaci\u00f3n, alimentos, casa, educaci\u00f3n, vestido, atenci\u00f3n m\u00e9dica, etc\u00e9tera, as\u00ed como la obligaci\u00f3n com\u00fan de ambos padres de proporcionar los medios econ\u00f3micos y condiciones de vida necesarios para el pleno y armonioso desarrollo intelectual y f\u00edsico de un menor\u00bb16 (arts. 42 y 44 C.P., Conc. arts. 24 y 25, ley 1098 de 2006 y 5, 6 y 10, decreto 1260 de 1970). <\/p>\n
<\/p>\n
En el presente caso, la aqu\u00ed reclamante solicit\u00f3 declarar que Pen\u00e9lope Polo Carreras es hija biol\u00f3gica de Juan Rubio Blanco, quien falleci\u00f3 poco m\u00e1s de un mes antes del nacimiento de aquella. Dicha causa se inici\u00f3 con la convocatoria de la sucesi\u00f3n intestada del extinto Rubio Blanco, compareciendo la representante legal, quien se allan\u00f3 a todas las aspiraciones de la demanda17, a pesar de lo cual se desahog\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN con los padres biol\u00f3gicos del pretenso padre, Sixto Rubio y Julia Blanco, la menor y la madre de esta, Catalina Polo Carreras. <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con el informe remitido por el Laboratorio de Biolog\u00eda Molecular, donde se inform\u00f3 en detalle el procedimiento seguido en la pericial, se enfatiz\u00f3 que el estudio fue realizado con el an\u00e1lisis de \u00ab15 polimorfismos gen\u00e9ticos aceptados internacionalmente como informativos para estudios de parentesco\u00bb, encontrando en todos ellos coincidencia de los alelos de los dos abuelos con la nieta, por lo que concluy\u00f3 que la probabilidad de parentesco era mayor al 99,99 %18 (arts. 1 [par. 1, 2 y 3] y 2, ley 721 de 2001). <\/p>\n
<\/p>\n
La autoridad judicial extranjera otorg\u00f3 valor probatorio a dicha prueba pericial, dado que era la id\u00f3nea para acreditar \u00abcient\u00edfica y biol\u00f3gicamente la relaci\u00f3n paterno filial\u00bb19 existente entre el difunto Juan Rubio Blanco y Pen\u00e9lope Polo Carreras. Adicionalmente destac\u00f3 que no se present\u00f3 oposici\u00f3n de parte de la convocada sobre ese medio de convicci\u00f3n, en punto de lo cual expres\u00f3 \u00abestar de acuerdo\u00bb con \u00abla prueba gen\u00e9tica antes descrita\u00bb, as\u00ed como se produjo un allanamiento pleno frente a las pretensiones del libelo presentado en su contra20. <\/p>\n
<\/p>\n
Ante la demostraci\u00f3n de la filiaci\u00f3n de paternidad que ligaba a la menor y al difunto padre, la autoridad for\u00e1nea la declar\u00f3, al igual que las consecuencias legales que se desprenden de dicho reconocimiento, cuales son, que la ni\u00f1a lleve el apellido del fallecido padre, la decisi\u00f3n sea inscrita en el Registro Civil de Jalisco, sea asignada una cuota alimentaria a su favor que procure garantizar la cobertura de lo que es necesario para su desarrollo integral, as\u00ed como los derechos y obligaciones derivados del estado civil reconocido, cuestiones estas que no son extra\u00f1as al orden p\u00fablico patrio ni al orden p\u00fablico internacional. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, es claro que la sentencia de investigaci\u00f3n de paternidad puede ser reconocida en nuestro pa\u00eds, con los mismos efectos civiles que los establecidos para los fallos nacionales sobre la materia. <\/p>\n
<\/p>\n
3.5. Ejecutoria de la sentencia <\/p>\n
<\/p>\n
(i) La providencia mexicana se encuentra debidamente ejecutoriada, como qued\u00f3 registrado en auto de 20 de mayo de 2013, seg\u00fan el cual \u00abtomando en consideraci\u00f3n que la sentencia definitiva dictada por este Tribunal con fecha 08 ocho de abril del a\u00f1o 2013 (sic), no fue recurrida dentro del t\u00e9rmino de ley por parte interesada alguna con la interposici\u00f3n del recurso ordinario correspondiente, es por ello que se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; numeral 420 Bis Fracci\u00f3n II de la Ley procesal Civil del Estado de Jalisco21\u00bb (resaltado original). Por lo que se tiene acreditado el requisito de la ejecutoria de la sentencia de acuerdo con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) Ahora bien, en lo referente al concepto emitido por parte de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia sobre la inviabilidad de acceder al exequatur frente a la condena alimentaria impuesta a la sucesi\u00f3n del declarado padre en favor de la menor Pen\u00e9lope Polo Carreras, porque halla obst\u00e1culo en que la determinaci\u00f3n no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino formal. Al respecto se estima: <\/p>\n
<\/p>\n
a.) Valga memorar la finalidad del exequatur, cual es la de otorgar efectos jur\u00eddicos equivalentes en el \u00e1mbito interno patrio a una sentencia pronunciada por un juez extranjero. <\/p>\n
<\/p>\n
En Colombia, el ordenamiento positivo reconoce la cosa juzgada formal22 y material23, y establece la diferencia que existe entre estas, frente a lo cual la Sala ha explicado que, la primera debe concebirse como el fin del litigio propiamente dicho, es decir cuando lo que ha sido materia de controversia implica situaciones susceptibles de variaci\u00f3n en los supuestos f\u00e1cticos que hace que se suscite una discusi\u00f3n judicial posterior; mientras que la segunda alude a la obligatoriedad de la decisi\u00f3n, esto es, aquella que es inmutable en cuanto define el litigio de fondo, por cuanto decide puntualmente sobre el derecho que se discute24. <\/p>\n
<\/p>\n
En el presente caso, la sentencia materia de exequatur, entre otras disposiciones, se ocup\u00f3 de fijar una cuota alimentaria en favor de la menor demandante, determinaci\u00f3n esta constitutiva de cosa juzgada formal, en la medida en que es pasible de modificaci\u00f3n a trav\u00e9s de proceso ulterior, en cuanto se presente alteraci\u00f3n en las circunstancias tenidas en cuenta para su establecimiento, tales como las necesidades de la alimentaria a satisfacer o la capacidad econ\u00f3mica del alimentante. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, como la finalidad del tr\u00e1mite de exequatur se satisface en el sub lite, dado que en nada afecta que la determinaci\u00f3n sobre alimentos de la menor constituya cosa juzgada formal, porque como qued\u00f3 dicho, el ordenamiento jur\u00eddico colombiano la consagra, resulta irrelevante la oposici\u00f3n de la representante del Ministerio P\u00fablico a ese respecto, por cuanto el fallo tendr\u00e1 el mismo efecto en Colombia como en M\u00e9xico. Por lo dem\u00e1s, se itera que lo que busca probar la ejecutoria exigida es que la decisi\u00f3n sea definitiva. <\/p>\n
<\/p>\n
b.) Asimismo, cumple precisar que, para la Corte no es una cuesti\u00f3n inadvertida la naturaleza de cosa juzgada formal, que no material, de la que est\u00e1n investidas las providencias extranjeras que se ocupan de manera principal o accesoria del establecimiento de la cuota alimentaria, el r\u00e9gimen de visitas o la asignaci\u00f3n de custodia y cuidado personal en favor de menores de edad. Mas, esa circunstancia no es \u00f3bice para reconocerle efectos jur\u00eddicos en el territorio nacional, pues al echar un vistazo al requisito de ejecutoria consagrado en el numeral 325, del art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en lo medular, es id\u00e9ntico al que se halla actualmente en vigor, el numeral 326 del precepto 606 del C\u00f3digo General del Proceso, se advierte que no hay distingo entre uno y otro tipo de ejecutoria (material o formal), simplemente regula que la decisi\u00f3n materia de homologaci\u00f3n debe arrimarse al tr\u00e1mite con la constancia de firmeza acorde con las reglas del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
Exigencia esta que ha sido entendida por la Sala como \u00abla certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC7730, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2016-0254-00); con la manifestaci\u00f3n inserta en el prove\u00eddo en el que se mencionen \u00ablos recursos que eran procedentes en contra del mismo y la forma en que fueron agotados, en caso de haber sido interpuestos\u00bb; o con la \u00abanotaci\u00f3n proveniente de autoridad alguna que brinde la certeza requerida sobre este aspecto\u00bb (AC7244, 25 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02791-00). <\/p>\n
<\/p>\n
En este caso es patente que la prueba de la firmeza de la decisi\u00f3n (auto-caus\u00f3 estado) aportada con la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n, se acompasa con la normatividad del pa\u00eds de origen, por cuanto la autoridad jurisdiccional competente, esto es, la Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien dict\u00f3 la sentencia expres\u00f3: \u00abtomando en consideraci\u00f3n que la sentencia definitiva dictada por este Tribunal con fecha 08 ocho de abril del a\u00f1o 2013 dos mil trece (sic), no fue recurrida dentro del t\u00e9rmino de ley por parte interesada alguna con la interposici\u00f3n del recurso ordinario correspondiente, es por ello que se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; numeral 420 Bis Fracci\u00f3n II de la Ley Procesal Civil del Estado de Jalisco\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior no desconoce el hecho de que los supuestos f\u00e1cticos analizados al momento de fijar la obligaci\u00f3n alimentaria pueden variar con el paso del tiempo y originar otro pronunciamiento jurisdiccional que atienda esas particulares circunstancias del alimentario (aumento de gastos para cubrir con suficiencia sus necesidades) y del alimentante (disminuci\u00f3n o aumento de ingresos), caso en el cual para que ese fallo extranjero surta efectos en el territorio nacional es menester agotar de nuevo el procedimiento de exequatur, con la observancia de cada uno de los requisitos previstos para ello, mientras esto no ocurra los efectos jur\u00eddicos autorizados a la sentencia que ahora se homologa se mantienen. <\/p>\n
<\/p>\n
c.) La Corte, de anta\u00f1o ha reconocido esa posibilidad, ya que en casos an\u00e1logos al de ahora otorg\u00f3 la autorizaci\u00f3n suplicada sin reserva alguna en torno a la cosa juzgada formal de las sentencias que se ocuparon de aspectos accesorios como la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, custodia y cuidado personal y r\u00e9gimen de visitas de los hijos menores comunes de los esposos divorciados, estrictamente se atuvo a la verificaci\u00f3n del requisito de ejecutoria acreditado de acuerdo con el r\u00e9gimen legal del pa\u00eds de origen de la decisi\u00f3n, al respecto dijo: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026Que el 3 de julio de 2007 el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero Veintinueve de Madrid, Espa\u00f1a, \u00abdeclar\u00f3 la disoluci\u00f3n por el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por las partes el 31 de julio de 2001 en Bogot\u00e1\u2026, con todos los efectos legales\u00bb, y determin\u00f3 que \u00abla hija menor de edad quedar\u00e1 en compa\u00f1\u00eda y bajo la custodia de\u2026\u00bb, que \u00abla patria potestad continuar\u00e1 ejerci\u00e9ndose de modo conjunto por ambos padres\u00bb, que el progenitor que habitualmente no convive con ella tiene \u00abel derecho de visitarla\u00bb, de comunicarse \u00abcon ella y tenerla en su compa\u00f1\u00eda\u00bb, en la forma y t\u00e9rminos all\u00ed se\u00f1alados, y que por concepto de pensi\u00f3n el padre abonar\u00eda cada mes la suma novecientos cincuenta (950) euros a\u2026, actualizada anualmente desde el 1\u00ba de enero de 2008, de acuerdo con la variaci\u00f3n del \u00edndice general de precios al consumidor, y que cada progenitor suministrar\u00eda el cincuenta por ciento (50%) de los gastos extraordinarios (folios 8 y 9)… <\/p>\n
<\/p>\n
Se alleg\u00f3 copia autenticada de la decisi\u00f3n, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, como se establece de la documental aportada a folio 16, emanada del Ministerio de Justicia y debidamente apostillado conforme a las exigencias de la Convenci\u00f3n de La Haya del 5 de octubre de 1961, con lo que se obvian las dem\u00e1s legalizaciones referidas -folios 6 a 15- (negrilla fuera de texto. [SC 19 dic. 2011, rad. n.\u00ba 2011-00892-00; en el mismo sentido SC, 24 oct. 2011, rad. n.\u00ba 2011-00234-00; SC3488, 20 mar. 2014, rad. n.\u00ba 2012-02652-00; SC18557, 16 dic. 2016, rad. n.\u00ba 2014-01928-00; SC1424, 24 abr. 2019, rad. n.\u00ba 2015-001279-00, entre muchas otras]). <\/p>\n
3.6. Copias aut\u00e9nticas y legalizadas <\/p>\n
<\/p>\n
La se\u00f1ora Claudia Ivett Santana Casillas, en su condici\u00f3n de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, M\u00e9xico, dej\u00f3 testimonio que \u00ablas presentes copias certificadas que se expiden en 14 catorce fojas \u00fatiles, concuerdan fielmente con los autos originales, derivadas del Juicio Civil Ordinario promovido por [Catalina Polo Carreras] en contra de la sucesi\u00f3n intestamentaria a bienes de [Juan Rubio Blanco] bajo n\u00famero de expediente 1142\/2009 lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 19 diecinueve de agosto del 2014 dos mil catorce (sic); se expiden las presentes sin que causen pago de derechos al Fisco Estatal\u00bb (resaltado original del texto), con lo que dio cuenta de la integridad y correspondencia de la copia allegada con su original27. <\/p>\n
<\/p>\n
A su vez, su firma fue debidamente legalizada mediante constancia expedida por Luis Carlos Vega Pamanes, presidente del Honorable Consejo de la Judicatura del Estado y, a su vez, la r\u00fabrica de este fue apostillada (folios 17 y reverso), acorde con el art\u00edculo 3 de la Convenci\u00f3n de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, aprobada en Colombia a trav\u00e9s de la ley 455 de 1998, a la que tambi\u00e9n adhiri\u00f3 M\u00e9xico28. <\/p>\n
<\/p>\n
3.7. Competencia de jueces nacionales <\/p>\n
<\/p>\n
En atenci\u00f3n a que la sucesi\u00f3n demandada ten\u00eda fijado el domicilio en Zapop\u00e1n, Estado de Jalisco (M\u00e9xico), como se desprende de la providencia a homologar, los jueces de esa ciudad ten\u00edan competencia para conocer y resolver el juicio de investigaci\u00f3n de paternidad. Adem\u00e1s, no se pierde de vista que la menor a favor de quien se impetr\u00f3 la demanda de investigaci\u00f3n de paternidad tambi\u00e9n ten\u00eda su domicilio junto a su progenitora en esa localidad (folio 3). <\/p>\n
<\/p>\n
3.8. Respeto de la cosa juzgada y non bis in \u00eddem <\/p>\n
<\/p>\n
No existe evidencia que permita concluir que, sobre los mismos hechos y por las mismas partes, se hayan realizado o se est\u00e9n adelantando procesos en el pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
3.9. Respeto a las garant\u00edas del debido proceso <\/p>\n
<\/p>\n
Se evidencia que la sucesi\u00f3n del extinto Juan Rubio Blanco compareci\u00f3 al proceso de investigaci\u00f3n de paternidad adelantado en M\u00e9xico, a cuyo efecto la albacea manifest\u00f3 que concurr\u00eda \u00aba allanarse a la demanda entablada en contra de la sucesi\u00f3n que representa y no a contestar\u00bb, como expresamente se se\u00f1al\u00f3 en el fallo extranjero, con lo que se tiene acreditado el respeto de los elementos que componen el debido proceso (folios 2 reverso, 4, 5 reverso y 10 reverso). <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, comoquiera que la sentencia objeto de homologaci\u00f3n se encuentra ejecutoriada, en aplicaci\u00f3n del numeral 6 del canon 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se presume \u00abcumplido el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado, conforme a la ley del pa\u00eds de origen\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con apoyo en lo discurrido, se tienen por acreditados los requisitos sustanciales y formales para acceder al exequatur suplicado, por lo que se proceder\u00e1 de conformidad, sin condena en costas por no obrar evidencia de su causaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrado justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Conceder el exequatur de la sentencia de 8 de abril de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, que declar\u00f3 que Juan Rubio Blanco es padre biol\u00f3gico de la menor Pen\u00e9lope Polo Carreras. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Ordenar la inscripci\u00f3n de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, para los efectos legales previstos en los art\u00edculos 6, 106 y 107 del decreto 1260 de 1970, 1 y 2 del decreto 2158 de 1970 y 13 del decreto 1873 de 1971, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento de Pen\u00e9lope Polo Carreras, hoy Pen\u00e9lope Rubio Polo. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero. Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1<\/p>\n
<\/p>\n
La Sala Profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las partes e intervinientes y otro reemplazando los nombres originales de las partes e intervinientes con nombres ficticios, en cumplimiento del Acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de la menor involucrada. <\/p>\n
2\u0002 La Sala Profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las partes e intervinientes y otro reemplazando los nombres originales de las partes e intervinientes con nombres ficticios, en cumplimiento del Acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de la menor involucrada. <\/p>\n
3\u0002 La Sala Profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las partes e intervinientes y otro reemplazando los nombres originales de las partes e intervinientes con nombres ficticios, en cumplimiento del Acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de la menor involucrada. <\/p>\n
4\u0002 La Sala Profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las partes e intervinientes y otro reemplazando los nombres originales de las partes e intervinientes con nombres ficticios, en cumplimiento del Acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de la menor involucrada. <\/p>\n
5\u0002 Folios 2 reverso, 3, 4 y 5 reverso. <\/p>\n
6\u0002 La Sala Profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las partes e intervinientes y otro reemplazando los nombres originales de las partes e intervinientes con nombres ficticios, en cumplimiento del Acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de la menor involucrada. <\/p>\n
7\u0002 La Sala Profiere dos originales de esta providencia. Uno con los nombres reales de las partes e intervinientes y otro reemplazando los nombres originales de las partes e intervinientes con nombres ficticios, en cumplimiento del Acuerdo 34 de 16 de diciembre de 2020, expedido por la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de la menor involucrada. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC 18 dic. 2009, rad. n.\u00b0 2008-00315-00; 11 ene. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00499-00; 8 nov. 2011, rad. n.\u00b0 2009-00219-00; 19 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2011-00579-00 y 21 feb. 2014, rad. n.\u00b0 2008-01175-00. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. CSJ, AC5678, 31 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00540-00. <\/p>\n
10\u0002 CSJ, AC4909, 2 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2016-01537-00. <\/p>\n
11\u0002 CSJ, AC7288, 27 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-03016-00. <\/p>\n
12\u0002 CSJ, AC7244, 25 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02791-00. <\/p>\n
13\u0002 El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio n.\u00b0 S-GTAJI-16-103507, inform\u00f3 que: \u00abrevisado el archivo de la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de [ese] Ministerio, se constata que la Rep\u00fablica de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos son signatarios de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u201d, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 5 de agosto de 1979\u00bb. Dicho instrumento entr\u00f3 en vigor para el \u00faltimo Estado el 11 de julio de 1987 y para el Estado colombiano el 10 de octubre de 1981. <\/p>\n
14\u0002 Mar\u00eda Gonz\u00e1lez, madre del menor Juan Rubio Gonz\u00e1lez, hijo del extinto Juan Rubio Blanco. <\/p>\n
15\u0002 Folio 5. <\/p>\n
16\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
17\u0002 La albacea, Mar\u00eda Gonz\u00e1lez. Folios 2 a 10 reverso. <\/p>\n
18\u0002 Folios 5 y 40 a 43. <\/p>\n
19\u0002 Folios 4 reverso y 5. <\/p>\n
20\u0002 Folio 5 reverso. <\/p>\n
21\u0002 Folio 15 y reverso. <\/p>\n
23\u0002 Art\u00edculo 303 C.G.P. \u00abLa sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad de partes\u2026\u00bb. <\/p>\n
24\u0002 STC17127, 16 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2019-03052-03 <\/p>\n
25\u0002 La sentencia o laudo extranjero debe encontrarse \u00abejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente autentica y legalizada\u00bb. <\/p>\n
26\u0002 Para que la sentencia for\u00e1nea surta efectos en Colombia, se requiere: \u00ab\u20263. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u2026\u00bb. <\/p>\n
27\u0002 Folio 16. <\/p>\n
28\u0002 M\u00e9xico adhiri\u00f3 al Convenio el 1 de diciembre de 1994, el cual entr\u00f3 en vigor el 14 de agosto de 1995. <\/p>\n
13 <\/p>\n
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SC1614-2021 (2015-00395-00)_1 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00395-00 Magistrado Ponente SC1614-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00395-00 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54328\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}