SC1832-2021 (1999-00273-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1832-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-003-1999-00273-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de sala del once de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
La Corte decide los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por la demandante COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES GIR\u00d3N LTDA.-COOTRANSGIR\u00d3N-, como por el demandado GABRIEL MORENO CANCINO, frente a la sentencia del 3 de diciembre de 2014, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario por lesi\u00f3n enorme adelantado por aquella persona jur\u00eddica, coadyuvada por BENJAM\u00cdN CAMARGO GARC\u00cdA, contra GABRIEL MORENO CANCINO, actualmente fallecido, donde fueron reconocidos como litisconsortes de este \u00faltimo ALBERTO FERN\u00c1NDEZ PACHECO y LUIS FERNANDO GARC\u00cdA RAM\u00cdREZ. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora pidi\u00f3 declarar que sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme al vender al demandado el predio \u201cLlano de Hato\u201d, mediante la escritura p\u00fablica 4422 de 17 de octubre de 1997 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, y que, en consecuencia, el contrato queda rescindido. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 condenar al convocado a restituirle el inmueble con \u201csus componentes, anexidades, mejoras y usos\u201d, as\u00ed como \u201ctodas sus accesiones y frutos\u201d, y purificado de hipotecas u otros derechos reales1. <\/p>\n
2. Como causa petendi adujo, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Que el precio estipulado por los contratantes fue de cincuenta y dos millones de pesos ($52.000.000), recibido a la firma de la escritura p\u00fablica. <\/p>\n
2.3. Que el inmueble materia del negocio val\u00eda, para esa fecha, \u201cm\u00e1s de seiscientos millones de pesos ($600.000.000)\u201d, seg\u00fan los contratos de promesa de venta (27 de junio de 1996) y de compraventa (16 de julio de 1996) anexos, en los que participaron COOTRANSGIR\u00d3N, CONSTRUSANTANDER, COOVISANTANDER y GABRIEL MORENO CANCINO. Adem\u00e1s, hay un \u201ccontrato celebrado por Moreno Cancino, donde desengloba el inmueble y vende tres lotes por valor de mil treinta y dos millones a Macg Ingenieros\u201d2. <\/p>\n
3. Admitida que fue la demanda y notificado el convocado, compareci\u00f3 al proceso para contestarla en escrito mediante el cual se opuso frontalmente a las s\u00faplicas, se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los hechos, y excepcion\u00f3 de m\u00e9rito \u201cInexistencia de lesi\u00f3n enorme por no existir vicio del consentimiento en los representantes legales de Cootransgir\u00f3n Ltda. y por existir buena fe en los contratantes\u201d, defensa basada en que no se puede alegar que hubiera existido \u201cerror en el precio\u201d acordado en el contrato cuestionado, pues, el valor \u201creal\u201d excede \u201campliamente\u201d los \u201c$52.000.000 a que se refiere la demandante\u201d3. <\/p>\n
4. Benjam\u00edn Camargo Garc\u00eda, aceptado en el proceso como coadyuvante de la demandante, reclam\u00f3: Rescindir la referida compraventa; ordenar a la Cooperativa reintegrar indexado el valor que recibi\u00f3 del demandado, y a \u00e9ste restituir el predio o su equivalente en dinero; y condenar al enjuiciado a pagar los perjuicios causados a la accionante, por no restituir el fundo materia del litigio. <\/p>\n
En apoyo de esas s\u00faplicas, el interesado afirm\u00f3 que vendi\u00f3 la finca \u201cLlano del Hato\u201d cuando fue gerente de la demandante, pero que lo hizo \u201cen cumplimiento de una mal llamada \u2018promesa de compraventa\u2019 que hab\u00eda celebrado Roberto de Jes\u00fas Osorio Betancur [su predecesor] con las firmas Construsantander y Coovisantander Ltda., el 27 de junio de 1996, seg\u00fan la cual se cambiaba la tierra por treinta (30) casas que construir\u00edan las segundas en otra urbanizaci\u00f3n en el municipio de Gir\u00f3n [\u2026] y $12.000.000\u201d. Agreg\u00f3 que luego de celebrada la \u201cpromesa de compraventa\u201d, la Cooperativa entr\u00f3 en cesaci\u00f3n de pagos y afront\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario, que termin\u00f3 por la intervenci\u00f3n de Gabriel Moreno Cancino, quien prest\u00f3 la suma de $52.000.000 para solucionar la acreencia, exigiendo a cambio como garant\u00eda el traspaso del inmueble mencionado, lo que ocurri\u00f3 con la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 4442 del 17 de octubre de 1997, hecha con la anuencia de Construsantander y Coovisantander Ltda. Indic\u00f3, finalmente, que Gabriel Moreno Cancino siempre ha exigido la devoluci\u00f3n de la suma de $250.000.000, que prest\u00f3 a Construsantander y Coovisantander Ltda. para \u201cproceder a devolver la finca Llano de Hato a su leg\u00edtimo propietario\u201d, lo que no ha sido posible porque esas compa\u00f1\u00edas entraron en quiebra y posteriormente se liquidaron, y por cuanto el demandado \u201cha ido enajenando la tierra por pedazos\u201d4 <\/p>\n
5. En r\u00e9plica a la intervenci\u00f3n adhesiva, el enjuiciado Moreno Cancino propuso las defensas de fondo que denomin\u00f3: \u201cInexistencia de prueba que demuestre el hecho del cual se deduce el inter\u00e9s con el que pretende intervenir el tercero coadyuvante\u201d; \u201cIndebida modificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la litiscontestatio y del objeto de la litis\u201d; y \u201cExistencia de actuaci\u00f3n contraria o en disconformidad entre el coadyuvante y el coadyuvado\u201d5. <\/p>\n
6. Aportada por la demandante una cesi\u00f3n de sus derechos litigiosos a favor de Wilson Rueda, el juzgado de conocimiento, en auto del 8 de abril de 2008 y de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la puso en conocimiento de la parte demandada, para que manifestara si la aceptaba o no6. <\/p>\n
7. En sentencia de 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada capital neg\u00f3 las s\u00faplicas del escrito introductor7. <\/p>\n
8. Apelada la decisi\u00f3n por el demandante y quien lo coadyuva8, el 3 de diciembre de 2014 el Tribunal la revoc\u00f3 y declar\u00f3, en su lugar: <\/p>\n
a.-) Que Cootransgir\u00f3n Ltda. sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme en la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica No. 4222 del 17 de octubre de 1997 suscrita en la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, \u201climitada en sus efectos\u201d a los seis lotes que conserva el comprador (A, B, C, D, H, I), a cuyos herederos orden\u00f3 restituirlos libres de hipotecas y derechos reales. <\/p>\n
b.-) Conmin\u00f3 a la accionante a devolver sesenta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil setecientos veintid\u00f3s pesos ($65.587.722), que corresponden al valor indexado \u201cde la parte del predio Llano de Hato que debe restituir\u201d. <\/p>\n
c.-) Dispuso registrar el fallo en los folios matriz y de los referidos lotes, dejando a la actora como propietaria; que la notar\u00eda respectiva anote lo resuelto al margen de los correspondientes instrumentos; y cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
d.-) Neg\u00f3 el reconocimiento de mejoras y de frutos, y previno al comprador que si quiere evitar la rescisi\u00f3n de la compraventa respecto de los lotes A, B, C,, D, H e I, identificados con los folios de matr\u00edcula 300-256387, 300-256388, 300256389, 300-256390, 300-256394 y 300-256395, complete el justo precio proporcional al \u00e1rea objeto del pronunciamiento, actualizado y a la vez disminuido en una d\u00e9cima parte, es decir, quinientos cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cincuenta centavos ($559.662.568,50). <\/p>\n
e.-) Desestim\u00f3 cualquiera otra pretensi\u00f3n, especialmente las del coadyuvante Benjam\u00edn Camargo Garc\u00eda; rechaz\u00f3 la \u201cdilatoria\u201d objeci\u00f3n al dictamen pericial; advirti\u00f3 al apoderado del demandado que puede denunciar las faltas disciplinarias que seg\u00fan su parecer cometi\u00f3 su contrario; y admiti\u00f3 a Alberto Fern\u00e1ndez Pacheco y Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez como litisconsortes de Gabriel Moreno Cancino. <\/p>\n
f.-) Autoriz\u00f3 expedir unas copias, acept\u00f3 la renuncia del aludido mandatario y conden\u00f3 en costas al opositor (fls. 1447 al 1486, cuaderno del Tribunal). <\/p>\n
9. Inconformes con lo resuelto, la demandante, el demandado y los litisconsortes del \u00faltimo interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que una vez fue otorgado por esa Corporaci\u00f3n y admitido por esta Corte, dio lugar a la formulaci\u00f3n de las respectivas demandas de sustentaci\u00f3n, de las cuales, las de los dos primeros se admitieron, mientras que la de los litisconsortes se inadmiti\u00f39. <\/p>\n
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus argumentos se compendian as\u00ed: <\/p>\n
1. Los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9n la rescisi\u00f3n de la compraventa de un inmueble cuando existe una desproporci\u00f3n ultradimidium entre el valor real y el pagado. <\/p>\n
2. Se prob\u00f3 la realizaci\u00f3n de un negocio de esa naturaleza respecto del predio \u201cLlano de Hato\u201d, en virtud del cual Moreno Cancino pag\u00f3 cincuenta y seis millones setecientos setenta y siete mil doscientos ochenta y un pesos con veintid\u00f3s centavos ($56.777.281.22), cifra deducida de lo que dio para solucionar la obligaci\u00f3n hipotecaria que Elvia Barrag\u00e1n reclamaba coercitivamente a Cootransgir\u00f3n en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
3. El terreno fue avaluado en seiscientos un millones cuatrocientos mil pesos ($601.400.000), mediante dictamen que se acoge porque no fue objetado, posee fundamentos t\u00e9cnicos atendibles, y tiene respaldo en el \u201cConvenio empresarial\u201d por el que Moreno Cancino transfiri\u00f3 a Macg Ingenieros Civiles Ltda. tres de los nueve lotes en que dividi\u00f3 el bien y en la \u201cpromesa o documento\u201d de venta que esta \u00faltima hizo a Coopconstrucci\u00f3n Ltda. por mil treinta y dos millones de pesos ($1.032.000.000). <\/p>\n
4. El demandado sostuvo que Coovisantander y Construsander adquirieron el predio mediante una promesa que el 27 de junio de 1996 suscribieron con Cootransgir\u00f3n a cambio de treinta casas por edificar y la asunci\u00f3n de la mentada deuda hipotecaria por doce millones de pesos ($12.000.000); que lo compr\u00f3 a esas entidades cruzando cuentas con el dinero que le deb\u00edan, indicando al efecto valores entre trescientos y ochocientos millones de pesos; y que para \u201cevitar gastos de escrituraci\u00f3n y dem\u00e1s\u201d acordaron que su actual contradictora se lo transfiriera directamente. <\/p>\n
5. Esas alegaciones no son de recibo, porque aquellas compa\u00f1\u00edas nunca fueron due\u00f1as del inmueble, ni a la fecha de suscribirse el negocio debatido ten\u00edan alg\u00fan derecho sobre el mismo, toda vez que la promesa invocada \u201cperdi\u00f3 eficacia jur\u00eddica\u201d al celebrarse el contrato definitivo por escritura 2927 de 16 de julio de 1996 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, resuelto por escritura p\u00fablica 4421 de 17 de octubre del siguiente a\u00f1o e igual notar\u00eda, donde se previ\u00f3 \u201cque Cootransgir\u00f3n recobraba el dominio del inmueble y Construsantander el valor pagado, declar\u00e1ndose rec\u00edprocamente a paz y salvo\u201d. <\/p>\n
6. Por ende, el demandado no puede fundar su propiedad en ser causahabiente de Construsander y Coovisantander o en el acuerdo de 16 de octubre de 1997 donde \u00e9stas aceptaron adeudarle doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) y para garantizarlos autorizaron a Cootransgir\u00f3n a firmarle la escritura de venta y previeron desenglobar el cincuenta por ciento (50%) con el fin de hipotecarlo y abonarle una parte, puesto que la due\u00f1a era esta \u00faltima y \u201cacababa de resolver el contrato que lo ataba a las anteriores compradoras\u201d, am\u00e9n de que all\u00ed no se incluy\u00f3 el compromiso de Moreno Cancino de saldar la deuda hipotecaria, por lo que \u201cdebe entenderse\u201d que \u00e9ste lo hizo como \u201cconsecuencia del contrato de compraventa\u201d debatido. <\/p>\n
7. Adem\u00e1s, el documento que da cuenta de la promesa carece de m\u00e9rito probatorio a la luz del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente cuando se incorpor\u00f3 al plenario, comoquiera que proviene de terceros, tiene \u00edndole declarativa y fue aportado en copia simple. Otro tanto pasa con los dem\u00e1s elementos adjuntados con la r\u00e9plica al pliego genitor. <\/p>\n
8. Analizados en conjunto los testimonios de Mar\u00eda del Pilar Moreno Ortiz, Benjam\u00edn Camargo Garc\u00eda y Luis Carlos Morales Ariza, \u201crefulge\u201d que Cootransgir\u00f3n realiz\u00f3 la venta a cambio de que Moreno Cancino pagara el mencionado cr\u00e9dito hipotecario, sin que le incumban las negociaciones de \u00e9ste con Coovisantander y Construsander, pues, eran proyectos urban\u00edsticos mediante los cuales ellos pretend\u00edan sacar provecho propio, por lo que la fuente del dominio del demandado no es otra que el \u201cnegocio contenido en la escritura p\u00fablica 4442 de 17 de octubre de 1997\u201d. <\/p>\n
9. Cootransgir\u00f3n sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil, pero de acuerdo con el precepto 1951 ejusdem, la rescisi\u00f3n s\u00f3lo proceder\u00e1 parcialmente porque el demandado dividi\u00f3 el predio en nueve lotes, transfiri\u00f3 tres a Macg Ingenieros Civiles Ltda. y conserv\u00f3 seis, sobre los que recaer\u00e1 la orden de restituci\u00f3n. <\/p>\n
10. Se conminar\u00e1 a la actora a devolver indexada y proporcionalmente a lo que se le entrega (43.27%), el precio que recibi\u00f3, es decir, sesenta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil setecientos veintid\u00f3s pesos ($65.587.722), conforme se estableci\u00f3 con el peritaje que igualmente dictamin\u00f3 \u201cque no existen mejoras, ni pueden tasarse frutos del terreno\u201d. <\/p>\n
11. El valor real actualizado de los lotes afectados es de seiscientos noventa y cuatro millones setecientos veintid\u00f3s mil quinientos cuarenta y cinco pesos ($694.722.545), del que al restar una d\u00e9cima parte (1\/10\u00aa) queda en seiscientos veinticinco millones doscientos cincuenta mil doscientos noventa pesos con cincuenta centavos ($625.250.290,50). <\/p>\n
El extremo demandado ya dio sesenta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil setecientos veintid\u00f3s pesos ($65.587.722). <\/p>\n
Por lo tanto, si quiere mantener el negocio deber\u00e1 solucionar los quinientos cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cincuenta centavos ($559.662.568,5) faltantes, siguiendo las orientaciones del art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
12. No prosperan las s\u00faplicas del coadyuvante, pues, siendo accesoria su intervenci\u00f3n no le es permitido ampliar el objeto del litigio, am\u00e9n de que fue excluido como cooperado de la actora, \u201cque era precisamente la relaci\u00f3n que le permit\u00eda actuar\u201d. <\/p>\n
14. Como la rescisi\u00f3n es parcial, no se dispondr\u00e1 cancelar la escritura No. 4422 ni su registro, sino tomar nota al margen de ese instrumento y del 4280, e inscribir la sentencia en el folio matriz y en los afectados con esta decisi\u00f3n, se\u00f1alando a la Cooperativa como due\u00f1a. <\/p>\n
15. No es de recibo la objeci\u00f3n de la parte demandada contra el dictamen pericial, por no indicarse el error grave y su incidencia determinante en las conclusiones. <\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se admitieron, como se indic\u00f3 anteriormente, las demandas de casaci\u00f3n de la accionante Cootransgir\u00f3n y del convocado Gabriel Moreno Cancino, aquella con un cargo y esta con ocho acusaciones. <\/p>\n
La Corte se ocupar\u00e1, en primer orden, del libelo del enjuiciado, por cuanto dentro de sus embates, varios de ellos se refrieren a errores de procedimiento; luego, se despachar\u00e1 el pliego de la Cooperativa. <\/p>\n
En cuanto hace al libelo del demandado, se estudiar\u00e1n primero y de manera conjunta, todos los cargos relativos a nulidades procesales (tercero, cuarto, quinto, sexto y s\u00e9ptimo), por sustentarse ellos en la misma causal (quinta) y servir para el estudio de todos los mismos principios que gobiernan la invalidez de los juicios civiles. Enseguida se analizar\u00e1n, en su orden, los embates primero, segundo y octavo, relacionados con la violaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
Para cerrar este apartado, conviene indicar que si bien al momento de discutirse por la Sala esta providencia est\u00e1 vigente en el ordenamiento colombiano el C\u00f3digo General del Proceso, Ley 1564 de 2012, ser\u00e1n las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil las que iluminen el estudio que se emprenda y las resoluciones que se adopten, pues de acuerdo con las disposiciones sobre tr\u00e1nsito legislativo de aquella compilaci\u00f3n, particularmente la regla quinta del art\u00edculo 625, \u201c[\u2026] los recursos interpuestos [\u2026] se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron [\u2026]\u201d, y el que da pie a este pronunciamiento se formul\u00f3 en enero de 201510. <\/p>\n
DEMANDA DE GABRIEL MORENO CANCINO <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con respaldo en la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denuncia la nulidad del fallo cuestionado por \u201cfalta de competencia del magistrado sustanciador\u201d, de acuerdo con lo previsto en el numeral segundo del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el canon 29 de la misma obra. <\/p>\n
Para explicar la existencia de la irregularidad se\u00f1alada, el recurrente, en s\u00edntesis, expuso: <\/p>\n
2. Dentro de las consideraciones del fallo atacado se dijo, igualmente, que no incid\u00eda en la competencia del magistrado sustanciador el auto del 21 de noviembre de 2013, que hab\u00eda prorrogado la competencia del ponente por seis meses m\u00e1s, en raz\u00f3n a que \u00e9l se hab\u00eda posesionado en el cargo un semestre atr\u00e1s. <\/p>\n
Ese proceder del ponente vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la parte demandada, porque desconoci\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cla competencia es improrrogable\u201d. Adicionalmente, transgredi\u00f3 el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010, al \u201cabrogarse\u201d una competencia que ya hab\u00eda perdido, apresur\u00e1ndose as\u00ed a dictar sentencia, sin importar que dejara de resolver m\u00e1s de cinco memoriales que versaban sobre asuntos de fondo en el proceso. <\/p>\n
3. Asegur\u00f3 el magistrado sustanciador, que una vez trasladada la competencia por parte de quien le precede en la Sala de Decisi\u00f3n, se \u201cqueda permanentemente con el proceso\u201d; pero con ello, ignor\u00f3 que el inciso segundo del par\u00e1grafo adicionado del art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no hace distinciones [sobre la p\u00e9rdida de competencia]. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
El casacionista, con apoyo en el \u00faltimo de los motivos previstos en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, denunci\u00f3 la invalidez del proceso por estructurarse la nulidad consagrada en el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 140 ib\u00eddem. <\/p>\n
Previa relaci\u00f3n de lo razonado por el Tribunal sobre la representaci\u00f3n legal de la demandante y el otorgamiento de poder a un abogado y la sustituci\u00f3n que este \u00faltimo hizo a otro profesional del derecho, en sustento de la acusaci\u00f3n el recurrente se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2026 si COOTRANSGIR\u00d3N LTDA. hab\u00eda salido del proceso, el abogado Madrid Riberos no pod\u00eda permanecer en el proceso litigando por elemental sustracci\u00f3n de materia y fue despu\u00e9s de cuatro (4) meses que el citado Madrid Riberos se percat\u00f3 de su ilegalidad y le sustituy\u00f3 a \u00d3scar Humberto Rodr\u00edguez Le\u00f3n pero en representaci\u00f3n de COOTRANSGIR\u00d3N LTDA., que ya no era parte [\u2026] Con lo antes explicado se demuestra y se patentiza que hay ausencia de poder otorgado para representar al cesionario de COOTRANSGIR\u00d3N LTDA., tal como el a quo lo determin\u00f3 en la respectiva providencia en la cual defini\u00f3 la sustituci\u00f3n procesal de COOTRANSGIR\u00d3N LTDA. por WILSON RUEDA, providencia que hoy en d\u00eda est\u00e1 vigente y ejecutoriada porque nunca fue atacada jur\u00eddicamente por la parte demandante, por lo tanto el poder de sustituci\u00f3n no es v\u00e1lido jur\u00eddicamente y en consecuencia el abogado RODR\u00cdGUEZ LE\u00d3N ha actuado ilegalmente sin poder v\u00e1lido alguno\u201d. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Al cobijo del motivo quinto de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en este embate se acusa la invalidez del proceso, por haberse incurrido \u201cen alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u201d, en concordancia con lo contemplado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Explicando el ataque, el censor se\u00f1ala que no es cierto que Cootransgir\u00f3n haya sustentado en tiempo el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, y por lo mismo, debi\u00f3 haberse declarado desierta la alzada, dado que lo que s\u00ed hizo el abogado fue solicitar, el \u00faltimo d\u00eda del t\u00e9rmino, dos pruebas, para luego s\u00ed, extempor\u00e1neamente, radicar escrito de sustentaci\u00f3n que debi\u00f3 rechazarse. <\/p>\n
SEXTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal quinta de casaci\u00f3n, se cuestiona la actuaci\u00f3n de segunda instancia, por \u201chaberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art. 140\u201d del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el mandato del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Dicha censura se sustenta en que no pod\u00eda el Tribunal, en segunda instancia, decretar oficiosamente un dictamen pericial para avaluar el precio del inmueble en litigio, por ser ese proceder contrari\u00f3 al art\u00edculo 233 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (norma especial que establece que sobre un mismo asunto solo cabe una experticia), ya que en primera instancia, pese a ordenarse en dos oportunidades un dictamen, incluso de oficio, ello no se ejecut\u00f3 porque la parte interesada dej\u00f3 de \u201cfinanciar\u201d la prueba. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se expresa en el embate, que el mismo Tribunal hab\u00eda denegado el decreto de esa prueba en segundo grado, y mantenido su postura al resolver el recurso de reposici\u00f3n, \u201clo cual indica que qued\u00f3 en firme la negativa a la peritaci\u00f3n\u201d, con lo que el decreto oficio, no obstante apoyarse en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, desatiende la norma especial mencionada atr\u00e1s. <\/p>\n
Para terminar, agreg\u00f3 el impugnante, que contrario a lo aseverado por el ad-quem en el fallo, la parte demandada s\u00ed estuvo atenta para \u201crechazar\u201d la prueba, \u201cno solo como tal sino por el valor arrojado\u201d, puesto que \u201cse orden\u00f3 equivocadamente como base econ\u00f3mica para la peritaci\u00f3n el valor de cincuenta y dos millones de pesos ($52.000.000), correspondiente a una negociaci\u00f3n no realizada entre la parte demandante y la parte demandada\u201d. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal quinta de casaci\u00f3n, se denuncia que en el proceso se incurri\u00f3 \u201cen alguna de las causales de nulidad consagradas en el art. 140\u201d del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por haberse violado el art\u00edculo 60 del mismo compendio, sobre sucesi\u00f3n procesal, desconoci\u00e9ndose de esa forma los derechos de Alberto Fern\u00e1ndez Pacheco y Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez. <\/p>\n
As\u00ed mismo, expuso el censor, que es \u201cfalso\u201d lo que se afirma en el fallo, acerca de que el abogado de los se\u00f1ores Alberto Fern\u00e1ndez Pacheco y Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez reclam\u00f3 que se aceptara la intervenci\u00f3n de sus clientes como litisconsortes, puesto que \u201clos cesionarios pidieron exactamente lo contrario [\u2026] es decir, que se les tenga en el proceso como los demandados por haber comprado los derechos litigiosos a Gabriel Moreno Cancino\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sabido es y as\u00ed lo han pregonado al un\u00edsono doctrina y jurisprudencia, que ciertas irregularidades en el juicio -no todas- atentan contra su adecuada constituci\u00f3n y desarrollo, impidiendo el cabal cumplimiento del derecho fundamental a un debido proceso, en la faceta del art\u00edculo 29 superior, relacionada con la observancia de \u201cla plenitud de las formas de cada juicio\u201d y con \u201cla prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d. <\/p>\n
Es por ello que, para resguardar cabalmente el debido proceso, los estatutos adjetivos, incluido el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consagran la figura de las nulidades procesales, para sancionar aquellos actos irregulares que impiden la formaci\u00f3n y desarrollo del litigio. <\/p>\n
Dentro de la concepci\u00f3n normativa que sobre las nulidades incorpora el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculos 140 y s.s., es palpable la presencia de varios principios que informan cu\u00e1ndo una irregularidad procesal da lugar a la invalidez del acto objeto de escrutinio, siendo estos, los de especificidad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n, a la par que su alegaci\u00f3n y resoluci\u00f3n debe darse en las instancias, sin perjuicio de la posibilidad que se ofrece para, excepcionalmente, proponer la nulidad en sedes de revisi\u00f3n y de casaci\u00f3n, escenario este \u00faltimo, sobre la base de la causal quinta y con el presupuesto de que \u201cno se hubiere saneado\u201d. <\/p>\n
Respecto de la \u00faltima de las causales del canon 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se ha dicho por la Corte que con ella se \u201cpermite alegar como motivo de casaci\u00f3n, los vicios procesales que adem\u00e1s de ser constitutivos de causal de nulidad, no se hubieren saneado, vale decir, los que se encuentren pendientes de saneamiento o que sean insaneables. Norma esta de la que emerge con claridad que el ataque contra una sentencia definitiva susceptible del mencionado recurso extraordinario, resultar\u00eda del todo improcedente cuando viniendo edificado en errores de procedimiento de la especie analizada, las irregularidades invocadas como determinantes de la invalidez no existen, si existiendo no est\u00e1n contempladas taxativamente en el art\u00edculo 140 ib\u00eddem, incluyendo la constitucional del inciso \u00faltimo del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, o si est\u00e1ndolo y siendo por esencia saneables, no fueron alegadas o se convalidaron expresa o t\u00e1citamente por la parte afectada\u201d11. <\/p>\n
De la manera en la que el estatuto procesal civil edifica el r\u00e9gimen de las nulidades procesales, incluido lo atinente a esa materia en el \u00e1mbito de la casaci\u00f3n, es posible inferir que la \u201cnulidad\u201d es, sin lugar a equ\u00edvocos, una figura de linaje instrumental, que por lo mismo no tiene cabida u operancia autom\u00e1tica ante el incumplimiento de cualesquier exigencias o requisitos, sino solo respecto de aquellos cuya desatenci\u00f3n es sancionable con la nulidad. <\/p>\n
En ese orden de ideas, para concluir que en un determinado caso se est\u00e1 o no frente a un vicio de nulidad procesal, es preciso efectuar un juicio de valor en el que el juzgador tome como punto de partida la norma que consagra el procedimiento que se dice desatendido, el canon que expresamente establece la sanci\u00f3n de nulidad, el acto procesal surtido y los l\u00edmites que trazan los principios que informan la sistem\u00e1tica de las nulidades. <\/p>\n
Siguiendo a Couture, para remarcar la relevancia o trascendencia que ha de tener el requisito desatendido o preterido para llegar a ser anulable, ha de entenderse, en suma, \u201cque las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviaci\u00f3n de los m\u00e9todos de debate cada vez que esta desviaci\u00f3n suponga restricci\u00f3n de las garant\u00edas a que tienen derecho los litigantes\u201d12. <\/p>\n
2. Puesta la Corte en el an\u00e1lisis de los cargos tercero a s\u00e9ptimo, se advierte que ninguno de ellos prospera, por las razones que se pasa a explicar en detalle: <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con el tercer cargo, en un primer segmento del mismo se denuncia, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la falta de competencia del magistrado sustanciador del Tribunal, porque este continu\u00f3 con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado y proyect\u00f3 la decisi\u00f3n que desat\u00f3 la alzada, pese a que el proceso hab\u00eda \u201cterminado de oficio\u201d mediante auto del 21 de junio de 2012 de la magistrada que lo antecedi\u00f3, que en el fallo censurado no se mencion\u00f3. <\/p>\n
Los presupuestos para que se configure la nulidad del proceso por falta de competencia en lo que se refiere a la segunda instancia, han sido tratados en detalle por la Corte en providencias como la de 22 de septiembre de 2000, reiterada en SC 21712-2017. Se dijo all\u00ed, puntualmente, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) para la distribuci\u00f3n de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideraci\u00f3n a estadios procesales. Sin duda alguna, la noci\u00f3n distintiva entre jueces a-quo y ad-quem, nace de la aplicaci\u00f3n de este criterio distributivo, porque entre uno de sus roles est\u00e1, precisamente, el de poner en vigencia el principio constitucional de la doble instancia, seg\u00fan el cual al superior jer\u00e1rquico funcional le corresponde conocer, entre otros, del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra las providencias dictadas por sus inferiores. (\u2026) Por virtud del recurso de apelaci\u00f3n el superior estudia \u2018la cuesti\u00f3n decidida en la providencia de primer grado\u2019, con el objeto de revocarla o reformarla, seg\u00fan los fines pragm\u00e1ticos que al mismo le da el art\u00edculo 350 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Ahora bien, ese conocimiento del \u2018superior\u2019, juez de segunda instancia, surge con ocasi\u00f3n de la presencia de las condiciones que el legislador ha establecido para la adquisici\u00f3n de esa competencia (funcional); exigencias que no son otras distintas a las se\u00f1aladas por los arts. 351 y 352 ib\u00eddem, como requisitos para la concesi\u00f3n y admisibilidad del recurso de apelaci\u00f3n, a los cuales debe aunarse los generales para todo recurso, siendo en su totalidad los siguientes: a) que la providencia sea apelable; b) que el apelante se encuentre procesalmente legitimado para recurrir; c) que la providencia impugnada cause perjuicio al recurrente, por cuanto le fue total o parcialmente desfavorable, y d) que el recurso se interponga en la oportunidad se\u00f1alada por la ley, consultando las formas por ella misma establecidas (\u2026) Si los citados requisitos no se cumplen, por referirse ellos a condiciones formales de procedibilidad que tocan con la admisibilidad del recurso y no con su fundabilidad, entonces, el inferior debe negar su concesi\u00f3n, pues de no proceder as\u00ed el superior debe inadmitirlo, como expresamente lo indica el inciso 3o. del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando precept\u00faa: \u2018Si no se cumplen los requisitos para la concesi\u00f3n del recurso, \u00e9ste ser\u00e1 declarado inadmisible y se devolver\u00e1 el expediente al inferior…\u2019. (\u2026) Si no obstante las previsiones legales, el a-quo y el ad-quem, separ\u00e1ndose de ellas, conceden y admiten un recurso de apelaci\u00f3n con olvido de los requisitos vistos, no por ello se puede concluir en el abono o pr\u00f3rroga de la competencia funcional, porque siendo normas de orden p\u00fablico las reguladoras del recurso y por ende del factor funcional que opera, son de imperativo cumplimiento, lo cual a la postre implica que la competencia se adquiere pero bajo la pauta de un principio de reserva y estricta legalidad, que s\u00f3lo tiene realizaci\u00f3n en tanto se agoten los requisitos m\u00ednimos para la admisibilidad del recurso. Por razones semejantes, la parte in fine del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consagra como no saneable la nulidad derivada de la falta de competencia funcional, instituy\u00e9ndola por consecuencia como una de las causas de nulidad que luego se puede aducir como motivo de casaci\u00f3n (art\u00edculo 368, ord. 5o., ib\u00eddem), as\u00ed la parte impugnante en el recurso extraordinario no la haya denunciado en el curso de la segunda instancia. <\/p>\n
Con vista en lo anterior, se encuentra que la circunstancia f\u00e1ctica que sostiene el alegato de nulidad, no se adec\u00faa a los presupuestos de la falta de competencia por el factor funcional, puesto que en el embate ninguna controversia se plantea sobre la facultad del Tribunal para resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, m\u00e1s si se repara en que el proceso es un ordinario de mayor cuant\u00eda, que se tramit\u00f3 en primera instancia13, siendo dicha Corporaci\u00f3n el superior funcional del prenombrado juzgado. <\/p>\n
Por lo tanto, se\u00f1alar que se desconoci\u00f3 por el \u201cmagistrado sustanciador del Tribunal\u201d providencia anterior que puso fin al litigio, escapa al campo propio de la causal segunda del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y entra en el terreno de la tercera del mismo precepto, relativa a \u201cCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u201d, que no fue invocada por el recurrente, raz\u00f3n por dem\u00e1s suficiente para desestimar lo alegado, en aplicaci\u00f3n de lo reglado en el inciso segundo del art\u00edculo 143 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual, \u201cLa parte que alegue una nulidad deber\u00e1 expresar [\u2026] la causal invocada \u2026\u201d. <\/p>\n
Con todo, aprecia la Sala que lo aseverado por el demandado en relaci\u00f3n con la terminaci\u00f3n del proceso, no es cierto a la luz de las actuaciones procesales registradas en el curso de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, quien en su momento oficiaba como magistrada sustanciadora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante auto del 21 de junio de 2012, notificado en el estado del 25 siguiente, resolvi\u00f3: \u201cPrimero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, a partir, inclusive, del auto que admiti\u00f3 en el efecto suspensivo, el recurso interpuesto. Segundo: En consecuencia, rechazar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de Cootransgir\u00f3n Ltda. y por el se\u00f1or Benjam\u00edn Camargo Garc\u00eda, con fundamento en que no tienen ni legitimaci\u00f3n, ni inter\u00e9s para interponer el recurso de apelaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que no son parte demandante en este proceso\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, frente a ese prove\u00eddo la parte accionante interpuso el recurso de s\u00faplica, con memorial radicado el 27 de junio de 2012, que se desat\u00f3 por la magistrada siguiente en turno a trav\u00e9s de providencia del 18 de julio de ese a\u00f1o, con la cual se dispuso \u201crevocar\u201d la decisi\u00f3n censurada, y devolver la actuaci\u00f3n para que \u201cel recurso de apelaci\u00f3n siga su curso\u201d14. <\/p>\n
De ese modo, no hac\u00eda falta que en la sentencia se hiciera alusi\u00f3n al citado prove\u00eddo del 21 de junio de 2012 -como lo esgrime el ahora recurrente-, por la sencilla raz\u00f3n que no alcanz\u00f3 el sello de su firmeza, habida cuenta de la prosperidad del mecanismo de impugnaci\u00f3n que en tiempo formul\u00f3 la parte afectada. <\/p>\n
En la otra faceta del tercer cargo, se aduce la p\u00e9rdida de la competencia del magistrado sustanciador, por haber fallado el asunto superando el lapso de seis meses que ten\u00eda para decidir en segunda instancia, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010, que prev\u00e9: <\/p>\n
\u201cSe adiciona el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil con el siguiente par\u00e1grafo: <\/p>\n
\u201cPAR\u00c1GRAFO. En todo caso, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Juzgado o Tribunal. <\/p>\n
\u201cVencido el respectivo t\u00e9rmino sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien proferir\u00e1 la sentencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podr\u00e1 asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la misma Corporaci\u00f3n la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
\u201cCuando en el lugar no haya otro juez de la misma categor\u00eda y especialidad, el proceso pasar\u00e1 a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que se\u00f1ale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
\u201cPara la observancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el presente par\u00e1grafo, el Juez o Magistrado ejercer\u00e1 los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley\u201d. <\/p>\n
Frente a ese cuestionamiento, la Corte se ha encargado de aclarar que fallar por fuera de los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010, que adicion\u00f3 el precepto 124 del C. de P. C., no constituye motivo sancionado con nulidad de lo actuado, menos a\u00fan si la decisi\u00f3n la profiere el funcionario al que se le asign\u00f3 el asunto ante la \u201cp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u201d de su antecesor, pues: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En lo que respecta al supuesto enunciado por los recurrentes como constitutivo de la causal alegada, en ninguna norma adjetiva figura como motivo de anulaci\u00f3n el que un funcionario profiera sus determinaciones por fuera de la oportunidad se\u00f1alada para el efecto. Si bien en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo 16 de la Ley 794 de 2003, se fij\u00f3 un marco temporal para proferir las determinaciones dentro de un proceso, su incumplimiento injustificado a lo sumo deriva en causal de mala conducta, sin perjuicio de las implicaciones penales en cada caso, como lo preceptuaba el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 270 de 1996 y se mantuvo en la reforma del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1285 de 2009. A pesar de que el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 adicion\u00f3 un par\u00e1grafo al mencionado art\u00edculo 124 del estatuto procesal civil, fijando un margen de permanencia de los litigios en el Despacho al que se asign\u00f3 su soluci\u00f3n so pena de la p\u00e9rdida de competencia, que empez\u00f3 a regir el 17 de junio de 2011 seg\u00fan las reglas del art\u00edculo 200 de la Ley 1450 de 2011, tampoco all\u00ed figura que la desatenci\u00f3n de las instrucciones impartidas repercutiera en la invalidaci\u00f3n de lo actuado, [\u2026] Aunque se estableci\u00f3 una \u2018p\u00e9rdida autom\u00e1tica\u2019 de competencia del a quo que desde el momento en que se trababa la litis no resolviera dentro del a\u00f1o siguiente la contienda y el superior que desde el arribo del expediente demorara m\u00e1s de 6 meses en desatar la alzada, la norma no consagr\u00f3 lo mismo frente a la autoridad que en reemplazo recibiera el diligenciamiento, a quien solo le fij\u00f3 un plazo m\u00e1s corto para decidir (2 meses). De todas maneras, as\u00ed se concluyera por analog\u00eda que para el nuevo juzgador operaba igual consecuencia de \u2018p\u00e9rdida autom\u00e1tica\u2019 para definir que tuvo su predecesor, lo cierto es que tampoco se establecieron secuelas desfavorables frente a pronunciamientos de fondo extempor\u00e1neos en cualquiera de esos eventos y as\u00ed se dedujo en la sentencia CSJ SC16426-2015, donde se propuso como causal de casaci\u00f3n la nulidad por falta de competencia con base en los preceptos en menci\u00f3n y se desestim\u00f3 el cargo porque \u2018ni el art\u00edculo 124 del estatuto procesal con la adici\u00f3n introducida por la Ley 1395, ni el art\u00edculo 200 de la Ley 1450, contemplan la invalidaci\u00f3n de las actuaciones posteriores a la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del juzgador, de modo que si, en este caso, la sentencia fue proferida, como as\u00ed ocurri\u00f3, despu\u00e9s del vencimiento del plazo de seis meses previsto legalmente, tal situaci\u00f3n no configura la causal de nulidad alegada\u2019\u201d. (Sentencia SC 21712-2017 del 18 de diciembre de 2017.) <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, se observan las siguientes actuaciones relevantes: (i) El 3 de abril de 2009, la magistrada del Tribunal Neyla Trinidad Ortiz Rivero, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante y el coadyuvante, contra la sentencia de primera instancia15; (ii) el 9 de marzo de 2011, la misma funcionaria declar\u00f3 la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia y orden\u00f3 pasar el expediente al Despacho de su par Jorge Enrique Pradilla Ardila; (iii) el 21 de noviembre de 2013, el magistrado Carlos Giovanny Ulloa Ulloa prorrog\u00f3 en seis meses el t\u00e9rmino para fallar el proceso16; y finalmente, (iv) con ponencia del prenombrado sustanciador, el Tribunal dict\u00f3 la sentencia de segundo grado el 3 de diciembre de 201417. <\/p>\n
La exposici\u00f3n anterior y las actuaciones concretas descritas, permiten deducir que el vicio procesal alegado no existe, porque llegadas al ponente de la sentencia las diligencias por efecto de la p\u00e9rdida de competencia declarada por su antecesora, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo noveno de la Ley 1395 de 2010, no hab\u00eda forma de predicar la sanci\u00f3n de nulidad por fallar luego de los dos meses se\u00f1alados en ese precepto, o incluso del semestre contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. La raz\u00f3n es, por lo dem\u00e1s, sencilla y contundente: el legislador -antes de la entrada en vigencia plena del C\u00f3digo General del Proceso- no previ\u00f3 esa consecuencia jur\u00eddica (la de la nulidad), por emitir pronunciamiento excediendo dichas oportunidades, y bien sabido se tiene, que en materia de vicios procesales opera el principio de la especificidad o taxatividad, siendo proscrita, entonces, cualquier posici\u00f3n tendiente a inferirla por v\u00eda de hermen\u00e9utica, o a aplicarla apelando al recurso de la analog\u00eda. <\/p>\n
Una cosa falta por mencionar: Cuando se dict\u00f3 la sentencia en este proceso, esto es, el 3 de diciembre de 2014, estaba vigente ya el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en la parte referente a \u201cla pr\u00f3rroga del plazo de duraci\u00f3n del proceso\u201d, m\u00e1s no as\u00ed la parte de la norma indicativa de que \u201cSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u201d, de acuerdo con las exhaustivas previsiones del art\u00edculo 627 de dicha obra. <\/p>\n
Por lo tanto, a\u00fan con la novedad aplicable al proceso en vigencia del nuevo estatuto procesal civil, no es posible inferir nulidad alguna en el proceso de que aqu\u00ed se trata, ya que la nov\u00edsima \u201cnulidad de pleno derecho\u201d en el procedimiento civil empez\u00f3 a regir el 1\u00b0 de enero de 2016, fecha en que cobr\u00f3 vigencia plena de la Ley 1564 de 2012, y que es muy posterior a la determinaci\u00f3n censurada que, se recuerda, data del 3 de diciembre de 2014. <\/p>\n
2.2. En el cuarto cargo se afirma que se incurri\u00f3 en nulidad en el proceso, por existir indebida representaci\u00f3n de la parte demandante, conforme lo prev\u00e9 el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y soportada en que al haber sido sustituida la accionante Cootransgir\u00f3n por Wilson Rueda, el abogado designado para representar a aquella as\u00ed como el sustituto, no pod\u00edan actuar en nombre del \u00faltimo, por lo que sus intervenciones resultan ilegales por carecer de \u201cpoder v\u00e1lido alguno\u201d. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo mencionado al comienzo de estas consideraciones y reiterando el criterio jurisprudencial consolidado por la Sala, debe indicarse que la cuesti\u00f3n concerniente a las nulidades procesales es tema que \u00fanicamente ata\u00f1e a la parte lesionada o perjudicada con la actuaci\u00f3n irregular, a quien, por lo tanto, corresponde convalidar el acto defectuoso guardando silencio sobre su existencia, o alegarlo como nulidad. <\/p>\n
Es por eso, entonces, que la Corte ha se\u00f1alado de vieja data que \u201csiempre que se hable de nulidad es preciso suponer una parte agraviada con el vicio. No hay nulidad, como ocurre con los recursos, sin inter\u00e9s, traducido principalmente en el perjuicio irrogado a quien lo invoca. Si, por tanto, la desviaci\u00f3n procesal existe pero no es perniciosa para ninguna de las partes, no se justifica decretar la nulidad\u201d18. <\/p>\n
Y en lo que respecta a la nulidad por indebida representaci\u00f3n, el asunto de la legitimaci\u00f3n es todav\u00eda m\u00e1s claro, en la medida en la que el inciso tercero del art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil destaca que \u201cLa nulidad por indebida representaci\u00f3n [\u2026] s\u00f3lo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d. <\/p>\n
Todo lo hasta ahora dicho, en consecuencia, para dejar sentado que la parte demandada -recurrente en casaci\u00f3n-, carece de legitimaci\u00f3n en la causa para proponer la nulidad de lo actuado por indebida representaci\u00f3n de su contraparte, porque en el supuesto de asumir como cierto el irregular apoderamiento, los \u00fanicos interesados para denunciarlo como vicio sancionable por nulidad ser\u00edan, a no dudarlo, la cedente de los derechos Cootransgiron, o el cesionario Wilson Rueda. Y es que aqu\u00ed aplica, en toda regla, lo que en un asunto semejante dijo la Corte: \u201cen tanto el vicio procesal no cause agravio a la parte, \u00e9sta no est\u00e1 asistida de inter\u00e9s para impetrar la nulidad [\u2026] Y, menos a\u00fan, puede hacerlo a su nombre la contraparte en el proceso\u201d19. <\/p>\n
Con abstracci\u00f3n de lo anterior advi\u00e9rtase, asimismo, que la indebida representaci\u00f3n de la demandante es inexistente, toda vez que el abogado Jhollby Madrid Riberos, mencionado en el cargo, recibi\u00f3 poder de la representante legal de Cootransgir\u00f3n Myriam Teresa Angarita Angarita, calidad acreditada con el certificado aportado al proceso20, y dicho profesional lo sustituy\u00f3 a su vez al togado \u00d3scar Humberto Rodr\u00edguez Le\u00f3n, que es el que ha continuado actuando a nombre de esa persona jur\u00eddica. <\/p>\n
Sin embargo, hay que decirlo, en estricto sentido no oper\u00f3 en este proceso la sustituci\u00f3n procesal a la que se refiere el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque habi\u00e9ndose puesto en conocimiento de la parte demandada, por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, el contrato de \u201ccesi\u00f3n o venta de derechos litigiosos\u201d en comento21, esta \u00faltima guard\u00f3 silencio, lo que da como resultado que el cesionario se convierta en litisconsorte por mandato legal, m\u00e1s all\u00e1 que en prove\u00eddo del 28 de abril de 2008 del juzgado de conocimiento se hubiera dispuesto tener a Wilson Rueda como \u201csucesor de los derechos litigiosos de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Transportadores de Gir\u00f3n Ltda. Cootransgir\u00f3n Ltda.\u201d. <\/p>\n
Y es que, de acuerdo con el precitado canon, la sustituci\u00f3n o cambio de un litigante por otro en el proceso, est\u00e1 condicionada, necesariamente, a que \u201cla parte contraria lo acepte expresamente\u201d, cosa que ac\u00e1 no ocurri\u00f3. <\/p>\n
En definitiva, no se abre paso el cuarto cargo de la demanda de casaci\u00f3n planteada por la parte demandada. <\/p>\n
2.3. En lo concerniente al quinto cargo, se observa que con este, sin mencionar una de las espec\u00edficas causales previstas en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denuncia la invalidez del proceso, concretamente de lo actuado en segundo grado, por estimarse que la apelaci\u00f3n formulada por el extremo actor no fue sustentada en tiempo. <\/p>\n
As\u00ed planteada la nulidad, r\u00e1pidamente se advierte que no satisface una de las exigencias m\u00ednimas para su alegaci\u00f3n, como es la de especificar el motivo que taxativamente contempla la ley para proceder a invalidar la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
De acuerdo con principio de especificidad de las nulidades procesales, se apunta a que solo en virtud de una provisi\u00f3n concreta del legislador se puede saber cu\u00e1les son los vicios de actividad que producen nulidad, por lo cual la Corte, de tiempo atr\u00e1s, ha dicho que <\/p>\n
\u201c…nuestro C\u00f3digo de Procedimiento Civil (alud\u00eda al de 1.931) siguiendo el principio que informa el sistema franc\u00e9s, establece que ninguna actuaci\u00f3n del proceso puede ser declarada nula si la causal no est\u00e1 expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades e irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaciones m\u00e1s o menos importantes de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador (Cas. Civ. de 26 de agosto de 1959; G.J.T, XCI, 449). Por tal raz\u00f3n, el art\u00edculo 140 del actual C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como tambi\u00e9n lo hac\u00eda el art\u00edculo 152 del mismo- estatuto procedimental civil, establece que el proceso es nulo, total o parcialmente, solamente en los casos que all\u00ed se enumeran\u2026\u201d22. <\/p>\n
De manera que, en resumidas cuentas, el cargo se frustra, con la simple constataci\u00f3n que se dej\u00f3 de mencionar cu\u00e1l de las causales del art\u00edculo 140 del C. de P. C., apalancaba la irregularidad denunciada como constitutiva de nulidad. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, es pertinente anotar que del escrutinio detallado de las actuaciones surtidas en la segunda instancia, no resulta que la apelaci\u00f3n de la accionante Cootransgir\u00f3n haya sido extempor\u00e1nea, como se asegura en el quinto cargo, ya que habiendo sido admitida la alzada por la magistrada sustanciadora del Tribunal mediante auto del 3 de abril de 2009, notificado en el estado del 14 del mismo mes y a\u00f1o23, el escrito de sustentaci\u00f3n radicado el 21 de abril de 200924 es oportuno, si se tiene en cuenta que el plazo para sustentar es de cinco d\u00edas h\u00e1biles, de acuerdo con lo reglado en el art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Es decir, que am\u00e9n de que la irregularidad manifestada en el embate no se encuadr\u00f3 dentro de alguno de los motivos de nulidad se\u00f1alados en la ley, la misma se descarta seg\u00fan lo ocurrido en el proceso. <\/p>\n
El quinto cargo, tampoco prospera. <\/p>\n
2.4. En el sexto cargo se aduce la existencia de una nulidad procesal, por haberse ordenado en la segunda instancia un dictamen pericial, en forma oficiosa, no obstante que en el grado anterior esa misma prueba se frustr\u00f3 por no haber aportado la parte actora las expensas necesarias para su pr\u00e1ctica, y que en un principio el ponente del ad-quem desestim\u00f3 su decreto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la precitada censura, debe empezarse por se\u00f1alar que el ataque en casaci\u00f3n por las pruebas de oficio, recae en cuestionar la omisi\u00f3n de los juzgadores de instancia en acudir a su decreto para esclarecer la realidad material del asunto litigado, puesto que <\/p>\n
\u201cNo puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un grado de certeza previa indicativo de que al superar ese estado de ignorancia sobre una inferencia concreta y determinada, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no representa una actividad heur\u00edstica despojada de norte, tiempo y medida, sino del hallazgo de un elemento de juicio que ex ante se vislumbra como necesario, y cuyo contenido sea capaz, por s\u00ed, para cambiar el curso de la decisi\u00f3n, todo en procura de lograr el restablecimiento del derecho objetivo, reparar el agravio recibido por las partes y hacer efectivo el derecho sustancial, como manda la Constituci\u00f3n en sus art\u00edculos 2\u00ba y 228\u201d25. <\/p>\n
Ahora bien, la complejidad en el tratamiento conceptual del tema de las pruebas de oficio ha venido depur\u00e1ndose en la jurisprudencia de la Sala, para distinguir los eventos en los que se est\u00e1 en presencia de un error de derecho (causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), de otros que dan lugar a la nulidad de lo actuado en el proceso (causal quinta de dicha codificaci\u00f3n). <\/p>\n
As\u00ed, lo primero se da cuando \u201cexistiendo motivos serios para que acuda a las facultades conferidas por los art\u00edculos 179 y 180 del estatuto procesal no lo hace, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se requieren para \u2018impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades\u2019 (CSJ SC, 24 Nov. 2008, rad. 1998-00529-01) y en el evento de ser necesarias en la verificaci\u00f3n de \u2018los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisi\u00f3n tenga relevancia en la forma como se desat\u00f3 el pleito\u2026\u201d26. <\/p>\n
Lo segundo, esto es, la nulidad, ocurre cuando las pruebas \u201chan sido impuestas por la ley para ciertos casos, como por ejemplo \u2018la prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN en los procesos para establecer paternidad o maternidad (art. 1\u00b0 Ley 721 de 2001), con las pruebas necesarias para la condena en concreto respecto de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante (art. 307 C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y con la inspecci\u00f3n judicial en los procesos de declaraci\u00f3n de pertenencia (art. 407, num. 10, ib\u00eddem)\u2026\u2019 (CSJ SC, 11 Dic. 2012, rad. 2007-00046-01) [\u2026] concepto jurisprudencial [que] fue acogido por el legislador al disciplinar el instituto de las nulidades procesales, pues en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso recogi\u00f3 como causal de anulaci\u00f3n la de omitir \u2018la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u2019 (numeral 5)\u201d27. <\/p>\n
Pues bien, a la luz de lo anterior no es de extra\u00f1ar que en sede de casaci\u00f3n no quepa cuestionar el efectivo decreto de pruebas de oficio, por cuanto acudir efectivamente a esa \u201cfacultad-deber\u201d, se encuentra dentro del campo de una discreta discrecionalidad del juzgador, reconocida por el legislador hasta tal punto que, lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cLas providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno\u201d. <\/p>\n
Y s\u00ed, como es natural, el prove\u00eddo que decreta pruebas no admite impugnaci\u00f3n, mucho menos cabr\u00e1 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para censurar, como en este caso, la orden oficiosa de traer al proceso un dictamen pericial para determinar el justo precio del bien objeto de la disputa. <\/p>\n
Lo anterior no significa, por supuesto, generar una licencia para el irreflexivo o antojadizo decreto de pruebas de oficio, porque lo ha se\u00f1alado ya la Corte, \u201cNo cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser as\u00ed, se sorprender\u00eda a los extremos de la relaci\u00f3n procesal, en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n. De ah\u00ed que para formar su propio juicio, seg\u00fan la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicci\u00f3n oficiosamente decretado\u201d28. <\/p>\n
En suma, no se abre paso el sexto cargo, por ser improcedente en sede de casaci\u00f3n revisar el decreto efectivo de pruebas, am\u00e9n de que el ejercicio de esa potestad en este juicio por parte del Tribunal no aparece como caprichoso, porque procurar traer al juicio un dictamen para avaluar el bien en disputa, es \u00fatil para esclarecer lo relacionado con su justo precio, que es la esencia de la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
2.5. En lo atinente al s\u00e9ptimo cargo, el impugnante acusa la nulidad de lo actuado en el proceso, por haberse desconocido las reglas sobre sucesi\u00f3n procesal, viol\u00e1ndose as\u00ed los derechos de Alberto Fern\u00e1ndez Pacheco y Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez, cesionarios de la parte demandada. <\/p>\n
La anterior censura tampoco atiende las exigencias m\u00ednimas del r\u00e9gimen de las nulidades procesales, por cuanto el recurrente no cumpli\u00f3 con se\u00f1alar la causal de invalidaci\u00f3n que sustenta su pr\u00e9dica, pese a que, se reitera, el inciso segundo del art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil exige que \u201cLa parte que alegue una nulidad deber\u00e1 expresar [\u2026] la causal invocada\u2026\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no advierte la Sala que omitir los pasos para que un cesionario de derechos pase de la condici\u00f3n de mero litisconsorte a sucesor procesal, no est\u00e1 previsto en parte alguna del ordenamiento adjetivo civil -aplicable a este asunto- como motivo de nulidad procesal. Entenderlo as\u00ed ser\u00eda, desconocer que en la espec\u00edfica disciplina de las nulidades reina el mencionado principio de la especificidad. <\/p>\n
3. Como consecuencia de toda la anterior exposici\u00f3n, no encuentra la Corte la estructuraci\u00f3n de ninguna de las nulidades alegadas por la parte demandada en los cargos tercero a s\u00e9ptimo de su libelo de casaci\u00f3n, lo que lleva a la improsperidad de cada uno de ellos. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el demandado acusa la sentencia de ser violatoria de una norma de derecho sustancial, con sustento en las siguientes razones: <\/p>\n
1. En el fallo del Tribunal se establece como interrogante si se demostr\u00f3 la existencia de un contrato de compraventa celebrado entra las partes por un precio inferior a la mitad del que es justo, a lo que se debe replicar que es imposible responder afirmativamente ese cuestionamiento, porque nunca la parte demandante negoci\u00f3 con el demandado. En esas condiciones, resultaba \u201cantijur\u00eddico\u201d rescindir el acuerdo base de la demanda, desconociendo as\u00ed los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Las premisas f\u00e1cticas que soportan la decisi\u00f3n cuestionada son todas \u201cerr\u00f3neas y distantes de la verdad procesal\u201d, porque \u201cla demandante no negoci\u00f3 con el demandado\u201d, m\u00e1s cuando es evidente que quienes s\u00ed lo hicieron sobre el lote en litigio fueron, de un lado, Coovisantander y Construsantander, y del otro, Gabriel Moreno Cancino, cuando ya era \u201cel due\u00f1o\u201d. <\/p>\n
3. T\u00edmidamente se mencion\u00f3 en la providencia un documento de la entidad liquidadora de Coovisantander, conocida como \u201cSendas\u201d, para afirmar que no ten\u00eda ninguna importancia en el proceso; sin embargo, se ignor\u00f3 que en el plenario son muchos los documentos que provienen de esa entidad. <\/p>\n
4. No se tuvo en cuenta ni se analiz\u00f3 en la decisi\u00f3n, el testimonio de Mar\u00eda del Pilar Moreno Ortiz -asesora jur\u00eddica de Cootransgir\u00f3n Ltda.-, la cual \u201cevidentemente favorece a la verdad procesal de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
Tampoco se repar\u00f3 en la declaraci\u00f3n de Benjam\u00edn Camargo -gerente de Cootransgir\u00f3n Ltda. para la \u00e9poca-, quien \u201cpor l\u00f3gica y necesidad le miente al despacho por ser parte demandante del proceso ya que tuerce la realidad de las negociaciones del lote en litigio hechas entre Coovisantander y Construsantander, por una parte, y Cootransgir\u00f3n Ltda. por la otra parte, y la que hizo Gabriel Moreno Cancino con las dos primeras empresas\u201d. <\/p>\n
E igualmente se pas\u00f3 por alto lo declarado por Luis Carlos Morales, quien para eludir su responsabilidad con Cootransgir\u00f3n Ltda., pues era directivo de Construsantander, \u201ctorci\u00f3 la verdad procesal y negocial\u201d. <\/p>\n
Por todo lo anterior, no son ciertas las conclusiones que se hacen sobre las pruebas, supuestamente apreciadas en conjunto. <\/p>\n
5. Por otra parte, Gabriel Moreno Cancino s\u00ed adquiri\u00f3 la propiedad del predio, pero sin negociar con la demandante, toda vez que \u00e9l puso su firma en la escritura p\u00fablica No. 4222 del 17 de octubre de 1997, \u201cpor mandato y orden\u201d de Construsantander y Coovisantander, y de los propios socios de aquella, y en esas circunstancias, no pod\u00eda reclamarse la lesi\u00f3n enorme del pacto incorporado en dicha escritura p\u00fablica. <\/p>\n
6. No es cierto, como se indica en el fallo, que el precio de la compraventa hubiese sido $56.777.281, ni tampoco el que aparece en la escritura de $52.000.000, ya que se prob\u00f3 en el proceso que lo pagado por Gabriel Moreno Cancino supera los ochocientos millones de pesos ($800.000.000). Adem\u00e1s, es equivocada la afirmaci\u00f3n del Tribunal, seg\u00fan la cual, Cootransgir\u00f3n primero le escritur\u00f3 el lote, y despu\u00e9s el comprador cancel\u00f3 el precio evitando el remate del fundo en un juzgado, porque esa no es la costumbre comercial. <\/p>\n
7. Si en la lesi\u00f3n enorme se da un \u201cchoque\u201d por el precio de un inmueble, entre vendedor y comprador, la sentencia cuestionada \u201ctiene una necedad\u201d al pretender aplicar al caso el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil, lo que evidencia, en conclusi\u00f3n, \u201cuna violaci\u00f3n indirecta por error de hecho\u201d. <\/p>\n
8. Sostener que no hubo negociaci\u00f3n entre la parte demandante y la demandada de este proceso, radica en lo siguiente: <\/p>\n
a.-) El 16 de julio de 1996, se elev\u00f3 a la escritura p\u00fablica No. 2927 de la Notar\u00eda de Gir\u00f3n, el contrato de compraventa entre Cootransgir\u00f3n Ltda. (vendedora) y Coovisantander y Construsantander (compradores), cuyo objeto fue la \u201cFinca del Hato\u201d y el precio acordado setecientos millones de pesos ($700.000.000), que los adquirentes se comprometieron a pagar con treinta casas a construir a todo costo, con la cancelaci\u00f3n de una hipoteca que pesaba sobre la mencionada finca y que se estaba haciendo efectiva en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga por una deuda de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), y con la suma de doce millones de pesos ($12.000.000) en efectivo, recibidos por la enajenante. <\/p>\n
b.-) Coovisantander y Construsantander, quienes ten\u00edan negocios millonarios con Gabriel Moreno Cancino, como propietarias que eran del inmueble, se lo ofrecieron a este por la cifra de ochocientos millones de pesos ($800.000.000), propuesta que fue aceptada, seg\u00fan se demostr\u00f3 en los \u201canexos de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d, y que se concret\u00f3 por medio de la escritura p\u00fablica No. 4421 del 17 de octubre de 1997 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, que no se registr\u00f3 porque \u201cse anul\u00f3 y rescindi\u00f3 de manera aparente\u201d del instrumento anterior (2927), ya que en verdad qued\u00f3 \u201cvigente y de manera necesaria el negocio que representaba\u201d, tal como se ve en el Acta de la Junta Directiva de Cootransgir\u00f3n Ltda. (037 del 3 de octubre de 1997), que hace parte de la escritura p\u00fablica 4421. <\/p>\n
c.-) El Acta 011 de 10 de octubre de 1997 de la Junta Directiva de Construsantander, muestra igualmente que entre la demandante y el demandado no hubo negociaci\u00f3n, cuando en el punto tercero se\u00f1ala: \u201cresolver la escritura con Cootransgir\u00f3n Ltda. y escriturar al se\u00f1or Gabriel Moreno Cancino\u201d. <\/p>\n
9. Una cronolog\u00eda documental, en tres etapas, muestra tambi\u00e9n la inexistencia de acuerdos entre la accionante y el accionado: <\/p>\n
\u201cPrimera etapa: <\/p>\n
\u201c13 de marzo de 1996: Acta n\u00famero 0024 de Cootransgir\u00f3n Ltda. <\/p>\n
\u201c20 de junio de 1996: Acta 008 de la Junta Directiva de Construsantander. <\/p>\n
\u201c27 de junio de 1996: Contrato de compraventa (aparentemente anulado con la escritura 4421) \u2026 <\/p>\n
\u201c16 de julio de 1996: Escritura 2927 (aparentemente anulada con la escritura 4421). <\/p>\n
\u201cSegunda etapa: <\/p>\n
\u201c3 de octubre de 1997: Acta n\u00famero 0037 de Cootransgir\u00f3n Ltda. autorizando se le escriture el lote a Covisantander o a quien \u00e9sta designe, que finalmente fue Gabriel Moreno Cancino. <\/p>\n
\u201c10 de octubre de 1997: Acta n\u00famero 011 de la Junta Directiva de Construsantander, autorizando se le escriture a Gabriel Moreno Cancino. <\/p>\n
\u201c17 de octubre de 1997: Escritura 4421 (sin registrar) la cual anula aparentemente la escritura 2927 (sin registrar). <\/p>\n
\u201c17 de octubre de 1997: Escritura n\u00famero 4422 [\u2026] mediante la cual Gabriel Moreno Cancino recibe la propiedad, posesi\u00f3n y tenencia del lote en litigio [\u2026] y que [\u2026] Cootransgir\u00f3n Ltda. [\u2026] firm\u00f3 por orden de sus asociados y de Coovisantander y Construsantander que eran los verdaderos due\u00f1os del lote en ese momento\u2026 <\/p>\n
\u201cTercera etapa <\/p>\n
\u201c15 de enero de 1998: modificaci\u00f3n a un contrato de promesa de compraventa firmado entre Coovisantander, Construsantander, Cootransgir\u00f3n Ltda. y un tercero, Mac Ingenieros Civiles Ltda. [\u2026] que prueba que nunca se anul\u00f3 la negociaci\u00f3n referida en la escritura 4421\u2026 <\/p>\n
\u201c29 de septiembre de 1998: Formulario de reclamaci\u00f3n [0149] a Covisantander en Liquidaci\u00f3n por intermedio de Sendas (liquidadora) [\u2026] por seiscientos millones de pesos ($600.000.000) [siendo] reclamante Cootransgir\u00f3n Ltda. \u2026 <\/p>\n
\u201c26 de septiembre de 1998: Reclamaci\u00f3n de Cootransgir\u00f3n Ltda. dirigida [al] liquidador de Coovisantander\u2026 <\/p>\n
\u201c12 de febrero de 1999: Resoluciones n\u00fameros 001 y 015 del 12 de febrero de 1999 de Sendas [\u2026] liquidaror[a] de Coovisantander\u2026\u201d. <\/p>\n
Los anteriores documentos, autenticados en la Notar\u00eda \u00danica de Gir\u00f3n, fueron \u201cignorados\u201d, \u201cdesechados\u201d y \u201cdesestimados\u201d por parte del \u201cmagistrado ponente en el desarrollo de la \u2018tercera instancia\u2019 del proceso, con el prop\u00f3sito de fallar a favor de la parte demandante [\u2026] pues mucho antes ya se hab\u00eda terminado la segunda instancia con la providencia del 21 de junio de 2012 por medio de la cual se declara que Cootransagir\u00f3n Ltda. no hace parte del proceso\u201d29. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se ha sostenido por esta Sala en innumerables oportunidades, que al ser el recurso de casaci\u00f3n de naturaleza extraordinaria, quien acude al mismo no puede pretender que este sea una instancia m\u00e1s del proceso, en la que se tenga abierta la puerta para efectuar a discreci\u00f3n toda clase de cuestiones o planteamientos, pues, de hacerlo, incurrir\u00eda en una notable desatenci\u00f3n de la t\u00e9cnica propia de esta impugnaci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Es, en ese orden, que se entiende que al subir la sentencia a la Corte con la presunci\u00f3n de acierto, las conclusiones probatorias a las que ha llegado el Tribunal, en ejercicio de la discreta autonom\u00eda de que est\u00e1 investido para ponderar el acervo demostrativo, resultan intocables en esta sede, a menos que \u201cpor el impugnante no se demuestre que aqu\u00e9l, y al efectuar tal apreciaci\u00f3n, incurri\u00f3 en error de hecho evidenciado de los autos o de infracci\u00f3n de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicci\u00f3n aducidos al proceso\u201d30. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al denunciarse yerros f\u00e1cticos en la apreciaci\u00f3n de las probanzas, es un mandato legal para el recurrente (art\u00edculo 374 del C. de P. C.) demostrar el equ\u00edvoco, y dejar establecido que es protuberante (inciso 2\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 ib\u00eddem), toda vez que, se insiste, la labor de ponderaci\u00f3n del material probatorio corresponde, estrictamente, a los juzgadores de instancia, por lo que \u00fanicamente y por v\u00eda de excepci\u00f3n cabe plantear tal debate en casaci\u00f3n, y lo es en los eventos en los que \u201cel fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da una interpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido\u201d31. <\/p>\n
Ahora bien, en pro del cabal planteamiento relativo a la comisi\u00f3n de un dislate f\u00e1ctico, es del resorte del interesado no solamente individualizar las pruebas indebidamente apreciadas (por omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o alteraci\u00f3n de su contenido objetivo), sino que es preciso efectuar la respectiva labor de contraste entre lo que el medio indica o acredita, y lo que sobre el mismo dedujo o pas\u00f3 por alto el juzgador, para de tal forma poner en evidencia, de una forma clara y categ\u00f3rica, el yerro en el que se incursion\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, esto es, sobre la manera en la que debe adelantarse t\u00e9cnicamente la enunciaci\u00f3n y demostraci\u00f3n del error de hecho, la Corte la Corte tiene sentado que <\/p>\n
\u201cAl denunciar equivocaciones f\u00e1cticas es necesario identificar los medios de convicci\u00f3n sobre los cuales recay\u00f3 el equ\u00edvoco del juzgador y hacer evidente la supuesta preterici\u00f3n o cercenamiento, lo que se deber\u00e1 se\u00f1alar de manera manifiesta, de tal suerte que haga ver que la valoraci\u00f3n realizada por el juzgador resulta absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificaci\u00f3n. Por mandato del art\u00edculo 374 del estatuto procesal, trat\u00e1ndose del error de hecho, la labor del impugnante \u2018no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u2019\u201d33. <\/p>\n
2. Las citadas apreciaciones vienen a prop\u00f3sito de este primer cargo, cuyo contenido muestra que indudablemente el recurrente omiti\u00f3 demostrar el error denunciado, pues, en efecto, su tarea explicativa no fue m\u00e1s all\u00e1 de presentar su propia opini\u00f3n sobre las pruebas acopiadas en el proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en una primera parte de su ataque, el censor afirm\u00f3 que las premisas f\u00e1cticas que soportan la decisi\u00f3n cuestionada son todas \u201cerr\u00f3neas y distantes de la verdad procesal\u201d, porque la demandante no negoci\u00f3 con el demandado. Sin embargo, no precis\u00f3 en concreto y con vista en los medios de acreditaci\u00f3n obrantes en el expediente, en d\u00f3nde estuvo el desatino. <\/p>\n
En otro segmento del embate, adujo que en la providencia se mencion\u00f3 \u201ct\u00edmidamente\u201d un documento de la persona jur\u00eddica (Sendas) encargada de la liquidaci\u00f3n de la aqu\u00ed accionante, y que se omitieron otros m\u00e1s de esa sociedad liquidadora. No obstante, el casacionista, am\u00e9n de no individualizar los respectivos escritos y tampoco se\u00f1alar cu\u00e1l es su contenido material, esquiv\u00f3 su confrontaci\u00f3n con lo que sobre ellos dijo el juzgador de segunda instancia, para corroborar si en verdad se produjo una pifia f\u00e1ctica. <\/p>\n
En el cargo, igualmente, se acusa error de hecho en cuanto a que no se analizaron los testimonios de Mar\u00eda del Pilar Moreno Ortiz, Benjam\u00edn Camargo y Luis Carlos Morales. Pero, con todo y que el impugnante indica cu\u00e1les son las declaraciones sobre las que recae el equ\u00edvoco probatorio, y hace algunas aseveraciones como que el declarante Morales \u201ctorci\u00f3 la verdad procesal y negocial\u201d, al final, pas\u00f3 por alto la adecuada acreditaci\u00f3n, que consist\u00eda en contrarrestar las materialidades de cada una de las versiones rendidas con lo que sobre ellas dedujo el Tribunal. Es m\u00e1s, de haberlo hecho -se anticipa- hubiera observado el censor, que dichos testimonios s\u00ed se sopesaron en el fallo refutado, con lo cual, el labor\u00edo para establecer la estructuraci\u00f3n de un yerro de hecho impon\u00eda una mayor carga para el inconforme, cosa que evidentemente no se satisfizo. <\/p>\n
Consideraciones semejantes merece lo restante del embate, en las que se asegura que Gabriel Moreno Cancino s\u00ed adquiri\u00f3 el predio Llano de Hato, pero de manos de Construsantander y Coovisantander; que el instrumento p\u00fablico en cuesti\u00f3n se suscribi\u00f3 por mandato de aquellas (cita Acta 011 del 10 de octubre de 1997, de la Junta Directiva de Construsantander); que el precio no fue el relacionado en la escritura p\u00fablica No. 4222 del 17 de octubre de 1997 ($52.000.000), tampoco el indicado por el Tribunal ($56.777.281), sino $800.000.000; y que todos los documentos acopiados, discriminados cronol\u00f3gicamente en tres etapas, muestran la inexistencia de pacto entre la demandante y el demandado. <\/p>\n
N\u00f3tese, frente a esto \u00faltimo, que en la censura que all\u00ed se incorpora, el recurrente dedica todo su esfuerzo argumentativo por reiterar la plausibilidad de la posici\u00f3n que en relaci\u00f3n con la demanda asumi\u00f3 durante todo el proceso; pero, olvidando que esta es una sede extraordinaria, para nada se dedic\u00f3 a demostrar el error de hecho en las premisas f\u00e1cticas del Tribunal, que de una parte le llevaron a concluir la lesi\u00f3n enorme, y de la otra a desestimar la defensa del convocado. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, se conoce con el recurso que el impugnante no est\u00e1 conforme con la valoraci\u00f3n que a las pruebas dio el ad-quem, pero no es posible determinar, en verdad, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error de hecho evidente y trascendente, valga anotar, si la preterici\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de un medio espec\u00edfico de acreditaci\u00f3n, como por ejemplo -trat\u00e1ndose del precio pagado por el fundo-, se\u00f1alando en qu\u00e9 consisti\u00f3 la equivocaci\u00f3n del Tribunal al inferir de las copias que se le remitieron por el juzgado respectivo, que lo cancelado por el demandado en un proceso ejecutivo hipotecario contra la demandante ascendi\u00f3 a $56.777.281.; o c\u00f3mo el juzgador pudo haber ignorado el pago efectivo de alguna otra suma o bien, que Gabriel Moreno Cancino hubiera dado para adquirir la propiedad de la Finca Llano de Hato, que en su momento fue de propiedad de Cootransgir\u00f3n Ltda. <\/p>\n
En definitiva, lo expuesto en el presente cargo no resulta apto para fundar o demostrar la comisi\u00f3n de un error de hecho, ya que en \u00faltimas, lo razonado no pasa de ser un t\u00edpico alegato de instancia, sobre lo cual, la Corte tiene establecido que <\/p>\n
\u201cEs insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019 (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u201d34. <\/p>\n
3. Con abstracci\u00f3n del mencionado defecto formal y t\u00e9cnico, suficiente para despachar desfavorablemente el cargo propuesto, advierte la Corte que en la soluci\u00f3n del caso por parte del Tribunal, se encuentra un entendimiento razonable de las pruebas, ajeno de suyo a desaciertos probatorios, m\u00e1s a\u00fan si en eventos como el de este litigio, en el que la multiplicidad de versiones y de actuaciones negociales sobre un mismo asunto pueden tornarlo confuso o ambivalente, el \u201cacogimiento de unas de ellas por el sentenciador, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, no da pie para estructurar un reproche en casaci\u00f3n que exige, respecto del error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, que la equivocaci\u00f3n aparezca de modo manifiesto o palmario, lo que no sucede cuando, como aqu\u00ed, no se vislumbra que haya debido hacerse una estimaci\u00f3n enteramente distinta como la que propone el censor, quien, en esa medida, no alcanz\u00f3 a demostrar la existencia de un yerro evidente, ni por lo dicho trascendente\u2026\u201d35. <\/p>\n
En efecto, no es caprichosa la premisa f\u00e1ctica del Tribunal, relativa a que la demandante \u201ctransfiri\u00f3\u201d la propiedad de la finca \u201cLlano de Hato\u201d al demandado, mediante la escritura p\u00fablica No. 4422 del 17 de octubre de 1997, porque en verdad as\u00ed se constata en dicho instrumento, que milita a folios 1 a 4 del cuaderno 1. <\/p>\n
Tampoco es producto de desatenci\u00f3n del material probatorio o de suposici\u00f3n del mismo, que el juzgador de segunda instancia haya inferido que el precio acordado no fue el indicado en dicho instrumento ($52.000.000), sino la suma de $56.777.281, correspondientes a lo que el demandado cancel\u00f3 para terminar el proceso ejecutivo hipotecario seguido contra la aqu\u00ed demandante, donde el inmueble gravado era el fundo \u201cLlano de Hato\u201d, dato que extrajo el Tribunal de las copias que se le remitieron por el juzgador de conocimiento, y que aparecen en los folios 112 a 118 de las reproducciones enviadas). <\/p>\n
El precio comercial de la nombrada heredad para el 17 de octubre de 1997, con el que finalmente se establece la existencia de lesi\u00f3n enorme en la venta, tampoco es fruto de la inventiva del sentenciador, dado que es el reportado por el perito avaluador designado en desarrollo de la segunda instancia, en dictamen que milita a folios 168 a 175 del c. 4, en el que se explican las averiguaciones y el m\u00e9todo utilizado para llegar a ese guarismo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el an\u00e1lisis de los argumentos de la defensa, relativos a que la negociaci\u00f3n fue entre Coovisantander y Construsantander, de una parte, y Gabriel Moreno Cancino, de la otra, y que el precio acordado por el inmueble fue de $800.000.000, el Tribunal los desestim\u00f3 al constatar que aquellas dos sociedades nunca fueron due\u00f1as del predio, y que tampoco ten\u00edan ning\u00fan derecho sobre el mismo, porque la promesa que suscribieron con Cootransgir\u00f3n perdi\u00f3 eficacia al suscribirse el contrato de compraventa incorporado en la escritura p\u00fablica 2927 del 16 de julio de 1996, el que a su vez perdi\u00f3 todo efecto por voluntad de las partes consignada en la escritura p\u00fablica 4421 del 17 de octubre de 1997. <\/p>\n
Y respecto del precitado raciocinio, tampoco se observa error de hecho protuberante, porque adem\u00e1s de que cada uno de esos negocios jur\u00eddicos obra en el expediente, la aludida promesa de venta ciertamente dio paso a la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de venta 2927, siendo esta despojada de todo efecto con el instrumento 4421 del 17 de octubre de 1997, otorgado en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bucaramanga, toda vez que en su clausulado se indica: <\/p>\n
\u201cPrimero: Que por escritura p\u00fablica [\u2026] 2927 [\u2026] Cootransgir\u00f3n, transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta a favor de [Construsantander], un lote de terreno que hace parte de la finca Llano de Hato [\u2026] Segundo: Que por convenir a sus rec\u00edprocos intereses, por medio del presente instrumento, obrando de com\u00fan acuerdo declararon resuelto y por tanto sin valor y efecto alguno el mencionado contrato de compraventa [\u2026] volviendo as\u00ed las cosas al estado jur\u00eddico en que se hallaban antes de la celebraci\u00f3n de este contrato. Tercero: Que en consecuencia de esta resoluci\u00f3n [Cootransgir\u00f3n], recobra el dominio y posesi\u00f3n del referido inmueble y [Construsantander], recobra el valor pagado, advirtiendo que la hipoteca que figuraba a favor de la se\u00f1ora Elvia Barrag\u00e1n Forero, ya fue cancelada; en consecuencia se declaran rec\u00edprocamente a paz y salvo por raz\u00f3n de tal contrato\u201d36. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en las consideraciones que sobre las pruebas realiz\u00f3 el Tribunal, tampoco se ignor\u00f3: (i) el Acta por la cual Cootransgir\u00f3n autoriz\u00f3 escriturar a favor de Coovisantander o la persona que esta designara; (ii) el acuerdo entre Gabriel Moreno Cancino con Construsantander y Macg Ingenieros Civiles Ltda.; (iii) la adici\u00f3n a la promesa de contrato de compraventa del 27 de junio de 1996, acordada el 15 de enero de 1998; y (iv) los documentos aportados conjuntamente con la contestaci\u00f3n de la demanda. Solo que, el ad-quem no los interpret\u00f3 en el sentido querido por el accionado, ya que en t\u00e9rminos generales, descart\u00f3 que con ellos se demostrara la continuidad de la promesa de compraventa que inicialmente at\u00f3 a Cootransgir\u00f3n con Construsantander, por la \u201cresoluci\u00f3n\u201d de la compraventa que los interesados pactaron de acuerdo con lo consignado en la escritura p\u00fablica 4421 del 17 de octubre de 1997, y porque en negocios como el que se configur\u00f3 con Macg Ingenieros, no se tuvo como parte a Cootransgir\u00f3n. <\/p>\n
No hay error, entonces, por preterici\u00f3n de las precitadas pruebas, como tampoco lo hubo en lo relativo a los testimonios de Mar\u00eda del Pilar Moreno Ortiz, Benjam\u00edn Camargo Garc\u00eda y Luis Carlos Morales Ariza, ya que sobre ellos, el sentenciador de segundo grado hizo pormenorizada relaci\u00f3n, para concluir enseguida que \u201clas negociaciones de Moreno Cancino con Construsantander y Coovisantander para urbanizar el predio Llano de Hato no incumben a Cootransgir\u00f3n, pues correspond\u00edan a proyectos mediante los cuales ellos pretend\u00edan sacar provecho econ\u00f3mico para s\u00ed, y que a la hora de la verdad esta \u00faltima, en procura de que no se rematara el predio en el proceso ejecutivo hipotecario que afrontaba, termin\u00f3 vendi\u00e9ndoselo al demandado a cambio del pago de dicha deuda, deviniendo como colof\u00f3n que la fuente de la propiedad de don Gabriel Moreno Cancino no puede ser otra que el negocio contenido en la escritura p\u00fablica 4422 de 17 de octubre de 1997\u201d. <\/p>\n
4. Se desestima, por lo explicado, el yerro de hecho endilgado a la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se denuncia en este que la sentencia censurada es \u201cviolatoria de una norma de derecho sustancial\u201d, por los motivos que a continuaci\u00f3n, resumidamente, se exponen: <\/p>\n
1. En la decisi\u00f3n reprochada, se hicieron esfuerzos por demostrar que la demandante no fue sustituida procesalmente por Wilson Rueda, y rompiendo con el debido proceso, se consider\u00f3 que es \u201cinane\u201d una providencia del a-quo en ese sentido, adem\u00e1s que ni siquiera se nombr\u00f3 un prove\u00eddo del 21 de junio de 2012 [del Tribunal], que tambi\u00e9n determin\u00f3 que Cootransgir\u00f3n Ltda. no era ya parte en el juicio. <\/p>\n
2. Faltando a \u201cla verdad procesal\u201d, se expres\u00f3 en el fallo que para tener a un cesionario de derechos como parte, debe existir petici\u00f3n del mismo, que en este caso brilla por su ausencia. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el demandado, cumpliendo con la exigencia del art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, le manifest\u00f3 al juzgador de primera instancia que aceptaba expresamente la sustituci\u00f3n procesal, raz\u00f3n jur\u00eddica que, al ser acogida, dio paso al reemplazo en el litigio de Cootransgir\u00f3n Ltda. por Wilson Rueda, y muestra la falta de legitimaci\u00f3n de la primera, quien fue la que apel\u00f3 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Por eso, \u201cel derecho sustancial en esta causal tambi\u00e9n fue violentado por aplicaci\u00f3n indirecta por error de hecho en raz\u00f3n a la falta de aplicaci\u00f3n u omisi\u00f3n de los arts. 29 y 363 (incisos segundos de ambos (sic)) del C. de P. C., los que precept\u00faan la terminaci\u00f3n de la segunda instancia y que no admiten el recurso de s\u00faplica que en este caso particular fue concedido\u201d. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, brilla en el proceso la presencia de Wilson Rueda, como lo confirma el contrato de compra y cesi\u00f3n de derechos, allegado mediante memorial suscrito por el cedente y por el cesionario, realidad que neg\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El segundo cargo, de acuerdo a como viene planteado, no contiene las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para su despacho favorable, pues, para comenzar, pese a invocarse la causal primera de casaci\u00f3n del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no se cumpli\u00f3 con el deber de indicar, por lo menos, una norma de derecho sustancial que haya sido violada, conforme lo reclama el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 ib\u00eddem, modificado por el canon 51 del Decreto 2651 de 1991, que se convirti\u00f3 en legislaci\u00f3n permanente con el art\u00edculo 162 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
Y es que si por norma sustantiva se comprende la que declara, crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas concretas37, esa connotaci\u00f3n no la detenta ninguno de los preceptos que esgrime la censura como vulnerados, por cuanto se tratan todos de c\u00e1nones de orden adjetivo, mediante los cuales el C\u00f3digo de Procedimiento Civil disciplina lo concerniente a las atribuciones de las salas de decisi\u00f3n y del magistrado ponente (art. 29), regula lo atinente a la sucesi\u00f3n procesal (art\u00edculo 60), y consagra los presupuestos de procedencia y oportunidad para proponer el recurso de s\u00faplica (art. 363). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la transgresi\u00f3n de esa clase de normas tendr\u00eda la virtualidad de vulnerar las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n, para lo cual, la causal de casaci\u00f3n prevista ser\u00eda otra, al punto que ac\u00e1, el recurrente, por no haberse aceptado la sustituci\u00f3n procesal de la demandante y revocar en s\u00faplica el auto de la magistrada ponente que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en segunda instancia, plante\u00f3 la nulidad del proceso en los cargos tercero y cuarto, desestimados con argumentos a los que se hace remisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Se suma a lo indicado, que a\u00fan tom\u00e1ndose en su literalidad el alcance del cargo, esto es, que se trata de un evento de \u201cviolaci\u00f3n indirecta por error de hecho\u201d, tampoco se precisa o aclara en la censura, como lo exige el mencionado art\u00edculo 374, sobre qu\u00e9 prueba en particular recay\u00f3 el desatino probatorio, y de qu\u00e9 forma se estructur\u00f3 en la sentencia atacada (omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n). <\/p>\n
Es decir, que no habr\u00eda forma de adelantar un an\u00e1lisis sobre la configuraci\u00f3n de un eventual yerro f\u00e1ctico, en tanto que el recurrente no dio puntadas para demostrar m\u00ednimamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 el mismo, lo que ni siquiera se lograr\u00eda asumiendo que la pifia fue por no valorar la cesi\u00f3n de derechos litigiosos entre la demandante y Wilson Rueda, porque al repasar el contenido del fallo de segundo grado, se observa, prontamente, que en el ac\u00e1pite de \u201clegitimaci\u00f3n en la causa\u201d de las consideraciones, el Tribunal s\u00ed estim\u00f3 en su materialidad el referido contrato de cesi\u00f3n. <\/p>\n
3. En esas circunstancias, el cargo, sin m\u00e1s, est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
OCTAVO CARGO <\/p>\n
Al resguardo de la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa con este la sentencia del Tribunal de ser violatoria de una norma de derecho sustancial, por \u201cordenar a los herederos de Gabriel Moreno Cancino [\u2026] pagar lo que no deben y [\u2026] entregar lo que no tienen\u201d. <\/p>\n
Inicia la censura se\u00f1alando que \u201ces supremamente il\u00f3gico jur\u00eddicamente ordenar a los herederos de Gabriel Moreno Cancino pagar [la suma de $559.662.568,50] y entregar los anteriores inmuebles [lotes en litigio] ya que no son parte del proceso, ni ellos ni su causante, tampoco es legal que el magistrado sustanciador haga exclusi\u00f3n de los lotes E.F.G. ya que esta acci\u00f3n jur\u00eddica no se la solicit\u00f3 ninguna de las partes del proceso\u201d. <\/p>\n
Contin\u00faa indicando que con la determinaci\u00f3n adoptada por el juzgador de segunda instancia, respecto de los herederos del demandado, se les quita a sus cesionarios la posibilidad de completar el justo precio, lo que se asemeja sustancialmente al impedimento para ejercitar el retracto litigioso previsto en el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Concluye el recurrente diciendo que si Gabriel Moreno Cancino, no es parte en el proceso y en consecuencia l\u00f3gico jur\u00eddica, menos los herederos, aclarando que \u201ccomo en este caso hay dos cesionarios, uno ilegal -Wilson Rueda- porque nunca ha otorgado poder para intervenir en el proceso y el otro- se\u00f1ores Alberto Fern\u00e1ndez Pacheco y Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez \u2013 ser\u00eda a estos \u00faltimos en caso de ser adversa la casaci\u00f3n a quienes les corresponder\u00eda aplicar el retracto litigioso y\/o el pago del justo precio, ya que estos son cesionarios de la parte demandada, Gabriel Moreno Cancino, quien no le compr\u00f3 a la parte demandante el lote en litigio. Se trata en conclusi\u00f3n de una violaci\u00f3n indirecta por error de hecho\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al igual que en el anterior cargo estudiado (segundo), en este tampoco se acata el requisito de citar una norma sustancial pertinente, porque la que en particular se aduce como infringida, valga anotar, el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil, si bien es sustantiva, no constituy\u00f3 base esencial del fallo impugnado ni debi\u00f3 serlo, en raz\u00f3n a que la materia que consagra ese precepto es el beneficio de retracto, t\u00f3pico no comprendido en el objeto de litigio, que de acuerdo a lo controvertido por las partes, se centr\u00f3 en la determinaci\u00f3n de si exist\u00eda lesi\u00f3n enorme en un contrato de compraventa de inmueble por ellas suscrito y elevado a escritura p\u00fablica. <\/p>\n
Ciertamente que a la luz del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el libelo de casaci\u00f3n debe satisfacer, entre otras exigencias, \u201cSi se trata de la causal primera, [con] se\u00f1alar[\u2026] las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas\u201d; para lo cual, no es de recibo, rese\u00f1ar indiscriminadamente o a voluntad cualquier precepto sustancial, sino al menos uno que constituya la base esencial de la decisi\u00f3n refutada o que ha debido constituirla, lo que permite su confrontaci\u00f3n con la sentencia combatida para determinar si en verdad \u00e9sta lo infringe. <\/p>\n
Es m\u00e1s, sobre el particular la Corte ha puntualizado que \u201cno se trata, por consiguiente, de denunciar el quebrantamiento de la regla de derecho sustancial que antojadizamente escoja el censor, pues esto ser\u00eda tanto como admitir que es posible plantear debidamente una acusaci\u00f3n perfilada al margen de los extremos del litigio, convirti\u00e9ndolo, subsecuentemente, en uno distinto, cuando, por el contrario, la funci\u00f3n de la censura trazada con sustento en la causal primera, es la de establecer si la sentencia recurrida se ajust\u00f3 al derecho objetivo que se aplic\u00f3 o debi\u00f3 aplicarse en el caso debatido y no a otro\u201d38. <\/p>\n
En ese orden de cosas, si la norma que el impugnante debe denunciar como vulnerada tiene que ser alguna de aquellas sobre las cuales se sustenta el fallo, o debi\u00f3 sustentarse, al rompe se observa que el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil no se refiere al tema objeto del litigio, centrado, como ya se dijo, en la determinaci\u00f3n de una lesi\u00f3n enorme, anot\u00e1ndose, con todo, que si alguna controversia llegare a suscitarse en el proceso, por efecto de una cesi\u00f3n y el eventual ejercicio del derecho de retracto, por mandato del propio legislador, ese es un asunto que debe decidirse como incidente, atendiendo el inciso final del art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2. Ahora bien, lo que la censura trae sobre la cesi\u00f3n de derechos en el extremo demandado, no hay que olvidarlo, se propuso como nulidad en el s\u00e9ptimo cargo, y se despach\u00f3 desfavorablemente para el impugnante. <\/p>\n
3. Complementa el fracaso de este embate, la circunstancia consistente en que, a pesar de denunciarse la comisi\u00f3n de un error de hecho, ausente por completo est\u00e1 su planteamiento de acuerdo con las reglas formales y t\u00e9cnicas que trazan este recurso extraordinario, pues para decirlo en pocas palabras, no aparece la consabida demostraci\u00f3n del desatino f\u00e1ctico, en la manera que ya se explic\u00f3 en esta providencia. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, es palpable que la \u00faltima acusaci\u00f3n de la parte demandada no se abre paso. <\/p>\n
DEMANDA DE COOTRANSGIR\u00d3N <\/p>\n
\u00daNICO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se enjuicia la sentencia de segunda instancia por violaci\u00f3n directa del inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, en cuando a que se dej\u00f3 de aplicar al caso materia de controversia. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del embate, se expone lo siguiente: <\/p>\n
1. En el fallo acusado se sostiene que la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme procede solo parcialmente, como quiera que fue vendida una parte del inmueble denominado \u201cLlano de Hato\u201d (los lotes E, F, G a la sociedad MACG Ingenieros Civiles Ltda.), y en atenci\u00f3n a que la pretensi\u00f3n para que se pagara el mayor valor por el que se vendieron esos terrenos, \u201cno fue formulada por COOTRANSGIR\u00d3N, argumento que no fue consignado en la parte resolutiva del prove\u00eddo\u201d. <\/p>\n
2. La decisi\u00f3n de segunda instancia hizo una valoraci\u00f3n acertada de los medios de prueba y escogi\u00f3 certeramente el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil en cuanto a que regula la lesi\u00f3n enorme; sin embargo, dej\u00f3 de aplicar el precepto enunciado al comienzo, puesto que \u201cest\u00e1 demostrado dentro del proceso que el demandado Gabriel Moreno Cancino a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 4280 del 16 de diciembre del a\u00f1o 1987 suscrita en la Notar\u00eda Cuarta y registrada el d\u00eda 30 de marzo de 1988, procedi\u00f3 a la divisi\u00f3n del predio Llano de Hato en nueve lotes denominados A, B, C, D, E, F, G, H, I, y en este mismo instrumento vende los lotes E, F, y G a la sociedad MACG INGENIEROS CIVILES LTDA., situaci\u00f3n que sin duda da lugar a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1951 en su inciso 2 del C\u00f3digo Civil\u2026\u201d, es decir, que \u201ca COOTRANSGIR\u00d3N debi\u00f3 y debe reconoc\u00e9rsele el mayor valor que recibi\u00f3 el comprador Gabriel Moreno Cancino por la venta de los lotes E, F, y G, hasta concurrencia del justo precio que ten\u00edan, seg\u00fan el aval\u00fao pericial realizado, disminuido en una d\u00e9cima parte\u201d. <\/p>\n
3. La Sala Civil de la Corte contempl\u00f3 la procedencia de la rescisi\u00f3n en ventas parciales, en su sentencia de 6 de junio de 1977, por lo que incluso acept\u00e1ndose en gracia de discusi\u00f3n que \u201cen la demanda no se incluy\u00f3 la pretensi\u00f3n respecto de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1951 en su inciso segundo del C\u00f3digo Civil, es decir, que se ordenara a la parte demandada pagar al demandante el mayor valor por el que vendi\u00f3 los citados lotes, hasta concurrencia del justo precio que ten\u00edan seg\u00fan el aval\u00fao pericial realizado, disminuido en una d\u00e9cima parte, no se olvide que en la petici\u00f3n tres del libelo se consign\u00f3 lo siguiente: \u2018Que en virtud de la declaraci\u00f3n de rescisi\u00f3n del contrato, el demandado debe restituir a la demandante EL INMUEBLE OBJETO DE LA TRANSACCI\u00d3N, junto con todos sus componentes, anexidades, mejoras y usos\u201d, lo que quiere decir, siguiendo la jurisprudencia de la Sala, que lo suplicado \u201ccontiene impl\u00edcitamente que el demandado debe cancelar en favor [del demandante] el mayor valor por el que vendi\u00f3 los lotes\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia cuestionada, conforme se relacion\u00f3 en la s\u00edntesis de ella, acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de lesi\u00f3n enorme \u201ccon efectos parciales\u201d, en raz\u00f3n a que \u201cfue vendida una parte del inmueble\u201d, pues, \u201cel demandado mediante la escritura p\u00fablica 4280 de 16 de diciembre de 1997 de la Notar\u00eda Cuarta de Bucaramanga, registrada el 30 de marzo de 1998, procedi\u00f3 a dividir en 9 lotes el predio Llano de Hato [\u2026] y en el mismo instrumento en el que dividi\u00f3 le transfiri\u00f3 por venta a MACG Ingenieros Civiles Ltda. la propiedad de los lotes E, F y G [y] en estas condiciones, no procede la acci\u00f3n rescisoria sino parcialmente, en la parte del predio Llano de Hato que conserv\u00f3 bajo su propiedad el demandado, es decir en lo que concierne a los lotes identificados con las letras A, B, C, D, H e I\u201d. Igualmente, se indic\u00f3 en la providencia que \u201cno se ordenar\u00e1 al demandado pagar a la parte demandada el mayor valor por el que vendi\u00f3 los lotes, hasta concurrencia del justo precio que ten\u00edan proporcionalmente seg\u00fan el aval\u00fao pericial realizado, disminuido en una d\u00e9cima parte, como lo permite el art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, en atenci\u00f3n a que tal pretensi\u00f3n no fue formulada por Cootransgir\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2. En la censura expuesta en este cargo, el recurrente aduce, de un lado, que con el precitado razonamiento, el juzgador de segundo grado viol\u00f3 directamente la ley sustancial, al dejar de aplicar al caso el inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, que le da derecho a la demandante a que se le reconozca \u201cel mayor valor que recibi\u00f3 el comprador Gabriel Moreno Cancino por la venta de los lotes E, F, y G, hasta concurrencia del justo precio que ten\u00edan, seg\u00fan el aval\u00fao pericial realizado, disminuido en una d\u00e9cima parte\u201d; y del otro, que al pedir en la demanda la rescisi\u00f3n del contrato y la restituci\u00f3n del inmueble junto con todos sus componentes, anexidades, mejoras y usos, impl\u00edcitamente est\u00e1 contenida all\u00ed la s\u00faplica de \u201ccancelar en favor [del demandante] el mayor valor por el que [el demandado] vendi\u00f3 los lotes\u201d. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el sub-lite versa sobre una acusaci\u00f3n orientada por la v\u00eda directa, donde el quebrantamiento de la ley sustancial acontece, en palabras de la Corte, \u201ccuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u2026\u201d39. De manera que, por tal sendero, \u201c… la actividad del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales que consider\u00f3 no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d40. <\/p>\n
4. Acotado lo anterior, aparece pronto que el Tribunal en verdad dej\u00f3 de aplicar, debiendo hacerlo, el inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, porque con abstracci\u00f3n de que la accionante no haya solicitado en forma expl\u00edcita en su demanda, el reconocimiento del exceso resultante entre lo que pag\u00f3 el demandado por el bien y el dinero que obtuvo con su posterior venta, lo cierto es que atendiendo el estelar principio de la equidad que nutre la lesi\u00f3n enorme, esa pretensi\u00f3n debe entenderse necesariamente impl\u00edcita en el libelo por ser un complemento obligado de lo expresamente impetrado, cuando la lesi\u00f3n enorme se frustra, total o parcialmente, por la enajenaci\u00f3n del bien inmueble a un tercero. <\/p>\n
Y es que aqu\u00ed, el razonamiento en lo m\u00e1s m\u00ednimo puede diferir respecto del que se hace en materia de prestaciones mutuas, porque como ha ense\u00f1ado la Corte41, las disposiciones legales que las gobiernan, tienen su fundamento en evidentes y claros motivos de equidad, raz\u00f3n por la cual \u201cquedan incluidas en la demanda, de tal manera que el juzgador siempre debe considerarlas, bien a petici\u00f3n de parte, ora de oficio\u201d, pues el efecto general y propio de toda declaraci\u00f3n sobre la lesi\u00f3n enorme, es \u201cpropender por la efectiva reparaci\u00f3n de la grave inequidad objetiva que un contrato representa para una de las partes frente al correlativo enriquecimiento\u201d42. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, pretender que el an\u00e1lisis de la eventual restituci\u00f3n de dicho exceso solo pueda surtirse con previa petici\u00f3n expresa de la parte, tendr\u00eda como consecuencia agravar la condici\u00f3n de quien ya de entrada ha sufrido desmedro en sus derechos, a partir de un negocio que le ha sido lesivo, por no respetar el justo valor para el momento de la venta, am\u00e9n que principios elementales de hermen\u00e9utica, signados por los dictados de la equidad (art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), impiden interpretar que cuando el legislador, en el inciso segundo del art\u00edculo 1951 indica que \u201cpodr\u00e1 el primer vendedor reclamar este exceso\u201d, all\u00ed se est\u00e9 haciendo referencia a una facultad o potestad del demandante, de la cual puede o no hacer uso, porque, se reitera, la recomposici\u00f3n del equilibrio es mandato insoslayable en materia de lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
A lo expuesto se suma, que ya en sentencia de casaci\u00f3n de 6 de julio de 1977, con buen tino la Corte anticip\u00f3 que \u201c\u2026habr\u00e1 lugar a decretar que los demandados lo paguen [el exceso] a los demandantes, puesto que \u00e9stos pidieron en su libelo la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de toda la compraventa, s\u00faplica en la cual va impl\u00edcita de suyo esa pretensi\u00f3n para el evento de haberse enajenado parcialmente el inmueble vendido\u201d (resaltado no est\u00e1 en el original). <\/p>\n
Adem\u00e1s, es jurisprudencia reiterada de esta Sala Civil, que el Juez tiene la obligaci\u00f3n de interpretar la demanda para desentra\u00f1ar el sentido de sus s\u00faplicas, no solo en juicios como el que se estudia sino en todos los procesos, sin que esto signifique que se est\u00e9n rebasando sus facultades. Por el contrario, actuando de ese modo se est\u00e1 cumpliendo la funci\u00f3n de adminsitrar justicia, m\u00e1xime, como ya se dijo, en casos como el que aqu\u00ed se trata donde la restituci\u00f3n del exceso para la lesi\u00f3n enorme es una consecuencia legal de la decisi\u00f3n sin excluir el mayor valor recibido por la parte en la forma indicada en el art\u00edculo 1951, aunque expresamente no se solicite, porque se entiende, interpretando la demanda, que t\u00e1citamente se pidi\u00f3 dicho pago. <\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, preciso es reconocer que en este caso el sentenciador incurri\u00f3 en el yerro de hermen\u00e9utica respecto del inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, al hallar, sin fundamento plausible, que hac\u00eda falta una pretensi\u00f3n expresa para proceder al estudio del reclamo a que se refiere ese texto normativo. <\/p>\n
6. En tal orden de ideas, el cargo prospera y en la subsiguiente sentencia sustitutiva se analizar\u00e1, en el fondo, lo relativo a la acci\u00f3n de complemento que consagra el prenombrado precepto. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Dada la prosperidad del \u00fanico cargo propuesto en la demanda de casaci\u00f3n de la parte demandante, que ata\u00f1e, \u00fanicamente, al derecho que reconoce al vendedor inicial el inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, la decisi\u00f3n de reemplazo se reduce a analizar la procedencia de esa prerrogativa, dej\u00e1ndose inalteradas, por lo tanto, las dem\u00e1s resoluciones que son extra\u00f1as a ese punto. <\/p>\n
2. Antes de entrar en materia, es \u00fatil para contextualizar la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando, dejar sentado lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mediante la escritura p\u00fablica No. 4422 del 17 de octubre de 1997, Cootransgir\u00f3n Ltda. vendi\u00f3 a Gabriel Moreno Cancino \u201cun lote de terreno que hace parte de la finca Llano de Hato de un \u00e1rea aproximada de 19 hect\u00e1reas, 4000 metros cuadrados, situado en el municipio de Gir\u00f3n, Santander\u201d43. <\/p>\n
2.2 El anterior documento se registr\u00f3 en instrumentos p\u00fablicos, particularmente, en la anotaci\u00f3n 8 del folio de matr\u00edcula 300-7851944. <\/p>\n
2.3. Qued\u00f3 definido por el Tribunal, y ello se mantuvo inalterado en casaci\u00f3n, que el precio que el adquirente pag\u00f3 por ese fundo ascendi\u00f3 a $56.777.28145 <\/p>\n
2.4. Con la escritura p\u00fablica 4280 del 16 de diciembre de 1997, otorgada en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Bucaramanga, Gabriel Moreno Cancino dividi\u00f3 el inmueble atr\u00e1s descrito, en nueve lotes, que identific\u00f3 como A, B, C, D, E, F, G, H e I, y en el mismo acto transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta y a favor de MACG Ingenieros Civiles Ltda., los lotes E (40.948,92 metros cuadrados), F (24.694,14 metros cuadrados) y G (20.978,65 metros cuadrados), siendo el precio acordado para la venta \u201cveintitr\u00e9s millones de pesos ($23.000.000) moneda corriente, que el vendedor declara haber recibido en dinero en efectivo y a entera satisfacci\u00f3n de manos del comprador\u201d46. <\/p>\n
2.5. La precitada escritura p\u00fablica se registr\u00f3 en el folio de matr\u00edcula 300-78519, anotaciones 10 y 1147. <\/p>\n
2.6. Al plenario se aport\u00f3 la \u201cpromesa\u201d de contrato que dio lugar a la anterior escritura de divisi\u00f3n y venta, denominada \u201cConvenio empresarial para desarrollar un plan de inversi\u00f3n entre Gabriel Moreno Cancino, Macg Ingenieros Civiles Limitada y Construsantander\u201d, en el cual, se dej\u00f3 consignado que \u201cGabriel Moreno Cancino propietario del lote se compromete a desenglobar el lote en menci\u00f3n y enajenar los sectores E, F y G, por un valor de doscientos diez millones de pesos ($210.000.000), pagaderos en seis cuotas mensuales sucesivas de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000)\u201d48. <\/p>\n
2.7. En el dictamen pericial rendido en el curso de la segunda instancia, el perito avalu\u00f3 la totalidad del terreno, esto es, las 19 hect\u00e1reas y 4000 metros cuadrados, en seiscientos un millones cuatrocientos mil pesos ($601.400.000), se\u00f1alando un valor por hect\u00e1rea de treinta y un millones de pesos ($31.000.000)49. <\/p>\n
3. Con esas premisas f\u00e1cticas de por medio, se comienza por decir que a partir del tratamiento que a la lesi\u00f3n enorme da el ordenamiento patrio, tiene entendido la Corte, que esa es cuesti\u00f3n que solo ocupa a vendedor y comprador, porque es sobre ellos que gravita el examen de si se respet\u00f3 o no la justicia contractual. Por lo mismo se ha dicho, que el restablecimiento del equilibrio en el negocio \u201csolo puede lograrse a condici\u00f3n de que la cosa vendida a\u00fan permanezca bajo el gobierno jur\u00eddico del comprador y, por tanto, haga parte de su patrimonio\u201d, ya que \u201cla transferencia definitiva del inmueble a un tercero de buena fe, impide que este pueda resultar cobijado por la protesta de lesi\u00f3n, que es asunto que concierne \u00fanicamente a quienes intervinieron en la venta fustigada, y que, por lo mismo, no puede afectar el patrimonio de esos terceros\u201d, as\u00ed tan \u201cclara es la protecci\u00f3n a esos terceros, que ni siquiera cuando la enajenaci\u00f3n de la cosa le report\u00f3 al comprador un beneficio econ\u00f3mico adicional, como por v\u00eda de ejemplo, cuando \u2018la haya vendido por m\u00e1s de lo que hab\u00eda pagado por ella\u2019 (C.C., art. 1951), sobrevive la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme\u201d50. <\/p>\n
De acuerdo entonces con esa protecci\u00f3n a ultranza para el tercero que de buena fe adquiere un inmueble sobre el que precede un negocio lesivo, solo queda para el vendedor que reclama la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la venta que en su momento celebr\u00f3 sobre el bien que ya no est\u00e1 en cabeza de su comprador, el denominado complemento51, previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, cuyo buen suceso supone algo m\u00e1s que la acreditaci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme y la ulterior venta del bien a un tercero. <\/p>\n
Ciertamente, en fallo de casaci\u00f3n del 28 de marzo de 1958 (GJ LXXXVIII, p\u00e1g. 532), desarroll\u00f3 la Corte el criterio que para dar aplicaci\u00f3n en un proceso al p\u00e1rrafo segundo del mencionado precepto, resultaba preciso el insoslayable cumplimiento de dos condiciones conjuntas, a saber: \u201cQue se pruebe fehacientemente la lesi\u00f3n enorme, es decir, que el vendedor haya vendido un inmueble por menos de la mitad de su justo precio en el momento de la venta\u201d, y \u201cQue el comprador lo haya enajenado a un tercero por un precio superior al de compra\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
Y, profundizando esa sentencia en la genuina comprensi\u00f3n que debe tener tan especial regla, agreg\u00f3 que, para todos los casos en los que el comprador ya no sea titular del inmueble adquirido: \u201cA.- Si el vendedor estima que ha sido lesionado enormemente en la venta de un inmueble y en el momento de instaurar la demanda por lesi\u00f3n enorme \u00e9ste ya no se encuentra en poder del comprador por haberlo enajenado a un tercero, debe buscar qu\u00e9 patrimonio qued\u00f3 definitivamente enriquecido y contra \u00e9l ejercer la acci\u00f3n de restituci\u00f3n del exceso del precio. Si por la enajenaci\u00f3n que el comprador ha hecho se prueba que recibi\u00f3 como contraprestaci\u00f3n m\u00e1s de lo que le cost\u00f3 el inmueble, est\u00e1 probado el enriquecimiento B). Si el vendedor sufri\u00f3 lesi\u00f3n, pero el comprador no se lucr\u00f3 de ella por cuanto enajen\u00f3 a un tercero en el mismo precio, o s\u00f3lo se lucr\u00f3 parcialmente por cuanto enajen\u00f3 por un precio superior al de la compra, entonces es necesario demandar a la persona o personas que definitivamente se han aprovechado del empobrecimiento del vendedor\u201d. <\/p>\n
En una posterior sentencia de casaci\u00f3n de 19 de diciembre de 1962, en la que se trat\u00f3 nuevamente lo concerniente a la acci\u00f3n de complemento, esta Corporaci\u00f3n refrend\u00f3 como presupuesto el que el comprador \u201chaya recibido m\u00e1s de lo que hab\u00eda pagado por ella\u201d, y trajo, como novedad, la aplicaci\u00f3n del precepto a los casos de venta parcial, al decir que <\/p>\n
\u201cNo prev\u00e9, pues, el precepto sino la venta de la cosa, vale decir la totalidad y no una parte de ella. Mas consagrada la rescisi\u00f3n a favor del vendedor, seg\u00fan el art\u00edculo 1947, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad de su justo valor, es necesario interpretar los textos legales sobre esta materia de modo que la equidad que los inspira no se frustre por una venta parcial, ni sufra por ello tampoco el inter\u00e9s de terceros, que ambos objetivos persigue el art\u00edculo 1951 al negar la rescisi\u00f3n cuando la cosa ha sido enajenada por el comprador. La soluci\u00f3n, en consecuencia, se halla en respetar, de un lado, la enajenaci\u00f3n de la parte, con las posibles implicaciones que tenga el principio rescisorio en cuanto al precio de dicha porci\u00f3n; y del otro, en pronunciar la rescisi\u00f3n en lo que respecta a la no enajenada\u201d. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, reiterando lo dicho sobre la aplicaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil en las ventas parciales, y sin plantear nada nuevo sobre los presupuestos de la acci\u00f3n de complemento, la Sala expuso, en fallo no publicado de 6 de julio de 1977, que <\/p>\n
\u201c\u2026 esta enajenaci\u00f3n parcial, en concepto de la Corte no entorpece totalmente la pretensi\u00f3n deducida en la demanda, como la parte recurrente lo pretende en el alcance principal de su impugnaci\u00f3n. La lesi\u00f3n enorme est\u00e1 probada y los vendedores que la sufrieron tienen indiscutiblemente derecho a que se rescinda el contrato, pero s\u00f3lo respecto de la parte del terreno que los demandados conservaban en propiedad a la fecha de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda: no de otra manera puede interpretarse el citado art\u00edculo 1951. Y en cuanto al exceso de que trata el segundo inciso del mismo art\u00edculo, habr\u00e1 lugar a decretar que los demandados lo paguen a los demandantes, puesto que \u00e9stos pidieron en su libelo la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de toda la compraventa, s\u00faplica en la cual va impl\u00edcita de suyo esa pretensi\u00f3n para el evento de haberse enajenado parcialmente el inmueble vendido\u201d (resaltado no est\u00e1 en el original)52. <\/p>\n
4. Vistos los acontecimientos con el prisma de la jurisprudencia de la Corte sobre la materia (donde se reclama como requisito sine qua non de la acci\u00f3n de complemento el cumplimiento conjunto de dos presupuestos: prueba certera de la lesi\u00f3n enorme y la enajenaci\u00f3n a un tercero por un precio superior al de la compra), se tiene que en la especie examinada, derecho le asiste a la demandante Cootransgir\u00f3n Limitada para reclamar el exceso que el demandado recibi\u00f3 por la nueva venta de los tres terrenos disgregados. <\/p>\n
En efecto, estando indiscutida a estas alturas la lesi\u00f3n enorme que se produjo con el contrato de compraventa formalizado mediante la escritura p\u00fablica 4422 del 17 de octubre de 1997, el primer presupuesto de la acci\u00f3n de complemento se satisface. El segundo tambi\u00e9n, si se repara que en la segunda instancia se estableci\u00f3 y ello qued\u00f3 ratificado en este estrado casacional, que por toda la finca de 19 hect\u00e1reas y 4000 metros cuadrados, el accionado pag\u00f3 $56.777.281, mientras que la venta posterior, de solo tres lotes, que corresponden al 56.73% del terreno sin desenglobar, el demandado obtuvo, realmente, $210.000.000, de acuerdo al convenio empresarial que fue causa de la venta que finalmente se hizo a Macg Ingenieros Civiles Ltda. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, si el 56.73% de la suma inicialmente pagada al demandante es $32.209.751,52, y el precio recibido por esa porci\u00f3n por parte del demandado asciende a $210.000.000, la resta de aquella a esta cifra, $177.790.248,48, representa el exceso que debe reconocerse, pero solo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, $341.174.220, seg\u00fan porcentaje respectivo, con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte del exceso. Es decir, que al proceder con las operaciones pertinentes, el guarismo obtenido es $160.011.224, que por supuesto no supera el justo precio, y es la suma que el convocado debe reconocer a su contraparte. <\/p>\n
6. Ahora bien, la anterior suma que debe cancelar el demandado en beneficio del demandante, amerita ser actualizada para una fecha cercana a la de este fallo, en acatamiento de un criterio jurisprudencial que poco a poco se ha venido depurando, y que al tiempo actual, admite la indexaci\u00f3n de las cargas de cada uno de los involucrados en el proceso de lesi\u00f3n enorme, a partir de la fecha del negocio jur\u00eddico lesivo. <\/p>\n
Por todas, y para no dar mayores rodeos se cita la sentencia de casaci\u00f3n de 18 de julio de 2017, Rad. 2008-00374-01, en la que se expuso: <\/p>\n
Con ese par\u00e1metro jurisprudencial, cumple traer a valores actuales el excedente ac\u00e1 deducido, para lo cual, se echar\u00e1 mano de una f\u00f3rmula ya utilizada por la Corte, en oportunidades anteriores, como lo muestra la sentencia SC11822-2015. La operaci\u00f3n es as\u00ed: \u201cla suma actualizada (Sa) es igual a la suma hist\u00f3rica (Sh) multiplicada por el \u00edndice de precios al consumidor del mes hasta el que se va a realizar la actualizaci\u00f3n (\u00edndice final) dividido por el \u00edndice de precios al consumidor del mes del que se parte (\u00edndice inicial)\u201d. <\/p>\n
Entonces, tomando como datos relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Valor a actualizar: $160.011.224.<\/p>\n
ii. Fecha de actualizaci\u00f3n: noviembre de 2020.<\/p>\n
iii. \u00cdndice de precios para ese mes: 105.23.<\/p>\n
iv. Fecha inicial: octubre de 1997, por ser el tiempo de suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 4422.<\/p>\n
v. IPC para la precitada mensualidad, 30.7754. <\/p>\n
Al desarrollar la f\u00f3rmula (sa = sh x if\/i.i.), se tiene: <\/p>\n
s.a. = $160.011.224 x 105.23 <\/p>\n
30.77 <\/p>\n
s.a. = $547.220.705. <\/p>\n
De manera que el excedente que, debidamente actualizado debe pagar la parte demandada a la accionante, queda en quinientos cuarenta y siete millones doscientos veinte mil setecientos cinco pesos ($547.220.705). <\/p>\n
7. Por consiguiente, se revocar\u00e1 tambi\u00e9n el fallo de primera instancia, en cuanto no acogi\u00f3 ninguna de las s\u00faplicas de la demanda, para adem\u00e1s de los ordenamientos que imparti\u00f3 el Tribunal, adicionar uno, en el sentido de ordenar al demandado Gabriel Moreno Cancino, hoy a sus herederos de acuerdo a como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pagar a la demandante Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Transportadores de Gir\u00f3n Ltda. -Cootransgir\u00f3n-, la suma de $547.220.705., en el t\u00e9rmino de los seis d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, so pena de causarse sobre esa suma, los intereses legales del 6% anual. <\/p>\n
La correcci\u00f3n monetaria de todas las condenas dinerarias impuestas, desde su respectiva fecha de causaci\u00f3n hasta el momento en que se haga efectivo el pago, deber\u00e1 hacerse en la forma indicada en el inciso final del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y siguiendo las pautas de actualizaci\u00f3n que fij\u00f3 aqu\u00ed la Corte, respecto de la nueva condena ahora reconocida, lo cual har\u00e1 el ad quem. <\/p>\n
8. La indicada modificaci\u00f3n del fallo apelado no conlleva la alteraci\u00f3n de las dem\u00e1s decisiones del Tribunal, que siguen como est\u00e1n. <\/p>\n
9. Para finalizar, las costas del proceso corren a cargo de la parte demandada, como lo dispuso en su momento el Tribunal, y las del recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1n ser asumidas por la parte demandada, por haberle sido fallada adversamente su impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia pronunciada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el proceso ordinario de la referencia. <\/p>\n
En sede de instancia, mantiene la revocatoria \u00edntegra del fallo apelado, y adiciona un ordinal al fallo del Tribunal, del siguiente tenor: \u201cCONDENAR al demandado Gabriel Moreno Cancino -hoy a sus herederos-, a pagar al demandante la suma de quinientos cuarenta y siete millones doscientos veinte mil setecientos cinco pesos ($547.220.705), a t\u00edtulo del excedente de que trata el inciso segundo del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, la cual deber\u00e1 ser cancelada dentro de los seis d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, so pena de pagar, sobre el mencionado monto, intereses legales del 6% anuales\u201d. En firme quedan las dem\u00e1s determinaciones del ad-quem. <\/p>\n
La correcci\u00f3n monetaria de todas las condenas dinerarias impuestas, desde su respectiva fecha de causaci\u00f3n hasta el momento en que se haga efectivo el pago, deber\u00e1 hacerse en la forma indicada en el inciso final del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y siguiendo las pautas de actualizaci\u00f3n que fij\u00f3 aqu\u00ed la Corte. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte demandada, ante la improsperidad de su respectivo recurso de casaci\u00f3n. Se fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo. La Secretar\u00eda de la Sala efectuar\u00e1 la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Folio 72 del c. 1. <\/p>\n
2 Folio 71 ib. <\/p>\n
3 Folios 81 a 92 del c. 1 <\/p>\n
4 Folios 234 a 242 del c. 1. <\/p>\n
5 Folios 157 a 162 ib). <\/p>\n
6 Folios 393 a 396 del c. 1. <\/p>\n
7 Folios 399 a 405 ib. <\/p>\n
8 Folios 407 y 414 ib. <\/p>\n
9 Folios 425 a 436 del c. de la Corte. <\/p>\n
10 Folios 1488 a 1503 del c. 4 tomo (v). <\/p>\n
11 CSJ SC de 20 de mayo de 2002, Exp. 6256. <\/p>\n
13 Auto admisorio de la demanda de 14 de abril de 1999, fl. 76 del C. 1. <\/p>\n
14 Folios 513 a 519 del c. 4, tomo II. <\/p>\n
15 Folio 8 del c. 4, Tomo I. <\/p>\n
16 Folios 1188 y 1189 del c. 4, Tomo IV. <\/p>\n
17 Folios 1447 a 1486 del c. 4, Tomo V. <\/p>\n
18 CSJ SC de 14 de febrero de 1995, G.J. t. CCXXIV, p\u00e1g. 179. <\/p>\n
19 CSJ SC de 8 de mayo de 1992, G.J. t. CCXVI, p\u00e1g. 315. <\/p>\n
20 Folios 341 y 342 del c. 1. <\/p>\n
21 Auto del 8 de abril de 2008, folio 396 del c. 1. <\/p>\n
22 CSJ SC del 22 de julio de 1993 <\/p>\n
23 Folio 8 del c. 4 T. I. <\/p>\n
24 Folios 13 al 17 del c. 4 T. I. <\/p>\n
25 CSJ SC, 18 Ago. 2010. Rad. 2002-00101-01, reiterada en CSJ SC, 2. Jun. 2015. Rad. 2004-00059-01. <\/p>\n
26 SC8456-2016 <\/p>\n
27 SC8456-2016 <\/p>\n
28 SC1656-2018 <\/p>\n
29 Se refiere el recurrente al auto de la magistrada sustanciadora del Tribunal (folios 487 a 491 del c. del Tribunal), que declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, y rechaz\u00f3 por falta de legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por Cootransgir\u00f3n Ltda. y Benjam\u00edn Camargo Garc\u00eda, el que posteriormente fue revocado por la magistrada siguiente en turno de la Sala, al resolver el recurso de s\u00faplica (folios 621 a 627 del c. de apelaci\u00f3n). <\/p>\n
30 CSJ SC de 28 de septiembre de 1977, reiterada en SC de 9 de noviembre de 1993, G.J. 2464, p\u00e1g. 401. <\/p>\n
31 CSJ SC de 18 de mayo de 1883, GJ 2411, p\u00e1g. 69. <\/p>\n
32 CSJ SC de 28 de septiembre de 1977. <\/p>\n
33 SC, 15 jul. 2008, rad. n\u00b0 2000-00257-01; SC, 20 mar. 2013, rad. n\u00b0. 1995-00037-01; AC3336, 16 jun. 2015, rad. n\u00b0 2011-00270-01. <\/p>\n
34 CSJ, SC del 2 de febrero de 2001, Rad. No. 5670; se subraya. <\/p>\n
35 SC del 5 de diciembre de 1990 y 7 de octubre de 1992, reiterada en SC de 18 de dic. de 2012 Rad. 2007 00313 01. <\/p>\n
36 Folios 29 a 31 del c. 1. <\/p>\n
37 Cfr. Sentencia 071 de 29 de abril de 2005, expediente 0829, entre otras. <\/p>\n
38 CSJ SC de 16 de diciembre de 2005, Rad. 1999-04772-00. <\/p>\n
39 Sentencia de 1\u00b0 de noviembre de 2011, Rad. 2006-00092-01 <\/p>\n
40 G.J., t. CXLVI, p\u00e1g. 50. <\/p>\n
41 Cfr. Sentencia de 15 de junio de 1985. <\/p>\n
43 Folios 1 a 3 del c. 1. <\/p>\n
44 Folio 66 vuelto del c. 1. <\/p>\n
45 Folio 1464 del c. 1. <\/p>\n
46 Folios 119 a 126 del c. 1. <\/p>\n
47 Folios 66 vuelto y 68 del c. 1. <\/p>\n
48 Folio 118 del c. 1. <\/p>\n
49 Folios 173 a 175 del c. 1. <\/p>\n
50 Apartes en comillas corresponden a la SC 2889 de 30 de enero de 2007. <\/p>\n
51 As\u00ed la designa, por ejemplo, la sentencia de casaci\u00f3n de 23 de septiembre de 1918, GJ. XXVII, p\u00e1g. 67). <\/p>\n
52 Las sentencias de 1962 y 1977, adem\u00e1s, fueron citados en un dicho al paso de la Corte, insertado en el fallo de casaci\u00f3n de 5 de diciembre de 2011, Rad. 2005-00199-01. <\/p>\n
53 Entre varias, casaciones civiles de 22 de julio de 1987, 19 de abril, 21 de abril de 1989 y 8 de febrero de 1994. <\/p>\n
54 El IPC es hecho notorio, y los datos relacionados se obtuvieron de la p\u00e1gina web del DANE, en la pesta\u00f1a de IPC_serie_variaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC1832-2021 (1999-00273-01)_1 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC1832-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-003-1999-00273-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de sala del once de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- La Corte decide los recursos de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}