SC1731-2021 (2010-00607-01)<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1731-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2010-00607-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LIMITADA, SONATRANS, frente a la sentencia del 7 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por los se\u00f1ores C\u00c9SAR AUGUSTO, RAMIRO EDUARDO, ADRIANA MARCELA y SANDRA PATRICIA CALDER\u00d3N RODR\u00cdGUEZ, el menor JOHNNIE FERNANDO CALDERON RODR\u00cdGUEZ, representado por la se\u00f1ora Georgina Rodr\u00edguez de Torres, y el se\u00f1or EFRA\u00cdN CALDER\u00d3N LOZADA, contra los se\u00f1ores PABLO RODRIGO MU\u00d1OZ PE\u00d1A y GABINO ANTONIO GARAY MOGOLL\u00d3N, C\u00d3NDOR S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS GENERALES y la impugnante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Conforme la demanda con la que se dio inicio al proceso (fls. 42 a 61, cd. 1) y el escrito de subsanaci\u00f3n de la misma (fls. 64 y 65, ib.), en s\u00edntesis, se solicit\u00f3: <\/p>\n
1.1. Declarar a los accionados, civil y solidariamente responsables de la totalidad de los perjuicios materiales y morales sufridos por los actores, como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 27 de noviembre de 1998, en la carretera que de esta capital conduce al municipio de Melgar. <\/p>\n
1.2. Condenar a aqu\u00e9llos a pagar a cada uno de los hermanos Calder\u00f3n Rodr\u00edguez: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La suma de $1.600.000.oo, valor de la \u201c[c]uota parte como heredero del valor del veh\u00edculo chevrolet monza destruido\u201d; y el equivalente a 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales, por perjuicio moral. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Adicionalmente: <\/p>\n
1.2.2.1. A Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez: la \u201cdisminuci\u00f3n de su capacidad plena que ten\u00edan antes del accidente, por cuanto padece descoordinaci\u00f3n para realizar actividades\u201d; la \u201cindemnizaci\u00f3n debida por el da\u00f1o f\u00edsico antes indicado\u201d; y el valor de \u201clas intervenciones quir\u00fargicas y tratamientos que sean necesarios (\u2026) dado los graves da\u00f1os y secuelas f\u00edsicas y ps\u00edquicas recibidas en el accidente presentado\u201d. <\/p>\n
1.2.2.2. A Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, el \u201cda\u00f1o psicol\u00f3gico producido al no gozar de la compa\u00f1\u00eda, direcci\u00f3n y consentimiento de sus padres fallecidos\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Condenar a los demandados a pagar a Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada la suma de $25.000.000.oo, por el da\u00f1o material correspondiente a \u201cla incapacidad laboral padecida durante un a\u00f1o por las lesiones recibidas en el accidente, tiempo durante el cual estuvo cesante\u201d; y por perjuicio moral, el equivalente a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales, derivado de la muerte de su \u00fanico hermano. <\/p>\n
1.4. Condenar a los demandados a pagar los \u201cintereses corrientes sobre el valor de la p\u00e9rdida total del veh\u00edculo desde la fecha del siniestro y hasta su pago total\u201d, a t\u00edtulo de lucro cesante. <\/p>\n
1.5. Condenar a los demandados a pagar la \u201cactualizaci\u00f3n monetaria seg\u00fan el [\u00ed]ndice de [p]recios al [c]onsumidor\u201d respecto de los \u201canteriores rubros\u201d y, subsidiariamente, \u201cla INDEXACI\u00d3N de los valores pagados por tratamientos como por drogas e intervenciones, seg\u00fan probanzas\u201d. <\/p>\n
1.6. Condenar a los demandados a pagar las costas del proceso. <\/p>\n
2. En sustento de dichas s\u00faplicas, se expusieron los hechos que a continuaci\u00f3n se condensan: <\/p>\n
2.1. En la fecha indicada, aproximadamente a las nueve de la ma\u00f1ana, cuando el se\u00f1or Ramiro Calder\u00f3n Lozada se transportaba en el veh\u00edculo de su propiedad, identificado con la placa JID-641, de Bogot\u00e1 a Melgar, en compa\u00f1\u00eda de su esposa, se\u00f1ora Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n, sus hijos Adriana Marcela y Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y su hermano Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, el bus de placa SVE-997, conducido por el se\u00f1or Gabino Orlando Garay Lebro, al intentar sobrepasarlo en un sector donde era prohibido, golpe\u00f3 la parte trasera izquierda del automotor, ocasionando que aqu\u00e9l perdiera el control de la m\u00e1quina y colisionara contra una vivienda al lado de la carretera. <\/p>\n
2.2. Una vez acaecido el suceso, el conductor del automotor de servicio p\u00fabico \u201ccontinu\u00f3 su marcha como si nada hubiera ocurrido, dejando en absoluto desamparo a todas las v\u00edctimas del fatal accidente\u201d. <\/p>\n
2.3. Como consecuencia del hecho, fallecieron los esposos Calder\u00f3n Rodr\u00edguez; sufrieron lesiones Adriana, Johnnie Fernando y Efra\u00edn Rodr\u00edguez; y el veh\u00edculo en el que se movilizaban, qued\u00f3 completamente destruido. <\/p>\n
2.4. Fue causa del accidente, la imprudencia con la que actu\u00f3 el se\u00f1or Garay Lebro, toda vez que intent\u00f3 sobrepasar al otro automotor en una zona donde era prohibido hacerlo, por estar marcada la v\u00eda con doble l\u00ednea continua separadora de los carriles, y en la maniobra golpe\u00f3 la parte trasera izquierda del mismo, desestabiliz\u00e1ndolo, de modo que fue a estrellarse con la vivienda de la se\u00f1ora Flor Mar\u00eda del Pilar Tirado P\u00e9rez. <\/p>\n
2.5. Al momento del choque, el bus \u201ctransportaba un paseo de maestros y estudiantes de Bogot\u00e1 a Melgar\u201d, actividad relacionada \u201ccon el objeto social de la empresa afiliadora y de su propietario\u201d; estaba vinculado a la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans; figuraba a nombre de Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a; y estaba en posesi\u00f3n de Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Por virtud de lo ocurrido, se adelant\u00f3 proceso penal en contra de Gabino Orlando Garay Lebro, que culmin\u00f3 con sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Melgar el 28 de agosto de 2001, en la que lo declar\u00f3 responsable por homicidio culposo, prove\u00eddo que fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, mediante fallo del 2 de marzo de 2002. <\/p>\n
2.7. Los actores, como secuela del lamentable suceso, por una parte, debieron incurrir en m\u00faltiples gastos, para atender el sepelio de los esposos Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, las lesiones sufridas por los heridos y las m\u00faltiples diligencias que se derivaron; y, por otra, se vieron profundamente afectados tanto por la muerte de sus familiares, como por las lesiones f\u00edsicas que sufrieron los otros pasajeros. <\/p>\n
2.8. Adicionalmente, el menor Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez ha experimentado \u201cperjuicios materiales por la falta de sus padres, quienes le suministraban vivienda, alimentos, educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n, valores que deber\u00e1n liquidarse teniendo en cuenta su edad y hasta que cumpla 25 a\u00f1os, edad l\u00edmite aceptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para dar alimentos a los hijos\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar admiti\u00f3 la demanda con auto del 21 de enero de 2009 (fl. 70, cd. 1), prove\u00eddo que notific\u00f3 personalmente, en diligencias del 29 de abril del mismo a\u00f1o, a Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a y a Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n, este \u00faltimo por intermedio del apoderado judicial que design\u00f3 para que lo representara (fls. 77 y 78, ib.); y del d\u00eda siguiente, 30 de abril, a la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, tambi\u00e9n a trav\u00e9s del profesional que nombr\u00f3 para que la apoderara (fl 85, ib.). <\/p>\n
4. Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a, durante el traslado, guard\u00f3 silencio. Los restantes accionados ejecutaron los siguientes actos defensivos: <\/p>\n
4.1. La Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, replic\u00f3 el libelo introductorio, en desarrollo de lo cual se opuso al acogimiento de sus pretensiones, se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con los hechos alegados y formul\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u201cPRESCRIPCI\u00d3N. Art\u00edculo 2358 del C\u00f3digo Civil\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN CAUSA PASIVA, POR PARTE DE LA SOCIEDAD DEMANDADA\u201d, \u201cAUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA DEMANDADA SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LTDA., SONATRANS\u201d, \u201cCOBRO DE LO NO DEBIDO\u201d, \u201cCOBRO DE M\u00c1S DE LO DEBIDO\u201d y \u201cCULPA EXCLUSIVA DE LA V\u00cdCTIMA o CONCURRENCIA DE CULPAS\u201d (fls. 88 a 112, cd. 1). <\/p>\n
Por aparte, llam\u00f3 en garant\u00eda a C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales (fls. 11 a 13, cd. 2). <\/p>\n
En escrito separado, propuso las excepciones previas de \u201cINEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES\u201d, \u201cFALTA DE COMPETENCIA\u201d, \u201cNo haberse presentado prueba de la representaci\u00f3n legal del demandante, menor JOHNNIE FERNANDO CALDER\u00d3N RODR\u00cdGUEZ, en cabeza de la se\u00f1ora GEORGINA RODR\u00cdGUEZ DE TORRES\u201d y \u201cNo haberse presentado prueba de la calidad de hijos \u2013 herederos de los esposos Ramiro Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez, con que act\u00faan los demandantes C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, como tampoco la calidad de hermano de Ramiro Calder\u00f3n Lozada con que act\u00faa [Efra\u00edn] Calder\u00f3n Lozada\u201d (fls. 1 a 6, cd. 3). <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 la nulidad del \u201cauto de fecha 14 de febrero pasado, por medio del cual se admiti\u00f3 la demanda\u201d, por no haberse acreditado con ella la representaci\u00f3n legal del menor accionante (fls. 1 a 3, cd. 4). <\/p>\n
4.2. Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n igualmente contest\u00f3 la demanda, escrito en que solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las s\u00faplicas en ella elevadas, expres\u00f3 lo que consider\u00f3 pertinente sobre sus fundamentos f\u00e1cticos y plante\u00f3 la excepci\u00f3n de fondo que design\u00f3 como \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA RESPONSABILIDAD COM\u00daN POR LOS DELITOS Y LAS CULPAS CONSAGRADA EN [LOS] ART\u00cdCULO[S] 2341 Y 2358 DEL C\u00d3DIGO CIVIL\u201d (fls. 114 a 123, cd. 1). <\/p>\n
5. Mediante autos del 23 de junio de 2009, se dio impuso a la solicitud de nulidad y al llamamiento en garant\u00eda presentado por la sociedad demandada (fls. 4, cd. 4; y fl. 14, cd. 2). <\/p>\n
El primero de tales pedimentos fue negado mediante auto del 5 de febrero de 2010 (fls. 27 a 29, cd. 4), que recurrido en reposici\u00f3n se mantuvo (19 de febrero de 2010; fls. 34 a 36, ib.), declar\u00e1ndose desierta la apelaci\u00f3n subsidiaria igualmente interpuesta (auto del 5 de marzo de 2010; fl. 37, ib.). <\/p>\n
6. C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales fue vinculada al proceso mediante enteramiento personal verificado el 20 de noviembre de 2009, por intermedio del apoderado que design\u00f3 con ese fin (fl. 26, cd. 2). <\/p>\n
En un s\u00f3lo escrito, se pronunci\u00f3 sobre la demanda y el llamamiento, oponi\u00e9ndose a sus pretensiones y se\u00f1alando en relaci\u00f3n con los hechos, no constarle ninguno, por lo que exigi\u00f3 su demostraci\u00f3n. Con car\u00e1cter de meritorias, propuso las excepciones de \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO\u201d, \u201cAUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA\u201d, \u201cLOS DA\u00d1OS RECLAMADOS DEBER\u00c1N CIRCUNSCRIBIRSE AL DA\u00d1O EMERGENTE\u201d, \u201cL\u00cdMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE OBLIGACI\u00d3N CONDICIONAL A CARGO DE LA ASEGURADORA POR NO ACREDITARSE LA OCURRENCIA Y CUANT\u00cdA DEL SINIESTRO\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE V\u00cdNCULO CONTRACTUAL ENTRE EL CONDUCTOR Y C\u00d3NDOR S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS GENERALES\u201d y \u201cNO SE ACREDIT[\u00d3] LA CUANT\u00cdA DEL DA\u00d1O\u201d (fls. 30 a 42., cd. 2). <\/p>\n
7. Mediante escrito visible en los folios 151 y 152 del cuaderno No. 1, se reform\u00f3 la demanda para, de un lado, incluir como accionante a Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y, de otro, excluir como demandado a Gabino Antonio Garay Lebro, conductor del bus, actuaci\u00f3n admitida con auto del 16 de abril de 2010 (fl. 153, ib.). <\/p>\n
8. De las excepciones previas, luego de su tramitaci\u00f3n legal, solamente prosper\u00f3 la de \u201cFALTA DE COMPETENCIA\u201d, cuyo reconocimiento se hizo en la continuaci\u00f3n de la audiencia contemplada el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, verificada el 21 de octubre de 2010 (fls. 206 a 211, cd. 1). <\/p>\n
En acatamiento de dicha decisi\u00f3n, el proceso pas\u00f3 por sorteo al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien avoc\u00f3 su tramitaci\u00f3n mediante auto del 17 de noviembre de 2010 (fl. 217, cd. 1). <\/p>\n
9. Posteriormente, en cumplimiento del Acuerdo No. PSAA 11-8913 de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el proceso fue nuevamente sometido a reparto, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Trece Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, que asumi\u00f3 el conocimiento del mismo con providencia del 23 de febrero de 2012 (fl. 283, cd. 1). <\/p>\n
10. Agotada la primera instancia, la precitada oficina judicial le puso fin con sentencia del 14 de mayo de 2013 (fls. 478 a 499, cd. 1), en la que resolvi\u00f3: <\/p>\n
10.1. Declarar la responsabilidad civil y extracontractual de los demandados Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n y de la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, por la muerte de los se\u00f1ores Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n. <\/p>\n
10.2. Condenar a los precitados demandados a pagar, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo: <\/p>\n
10.2.1. En favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, la suma de $340.116.113,08 por concepto de lucro cesante. <\/p>\n
10.2.2. En favor de C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela, Sandra Patricia y Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, el equivalente a 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales. <\/p>\n
10.2.3. En favor de Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, el equivalente a 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales. <\/p>\n
10.3. Declarar no probada la responsabilidad de Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a. <\/p>\n
10.4. Negar las restantes pretensiones de la demanda. <\/p>\n
10.5. Declarar \u201cprobada la excepci\u00f3n de m[\u00e9]rito denominada \u2018prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro\u2019 planteada por C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales\u201d. <\/p>\n
10.6. Condenar a Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n y a la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, a pagar las costas del proceso y, adicionalmente, a la \u00faltima, las ocasionadas con el llamamiento en garant\u00eda que hizo a la citada aseguradora. <\/p>\n
10.7. Devolver el proceso al juzgado que ven\u00eda conociendo del \u00e9l. <\/p>\n
11. Los actores y los demandados condenados en el fallo del a quo, interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra el mismo, alzada que fue desatada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, mediante prove\u00eddo calendado el 7 de mayo de 2015, en el que lo modific\u00f3 para disponer la codena \u201csolidaria\u201d de Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n y de la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, a pagar, dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esa providencia: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por perjuicios materiales, a t\u00edtulo de lucro cesante, la suma de quinientos noventa y seis millones ochocientos veintid\u00f3s mil sesenta y dos pesos ($596.822.062.oo) a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por concepto de perjuicios morales lo siguiente: las sumas de treinta y dos millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos ($32\u2019217.500,oo) a favor de cada uno de los demandantes C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez; de seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos ($6\u2019443.500,oo) a favor de Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada; y treinta y ocho millones seiscientos sesenta y un mil pesos ($38\u2019661.000,oo) a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Sobre cada una de las anteriores cifras por perjuicios materiales y morales, se reconocer\u00e1 hacia el futuro la correcci\u00f3n monetaria o indexaci\u00f3n, con base en el \u00edndice de precios al consumidos -IPC-, m\u00e1s intereses civiles del 6% anual, a partir del 16 de marzo de 2015 y hasta el d\u00eda del pago. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n
Luego de historiar, como es costumbre, lo acontecido en el proceso; de compendiar los fundamentos tanto del fallo de primera instancia como de las alzadas interpuestas en su contra; y de advertir que como la apelaci\u00f3n provino de ambas partes, pod\u00eda \u201cresolver sin limitaciones\u201d, aunque sujet\u00e1ndose a \u201clos motivos de disensi\u00f3n expuestos por cada recurrente\u201d, el Tribunal, para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, sent\u00f3 las reflexiones que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
1. Empez\u00f3 por desechar la inconformidad de los actores, referente a la \u201cprescripci\u00f3n declarada en favor de Seguros C\u00f3ndor S.A.\u201d, por cuanto la demanda se promovi\u00f3 cuando hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de cinco a\u00f1os despu\u00e9s del accidente, t\u00e9rmino que corresponde al de la prescripci\u00f3n m\u00e1s amplia en relaci\u00f3n con el contrato de seguro, esto es, la extraordinaria, que por lo tanto se consum\u00f3, sin que hubiese sido suspendida por la minor\u00eda de edad de uno de los demandantes, habida cuenta las previsiones de los art\u00edculos 2530 y 2532 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Se ocup\u00f3 luego de la queja de los accionantes por la absoluci\u00f3n del demandado Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a, quien, seg\u00fan ellos, figura como propietario del veh\u00edculo de placa SVE-997 en la certificaci\u00f3n obrante en el folio 368 del cuaderno principal, cuesti\u00f3n sobre la que el sentenciador de segunda instancia puso de presente que dicho demandado hab\u00eda vendido, el 20 de marzo de 1998, tal automotor al se\u00f1or Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n, como lo se\u00f1al\u00f3 en el documento de folio 393 del cuaderno No. 1 y este \u00faltimo lo confirm\u00f3 la responder el hecho noveno de la demanda, situaci\u00f3n de la que infiri\u00f3 que la guarda del bien pas\u00f3 al segundo y que, por lo mismo, no les asiste raz\u00f3n a los recurrentes. <\/p>\n
3. Seguidamente concentr\u00f3 su atenci\u00f3n en la responsabilidad que el a quo dedujo respecto de la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, en torno de lo cual estim\u00f3: <\/p>\n
3.1. La muerte de los se\u00f1ores Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n, ocurridas en el accidente de tr\u00e1nsito informado en la demanda, son hechos que \u201cno [fueron] objeto de discordia entre las partes\u201d. <\/p>\n
3.2. El accidente obedeci\u00f3 a la imprudencia del conductor del bus, quien al intentar sobrepasar el otro veh\u00edculo \u201clo impact\u00f3 en su parte posterior izquierda, lo sac\u00f3 de la calzada y lo hizo colisionar contra el inmueble de Flor Mar\u00eda Tirado P\u00e9rez\u201d, pues as\u00ed se comprob\u00f3 \u201ccon la actuaci\u00f3n penal que se adelant\u00f3 (folios 217 a 240 del cuaderno de copias proceso penal)\u201d. <\/p>\n
3.3. La culpa del se\u00f1or Garay Lebro \u201cest\u00e1 debidamente acreditada, pues a pesar de que ambos conductores desplegaban una actividad claramente peligrosa, lo cierto es que [aqu\u00e9l], conductor del bus, realiz\u00f3 una maniobra imprudente al adelantar sin tener precauci\u00f3n ni advertir su cercan\u00eda\u201d, am\u00e9n que no hay prueba de que el hecho \u201chubiese sido causado por fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero, ni por culpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
3.4. La \u201cjusticia penal conden\u00f3 a Garay Lebro, conductor del bus, por el delito de homicidio culposo, en providencia cuya firmeza est\u00e1 acreditada en esta instancia, seg\u00fan pruebas que se decretaron y se pusieron en conocimiento de las partes, acto de condena que lleva una atribuci\u00f3n de responsabilidad por el hecho del accidente, que no puede ser desconocido por ninguna autoridad\u201d. <\/p>\n
3.5. Esa decisi\u00f3n, con fuerza de cosa juzgada penal, \u201ctiene que conectarse en este proceso civil con Sonatrans Ltda.\u201d, habida cuenta que \u201cel veh\u00edculo conducido por el condenado se encontraba afiliado a dicha empresa\u201d. <\/p>\n
3.6. La citada sociedad \u201ctambi\u00e9n ten\u00eda la guarda o administraci\u00f3n del automotor de servicio p\u00fablico, de tal manera que no puede desligarse de la imputaci\u00f3n de responsabilidad como guardi\u00e1n, aduciendo eventuales viajes del bus sin autorizaci\u00f3n, justamente en atenci\u00f3n al indiscutible deber de vigilancia en el manejo de la explotaci\u00f3n de los veh\u00edculos a su cargo, en raz\u00f3n de lo cual tiene el deber de control sobre los mismos para evitar que sean empleados en viajes desautorizados\u201d. <\/p>\n
3.7. No se comprob\u00f3 la falsedad de \u201cla planilla \u00fanica de viaje ocasional de 23 de noviembre de 1998 que alleg\u00f3\u201d, en la que \u201cobra sello y firma del gerente de Sonatrans\u201d, por lo que carece de respaldo su afirmaci\u00f3n de que con el viaje que realizaba el bus al momento del accidente, \u201cno se estaba desarrollando su objeto social, porque no fue autorizado por la persona facultada para tal efecto (folios 87 del cuaderno 1)\u201d. <\/p>\n
3.8. \u201cTodo lo anterior hace presumir\u201d que la mencionada demandada s\u00ed \u201cpod\u00eda disponer el despacho del bus para ese d\u00eda\u201d; que \u201ccosa contraria no fue demostrada en el proceso\u201d; y que, \u201cen presencia de una actividad altamente peligrosa, como es la conducci\u00f3n de veh\u00edculos de transporte terrestre, cual se explica en esta sentencia\u201d, ella \u201cno despej\u00f3 en forma n\u00edtida que la guarda del automotor estuviera exclusivamente en cabeza de Garay Mogoll\u00f3n, am\u00e9n de que, en todo caso[,] el p\u00fablico no tiene c\u00f3mo ni porqu\u00e9 saber que un veh\u00edculo afiliado a una empresa de transporte[,] no est\u00e9 bajo su custodia\u201d. <\/p>\n
3.9. En definitiva, se establece que \u201cla responsabilidad personal en el accidente es asunto que ya fue dilucidado por la jurisdicci\u00f3n penal con evidente fuerza de cosa juzgada respecto del conductor, determinaci\u00f3n que en este proceso no puede ser desconocida, y se comunica necesariamente a las personas que desde los puntos de vista jur\u00eddico y econ\u00f3mico se benefician con la explotaci\u00f3n del bus de servicio p\u00fablico con que se generaron los da\u00f1os, pues luce acorde con la equidad y el derecho de da\u00f1os que al ser beneficiarios reales de dicha actividad, peligrosa por excelencia, tambi\u00e9n deban tener una corresponsabilidad en las consecuencias que sobrevengan\u201d, tesis que sustent\u00f3 con la reproducci\u00f3n de algunos segmentos de varias sentencias de esta Corporaci\u00f3n, alusivas al tema. <\/p>\n
4. Pas\u00f3 al examen de los perjuicios, que clasific\u00f3 en materiales y morales, advirtiendo que los primeros se subdividen en da\u00f1o emergente y lucro cesante; y enfatiz\u00f3 el deber de su reparaci\u00f3n integral, conforme la jurisprudencia patria y el mandato del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, tras lo cual observ\u00f3: <\/p>\n
4.1. No es aceptable el argumento del demandado Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n de que los demandantes C\u00e9sar Augusto y Ramiro Eduardo Calder\u00f3n Rodr\u00edguez se constituyeron en parte civil dentro del proceso penal seguido por raz\u00f3n de los mismos hechos, pues el all\u00e1 procesado Gabino Orlando Garay Lebro no es demandado en este asunto y adem\u00e1s no est\u00e1 \u201cprobado que aqu\u00e9llos hubieren sido resarcidos\u201d. <\/p>\n
4.2. No se demostr\u00f3 el da\u00f1o emergente, toda vez que no se acredit\u00f3 el pago \u201cde intervenciones quir\u00fargicas y tratamientos por lesiones\u201d, ni el valor del automotor en el que se movilizaban las v\u00edctimas, pese a que \u201cno hay duda que pudo resultar averiado en el accidente origen de este proceso\u201d. <\/p>\n
4.3. Otro tanto acontece en relaci\u00f3n con el \u201cmenoscabo econ\u00f3mico que dicen haber sufrido Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada por la incapacidad laboral que aducen\u201d, reclamaciones en frente de las cuales la parte actora mostr\u00f3 \u201cevidente pasividad\u201d probatoria. <\/p>\n
4.4. De los hermanos Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, el \u00fanico en relaci\u00f3n con el cual exist\u00eda dependencia econ\u00f3mica de sus padres, los fallecidos Ramiro Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n, era Johnnie Fernando, quien, seg\u00fan se dijo en la demanda, recib\u00eda de ellos \u201c(\u2026) \u2018vivienda, alimentos[,] educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n\u2019 (\u2026)\u201d, y al momento de su deceso, ten\u00eda algo m\u00e1s de seis a\u00f1os, raz\u00f3n por la cual procede s\u00f3lo en favor \u00e9l, reconocer el lucro cesante. <\/p>\n
4.5. Le asiste raz\u00f3n a la parte demandada cuando reclam\u00f3 que el porcentaje aplicable al salario del se\u00f1or Calder\u00f3n Lozada para determinar el monto base de la liquidaci\u00f3n del lucro cesante, debe reducirse del 75% al 40%, puesto que \u00e9l, con los ingresos que percib\u00eda, atend\u00eda tambi\u00e9n los gastos de su propia subsistencia y la de su c\u00f3nyuge, a lo que se a\u00f1ade que lo pedido en favor del menor en la demanda fueron \u201clos emolumentos correspondientes a los alimentos, lo cual significa que efectivamente tiene derecho a recibir el 40% del salario de su padre, dentro de los l\u00edmites que para alimentos contempla la ley\u201d. <\/p>\n
4.6. Efectuados los c\u00e1lculos respectivos, con apoyo en la f\u00f3rmulas que explic\u00f3, concluy\u00f3 que el lucro cesante pasado asciende a la suma de $555.662.340.oo y el futuro a $41.159.722,88, para un total de $596.822.062.88. <\/p>\n
4.7. En lo tocante con los perjuicios morales, la parte actora estim\u00f3 que la condena impuesta por el a quo es insuficiente, teniendo en cuenta el dolor que sufrieron los accionantes como consecuencia de la muerte de sus familiares, especialmente, Johnnie Fernando y Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, por la edad que ten\u00eda el primero cuando murieron sus padres y por convivir la segunda en ese entonces con ellos. A su turno, la Sociedad Transportadora Limitada, Sonatrans, consider\u00f3 que dicha imposici\u00f3n fue excesiva. <\/p>\n
De acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia y la doctrina sobre el particular; teniendo en cuenta que el dolor derivado del fallecimiento de un ser querido, sobre todo, cuando su deceso ocurre en \u201ccondiciones tr\u00e1gicas y s\u00fabitas\u201d, se presume; observando que la indemnizaci\u00f3n es \u201cuna especie de paliativo para el dolor, una compensaci\u00f3n para tratar de morigerar la pena\u201d; y que debe acudirse al arbitrium iudicis, coligi\u00f3: <\/p>\n
4.7.1. Debe \u201cconfirmarse la sentencia por el reconocimiento de perjuicios morales en favor de C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, en 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales para cada uno\u201d. <\/p>\n
4.7.2. Debe fijarse \u201cen diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales para Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada\u201d. <\/p>\n
4.7.3. En el caso de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, debe incrementarse \u201ca 60 salarios m\u00ednimos legales mensuales, por la condici\u00f3n especial de este codemandante basada en que para la fecha de su orfandad contaba apenas 7 a\u00f1os de edad, pues debe entenderse que los efectos negativos generados por la p\u00e9rdida de ambos padres, fue m\u00e1s dif\u00edcil de superar que si se tratara de un adulto\u201d. <\/p>\n
4.7.4. Los valores se determinar\u00e1n en sumas concretas de dinero, a raz\u00f3n de \u201c$644.350.oo, que es el salario m\u00ednimo vigente para la fecha en que se profiere este fallo\u201d, por lo que a C\u00e9sar Augusto, Rafael Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez les corresponder\u00e1 la cantidad de $32.217.500.oo; a Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, $6.443.500.oo; y a Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, $38.661.000.oo. <\/p>\n
4.8. Para \u201cmantener la actualizaci\u00f3n de la condena, sobre el valor total de los perjuicios materiales y morales se reconocer\u00e1 hacia el futuro la correcci\u00f3n monetaria o indexaci\u00f3n, con base en el \u00edndice de precios al consumidor -IPC-, m\u00e1s intereses civiles del 6% anual, a partir del mes de marzo de 2015 y hasta el d\u00eda del pago\u201d. <\/p>\n
5.1. Las de falta de legitimaci\u00f3n, ausencia de responsabilidad, cobro de lo no debido y cobro de m\u00e1s de lo debido, alegadas por la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, \u201cest\u00e1n llamadas al fracaso\u201d, porque \u201c[e]s inadmisible argumentar que el bus se encontraba efectuando un viaje desautorizado y ajeno a su objeto social, cuando lo cierto es que, como se dijo en apartes anteriores, en todo momento la demandada ten\u00eda el deber de vigilancia sobre aqu\u00e9l, como guardi\u00e1n de la actividad peligrosa, conforme a la jurisprudencia estudiada en ese punto, aspecto que, dilucidado como qued\u00f3, no amerita hacer m\u00e1s elucubraciones. S\u00f3lo es viable en el recurso rebajar el porcentaje del lucro cesante, cual se explic\u00f3\u201d. <\/p>\n
5.2. La de \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima o concurrencia de culpas\u201d, aducida por esa misma demandada, tampoco merece acogimiento, puesto que no est\u00e1n \u201cprobados los supuestos de hecho en que basa la supuesta culpa del conductor del veh\u00edculo en el que viajaban los fallecidos padres de los demandantes, ni se trajo un medio de convicci\u00f3n conducente y pertinente que llevara a concluir que el alegado sobrecupo de seis pasajeros fue factor detonante del suceso\u201d. <\/p>\n
5.3. Y la de prescripci\u00f3n, postulada por Garay Mogoll\u00f3n, igualmente naufraga, debido a que \u201cno transcurri\u00f3 el tiempo\u201d necesario para su configuraci\u00f3n \u201centre el suceso y la interrupci\u00f3n civil con este proceso\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
1. Contiene cuatro cargos, en relaci\u00f3n con los cuales caben las siguientes observaciones liminares: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El primero, en el que se denunci\u00f3 la sentencia confutada por ser indirectamente violatoria de la ley sustancial, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal, contiene tres acusaciones perfectamente diferenciables, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La inicial, en la que se reproch\u00f3 \u201c[n]o haber tenido por desvirtuada, est\u00e1ndolo, la guarda de la actividad peligrosa en cabeza de la demandada\u201d recurrente. <\/p>\n
1.1.2. La segunda, en la que se censur\u00f3 a dicha autoridad por \u201c[h]aber dado por demostrado, sin estarlo, que los padres del demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez le suministraban \u2018vivienda, alimentos[,] educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n\u2019, que Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada prestaba ayuda econ\u00f3mica en el hogar y la dependencia econ\u00f3mica entre \u00e9ste y el citado demandante\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y la \u00faltima, referente a \u201c[h]aber dado por demostrada, sin estarlo, la relaci\u00f3n de parentesco entre el demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Posada (sic) y los fallecidos en el accidente materia de este proceso\u201d. <\/p>\n
1.2. En el cargo segundo se enrostr\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de las mismas normas del anterior, pero debido a los errores de derecho cometidos al apreciar, de un lado, la \u201cfotocopia simple de la planilla allegada por la propia demandada\u201d, que data del 23 de noviembre de 1998 y que milita en el folio 87 del cuaderno No. 1, con base en la cual, a decir de la recurrente, el Tribunal infiri\u00f3 que el viaje realizado por el bus al momento del accidente fuente de la responsabilidad reclamada, s\u00ed fue autorizado por la sociedad impugnante; y, de otro, \u201c[l]as pruebas practicadas en el proceso penal adelantado contra el conductor del bus causante del accidente materia de esta acci\u00f3n, por violaci\u00f3n medio del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
1.3. La tercera censura, alusiva a la incongruencia de la sentencia cuestionada, tiene dos frentes: haberse otorgado al demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez el lucro cesante derivado de la ayuda econ\u00f3mica que dej\u00f3 de recibir de su progenitor, sin que tal pedimento se hubiere elevado en la demanda; y la \u201cOMISI\u00d3N DE PRONUNCIAMIENTO DE LA EXCEPCI\u00d3N DE PRESCRIPCI\u00d3N PROPUESTA POR LA DEMANDADA SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LTDA. SONATRANS \u2013 MINIMA PETITA\u201d. <\/p>\n
1.4. El \u00faltimo cargo, fincado en la causal cuarta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, endilg\u00f3 a la sentencia refutada \u201ccontender decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la apelante, cuanto la otra parte no apel\u00f3 ni adhiri\u00f3 a la apelaci\u00f3n\u201d, toda vez que increment\u00f3 tanto la condena que por concepto de lucro cesante se reconoci\u00f3 al citado actor Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, como los perjuicios morales dispensados en favor de los actores. <\/p>\n
2. La pluralidad y autonom\u00eda de los reproches elevados en el cargo primero, aconseja su individualizaci\u00f3n en los t\u00e9rminos y para los efectos del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislaci\u00f3n permanente por el art\u00edculo 162 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
3. Sentado lo anterior y aplicado el orden l\u00f3gico a que alud\u00eda el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se colige que los cargos habr\u00e1n de resolverse de la siguiente manera: <\/p>\n
3.1. Se comenzar\u00e1 con el estudio de la parte primera parte del cargo inicial en conjunto con el cargo segundo, puesto que, como se ver\u00e1, esas acusaciones conciernen con la responsabilidad endilgada a la demandada recurrente y, particularmente, con si ella ten\u00eda la condici\u00f3n de guardiana de la actividad peligrosa que pod\u00eda desarrollarse con el bus implicado en el accidente, cuestiones que deben desatarse delanteramente, pues si tales planteamientos se abrieran paso, no habr\u00eda c\u00f3mo analizar ninguno de los otros embates casacionales. <\/p>\n
3.2. A continuaci\u00f3n, la Sala examinar\u00e1 la cr\u00edtica expresada en la parte tercera del cargo primero, relativa a la falta de prueba del parentesco del se\u00f1or Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada con las v\u00edctimas, por concernir con su legitimaci\u00f3n activa en el proceso, t\u00f3pico que tambi\u00e9n se antepone a las restantes quejas. <\/p>\n
3.3. Proseguir\u00e1 con el cargo tercero, en el que se denunci\u00f3 la incongruencia del fallo del ad quem, pero empezando por la acusaci\u00f3n relativa a la falta de resoluci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, a efecto de poder saber si dicha defensa enerv\u00f3 o no la acci\u00f3n. De no tener acogimiento esa censura, se abordar\u00e1 el otro ataque, referente a que el lucro cesante reconocido en favor del demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, no fue solicitado en la demanda. <\/p>\n
3.5. Y, finalmente, la Sala centrar\u00e1 su atenci\u00f3n en el cargo cuarto, de alcance tambi\u00e9n restringido. <\/p>\n
4. Al margen de las precedentes apreciaciones, es del caso advertir desde ya, que la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata est\u00e1 sometida a las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como quiera que tal estatuto era el que estaba vigente al momento de su formulaci\u00f3n (22 de mayo de 2015), acatando as\u00ed el mandato del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, en relaci\u00f3n con el tr\u00e1nsito de aqu\u00e9lla legislaci\u00f3n a \u00e9sta, previ\u00f3 que \u201clos recursos\u201d se \u201cregir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u201d. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Primera Parte <\/p>\n
Con apoyo en la causal inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de los c\u00e1nones 1494, 2341 a 2344 y 2356 a 2358 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que esa autoridad incurri\u00f3, al apreciar las pruebas del proceso. <\/p>\n
En este segmento de la acusaci\u00f3n, su proponente expuso: <\/p>\n
1. El sentenciador de segunda instancia se equivoc\u00f3 al no haber advertido que \u201cla calidad de \u2018guardi\u00e1n\u2019 de la actividad peligrosa o del automotor causante del da\u00f1o, que se presum\u00eda existir en cabeza de la demandada por el s\u00f3lo hecho de la afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo a la misma, estaba desvirtuada\u201d, en la medida que la labor desplegada por dicho veh\u00edculo, al momento del accidente, era extra\u00f1a a su objeto social y \u201cse desarroll\u00f3 por una ruta ajena a las autorizadas a \u00e9sta por el Ministerio de Transporte\u201d. <\/p>\n
2. En pro de dicha tesis, la censora le imput\u00f3 al Tribunal la comisi\u00f3n de los siguientes yerros f\u00e1cticos: <\/p>\n
2.1. Preterici\u00f3n del hecho 3.3. de la demanda, en el que se afirm\u00f3 que el bus involucrado en el accidente, para cuando \u00e9ste tuvo ocurrencia, transportaba un paseo de estudiantes y profesores de Bogot\u00e1 a Girardot, v\u00eda Melgar; del certificado expedido por el Ministerio de Transporte, referente a las rutas autorizadas a Sonatrans, visible en los folios 339 a 348 del cuaderno No. 1; del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de dicha accionada, en cuanto hace a su objeto social; y del paz y salvo fechado el 7 de abril de 2000, expedido por el conductor Gabino Orlando Garay Lebro en favor del se\u00f1or Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n, por concepto de salarios y prestaciones sociales, que milita en los folios 82 a 84 tambi\u00e9n del cuaderno principal. <\/p>\n
Al respecto, estim\u00f3 la apoderada judicial de la recurrente, que esas probanzas acreditaban que la actividad desplegada por el bus, no estaba comprendida en los fines de la empresa transportadora, ni se realiz\u00f3 por una de las rutas que ella pod\u00eda operar; que as\u00ed las cosas, se desvirtu\u00f3 la guarda de esa labor por su parte; y que infirmado tal nexo, la culpa que le era atribuible, no pod\u00eda derivarse \u201cautom\u00e1ticamente\u201d de la sentencia penal condenatoria del conductor del automotor, \u201csino que deb\u00eda aparecer demostrada\u201d, lo que aqu\u00ed no aconteci\u00f3. <\/p>\n
Luego de citar apartes de dos sentencias de esta Corporaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3 que la presunci\u00f3n de guardi\u00e1n de la actividad peligrosa que recae en las empresas de transporte afiliadoras, \u201cs\u00f3lo opera cuando el servicio se presta \u2018en ejercicio de sus funciones o con ocasi\u00f3n de ellas\u2019\u201d, puesto que en supuestos distintos debe \u201cdemostrarse la culpa en la prestaci\u00f3n del servicio ajeno a la actividad org\u00e1nica de la empresa, acreditando, por ejemplo, que el servicio fue autorizado expl\u00edcitamente por \u00e9sta, o que la empresa lo contrat\u00f3, o que recibi\u00f3 beneficio econ\u00f3mico por el mismo, pues s\u00f3lo en este caso pod\u00eda exig\u00edrsele el deber de vigilancia y cuidado sobre la actividad\u201d. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el transporte realizado por el bus el d\u00eda de los hechos materia de este asunto litigioso, fue \u201cprivado, particular y de turismo\u201d; adem\u00e1s \u201cno autorizado por la demandada\u201d; que \u201cno se desarroll\u00f3 por las rutas propias del servicio de la empresa\u201d; y que los estipendios del conductor, fueron atendidos por el poseedor del veh\u00edculo, circunstancias de las que infiri\u00f3 que \u201cla [e]mpresa no ostentaba la calidad de \u2018guardi\u00e1n\u2019 de la actividad y, por lo mismo, no se le pod\u00eda exigir el control y vigilancia a que alud[i\u00f3] el Tribunal\u201d. <\/p>\n
2.2. Indebida apreciaci\u00f3n de la sentencia dictada el 28 de agosto de 2001 por el Juzgado Penal del Circuito de Melgar, mediante la cual se conden\u00f3 a Gabino Orlando Garay Lebro como responsable del accidente ocurrido el 27 de noviembre de 1998, puesto que el ad quem pas\u00f3 por alto que ese fallo s\u00f3lo acredita la responsabilidad del precitado conductor; que no habiendo sido parte en ese proceso la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, dicho pronunciamiento \u201cno constituye fundamento para derivar culpabilidad\u201d en su contra, ni \u201cnexo causal\u201d que la comprometa, ni, en general, \u201cresponsabilidad\u201d a su cargo; y que para hacer extensivos los efectos de ese prove\u00eddo a la citada accionada, era necesario establecer que ella era guardiana de la actividad desplegada por el bus al momento del choque, lo que qued\u00f3 desvirtuado con las pruebas desconocidas por el ad quem, seg\u00fan atr\u00e1s se explic\u00f3. <\/p>\n
En refuerzo de sus planteamientos, la recurrente reprodujo a espacio el concepto de un tratadista nacional, sobre los efectos de los fallos penales en los procesos civiles de responsabilidad. <\/p>\n
2.4. Indebida interpretaci\u00f3n del mismo escrito de r\u00e9plica mencionado en el punto anterior, esta vez por haber considerado el Tribunal que \u201cel accidente ocurrido entre Bogot\u00e1 y Melgar el 27 de noviembre de 1998 materia del proceso, no era objeto de discordia entre las partes\u201d, puesto que s\u00ed lo fue, habida cuenta que al responderse los hechos 4\u00ba y 7\u00ba del libelo introductorio, \u201crelativos a la muerte de los nombrados y de las circunstancias del accidente\u201d, se dijo que no le constaban a la sociedad accionada y que, por lo mismo, deb\u00edan demostrarse, \u201clo primero porque con la demanda no se alleg\u00f3 el registro de defunci\u00f3n correspondiente y, lo segundo, porque como [ella] no fue parte en el proceso penal, las pruebas all\u00ed recaudadas no le son oponibles conforme el art\u00edculo 185 del ritual adjetivo, pues no tuvo oportunidad de rebatirlas en lo que respecta a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos\u201d. <\/p>\n
2.5. Suposici\u00f3n de la prueba de que la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, \u201cpor el servicio prestado por el bus el d\u00eda de los hechos materia de este proceso recibi\u00f3 beneficio desde el punto de vista jur\u00eddico y econ\u00f3mico\u201d, toda vez que en el plenario no se acredit\u00f3 que ello hubiere sido as\u00ed. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con fundamento en la primera causal de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 el fallo recurrido por ser indirectamente violatorio de las mismas normas se\u00f1aladas en la acusaci\u00f3n precedente, esta vez como consecuencia de los errores de derecho cometidos por el Tribunal al apreciar los siguientes medios de convicci\u00f3n: <\/p>\n
1. En primer lugar, la \u201cfotocopia simple de la planilla allegada por la propia demandada\u201d, que obra en el folio 87 del cuaderno No. 1, valoraci\u00f3n sobre la que adujo: <\/p>\n
1.1. Dicho documento no cumple ninguna de las exigencias contempladas en el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que reprodujo. <\/p>\n
1.2. Pese a lo anterior, el ad quem lo tuvo en cuenta y observ\u00f3 que en \u201cla planilla \u00fanica de viaje ocasional del 23 de noviembre de 1998 (\u2026), obra sello y firma del Gerente de Sonatrans\u2026\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnante, a lo largo del proceso, afirm\u00f3 no haber autorizado el servicio prestado por el bus al momento del accidente; siendo esa una negaci\u00f3n indefinida, correspond\u00eda a la parte demandante demostrar lo contrario; ella aport\u00f3 dicho documento \u201ccon el objeto de demostrar que su diligenciamiento se hizo mediante la suplantaci\u00f3n de la persona que para la fecha del accidente se desempe\u00f1aba como Gerente de la [e]mpresa se\u00f1or Hernando Navarro Torres -q.e.p.d.-, toda vez que la firma all\u00ed impuesta no corresponde a la que \u00e9ste utilizaba en todos sus actos p\u00fablicos y privados\u201d; las pruebas que solicit\u00f3 con tal fin, no pudieron materializarse. <\/p>\n
1.4. En respaldo de lo anterior, la apoderada recurrente cit\u00f3 varias sentencias de la Corte concernientes con el tema de las copias informales y reprodujo una, en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
1.5. Concluy\u00f3 que si el ad quem no hubiese apreciado el documento de que se trata, al no obrar otra prueba que acredite \u201cque el servicio fue autorizado por la demandada\u201d, habr\u00eda colegido \u201cla ausencia de responsabilidad\u201d de la misma. <\/p>\n
2. Los otros elementos de juicio que no debieron ponderarse, fueron las \u201cpruebas practicadas en el proceso penal adelantado contra el conductor del bus causante del accidente materia de esta acci\u00f3n, por violaci\u00f3n medio del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, yerro sobre el que se acot\u00f3: <\/p>\n
2.1. El Tribunal no puntualiz\u00f3 \u201cla actuaci\u00f3n penal o las pruebas all\u00ed obrantes a que alud[i\u00f3]\u201d. <\/p>\n
2.2. La recurrente en casaci\u00f3n, tanto en primera como en segunda instancia, se opuso a que las pruebas practicadas en el proceso penal seguido contra el conductor de bus, fueran consideradas. <\/p>\n
2.3. Esos elementos de persuasi\u00f3n no pod\u00edan valorarse, puesto que la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, no fue parte en la actuaci\u00f3n criminal, por lo que no pudo controvertirlos. <\/p>\n
2.4. Si bien es verdad, \u201c[n]o cabe duda y es un hecho irrefutable que el fallo penal condenatorio acredita la ocurrencia del il\u00edcito y la culpa y consiguiente responsabilidad del conductor del bus -no de la [e]mpresa-, (\u2026) tambi\u00e9n es claro que las pruebas all\u00ed practicadas no le son oponibles a mi representada, simple y llanamente porque el art\u00edculo 185 ejusdem no lo permite, lo que significa que ninguna conclusi\u00f3n o hecho basado en las mismas era o es admisible en este proceso\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El Tribunal dedujo la responsabilidad que endilg\u00f3 a la demandada recurrente en casaci\u00f3n, fincado en dos argumentos centrales, a saber: <\/p>\n
1.1. En primer lugar, que \u201cla justicia penal conden\u00f3 a Garay Lebro, conductor del bus, por el delito de homicidio culposo, en providencia cuya firmeza est\u00e1 acreditada en esta instancia, seg\u00fan pruebas que se decretaron y se pusieron en conocimiento de las partes, acto de condena que lleva una atribuci\u00f3n de responsabilidad por el hecho del accidente, que no puede ser desconocido por ninguna autoridad y as\u00ed, esa cosa juzgada penal contra el mencionado conductor tiene que conectarse en este proceso civil con Sonatrans Ltda., de atender que el veh\u00edculo conducido por el condenado se encontraba afiliado a dicha empresa\u201d. <\/p>\n
1.2. Y, en segundo t\u00e9rmino, que la citada accionada ten\u00eda la condici\u00f3n de guardiana de la actividad peligrosa que pod\u00eda desarrollarse con el bus implicado en el accidente, puesto que: <\/p>\n
1.2.1. Era la afiliadora del mismo y, como tal, ostentaba su \u201cguarda o administraci\u00f3n jur\u00eddica\u201d, en tanto que ten\u00eda el \u201cdeber de vigilancia en el manejo y explotaci\u00f3n de los veh\u00edculos a su cargo\u201d en todo momento. <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo esa Corporaci\u00f3n, con ayuda de la jurisprudencia, destac\u00f3 que \u201cel \u2018guardi\u00e1n\u2019 es \u2018la persona f\u00edsica o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del da\u00f1o un poder efectivo e independiente de direcci\u00f3n, gobierno o control, sea o no due\u00f1o, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder\u2026\u2019\u201d; y que \u201centre esas personas se encuentran el propietario, (\u2026)\u201d, \u201c(\u2026) \u2018los poseedores materiales y los tenedores leg\u00edtimos de la cosa con facultad de uso, goce y dem\u00e1s (\u2026)\u2019\u201d, as\u00ed como \u201c(\u2026) \u2018las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestaci\u00f3n regular del servicio a su cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del veh\u00edculo respectivo, (\u2026), no s\u00f3lo porque obtienen aprovechamiento econ\u00f3mico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores as\u00ed vinculados sino debido a que, por la misma autorizaci\u00f3n que les confiere el Estado para operar la actividad, p\u00fablica por dem\u00e1s, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de direcci\u00f3n y control, dada la calidad que de tenedoras leg\u00edtimas adquieren a ra\u00edz de la afiliaci\u00f3n convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las l\u00edneas o rutas que debe servir cada uno de sus veh\u00edculos, as\u00ed como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestaci\u00f3n irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reuni\u00f3n integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jur\u00eddico y las condiciones mec\u00e1nicas y t\u00e9cnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado\u2019 (\u2026)\u201d (se subraya). <\/p>\n
1.2.2. Esa presunci\u00f3n no fue desvirtuada, habida cuenta que no se demostr\u00f3 la falsedad de \u201cla planilla \u00fanica de viaje ocasional de 23 de noviembre de 1998 que alleg\u00f3\u201d, en la que \u201cobra sell\u00f3 y firma del gerente de Sonatrans\u201d, am\u00e9n que \u201cno se despej\u00f3 en forma n\u00edtida que la guarda del automotor estuviera exclusivamente en cabeza de Garay Mogoll\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Con tales bases, en definitiva coligi\u00f3 que \u201cel tema de la responsabilidad personal en el accidente es asunto que ya fue dilucidado por la jurisdicci\u00f3n penal con evidente fuerza de cosa juzgada respecto del conductor, determinaci\u00f3n que en este proceso no puede ser desconocida, y se comunica necesariamente a las personas que desde los puntos de vista jur\u00eddico y econ\u00f3mico se benefician con la explotaci\u00f3n del bus de servicio p\u00fablico con que se generaron los da\u00f1os, pues luce acorde con la equidad y el derecho de da\u00f1os que al ser beneficiarios reales de dicha actividad, peligrosa por excelencia, tambi\u00e9n deban tener una corresponsabilidad en las consecuencias que sobrevengan\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de derruir dicha responsabilidad, la impugnante, en suma, formul\u00f3 las siguientes cr\u00edticas: <\/p>\n
2.1. Frente al primero de los argumentos aducidos por el Tribunal, denunci\u00f3: <\/p>\n
2.1.1. En el cargo inicial, la comisi\u00f3n de error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de la sentencia dictada el 28 de agosto de 2001 por el Juzgado Penal del Circuito de Melgar, como quiera que ese fallo s\u00f3lo pod\u00eda extenderse a ella, en tanto fuese la guardiana de la actividad desplegada por el bus al momento del accidente, lo que estim\u00f3 desvirtuado con las pruebas cuya preterici\u00f3n denunci\u00f3 en otro aparte del mismo reproche. <\/p>\n
2.1.2. Y en el segundo cargo, la incursi\u00f3n en error de derecho, al valorar las copias del proceso penal seguido en contra del conductor del bus, en contravenci\u00f3n del mandato del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.2. Para discutir la segunda: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Le endilg\u00f3 al ad quem, en el cargo primero, yerro f\u00e1ctico por preterir el hecho 3.3. de la demanda, la certificaci\u00f3n sobre las rutas autorizadas a Sonatrans por el Ministerio de Transporte, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de esta demandada, en lo tocante con su objeto social, y el paz y salvo expedido por Garay Lebro a Garay Mogoll\u00f3n, sobre salarios y prestaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y en la otra acusaci\u00f3n de que aqu\u00ed se trata, error de derecho por haber ponderado la planilla con la que se autoriz\u00f3 el viaje que el bus realiz\u00f3 el d\u00eda del accidente, allegada por ella misma, pese a ser una copia informal. <\/p>\n
Ello explica la acumulaci\u00f3n que se hizo de estas inconformidades, toda vez que, como se observa, s\u00f3lo aunadas, son comprensivas de los fundamentos en los que el Tribunal edific\u00f3 este aspecto de su fallo. <\/p>\n
3. En cuanto hace al primer pilar atr\u00e1s destacado y las quejas contra \u00e9l formuladas, se observa: <\/p>\n
3.1. El punto del que parti\u00f3 el ad quem fue la \u201ccondena\u201d que la \u201cjusticia penal\u201d impuso al conductor del bus por el \u201cdelito de homicidio culposo\u201d, determinaci\u00f3n a la que, m\u00e1s adelante, le atribuy\u00f3 la fuerza de \u201ccosa juzgada\u201d. <\/p>\n
3.2. No hay duda, entonces, que para dicho sentenciador, la fuente de la responsabilidad reclamada en este asunto, consisti\u00f3 en el referido \u201cdelito\u201d; y que la comprobaci\u00f3n del mismo, la hall\u00f3 en la sentencia que declar\u00f3 su comisi\u00f3n por parte del se\u00f1or Gabino Orlando Garay Lebro y le impuso la pena que correspond\u00eda. <\/p>\n
3.3. Al respecto, debe ponerse de presente que esa autoridad, mediante auto del 13 de junio de 2014 (fl. 113, cd. 14), con fundamento en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, decret\u00f3 como prueba oficiosa, entre otras, el allegamiento de copia del \u201cproceso No. 2000-0047-00 por el delito de Homicidio Culposo en Concurso Homog\u00e9neo, en la humanidad de Ramiro Antonio Calder\u00f3n y Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n\u201d, para lo cual orden\u00f3 oficiar al Juzgado Penal del Circuito de Melgar, Tolima. <\/p>\n
Tambi\u00e9n que la precitada oficina judicial remiti\u00f3, con oficio No. 1162 del 11 de julio de 2014, copia de la \u201cCausa No. 73449-31-04-001-2000-00047 seguida contra GABINO ORLANDO GARAY LEBRO por el delito de HOMICIDIO CULPOSO\u201d, reproducci\u00f3n comprensiva del fallo dictado por esa misma dependencia el 28 de agosto de 2001 (fls. 217 a 240, cuaderno de primera instancia); y del calendado el 2 de mayo de 2002, emitido por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Penal (fls. 7 a 16, cuaderno de segunda instancia). <\/p>\n
En el primero de esos fallos, se conden\u00f3 a \u201cGabino Orlando Garay Lebro, de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, a la pena principal de 50 meses de prisi\u00f3n, una multa de $10.000.oo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, y la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de conductor de veh\u00edculos automotores, por el t\u00e9rmino de 3 a\u00f1os, como autor responsable del delito de Homicidio Culposo, cometido en concurso homog\u00e9neo, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar consignad[a]s en autos, por las razones anotadas en la parte motiva de este fallo\u201d, que seg\u00f3 la vida de los se\u00f1ores Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n, en hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1998, aproximadamente a las nueve de la ma\u00f1ana, en el sector de la vereda de San Jos\u00e9 de la Colorada, sobre la v\u00eda que de esa localidad conduce a Boquer\u00f3n, \u201ccuando el bus, marca International, modelo 1998, de placas SVE-997, con n\u00famero interno 179, afiliado a la Empresa SONATRANS, conducido por el encausado Gabino Orlando Garay Lebro, que se movilizaba sobre la v\u00eda Bogot\u00e1-Girardot, colisionara con el veh\u00edculo Monza, color rojo, de placas JID-641, modelo 1988, conducido por Mauricio Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez, estrell\u00e1ndose con la vivienda de Flor Mar\u00eda del Pilar Tirado P\u00e9rez (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y en el segundo, al desatar la apelaci\u00f3n que contra el comentado prove\u00eddo interpuso el defensor del mencionado procesado, se decidi\u00f3 \u201cCONFIRMAR en su integridad la sentencia materia de impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.4. En relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n que de dichos fallos efectu\u00f3 el Tribunal, m\u00e1s precisamente del de primera instancia, debe advertirse, delanteramente, que no result\u00f3 cuestionada en el reproche que por error de hecho debido a su incorrecta ponderaci\u00f3n, se formul\u00f3 en el cargo inicial, puesto que, como ya se hizo notar, esa queja, en lo fundamental, se hizo consistir en que \u201cpara hacer extensivos los efectos de ese fallo penal en contra de la demandada por el solo hecho de la afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo, como lo expresa el fallo, deb\u00eda asumirse por parte del Tribunal el an\u00e1lisis del caudal probatorio obrante en este proceso, a efecto de establecer si en realidad la [e]mpresa afiliadora en este caso era la titular de la actividad peligrosa desarrollada por el encartado penalmente, o si ten\u00eda el cuidado o custodia del objeto causante del da\u00f1o, o si existi\u00f3 relaci\u00f3n laboral entre el declarado responsable y la demandada, o si estos hechos estaban desvirtuados\u201d. <\/p>\n
De suyo, lo que se controvirti\u00f3 fue que el Tribunal hiciera recaer los efectos del fallo penal sobre la recurrente en casaci\u00f3n, por considerarla guardiana de la actividad peligrosa desarrollada por el bus al momento del accidente, inconformidad que se analizar\u00e1 m\u00e1s adelante, pero no se censur\u00f3 la valoraci\u00f3n, en s\u00ed, de las sentencias atr\u00e1s relacionadas y, mucho menos, que de ellas esa autoridad hubiese inferido la comprobaci\u00f3n del delito de homicidio culposo en las personas de Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n, por parte de Gabino Orlando Garay Lebro. <\/p>\n
3.5. Ahora bien, en cuanto hace al otro reproche, esto es, al error de derecho por violaci\u00f3n medio del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es notorio su desatino, en la medida que lo que all\u00ed se critic\u00f3 fue la apreciaci\u00f3n de las \u201cpruebas practicadas en el proceso penal adelantado contra el conductor del bus causante del accidente materia de esta acci\u00f3n\u201d (se subraya), habida cuenta que se realizaron sin la participaci\u00f3n de la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, toda vez que ella no fue parte en la referida causa criminal. <\/p>\n
Como en el caso de la acusaci\u00f3n anterior, la queja no recay\u00f3 sobre la ponderaci\u00f3n de las sentencias con las que se desat\u00f3 la causa criminal. Por el contrario, sobre \u00e9stas, la recurrente observ\u00f3 que \u201cel fallo penal condenatorio en firme no admite discusi\u00f3n con relaci\u00f3n al hecho delictuoso y a la culpabilidad del condenado\u201d (se subraya). <\/p>\n
3.6. Significa lo expuesto, que el preciso punto de la apreciaci\u00f3n de los fallos penales por parte del sentenciador civil de segunda instancia, no fue censurado y que, por lo mismo, la inferencia de ese juzgador de hallar en ellos la prueba del delito sobre el que estructur\u00f3 la responsabilidad que endilg\u00f3 a los accionados de este asunto, se mantiene en firme y contin\u00faa irradiando toda su fuerza al prove\u00eddo combatido, el cual, en este aspecto, no est\u00e1 llamado a derrumbarse. <\/p>\n
4. P\u00e1sase a ver el otro fundamento en el que el Tribunal ciment\u00f3 la responsabilidad de la recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Para esa autoridad, el hecho mismo de la afiliaci\u00f3n permite presumir, en la respectiva empresa transportadora, la condici\u00f3n de guardiana de la actividad desplegada con los automotores objeto de tal vinculaci\u00f3n, porque a partir de ese acto aqu\u00e9lla, a m\u00e1s de que obtiene provecho econ\u00f3mico, puede y debe ejercer un poder de \u201cdirecci\u00f3n, gobierno y control\u201d sobre los veh\u00edculos. <\/p>\n
4.2. Esa apreciaci\u00f3n no fue blanco de ataque por parte de la recurrente, toda vez que su inconformidad, como lo precis\u00f3 en el segmento inicial del cargo primero, estuvo dirigida a reprochar el desconocimiento del material probatorio \u201cque permit\u00eda concluir sin dubitaci\u00f3n que la calidad de \u2018guardi\u00e1n\u2019 de la actividad peligrosa o del automotor causante del da\u00f1o, que se presum\u00eda existir en cabeza de la demandada por el s\u00f3lo hecho de la afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo a la misma, estaba desvirtuada\u201d. <\/p>\n
4.3. Por consiguiente, el quid del asunto es determinar si dicha presunci\u00f3n fue o no contrarrestada. <\/p>\n
4.3.1. Llegados a este punto, sea lo primero puntualizar que la presunci\u00f3n de guardian\u00eda de la actividad peligrosa que recae en las empresas de transporte, a las que se vinculan los veh\u00edculos con los que se presta el servicio p\u00fablico de que ellas se encargan, tiene lugar por el s\u00f3lo hecho de la afiliaci\u00f3n y comprende a \u201ctodas aquellas personas naturales o jur\u00eddicas de quienes se pueda predicar potestad, uso, mando, control o aprovechamiento efectivo del instrumento mediante el cual se realizan aqu\u00e9llas actividades\u201d (CSJ, SC del 26 de noviembre de 1999, Rad. n.\u00b0 5220; se subraya). <\/p>\n
Ese nexo, de raigambre jur\u00eddico, no material, deriva de la posibilidad en que ellas se encuentran, de dirigir la actividad concerniente con la movilizaci\u00f3n de pasajeros o cosas y de obtener provecho econ\u00f3mico de tal gesti\u00f3n, raz\u00f3n por la cual esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que esa condici\u00f3n \u201c[n]o requiere (\u2026) que se tenga f\u00edsicamente la cosa (\u2026) pues lo fundamental es que se posea el poder de mando en relaci\u00f3n con la cosa, lo que supone un poder intelectual de control y direcci\u00f3n de la misma\u201d (CSJ, SC 4750 del 31 de octubre de 2018, Rad. n.\u00b0 2011-00112-01; se subraya). <\/p>\n
Y es, precisamente, en virtud de tal atribuci\u00f3n inmaterial de manejo, que resulta dable exigir a los entes afiliadores que velen, en todo momento, por la actividad de los automotores, a fin de que impidan que con ella se irroguen da\u00f1os a terceros, porque en caso de as\u00ed acontecer, habr\u00e1n de responder por los perjuicios ocasionados, independientemente o en concurso con las dem\u00e1s personas que ostenten la \u201cguarda compartida\u201d, noci\u00f3n \u201cseg\u00fan la cual en el ejercicio de actividades peligrosas no es extra\u00f1a la concurrencia de varias personas que, desde diversos \u00e1ngulos y en atenci\u00f3n a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la direcci\u00f3n o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jur\u00eddico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros\u201d (CSJ, SC del 22 de abril de 1997, Rad. n.\u00b0 4753). <\/p>\n
4.3.2. De las precisiones que se dejan expresadas, surge claro que, para desvirtuar la presunci\u00f3n en comento, corresponde a las empresas transportadoras acreditar la ocurrencia de hechos en virtud de los cuales fuere forzoso entender que perdieron el \u201cpoder intelectual de control y direcci\u00f3n\u201d de la actividad peligrosa a que atr\u00e1s se hizo referencia, sin que medie culpa de su parte, m\u00e1s no el control f\u00edsico de la cosa. <\/p>\n
4.3.3. Sentadas las premisas anteriores, se colige la notoria intrascendencia de las acusaciones planteadas en frente de la inferencia del Tribunal consistente en que la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, era guardiana de la actividad desarrollada por el bus identificado con la placa SVE-997 el d\u00eda de los hechos motivantes de la responsabilidad demandada, por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
4.3.3.1. Los elementos de juicio que a decir de la recurrente pretiri\u00f3 el Tribunal, esto es, la demandada, en cuanto hace al hecho marcado como 3.3., la certificaci\u00f3n del Ministerio de Transporte sobre las rutas autorizadas a la recurrente en casaci\u00f3n, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la misma, en lo ata\u00f1edero con su objeto social, y el paz y salvo sobre salarios y prestaciones que suscribi\u00f3 Gabino Orlando Garay Lebro en favor de Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3, no son demostrativos de hechos de los que pudiera inferirse que la nombrada empresa, en la fecha del accidente sobre el que vers\u00f3 este asunto litigioso, hab\u00eda perdido, sin su culpa, se reitera, el \u201cpoder intelectual de control y direcci\u00f3n\u201d de la actividad del bus. <\/p>\n
Lo m\u00e1s que pudiera colegirse de esos medios persuasivos, es que el servicio prestado por el automotor, esto es, la transportaci\u00f3n de un grupo de estudiantes y profesores de Bogot\u00e1 a Girardot por una ruta distinta de aquellas en las que le estaba permitido circular, contraven\u00eda las reglas, internas y legales, disciplinantes de la sociedad, pero no que ella hubiese estado imposibilitada de decidir sobre la utilizaci\u00f3n del veh\u00edculo y las condiciones para ello o, con otras palabras, de ejercitar el mando jur\u00eddico del aparato, como le correspond\u00eda hacerlo. <\/p>\n
Es que as\u00ed fuese cierto que la referida actividad se contrat\u00f3 a espaldas de la empresa transportadora y sin que ella percibiera beneficio alguno por la misma, supuesto f\u00e1ctico que tampoco se desprende de las pruebas en las que la impugnante ciment\u00f3 la censura examinada, esa circunstancia, de todas maneras, no evidencia que la empresa no tuviere el deber de \u201ccontrol, direcci\u00f3n y gobierno\u201d del automotor sino, m\u00e1s bien, que no lo cumpli\u00f3, lo que es bien diferente. <\/p>\n
En suma, as\u00ed se conceda a los medios demostrativos presuntamente preteridos por el Tribunal la m\u00e1xima fuerza demostrativa, ellos no acreditan la circunstancia que sustrajo o quit\u00f3 a la empresa transportadora la comentada obligaci\u00f3n de mando de la actividad, vac\u00edo demostrativo que impide aceptar que la presunci\u00f3n de ser ella su guardiana, fue desvirtuada. <\/p>\n
4.3.3.2. No habi\u00e9ndose neutralizado el anotado nexo, cae en el vac\u00edo el error de hecho denunciado en el cargo primero, por indebida apreciaci\u00f3n de la sentencia con la que se resolvi\u00f3 el proceso penal seguido contra Gabino Orlando Garay Lebro, dictada el 28 de agosto de 2001 por el Juzgado Penal del Circuito de Melgar, en tanto que, como se consign\u00f3 en el punto 3.4. precedente, ese reproche se finc\u00f3 en que la condici\u00f3n de guardiana que ella ten\u00eda de la actividad del bus, fue desvirtuada. <\/p>\n
4.3.3.3. A nada conducen tampoco las acusaciones fundadas en la indebida apreciaci\u00f3n de la copia de la \u201cplanilla \u00fanica de viaje ocasional\u201d con base en la cual, al parecer, circul\u00f3 el bus el d\u00eda de los hechos, quejas consistentes en que su aportaci\u00f3n no tuvo por fin tacharla de falsa (cargo primero) y que no pod\u00eda apreciarse por tratarse de una reproducci\u00f3n informal (cargo segundo), pues como viene se se\u00f1alarse, as\u00ed se acepte que la actividad desarrollada por el bus al momento del accidente, es decir, movilizar un grupo profesores y alumnos entre Bogot\u00e1 y Girardot, no fue autorizada por la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, esa circunstancia no luce suficiente para estimar que \u00e9sta se encontraba imposibilitada de atender su deber de direcci\u00f3n y control del bus y que, por lo mismo, no ten\u00eda la condici\u00f3n de guardiana, que el Tribunal le atribuy\u00f3. <\/p>\n
4.3.3.4. Mayor intranscendencia se avizora en las acusaciones restantes, pues ninguna incidencia tienen, en punto de establecer si la presunci\u00f3n que se viene comentando fue o no desvirtuada, determinar si el accidente sobre el que gir\u00f3 este asunto litigioso, fue objeto de discordia por parte de la recurrente, o si ella percibi\u00f3 alg\u00fan beneficio jur\u00eddico y\/o econ\u00f3mico por raz\u00f3n del servicio prestado por el bus el d\u00eda de los hechos, pues no hay duda sobre lo primero y porque lo segundo deriv\u00f3, en buena medida, del incorrecto entendimiento de la sentencia del ad quem por parte de la apoderada recurrente, en tanto que esa autoridad no hizo all\u00ed tal afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En definitiva, las censuras examinadas no se abren paso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Parte Tercera <\/p>\n
Como ya se dijo, en este cargo se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta los art\u00edculos 1494, 2341 a 2344 y 2356 a 2358 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que esa autoridad incurri\u00f3, al apreciar las pruebas del proceso. <\/p>\n
1. Este segmento de la acusaci\u00f3n refiri\u00f3 que el ad quem tuvo \u201cpor demostrada, sin estarlo, la relaci\u00f3n de parentesco entre el demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Posada (sic) y los fallecidos en el accidente materia de este proceso\u201d. <\/p>\n
2. En esencia, el reproche se ciment\u00f3 en que en el proceso \u201cno aparece el registro civil de nacimiento del demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, \u00fanica prueba admisible para acreditar parentesco\u201d. <\/p>\n
3. Con tal base, coligi\u00f3 la recurrente que, por lo tanto, \u201cno era viable reconocer a su favor perjuicios de orden moral por raz\u00f3n de la muerte\u201d de las v\u00edctimas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como ya se consign\u00f3, en la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta ciudad el 14 de mayo de 2013, entre otras determinaciones, se conden\u00f3 a \u201cGabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n y a la Sociedad Nacional Transportadora Ltda. al pago de la suma equivalente a (\u2026) cinco (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes a favor del se\u00f1or Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, (\u2026) por concepto de perjuicios morales\u201d, seg\u00fan se explic\u00f3 en la parte motiva, \u201ccomo hermano del fallecido Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada\u201d. <\/p>\n
2. La recurrente en casaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios morales, al apelar el fallo del a quo, circunscribi\u00f3 su inconformidad a que dicha \u201ccondena a favor no solo del se\u00f1or Jhonnie (sic) Fernando, sino de los dem\u00e1s demandantes, resulta excesiva y carente de sustento probatorio o, al menos, de una razonada motivaci\u00f3n por parte del juzgador\u201d (fls. 501 a 506, cd. 1). <\/p>\n
En el escrito de alegaciones de segunda instancia, sobre los perjuicios tasados por el juzgado del conocimiento, reiter\u00f3 ese mismo planteamiento; a\u00f1adi\u00f3 la carencia de medios de convicci\u00f3n sobre la dependencia econ\u00f3mica de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez respecto de su progenitor; y advirti\u00f3 que, en la cuantificaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a favor de este actor, no se consider\u00f3 la vida probable del segundo sino solamente el tiempo que faltaba al primero para llegar a la edad de 25 a\u00f1os (fls. 41 a 54, cd. 14). <\/p>\n
En la audiencia practicada con fundamento en el art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se limit\u00f3 a insistir en que la condena por concepto de perjuicios morales \u201cen favor de los demandantes, resulta excesiva y carente de sustento probatorio v\u00e1lido y de una razonada motivaci\u00f3n por parte del juzgador\u201d. (fls. 109 y 110, cd. 14). <\/p>\n
3. El Tribunal, en el entendido que \u201cla parte demandante enrostr[\u00f3] yerro al juez de primera instancia porque la condena es insuficiente teniendo en cuenta el dolor que sufrieron\u201d y que, a su turno, la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, la censur\u00f3 porque \u201cfue excesiva y (\u2026) los demandantes no demostraron los perjuicios\u201d, opt\u00f3 por mantenerla, pero en el caso del se\u00f1or Efra\u00edn Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, la increment\u00f3 a la suma equivalente a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales, que tas\u00f3 en la suma de $6.443.500.oo. <\/p>\n
4. Significa lo expuesto que, pese a que en la sentencia del a quo se provey\u00f3 sobre los perjuicios morales pedidos por el prenombrado demandante, no fue motivo de apelaci\u00f3n de esa determinaci\u00f3n, la circunstancia de que no apareciese demostrado en el proceso su parentesco con el occiso Rafael Antonio Calder\u00f3n Morales. <\/p>\n
5. Siendo ello as\u00ed, como en efecto lo es, resulta palmario que la precitada transportadora carece de inter\u00e9s para aducir en casaci\u00f3n esa omisi\u00f3n probatoria, toda vez que, como qued\u00f3 establecido, no la esgrimi\u00f3 como sustento de la alzada que propuso en frente de la primitiva sentencia con la que se resolvi\u00f3 el litigio. <\/p>\n
6. Lo anterior es consecuencia del mandato que conten\u00eda el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u201c[n]o podr\u00e1 interponer el recurso [de casaci\u00f3n] quien no apel\u00f3 de la sentencia de primer grado, ni adhiri\u00f3 a la apelaci\u00f3n de la otra parte, cuando la del tribunal haya sido exclusivamente confirmatoria de aquella\u201d, pues de esta previsi\u00f3n se sigue que, en el supuesto contemplado por la norma, la afectaci\u00f3n que pudo ocasionarse a quien impugna extraordinariamente, no se deriva del fallo cuestionado por esta v\u00eda, en la medida que es meramente ratificatorio del inicialmente proferido, sino de este \u00faltimo, por lo que, en estrictez, aqu\u00e9l prove\u00eddo no le irroga al censor un agravio susceptible de ser reparado con el recurso en menci\u00f3n. <\/p>\n
7. En el presente caso, la decisi\u00f3n de reparar a Efra\u00edn Calder\u00f3n Rodr\u00edguez los perjuicios morales que experiment\u00f3 por la muerte de su hermano Rafael Antonio, que es la cuestionada en el cargo auscultado, sin que tenga nada que ver aqu\u00ed la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n, tema que se analizar\u00e1 en desarrollo de un cargo posterior, se tom\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
Ahora bien, en tanto que no fue cuestionada por v\u00eda de apelaci\u00f3n con apoyo en que no aparec\u00eda probado el parentesco entre los nombrados, tal aspecto no fue evaluado en segunda instancia, de lo que se sigue que dicho prove\u00eddo, por ende, no puede ser objeto de enmienda en casaci\u00f3n, por tal motivo. <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, el cargo naufraga. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con apoyo en la segunda causal de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la sentencia cuestionada por no estar en consonancia, de un lado, con las pretensiones de la demanda y, de otro, con las excepciones formuladas por la recurrente. <\/p>\n
1. Sobre lo primero, la disonancia del fallo en relaci\u00f3n con las s\u00faplicas del libelo, se expuso: <\/p>\n
1.1. A decir de la promotora del cargo, en el escrito introductorio del proceso se solicit\u00f3 condenar a los demandados, respecto del accionante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, a pagarle la suma de $1.600.000.oo, correspondiente a la \u201c[c]uota parte del valor del veh\u00edculo chevrolet moza destruido\u201d; y el \u201c[l]ucro cesante de las sumas reclamadas (\u2026) sobre los da\u00f1os materiales padecidos, liquidados desde la fecha del siniestro y hasta el momento de su pago total. \u2018Este lucro se estima en los intereses corrientes sobre el valor de la p\u00e9rdida total del veh\u00edculo desde la fecha del siniestro y hasta su pago total\u2019. -Folios 51, 52 y 53. Cuaderno 1- Negrillas, cursiva y subrayado de la suscrita-\u201d. <\/p>\n
1.2. En la sentencia del Tribunal se conden\u00f3 a los accionados, incluida la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, a pagar, entre otros rubros, el siguiente: \u201c\u20183\u2026 a) Por perjuicios materiales, a t\u00edtulo de lucro cesante, la suma de quinientos noventa y seis millones ochocientos veintid\u00f3s mil sesenta y dos pesos ($596.822.062,oo) a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u2019 -Folio 224. Cuaderno 14- Negrillas fuera del texto\u201d. <\/p>\n
1.3. Se deduce de lo anterior que entre las pretensiones del libelo introductorio, no figura, \u201ca t\u00edtulo de lucro cesante, requerimiento alguno por concepto de alimentos\u201d, factor este que, \u201cde acuerdo con las motivaciones del fallo del Tribunal\u201d, es el contemplado en \u201cla condena por perjuicios materiales\u201d. <\/p>\n
1.4. Si, por consiguiente, la aspiraci\u00f3n econ\u00f3mica por el da\u00f1o patrimonial perseguida en el libelo introductorio, en lo tocante con el precitado actor, fue el lucro cesante consistente en los \u201cintereses corrientes sobre el valor de la p\u00e9rdida total del veh\u00edculo\u201d destruido en el accidente, nada distinto pod\u00eda reconocer el sentenciador de segunda instancia y, por lo mismo, al proveer sobre la condena reprochada, contrari\u00f3 abiertamente el mandato del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil e hizo su fallo incongruente. <\/p>\n
2. Lo segundo, la falta de resoluci\u00f3n de las excepciones propuestas, se sustent\u00f3 como pasa a rese\u00f1arse: <\/p>\n
2.1. En la contestaci\u00f3n de la demanda presentada por la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, se propuso la excepci\u00f3n de \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d, soportada en los fundamentos que reprodujo la apoderada recurrente. <\/p>\n
2.2. Al abordar el tema de las excepciones, la sentencia de segunda instancia se ocup\u00f3 de las que \u201cllam\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en causa pasiva\u201d, \u201causencia de responsabilidad\u201d, \u201ccobro de lo no debido\u201d y \u201ccobro de m\u00e1s de lo debido\u201d, as\u00ed como de la \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima o concurrencia de culpas\u201d. <\/p>\n
2.3. Luego se\u00f1al\u00f3 \u201cque la prescripci\u00f3n postulada por Garay Mogoll\u00f3n tambi\u00e9n carece de asidero\u201d, pero \u201cnada manifest\u00f3 con relaci\u00f3n a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por mi representada\u201d, omisi\u00f3n que configura la inconsonancia ahora denunciada. <\/p>\n
2.4. A\u00f1adi\u00f3 la autora del cargo, que ante la deficiente definici\u00f3n de la aludida excepci\u00f3n por el parte del a quo, su asistida incluy\u00f3 tal inconformidad entre aquellas que expuso al sustentar la apelaci\u00f3n que plante\u00f3 contra ese pronunciamiento, por lo que el Tribunal estaba obligado a pronunciarse al respecto; y que, como no lo hizo, viol\u00f3 el mandato del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en tanto que produjo un fallo \u201cMINIMA PETITA\u201d. <\/p>\n
2.5. Adujo al final, que si se hubieran atendido las quejas de su representada, el ad quem habr\u00eda tenido que reconocer prosperidad a la referida defensa, postura en pro de la cual reprodujo el concepto de un tratadista nacional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se aprecia, en dos razones bien diversas sustent\u00f3 la recurrente la incongruencia que imput\u00f3 a la sentencia del Tribunal, a saber: de un lado, que impuso el resarcimiento del lucro cesante experimentado por el demandante Johnny Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, correspondiente a los alimentos que dej\u00f3 de percibir de su padre, cuando dicha pretensi\u00f3n no se elev\u00f3 en el libelo; y, de otro, la falta de resoluci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, que propuso al contestar la demanda. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a la naturaleza del segundo de tales reproches y a la amplitud de su espectro, en tanto que trata sobre un mecanismo defensivo con virtualidad de anonadar por completo la acci\u00f3n, se empezar\u00e1 con su estudio. <\/p>\n
2. Al respecto, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
2.1. El Tribunal, en el punto primero de la parte dispositiva de su fallo, resolvi\u00f3 \u201c[d]eclarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada\u201d, pronunciamiento que como es l\u00f3gico entenderlo, resulta comprensivo de la totalidad de los mecanismos que con ese car\u00e1cter formularon los accionados, entre ellas, claro est\u00e1, la de prescripci\u00f3n aducida por la aqu\u00ed recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Ello significa que no es verdad, entonces, que la indicada Corporaci\u00f3n hubiese dejado de resolver la referida defensa y que pueda tildarse su fallo de citra petita. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha advertido que: <\/p>\n
(\u2026) la falta de consonancia (\u2026) \u2018ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoraci\u00f3n probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisi\u00f3n\u2019. A este prop\u00f3sito, tiene dicho la Sala que, \u2018la trasgresi\u00f3n de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, \u00fanicamente, trat\u00e1ndose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o m\u00ednima petita)\u2019 (\u2026). Del mismo modo \u2018\u2026nunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas\u2026\u2019 (\u2026), \u2018la carencia de armon\u00eda entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en l\u00ednea de principio, en la parte resolutiva de la misma, \u2018pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (\u2026). (CSJ, SC10051 del 31 de julio de 2014, Rad. n.\u00b0 1997-00455-01; se subraya). <\/p>\n
2.3. Cosa distinta es que, en la parte considerativa de la sentencia, que es en la que se fund\u00f3 la recurrente para sustentar la acusaci\u00f3n, el ad quem se hubiere limitado a expresar que \u201cla prescripci\u00f3n postulada por Garay Mogoll\u00f3n tambi\u00e9n carece de asidero, porque no transcurri\u00f3 el tiempo de prescripci\u00f3n extraordinaria entre el suceso y la interrupci\u00f3n civil con este proceso\u201d, planteamiento que, como pasa a verse, debe entenderse relacionado tambi\u00e9n con la referida defensa de la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans. <\/p>\n
2.3.1. Tal y como se indic\u00f3 en los antecedentes de este prove\u00eddo, el demandado Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n, al contestar la demanda, plante\u00f3 la excepci\u00f3n de \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA RESPONSABILIDAD COM\u00daN POR LOS DELITOS Y LAS CULPAS CONSAGRADA EN [LOS] ART\u00cdCULO[S] 2341 Y 2358 DEL C\u00d3DIGO CIVIL\u201d, sustentado en que, seg\u00fan el inciso segundo la \u00faltima de esas disposiciones, la acci\u00f3n reparatoria intentada, en lo que hace a los llamados a responder, distintos del autor del delito, se\u00f1or Gabino Orlando Garay Lebro, esto es, los terceros civilmente responsables, prescribe en tres a\u00f1os contados de la perpetraci\u00f3n del acto. <\/p>\n
2.3.2. A su turno, la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, en sustento de esa misma excepci\u00f3n, previa invocaci\u00f3n del se\u00f1alado precepto, esto es, del art\u00edculo 2358 del C\u00f3digo Civil y tras descartar que sea \u201cdirecta responsable, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, debido a que la \u00fanica raz\u00f3n para que le sea aplicable esa disposici\u00f3n es que se acredite que ostentaba, para el momento de la ocurrencia de los hechos, la calidad de \u2018guardi\u00e1n\u2019 de la actividad peligrosa causante del da\u00f1o\u201d, lo que la condujo a calificarse como un \u201ctercero\u201d, argument\u00f3: <\/p>\n
Por raz\u00f3n de lo anterior, respecto a la [s]ociedad demandada oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n previsto en el inciso segundo del art\u00edculo precedente, por cuanto para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda -27 de noviembre de 2008- ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os contados desde la fecha de ocurrencia de los hechos -27 de noviembre de 1998-. <\/p>\n
2.3.3. En s\u00edntesis, la prescripci\u00f3n excepcionada por los dos demandados atr\u00e1s mencionados estuvo soportada en similares argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, toda vez que, en ambos casos, la fuente normativa fue el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2358 del C\u00f3digo Civil y su ocurrencia la derivaron los proponentes de que el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de presentaci\u00f3n de la demanda, fue superior al t\u00e9rmino de tres a\u00f1os contemplado en esa disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
2.3.4. Tal comprensi\u00f3n de la actividad defensiva de los indicados accionados, permite colegir que as\u00ed el Tribunal no se hubiere referido expresamente a la prescripci\u00f3n alegada por la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, s\u00ed se ocup\u00f3 de ella y opt\u00f3 por su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Ahora bien, que para negar las aludidas excepciones, el Tribunal solamente hubiese advertido que \u201cno transcurri\u00f3 el tiempo de prescripci\u00f3n extraordinaria entre el suceso y la interrupci\u00f3n civil con este proceso\u201d, es cuesti\u00f3n por completo extra\u00f1a al fen\u00f3meno de la incongruencia, en tanto que concierne con el fundamento de la decisi\u00f3n, esto es, con el juzgamiento, que s\u00f3lo pod\u00eda combatirse en casaci\u00f3n a la luz de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Sobre el defecto de que se trata, la Sala, de forma consistente, tiene precisado que: <\/p>\n
Se trata, pues, de un defecto en la actividad decisoria del juez, que no puede confundirse con los errores de juzgamiento, toda vez que la inconsonancia \u00fanicamente acaece cuando aqu\u00e9l, al dictar la sentencia, desconoce los linderos que, al respectivo debate litigioso, le trazaron las partes en la demanda y en la contestaci\u00f3n, o le asign\u00f3 la ley, especialmente, en materia de excepciones meritorias, ya sea porque no resuelve todo lo que dentro de esos m\u00e1rgenes est\u00e1, ora porque se pronuncia m\u00e1s all\u00e1 o por fuera de lo que ellos delimitan. <\/p>\n
Una cosa es resolver un proceso sin desatar, o excediendo, lo que en \u00e9l se debate; y otra, completamente diferente, es decidir todos sus extremos sin rebasarlos, pero desacertadamente, como consecuencia de la indebida interpretaci\u00f3n de las normas rectoras del mismo, o de la incorrecta escogencia de los preceptos que estaban llamados a disciplinarlo. <\/p>\n
En el primer supuesto, se est\u00e1 en frente de una sentencia incongruente, atacable en casaci\u00f3n por la causal segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en el otro, de un fallo violatorio de la ley sustancial, denunciable a la luz del primero de los motivos de esa misma norma. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En tiempo reciente, la Sala reiter\u00f3 que la causal segunda de casaci\u00f3n \u2018no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al Juzgador como motivos determinantes de su fallo, porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador yerros de apreciaci\u00f3n en cuanto a lo pedido y lo decidido, \u2018y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente a como se le solicit\u00f3, no comete incongruencia sino un vicio in-judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casaci\u00f3n\u2019 (CSJ SC, 7 Mar. 1997, Rad. 4636, reiterada en CSJ SC, 4 Sep. 2000, Rad. 5602, CSJ AC, 30 Mar. 2009, Rad. 1996-08781-01 y CSJ AC, 11 Mar. 2010, Rad. 2003-00117-01)\u2019 (CSJ, auto del 4 de junio de 2014, Rad. n.\u00b0 2005-00205-01)\u201d (CSJ, SC 3085 del 7 de marzo de 2017, Rad. n.\u00b0 2007-00233-01). <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, forzoso es precisar que la insuficiencia y\/o el desatino de la fundamentaci\u00f3n ofrecida por el Tribunal para desestimar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que en similares t\u00e9rminos adujeron los demandados en precedencia identificados, no es defecto que engendre incongruencia del fallo cuestionado y que, por lo mismo, el examen de esas consideraciones, s\u00f3lo pod\u00eda obtenerse bajo el prisma de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Fijada la atenci\u00f3n de la Sala en la otra causa de incongruencia, es decir, en el reconocimiento a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez de un lucro cesante que no fue solicitado en la demanda, se encuentra: <\/p>\n
3.1. Es verdad que en las s\u00faplicas del libelo introductorio no se reclam\u00f3 el reconocimiento, en pro del precitado actor, del lucro cesante derivado de los alimentos que dej\u00f3 de recibir de su progenitor. <\/p>\n
3.2. Pese a ello y a que la Sociedad Transportadora Limitada, Sonatrans, al apelar el fallo del a quo, adujo que \u201cen ninguna de las pretensiones\u201d se peticion\u00f3 el lucro cesante all\u00ed reconocido, \u201cmenos de las proporciones se\u00f1aladas en la sentencia por concepto de alimentos\u201d, se establece que el Tribunal entendi\u00f3 que en otro sector del escrito genitor de la controversia s\u00ed se elev\u00f3 tal pedimento, cuesti\u00f3n en torno de la que expres\u00f3: <\/p>\n
El cuanto al lucro cesante del codemandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, debe tomarse en cuenta, (\u2026), que fue(\u2026) pedido(\u2026) en la demanda, donde de manera paladina se anot\u00f3 en uno de sus ac\u00e1pites que sus fallecidos padres le suministraban \u2018vivienda, alimentos[,] educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n, valores que deber\u00e1n liquidarse teniendo en cuenta su edad y hasta que cumpla 25 a\u00f1os, edad l\u00edmite aceptada por la [j]urisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para dar alimentos a los hijos. Esto se probar\u00e1 en el proceso\u2019 (folios 49 del cuaderno uno) (se subraya). <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, pas\u00f3 a la revisi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n que de ese rubro efectu\u00f3 el juzgado del conocimiento y concluy\u00f3 pertinente la reducci\u00f3n deprecada por la parte demandada, de tomar como base para la misma el 40% del salario del padre y no el 75% aplicado por esa autoridad, consideraci\u00f3n que lo condujo a efectuar nuevamente los c\u00f3mputos para colegir, en definitiva, que el lucro cesante pasado ascend\u00eda a $555.662.340.oo y el futuro a $41.159.722.88, para un gran total de $596.822.062.88. <\/p>\n
3.4. Examinado el libelo introductorio, se constata que en el punto 24 del cap\u00edtulo denominado \u201cFundamentos F\u00e1cticos\u201d, se expres\u00f3: <\/p>\n
ALIMENTOS. El demandante, menor JOHNY (sic) CALDERON R. ha padecido perjuicios materiales por falta de sus padres, quienes le suministraban vivienda, alimentos, educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n, valores que deber\u00e1n liquidarse tendiendo en cuenta su edad y hasta que cumpla 25 a\u00f1os, edad l\u00edmite aceptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para dar alimentos a los hijos. Esto se probar\u00e1 dentro del proceso. <\/p>\n
3.5. Traduce lo anterior, que el ad quem tom\u00f3 esa manifestaci\u00f3n, pese a figurar entre los fundamentos f\u00e1cticos de la demanda, como pretensi\u00f3n y, con fundamento en ella, hall\u00f3 procedente la concesi\u00f3n del lucro cesante determinado por el a quo, aunque lo corrigi\u00f3 en cuanto al salario base para la liquidaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
3.6. Siendo ello as\u00ed, imperativo es descartar la incongruencia denunciada sobre el particular, en tanto que el reconocimiento del rubro en comento, como queda explicado, obedeci\u00f3 al entendimiento que del escrito introductorio efectu\u00f3 el sentenciador, labor\u00edo que, como en el caso anterior, ata\u00f1e con el juzgamiento del caso y que, por lo mismo, escapa a la \u00f3rbita de la causal segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en tanto se ubica en el concepto de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, previsto en el motivo primero de esa disposici\u00f3n, por errada ponderaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3.7. Sobre el particular, debe reiterarse: <\/p>\n
(\u2026) Excl\u00fay[e]se la inconsonancia cuando la alegaci\u00f3n se funda en desatinos suscitados en la interpretaci\u00f3n de la demanda, pues \u00e9stos deben formularse a trav\u00e9s de la causal primera de casaci\u00f3n, consistente en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho por preterici\u00f3n, suposici\u00f3n, cercenamiento o adici\u00f3n. <\/p>\n
Y es que en este \u00faltimo caso la censura, lejos de cuestionar el abandono de los extremos de la litis, se centra en la hermen\u00e9utica que el juzgador dispens\u00f3 a las pretensiones o hechos del libelo genitor, entendido como un documento que integra la foliatura y hace parte del acervo demostrativo. <\/p>\n
Total que cuando se interpreta, el funcionario judicial desentra\u00f1a el sentido del escrito inicial y depura los aspectos que son ajenos a la controversia, por lo que aqu\u00ed no puede existir incongruencia, ya que el fallador resuelve sobre todas las cuestiones que est\u00e1n sub judice, sin dejar ninguna de ellas por fuera, ni adicionarlas, pero basado en el entendimiento objetivo que extrajo de este documento. <\/p>\n
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sostiene: <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la\u2026 acusaci\u00f3n que\u2026 est\u00e1 enderezada a reprochar la inconsonancia del fallo de segunda instancia, es del caso memorar que en trat\u00e1ndose de este motivo de casaci\u00f3n, es requisito que la desarmon\u00eda que se denuncie no sea consecuencia del entendimiento que el sentenciador haya dado a la demanda, a su contestaci\u00f3n o a los medios de convicci\u00f3n, pues en tales supuestos el motivo de casaci\u00f3n aplicable es el primero. <\/p>\n
\u2018Por tanto -ha dicho la Corte-, al momento de formular un ataque por esta causal, no puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales s\u00f3lo podr\u00edan tener acogida bajo la causal primera, de suerte que \u2018si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casaci\u00f3n, ya que de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u2019 (CCXLIX, Vol. II, 1468)\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 19 de enero de 2005, expediente No. 7854; se subraya) (AC, 19 sep. 2013, rad. n\u00b0 2004-00096-01) (CSJ, SC 15211 del 26 de septiembre de 2017, Rad. n. \u00b0 2011-00224-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El cargo auscultado, no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Parte Segunda <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como ya se registr\u00f3, en este cargo se reproch\u00f3 el quebranto indirecto de los art\u00edculos 1494, 2341 a 2344 y 2356 a 2358 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que esa autoridad incurri\u00f3, al apreciar las pruebas del proceso, que lo condujeron a tener \u201cpor demostrado, sin estarlo, que los padres del demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez le suministraban \u2018vivienda, alimentos[,] educaci\u00f3n, vestuario, recreaci\u00f3n\u2019, que Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada prestaba ayuda econ\u00f3mica en el hogar y la dependencia econ\u00f3mica entre \u00e9ste y el citado demandante\u201d. <\/p>\n
2. En sustento de tal acusaci\u00f3n, la recurrente afirm\u00f3 que en el proceso no aparecen acreditados esos supuestos de hecho, sin que la sola prueba del parentesco permita presumirlos, por lo que es evidente que el Tribunal supuso su demostraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Refiri\u00e9ndose al lucro cesante, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que \u201cJohnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, quien ten\u00eda seis a\u00f1os al momento de morir sus progenitores, est\u00e1 legitimado para perseguir los perjuicios materiales, desde el momento del accidente hasta el 31 de mayo de 2017, fecha en que, seg\u00fan el registro civil de nacimiento que obra a folio 13 del cuaderno principal, se espera que cumpla 25 a\u00f1os de edad, l\u00edmite fijado por la jurisprudencia para la dependencia econ\u00f3mica de los hijos respecto de los padres, habida cuenta que es hasta ese momento en que \u2018ordinariamente se culmina la educaci\u00f3n superior y se est\u00e1 en capacidad de valerse por s\u00ed mismo\u2019\u201d. <\/p>\n
2. Se extracta de lo anterior, que con apoyo en la condici\u00f3n de ser hijo de quienes fallecieron en el accidente sobre el que vers\u00f3 la acci\u00f3n y en su minor\u00eda de edad, circunstancias acreditadas con el correspondiente registro civil de nacimiento, el ad quem infiri\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica del nombrado, respecto de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
3. Para la recurrente ello no era suficiente, sino que se impon\u00eda la demostraci\u00f3n de la ayuda econ\u00f3mica que el se\u00f1or Calder\u00f3n Lozada brindaba al hogar y, m\u00e1s concretamente, al precitado actor. <\/p>\n
4. Si bien es verdad, en principio, la sola condici\u00f3n de ser acreedor alimentario no da derecho a presumir dependencia econ\u00f3mica y, por ende, a pensar que la muerte del presunto alimentante irroga a aqu\u00e9l un perjuicio material, sino que es necesario acreditar la efectiva percepci\u00f3n de ese beneficio, tal rigor demostrativo no opera en trat\u00e1ndose de los hijos menores de edad, pues conforme el dise\u00f1o constitucional y legal de protecci\u00f3n de la familia, en general, y de tales descendientes, en particular, es dable entender que, en el caso de ellos, la atenci\u00f3n de sus necesidades proviene de los progenitores. <\/p>\n
4.1. Ostensible es la importancia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 otorg\u00f3 a los derechos de los ni\u00f1os. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 44 de ese estatuto superior se\u00f1al\u00f3, como derechos fundamentales de ellos, \u201cla vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, orden\u00f3 protegerlos frente a \u201ctoda forma de abandono, violencia f\u00edsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotaci\u00f3n laboral o econ\u00f3mica y trabajos riesgosos\u201d. <\/p>\n
En \u00edntima conexi\u00f3n con lo anterior, impuso a \u201c[l]a familia, la sociedad y el Estado (\u2026) la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos\u201d. <\/p>\n
Y finalmente consagr\u00f3 que \u201c[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d. <\/p>\n
4.2. En el campo meramente legal, se advierte que los C\u00f3digos Civil y de la Infancia y la Adolescencia establecen el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n aplicable a los menores de edad, especialmente en lo que concierne con sus progenitores, a quienes, valga desde ya se\u00f1alarlo, se les asign\u00f3 \u201cel cuidado personal de la crianza y educaci\u00f3n de sus hijos\u201d (art. 253, C.C.). <\/p>\n
Reza el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 7\u00ba del segundo de esos ordenamientos, que \u201c[s]e entiende por protecci\u00f3n integral de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garant\u00eda y cumplimiento de los mismos, la prevenci\u00f3n de su amenaza o vulneraci\u00f3n y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del inter\u00e9s superior\u201d. <\/p>\n
Y el art\u00edculo 257 de la primera de esas obras, que \u201c[l]os gastos de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos leg\u00edtimos pertenecen a sociedad conyugal, seg\u00fan las reglas que, tratando de ella, se dir\u00e1n. (\u2026). Si el marido y la mujer vivieren bajo estado de separaci\u00f3n de bienes, deben contribuir a dichos gastos en proporci\u00f3n a sus facultades\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil instituy\u00f3 el deber de suministrar alimentos a \u201clos descendientes\u201d (num. 2\u00ba), a \u201clos hijos naturales, su posteridad y los nietos naturales\u201d (num. 5\u00ba, modificado por el art\u00edculo 31 de la Ley 75 de 1968) y a \u201clos hijos adoptivos\u201d (num. 7\u00ba), entre otros, obligaci\u00f3n que, seg\u00fan voces del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia, comprende \u201ctodo lo que es indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d. <\/p>\n
4.3. Ahora bien, indispensable es resaltar que ese deber alimentario que tiene los padres para con sus hijos, no es ilimitado en el tiempo, ni absoluto. <\/p>\n
4.3.1. Sobre lo primero, reza el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil que \u201cning\u00fan var\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes s\u00f3lo se deben alimentos necesarios, podr\u00e1 pedirlos despu\u00e9s de que haya cumplido veinti\u00fan a\u00f1os, salvo que por alg\u00fan impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilita, revivir\u00e1 la obligaci\u00f3n de alimentarle\u201d (se subraya). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho precepto debe clarificarse, por una parte, que la Corte Constitucional declar\u00f3 su exequibilidad bajo la condici\u00f3n de que se entienda igualmente referido a \u201cninguna mujer\u201d (Sentencia C-875 del 30 de septiembre de 2003); y, por otra, que la mayor\u00eda de edad se redujo a dieciocho a\u00f1os, mediante la Ley 27 de 1977. <\/p>\n
Se establece, por lo tanto, que la obligaci\u00f3n alimentaria de que se trata, s\u00f3lo se extiende hasta cuando el hijo llegue a la mayor\u00eda de edad, salvo las siguientes excepciones: en primer lugar, que padezca de un \u201cimpedimento corporal o mental\u201d, en virtud del cual \u201cse halle inhabilitado para subsistir de su trabajo\u201d (art. 422, C.C.); y, en segundo t\u00e9rmino, que no haya concluido los estudios de una profesi\u00f3n, caso en el que la obligaci\u00f3n de los progenitores se extiende, como m\u00e1ximo, hasta los veinticinco a\u00f1os del alimentario, puesto que, como lo tiene dicho la Corte, \u201catendiendo a las reglas de la experiencia, es dable deducir que, en principio\u201d, a esa edad \u201cuna persona de la zona urbana del pa\u00eds, dedicada al estudio, puede adquirir su completa educaci\u00f3n que lo habilita para velar, a partir de entonces, por su propio sostenimiento\u201d (CSJ, SC del 18 de octubre de 2001, Rad. n.\u00b0 4504). <\/p>\n
4.3.2. En cuanto hace a la segunda caracter\u00edstica advertida, debe acotarse que si el \u201chijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, y en caso necesario, los de su crianza y educaci\u00f3n, podr\u00e1n sacarse de ellos, conserv\u00e1ndose \u00edntegros los capitales en cuanto sea posible\u201d (art. 257, inc. 3\u00ba, C.C.), premisa en cierta forma reiterada por el art\u00edculo 420 ib\u00eddem, que expresa: \u201cLos alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posici\u00f3n social o para sustentar la vida\u201d. <\/p>\n
Indispensable es, por lo tanto, diferenciar al hijo que carece de medios econ\u00f3micos, de aqu\u00e9l que cuenta con ellos, como quiera que s\u00f3lo en frente del primero, sus progenitores tienen el deber de suministrarle alimentos para solventar sus necesidades. <\/p>\n
4.4. Pertinente es colegir, entonces, que si conforme el referido dise\u00f1o constitucional y legal, el deber que tienen los padres de atender la manutenci\u00f3n de sus hijos desprovistos de recursos propios se extiende, en condiciones normales, hasta cuando arriban a la mayor\u00eda de edad, o hasta los 25 a\u00f1os respecto de los que no han culminado estudios superiores, propio es suponer que antes de esos l\u00edmites, los \u00faltimos son dependientes econ\u00f3micos de los primeros y que, por lo tanto, la muerte o incapacidad de \u00e9stos, vulnera el derecho de aqu\u00e9llos de ver cubiertas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
5. La Corte, en tiempo reciente, luego de efectuar un detenido recorrido sobre la evoluci\u00f3n jurisprudencial relacionada con la materia, concluy\u00f3: <\/p>\n
Lo antes expuesto ilustra la forma en la cual no resulta del todo exacta la afirmaci\u00f3n del Tribunal, formulada en el sentido de que los \u00abperjuicios materiales [\u2026] se presumen en los parientes que son acreedores a obligaciones alimentarias\u00bb, con el alcance de entender que, en cualquier contexto, la sola relaci\u00f3n de parentesco contemplada en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, releva por completo de prueba a los demandantes con respecto a la efectiva generaci\u00f3n del perjuicio material -a consecuencia del fallecimiento de aquel que alegan contribu\u00eda o pod\u00eda contribuir a su sostenimiento-. N\u00f3tese a este respecto que la tajante proposici\u00f3n que ha sido referida ha merecido diversas puntualizaciones en las cuales la Corte ha exigido, las m\u00e1s de las veces, la demostraci\u00f3n directa de la \u00abdependencia econ\u00f3mica\u00bb, esto es de que se recib\u00eda el \u00abapoyo efectivo\u00bb del difunto o incapacitado; o a lo menos de que se dan en concreto todos los elementos de la obligaci\u00f3n alimentaria, estableciendo al efecto que \u00abno basta la simple condici\u00f3n de acreedor alimentario en el demandante para que la muerte por accidente de su [pariente] le cause un perjuicio actual y cierto, sino que se requiere adem\u00e1s la demostraci\u00f3n plena de que aqu\u00e9l recib\u00eda la asistencia a que por ese concepto le da derecho la ley, o que cuando menos se encontraba en situaci\u00f3n tal que lo capacitara para demandarla y obtenerla y que aquella estaba en capacidad econ\u00f3mica para suministr\u00e1rsela\u00bb. <\/p>\n
Naturalmente que en trat\u00e1ndose de hijos menores, o de adultos j\u00f3venes en etapa de formaci\u00f3n para el desempe\u00f1o de una actividad productiva, las m\u00e1ximas de la experiencia permiten tener por establecida la situaci\u00f3n de efectiva dependencia econ\u00f3mica, salvo que se demuestre que el alimentario cuenta con bienes propios, caso en el cual \u00ablos gastos de su establecimiento, y, en caso necesario, los de su crianza y educaci\u00f3n, podr\u00e1n sacarse de ellos, conserv\u00e1ndose \u00edntegros los capitales en cuanto sea posible\u00bb (Art\u00edculo 257 C\u00f3digo Civil) (CSJ, SC 11149 del 21 de agosto de 2015, Rad. n.\u00b0 2007-00199-01; negrillas fuera del texto). <\/p>\n
6. Se sigue de lo expuesto, que en ning\u00fan error y, menos, por suposici\u00f3n, incurri\u00f3 el Tribunal cuando soportado en la prueba de ser Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, por una parte, hijo de Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada y, por otra, menor de edad para cuando sobrevino el deceso de aqu\u00e9l, infiri\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica del primero respecto del segundo, raz\u00f3n por la que el cargo examinado est\u00e1 signado por el fracaso. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con pie de apoyo en la causal de ese mismo n\u00famero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por \u201ccontener decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la apelante, cuando la otra parte no apel\u00f3 ni adhiri\u00f3 a la apelaci\u00f3n\u201d, toda vez que en ella se aumentaron las suma fijadas tanto por concepto de lucro cesante, en favor del demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, como por perjuicios morales. <\/p>\n
1. Sobre lo primero, el incremento del lucro cesante, se adujo: <\/p>\n
1.1. En el fallo de primera instancia se conden\u00f3 a los demandados Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n y a la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, a pagar la suma de $340.116.113.08 por concepto de \u201clucro cesante pasado\u201d, en favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
1.2. El extremo actor \u201cno manifest\u00f3 inconformidad alguna con relaci\u00f3n a la condena en referencia\u201d, mientras que la recurrente en casaci\u00f3n s\u00ed la cuestion\u00f3, \u201cpor considerarla injusta, desproporcionada, contraria a derecho y carente de sustento en atenci\u00f3n a que no exist\u00eda prueba que comprometiera su responsabilidad\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal, sobre ese preciso punto, decidi\u00f3 modificar la condena para incrementarla a la suma de $596.822.062.oo, sobre la base de que \u201cpod\u00eda resolver \u2018sin limitaciones el recurso de apelaci\u00f3n, visto que los demandantes y los demandados apelaron\u2019, pero que en todo caso lo har\u00eda dentro de los motivos de disensi\u00f3n expuestos por cada recurrente\u201d. <\/p>\n
1.4. De esa manera, dicha autoridad \u201cpas\u00f3 por alto que frente a la condena por lucro cesante mi representada era \u00daNICA APELANTE y, por consiguiente, su situaci\u00f3n no pod\u00eda hacerse m\u00e1s gravosa\u201d, increment\u00e1ndose de $340.116.113.08 a $596.822.062.oo, \u201cmodificaci\u00f3n que obviamente perjudica gravemente los intereses\u201d de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
1.5. Ese cambio no encuentra fundamento en las previsiones del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues no se trat\u00f3 de la concreci\u00f3n de una condena omitida por el inferior, o de su extensi\u00f3n hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, caso en el cual s\u00f3lo habr\u00eda lugar a su actualizaci\u00f3n monetaria, que a lo sumo llegar\u00eda a $363.620.072.11, pero nunca a $596.822.062.oo. <\/p>\n
2. Respecto del incremento de la indemnizaci\u00f3n por perjuicios morales, se observ\u00f3: <\/p>\n
2.1. En el fallo de primer grado, se impuso como tal: <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Y la correspondiente a 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales para Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, que asciende a $3.447.265.oo. <\/p>\n
2.2. En frente de esas determinaciones, solamente el actor Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, al apelar, protest\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c(\u2026) \u2018Reparo en forma grave el hecho de condenar a perjuicios morales causados al menor JHONNIE (sic) FERNANDO CALDER\u00d3N RODR\u00cdGUEZ, a tan solo CINCO SALARIOS M\u00cdNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, cuando dicha persona ha tenido que atravesar por sin n[\u00fa]mero de dificultades\u2026\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.3. Por su parte, la transportadora demandada \u201cmanifest\u00f3 absoluta inconformidad, por considerarla excesiva y carente de sustento probatorio o, al menos, carente de una razonada motivaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.4. Se sigue de lo expuesto que \u201cen este caso las dos partes apelaron la decisi\u00f3n S\u00d3LO respecto de los perjuicios morales fijados al demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u201d; y que, en cuanto hace a \u201clos dem\u00e1s demandantes\u201d, la recurrente en casaci\u00f3n fue \u201c\u00daNICA APELANTE, puesto que ninguno de ellos manifest\u00f3 inconformidad, y por consiguiente el ad quem estaba impedido para imponer una condena m\u00e1s gravosa en su contra y a favor de aqu\u00e9llos\u201d. <\/p>\n
2.5. Pese a lo anterior, el Tribunal fij\u00f3 los perjuicios morales para C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez en la suma de $32.217.500.oo, para cada uno; en $6.443.500.oo, para Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada; y en $38.661.000.oo, para Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
2.6. Quiere decir lo precedentemente expuesto, que increment\u00f3 la condena por el rubro de que se trata, para los primeros, de $6.894.550.oo a $32.217.500.oo; y para el segundo, de $3.447.265.oo a $6.433.500.oo. <\/p>\n
2.7. Se desconoci\u00f3 as\u00ed la prohibici\u00f3n de la reformaci\u00f3n en perjuicio del apelante \u00fanico, pues no era suficiente para resolver \u201csin limitaci\u00f3n\u201d las alzadas, que las dos partes apelaran, sino que era \u201cimperativo determinar si su inconformidad se contra[jo] al mismo punto o correspond[i\u00f3] a puntos diferentes, como aqu\u00ed ocurri\u00f3\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Debido a que el Tribunal increment\u00f3 las condenas impuestas en el fallo de primera instancia por concepto, de un lado, del lucro cesante reconocido al demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y, de otro, de los perjuicios morales fijados en favor de C\u00e9sar Augusto Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, Ramiro Eduardo Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, sin que ellos hubiesen expresado ninguna inconformidad al apelar ese prove\u00eddo, la recurrente en casaci\u00f3n, a la luz de la causal cuarta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, censur\u00f3 la sentencia del ad quem por haber hecho m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n en lo ata\u00f1edero con esos rubros, pese a ser la \u00fanica que los censur\u00f3, en procura de su revocatoria o reducci\u00f3n. <\/p>\n
2. Preve\u00eda el art\u00edculo 357 de la precitada obra, que \u201c[l]a apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante\u201d; que, en tal virtud, \u201cel superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso\u201d; y que \u201ccuando ambas partes hayan apelado o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u201d. <\/p>\n
De esas premisas, como lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, se desprende \u201cla regla que proh\u00edbe reformar empeorando -reformatio in pejus- que, como lo ha indicado la doctrina jurisprudencial, se traduce en una verdadera limitaci\u00f3n negativa a los poderes del juez ad quem \u2018\u2026por cuanto le proh\u00edbe modificar la providencia apelada en perjuicio del recurrente, cuando la contraparte no ha interpuesto apelaci\u00f3n ni ha adherido a dicho recurso\u2026\u2019 (G.J. Tomo CLXVI, p\u00e1g. 412). Dicho en otras palabras, si una de las partes impugna en alzada una resoluci\u00f3n determinada y la otra, conform\u00e1ndose, se aquieta ante ella, la providencia que decida el recurso no puede por norma modificar aquella resoluci\u00f3n da\u00f1ando al recurrente de donde se sigue que la actividad jurisdiccional en sede de apelaci\u00f3n, si bien puede ejercitarse sobre la totalidad de la Litis[,] en punto a fiscalizar lo actuado por el a quo en aquellas cuesti[ones] espec\u00edficas que plantea la impugnaci\u00f3n, no es admisible que se exprese en prove\u00eddos que de cualquier modo impliquen menoscabo para la posici\u00f3n del apelante pues no lo permite el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, disposici\u00f3n \u00e9sta que, tambi\u00e9n por sabido se tiene, es de derecho sustantivo (G.J. Tomos CXLVIII, p\u00e1g. 110 y CXLII, p\u00e1g. 195, reiteradas en Casaci\u00f3n Civil de 6 de noviembre de 1990, sin publicar) y en ella se funda directamente el derecho adquirido que tienen los litigantes a que no se modifiquen las situaciones jur\u00eddicas favorables para ellos creadas por las providencias judiciales, es decir que no se cambien \u2018\u2026 en perjuicio de quien apel\u00f3 de ellas para mejorar, o en beneficio de quien no ha ejercitado el derecho de impugnaci\u00f3n \u2026\u2019: si as\u00ed no ocurre y por consiguiente se desborda el campo demarcado por la ley a la competencia del juez en este \u00e1mbito, \u2018\u2026 se lesiona el inter\u00e9s jur\u00eddico del impugnante quien, por tanto, puede acusar la resoluci\u00f3n mediante el recurso de casaci\u00f3n invocando hoy este espec\u00edfico motivo [causal 4 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil], ya que el legislador de 1970 le atribuy\u00f3 a la reformatio in pejus autonom\u00eda como causal de casaci\u00f3n. Le dio individualidad propia\u2026\u2019 (G.J. Tomo CLXVI, p\u00e1g. 219)\u201d (CSJ, SC del 8 de octubre de 1993, Rad. n.\u00b0 3416; se subraya). <\/p>\n
3. Sentadas esas premisas generales, s\u00edguese a ver el primer motivo sustentante del presente cargo: <\/p>\n
3.1. Como qued\u00f3 expresado, el Tribunal aument\u00f3 el lucro cesante reconocido en favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, en tanto que habiendo sido fijado por el a quo en la suma de $340.116.113.08, lo cuantific\u00f3 en $596.822.062.oo, pese a que dicho actor no formul\u00f3 ning\u00fan reparo frente a aquella determinaci\u00f3n y que, por el contrario, la parte demandada, fruto de la apelaci\u00f3n que propuso, obtuvo la rebaja de la base salarial para su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Lo \u00faltimo es as\u00ed, puesto que la apelaci\u00f3n que los actores formularon contra el fallo de primera instancia, apreciados los diferentes escritos con los cuales su apoderado sustent\u00f3 la alzada (fls 507 a 508, cd. 1; y 10 a 15, 30 a 36 y 55 a 59, cd. 14), vers\u00f3 sobre cuatro puntos espec\u00edficos, a saber: la absoluci\u00f3n del demandado Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a; la negativa del da\u00f1o emergente derivado de la p\u00e9rdida del veh\u00edculo de placas JID-641, propiedad del causante Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada; no haberse tenido en cuenta las lesiones corporales sufridas en el accidente por los demandantes Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada; y que el monto de los perjuicios morales fijados para los dos primeros demandantes atr\u00e1s citados, no se compadece con el sufrimiento por ellos experimentado. <\/p>\n
A su turno, la Sociedad Transportadora Limitada, Sonatrans, reproch\u00f3 que se hubiere tomado como base para la liquidaci\u00f3n del referido lucro cesante, el 75% del salario devengado por el se\u00f1or Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada, cuando \u00e9l, a m\u00e1s de ver por sus gastos personales, velaba por la subsistencia de su c\u00f3nyuge, se\u00f1ora Mariela Rodr\u00edguez de Calder\u00f3n, planteamiento que fue acogido por el Tribunal y que provoc\u00f3 la reducci\u00f3n al 40% de los ingresos del nombrado causante. <\/p>\n
3.3. Cotejadas las decisiones que en el punto adoptaron los sentenciadores, se establece que la raz\u00f3n del incremento del lucro cesante reconocido a Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez en segunda instancia, obedeci\u00f3 al lapso de tiempo de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Para el juzgado del conocimiento, \u201cel per\u00edodo indemnizable del hijo menor de edad se extender\u00e1 desde la fecha de fallecimiento de su progenitor hasta completar los 18 a\u00f1os de edad, ya que a esa edad ordinariamente se culmina la educaci\u00f3n media y se est\u00e1 en capacidad de valerse por s\u00ed mismo (\u2026)\u201d (se subraya). <\/p>\n
En cambio, para el Tribunal \u201cJohnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, quien ten\u00eda seis a\u00f1os al momento de morir sus progenitores, est\u00e1 legitimado para perseguir los perjuicios materiales, desde el momento del accidente hasta el 31 de mayo de 2017, fecha en [la] que, seg\u00fan el registro civil de nacimiento que obra a folio 13 del cuaderno principal se espera que cumpla 25 a\u00f1os de edad, l\u00edmite fijado por la jurisprudencia para la dependencia econ\u00f3mica de los hijos respecto de los padres, habida cuenta que es hasta ese momento en [el] que \u2018ordinariamente se culmina la educaci\u00f3n superior y se est\u00e1 en capacidad de valerse por s\u00ed mismo\u2019\u201d (se subraya). <\/p>\n
3.4. Es evidente, entonces, el error decisorio del juzgador de segunda instancia, puesto que si el funcionario del conocimiento estim\u00f3 que la liquidaci\u00f3n del lucro cesante en cuesti\u00f3n, deb\u00eda extenderse solamente hasta cuando su beneficiario cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad y \u00e9ste guard\u00f3 conformidad con esa determinaci\u00f3n, en tanto que no protest\u00f3 la misma, pese a haber apelado la sentencia de esta \u00faltima autoridad, aqu\u00e9l estaba impedido de modificar motu proprio tal resoluci\u00f3n, menos, para ampliarla, en perjuicio de quien se alz\u00f3 contra ella y obtuvo la disminuci\u00f3n de la base econ\u00f3mica atendible para su cuantificaci\u00f3n, logro que necesariamente deb\u00eda conducir a la reducci\u00f3n de la condena. <\/p>\n
3.5. La acusaci\u00f3n examinada se avizora pr\u00f3spera y, por ende, ocasionar\u00e1 el quiebre de la sentencia impugnada, aunque con alcances restringidos, en tanto que su repercusi\u00f3n solamente recaer\u00e1 en la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante reconocido en favor del demandante Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
4. Queda por examinar la otra arista del cargo, esto es, la queja relacionada con el aumento de la indemnizaci\u00f3n por concepto de los perjuicios morales sufridos por los hermanos Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y por el demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, con excepci\u00f3n de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
4.1. Debe advertirse desde ya que, conforme lo atr\u00e1s consignado, el monto de la condena fijada en primera instancia por raz\u00f3n del factor en menci\u00f3n -perjuicios morales-, fue objeto de apelaci\u00f3n, de un lado, por los demandantes Johnnie Fernando y Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, quienes adujeron que el mismo no se compadece con el sufrimiento que experimentaron, puesto que al primero, desde los 7 a\u00f1os, \u201cse le priv\u00f3 de gozar de la protecci\u00f3n y cuidado de sus padres\u201d, as\u00ed como del \u201caprecio, amor, cari\u00f1o y afecto\u201d de \u00e9stos; y la segunda, quien \u201cconviv\u00eda\u201d con ellos, \u201cse vio privada del disfrute del cari\u00f1o, afecto, abrigo, compa\u00f1\u00eda y direcci\u00f3n familiar\u201d, seg\u00fan se indic\u00f3 en el escrito que obra en los folios 30 a 36 del cuaderno No. 14, al que se hizo remisi\u00f3n en el memorial de alegaciones de segunda instancia, que milita en los folios 55 a 59 del mismo cuaderno. <\/p>\n
Y, de otro, por la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, habida cuenta que \u201cNO aparece en el plenario NINGUNA prueba que acredite los perjuicios morales sufridos por los demandantes\u201d y que la suma fijada para su reparaci\u00f3n, \u201cno solo resulta excesiva\u201d, sino que carece \u201cde una razonada motivaci\u00f3n por parte del juzgador\u201d (fls. 41 a 54, cd. 14). <\/p>\n
4.2. En tal virtud, se colige que la acusaci\u00f3n ahora examinada no merece acogimiento en cuanto hace a la demandante Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, toda vez que como ella, seg\u00fan acaba de destacarse, s\u00ed se alz\u00f3 contra la determinaci\u00f3n tocante con el resarcimiento del perjuicio moral que padeci\u00f3, al igual que la recurrente en casaci\u00f3n, el Tribunal, al desatar tales inconformidades, ten\u00eda libertad accionante, la \u00faltima tuviera la condici\u00f3n de apelante \u00fanica. <\/p>\n
4.3. En lo que concierne con los hermanos C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, as\u00ed como de Eduardo Calder\u00f3n Lozada, el a quo, tras destacar con ayuda de la jurisprudencia que para la tasaci\u00f3n de los perjuicios morales \u201c (\u2026) \u2018debe acudirse al arbitrium iudicis, vale decir, fijarse con fundamento en la potestad razonable y equitativa del juzgador en una suma de dinero que cumpla los indicados fines de compensaci\u00f3n por la pena, as\u00ed el dolor no tenga precio\u2019 (\u2026.)\u201d, los tas\u00f3, para los primeros, \u201cante la p\u00e9rdida de sus padres, en cincuenta (50) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u201d y para el \u00faltimo, \u201ccomo hermano del fallecido Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada, en cinco (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u201d. <\/p>\n
4.4. El Tribunal, pese a que estim\u00f3 que \u201cla parte demandante enrostr[\u00f3] yerro al juez de primera instancia porque la condena es insuficiente\u201d y que \u201cSonatrans Ltda., censur\u00f3 que (\u2026) fue excesiva\u201d, fincado en similar criterio, coligi\u00f3 que la sentencia \u201cdebe confirmarse (\u2026) por el reconocimiento de perjuicios morales a favor de C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, en 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales para cada uno\u201d (se subraya); y que, respecto de Efra\u00edn Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, dicho perjuicio debe fijarse en \u201cdiez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u201d, en tanto que esos valores est\u00e1n \u201cacordes con los l\u00edmites establecidos por la jurisprudencia, condenas que en esta instancia se declarar\u00e1n en concreto y con la base de $644.350.oo que es el salario m\u00ednimo vigente para l[a] fecha en que se profiere este fallo\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estableci\u00f3 que \u201cpara cada uno de los demandantes C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela [y] Sandra Patricia (\u2026) Calder\u00f3n Rodr\u00edguez son treinta y dos millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos ($32\u2019217.500,oo). A favor de Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos ($6\u2019443.500,oo)\u201d. <\/p>\n
4.5. Es ostensible, entonces, que en lo que hace a los hermanos Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, el Tribunal entendi\u00f3 que la condena impuesta por el juzgador de primera instancia ascendi\u00f3 a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos legales mensuales para cada uno y, con tal comprensi\u00f3n, opt\u00f3 por mantenerla, al hallarla acorde con los par\u00e1metros jurisprudenciales, pero la expres\u00f3 en sumas concretas de dinero ($32.217.500.oo). <\/p>\n
4.6. Significa lo anterior que, en su verdadera esencia, la decisi\u00f3n del ad quem no apunt\u00f3 a provocar un incremento del rubro de perjuicios morales para C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Sandra Patricia y Adriana Marcela Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, pues dej\u00f3 como tal la misma cantidad correspondiente a 50 salarios m\u00ednimos mensuales, sino que explicit\u00f3 el entendimiento que hizo del fallo del a quo al respecto, esto es, que tal monto correspond\u00eda a cada uno de ellos. <\/p>\n
Ese cambio, por tanto, no entra\u00f1a la incursi\u00f3n en el defecto auscultado, puesto que como lo ha precisado la Sala, \u201cel principio de la no reformatio in pejus no busca \u2018impedir que se introduzcan enmiendas o correcciones a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar defectos materiales en que aquella incurri\u00f3, por lo que se admite que, en determinados eventos, el superior puede complementar lo decidido con resoluciones que, aunque aparentemente nuevas, en realidad no lo son ni de ellas puede predicarse que sean de contenido m\u00e1s gravoso para el \u00fanico apelante\u2019 (G.J. t. CCXLIX, 2\u00ba semestre, Vol. II, p\u00e1g. 1565)\u201d (CSJ, SC del 28 de junio de 2000, Rad. n.\u00b0 5348). <\/p>\n
4.7. Bien distinta fue la situaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, puesto que sin mediar inconformidad por su parte, frente al monto de la condena por perjuicios morales con la que lo benefici\u00f3 el a quo, el Tribunal decidi\u00f3 aumentarla de cinco (5) a diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, incremento que sin duda lesion\u00f3 indebidamente el derecho de la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, quien s\u00ed apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n pero con el prop\u00f3sito de obtener su revocatoria y\/o su reducci\u00f3n. <\/p>\n
4.8. As\u00ed las cosas, se reconocer\u00e1 prosperidad a la acusaci\u00f3n, pero solo en lo ata\u00f1edero con el demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada. <\/p>\n
5. Corolario de todo lo expresado, es que el cargo se abre camino, pero con las limitaciones advertidas en precedencia. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Conforme el estudio que acaba de hacerse del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, solamente result\u00f3 pr\u00f3spero el cargo cuarto, en lo referente al incremento que el ad quem hizo de las condenas que, por concepto, en primer lugar, de lucro cesante a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y, en segundo t\u00e9rmino, de perjuicios morales para Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, efectu\u00f3 el juzgado del conocimiento en el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2. Por consiguiente, esos dos t\u00f3picos son los \u00fanicos que corresponde revisarse en el presente prove\u00eddo de reemplazo. <\/p>\n
3. Respecto del primero, se impone a la Corte realizar la liquidaci\u00f3n del se\u00f1alado lucro cesante de id\u00e9ntica manera a como la verific\u00f3 el a quo, con la \u00fanica variante de la base para su c\u00e1lculo, tom\u00e1ndose como tal el 40% del salario percibido por el se\u00f1or Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada, como lo resolvi\u00f3 el Tribunal en atenci\u00f3n a la apelaci\u00f3n que propuso la citada transportadora, aspecto de su fallo que, al no haber sido objeto de reproche en casaci\u00f3n, se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
3.1. Siendo el ingreso del causante la suma de $1.805.021.oo, el 40% corresponde a la cantidad de $722.008.40. <\/p>\n
3.2. Aplicado el mismo procedimiento que se sigui\u00f3 en la sentencia apelada para actualizar monetariamente ese valor, se establece: <\/p>\n
VAT= IPCt <\/p>\n
IPCt-1 <\/p>\n
Donde VAt, es el valor actual; IMCt, es el \u00edndice de precios al consumidor para la fecha de la sentencia de primera instancia; e IPCt-1, es el \u00edndice para noviembre de 1998. <\/p>\n
VAt= 113.16 = 2.231512522 <\/p>\n
51.71-1 <\/p>\n
VAt= 2.231512522 x $722.008.40= $1.611.170.78 <\/p>\n
3.3. Teniendo en cuenta el mismo per\u00edodo para la liquidaci\u00f3n, es decir, 138 meses, se arriba al siguiente resultado: <\/p>\n
Sn= (1+i)n-1 <\/p>\n
i <\/p>\n
Donde Sn, es el valor acumulado de la renta peri\u00f3dica; i, el inter\u00e9s legal del 0.5% mensual que debe deducirse por el valor anticipado; y n, el n\u00famero de meses que abarca el per\u00edodo indemnizable. <\/p>\n
Sn=(1+0.5%)138-1 <\/p>\n
0.5% <\/p>\n
Sn= 112.586 <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas: <\/p>\n
Lucro Cesante Pasado (LCP)= Sn X VAt <\/p>\n
LCP= 112.586 X $1.611.170.78 = $181.395.273.43. <\/p>\n
3.5. Se concluye, en definitiva, que el lucro cesante a que tiene derecho el actor Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez, asciende a la suma de $181.395.273.43. <\/p>\n
4. En lo tocante con los perjuicios morales sufridos por el demandante Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, se mantendr\u00e1 el valor fijado por sentenciador de primera instancia, esto es, el equivalente a cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales, pero expresado en pesos, que ascienden a la cantidad de $3.221.750.oo. <\/p>\n
5. Como en lo restante, el fallo del Tribunal sali\u00f3 indemne en casaci\u00f3n, se mantendr\u00e1 sin modificaciones, particularmente, en frente del demandado Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se reproducir\u00e1 textualmente, con los ajustes pertinentes. <\/p>\n
6. Es del caso precisar, adicionalmente, que la solidaridad de la condena, ante la diferencia de su monto respecto de cada uno de los accionados en los que recay\u00f3 la misma, operar\u00e1 hasta el menor valor impuesto a la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, y que, por lo tanto, las cantidades superiores resultantes para el se\u00f1or Garay Mogoll\u00f3n, s\u00f3lo corresponden a \u00e9l. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 7 de mayo de 2015, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo y, actuando en sede de segunda instancia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
\u201c[M]odifica[r]\u201d el fallo dictado en este mismo asunto por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, que data del 14 de mayo de 2013, el \u201ccual[,] para mayor claridad, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201c1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. Declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u2018prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro\u2019, planteada por C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Declarar civilmente responsables a los demandados Sonatrans Ltda. y Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n por los perjuicios causados a los demandantes C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela, Sandra Patricia, Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez y Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada, con ocasi\u00f3n de la muerte de Ramiro Antonio Calder\u00f3n Lozada y Mariela Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
3. Condenar, en consecuencia: <\/p>\n
3.1. A \u201cGabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n (\u2026)[,] en forma solidaria\u201d con la otra demandada, Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, \u201ca pagar, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las siguientes sumas de dinero\u201d: <\/p>\n
\u201ca) Por perjuicios materiales, a t\u00edtulo de lucro cesante, la suma de quinientos noventa y seis millones ochocientos veintid\u00f3s mil sesenta dos pesos ($596.822.062.oo) a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
\u201cb) Por concepto de perjuicios morales lo siguiente: las sumas de treinta y dos millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos ($32\u2019217.500,oo) a favor de cada uno de los demandantes C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez; de seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos ($6\u2019443.500,oo) a favor de Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada; y treinta y ocho millones seiscientos sesenta y un mil pesos ($38\u2019661.000,oo) a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre cada una de las anteriores cifras por perjuicios materiales y morales, se reconocer\u00e1 hacia el futuro la correcci\u00f3n monetaria o indexaci\u00f3n, con base en el \u00edndice de precios al consumidos -IPC-, m\u00e1s intereses civiles del 6% anual, a partir del 16 de marzo de 2015 y hasta el d\u00eda del pago\u201d. <\/p>\n
3.2. A la Sociedad Nacional Transportadora Limitada, Sonatrans, \u201cen forma solidaria\u201d con el otro demandado, Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n, \u201ca pagar, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las siguientes sumas de dinero\u201d: <\/p>\n
\u201ca) Por perjuicios materiales, a t\u00edtulo de lucro cesante, la suma de (\u2026)\u201d ciento ochenta y un millones trescientos noventa y cinco mil doscientos setenta y tres pesos con cuarenta y tres centavos ($181.395.273.43) \u201ca favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
\u201cb) Por concepto de perjuicios morales lo siguiente: las sumas de treinta y dos millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos ($32\u2019217.500,oo) a favor de cada uno de los demandantes C\u00e9sar Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u201d; tres millones doscientos veinti\u00fan mil setecientos cincuenta pesos ($3.221.750.oo) \u201ca favor de Efra\u00edn Calder\u00f3n Lozada; y treinta y ocho millones seiscientos sesenta y un mil pesos ($38\u2019661.000,oo) a favor de Johnnie Fernando Calder\u00f3n Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre cada una de las anteriores cifras por perjuicios materiales y morales, se reconocer\u00e1 hacia el futuro la correcci\u00f3n monetaria o indexaci\u00f3n, con base en el \u00edndice de precios al consumidos -IPC-, m\u00e1s intereses civiles del 6% anual, a partir del 16 de marzo de 2015 y hasta el d\u00eda del pago\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Denegar las dem\u00e1s pretensiones de la demanda en cuanto a perjuicios materiales\u201d. <\/p>\n
\u201cDenegar las pretensiones de la demanda en contra del codemandado Pablo Rodrigo Mu\u00f1oz Pe\u00f1a\u201d. <\/p>\n
\u201c5. Condenar a los demandados Gabino Antonio Garay Mogoll\u00f3n y Sociedad Nacional Transportadora Ltda. \u2013 Sonatrans Ltda. a pagar a los demandantes las costas de la primera instancia. El juzgado de primera instancia fij\u00f3 como agencias en derecho la suma de $20\u2019000.000,oo\u201d. <\/p>\n
\u201c6. Condenar a la Sociedad Nacional Transportadora Ltda. -Sonatrans Ltda. al pago de las costas de primera instancia, a favor de C\u00f3ndor S.A. El juzgado de primera instancia fij\u00f3 como agencias en derecho la suma de $2\u2019500.000,oo\u201d. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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SC1731-2021 (2010-00607-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC1731-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2010-00607-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- | Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}