SC1947-2021 (2009-00171-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1947-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54405-31-03-001-2009-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de septiembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por SEGUROS COLPATRIA S.A. frente a la sentencia del 22 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil – Familia, en el proceso que MARIO VEGA ARIAS y GLORIA ESMERALDA ORTEGA BRAVO, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos JUAN SEBASTI\u00c1N VEGA ORTEGA, BRYAN CAMILO CELIS ORTEGA, EST\u00c9FANI JOHANNA VEGA CASTA\u00d1EDA y LEIDI MARIANA VEGA CASTA\u00d1EDA; EST\u00c9FANI JOHANNA ORTEGA, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija ANG\u00c9LICA GERALDINE ORTEGA; CENOBIA BRAVO CARRILLO; JOS\u00c9 ANTONIO DE PADUA VEGA CUERVO; ESTHER DE JES\u00daS ARIAS DE VEGA; ANA ADELINA VEGA ARIAS; JOS\u00c9 ANTONIO VEGA ARIAS; ESTHER DE JES\u00daS VEGA ARIAS; MARTHA CECILIA VEGA ARIAS; DANIEL ANTONIO VEGA ARIAS; RIGO ALBERTO V\u00c1SQUEZ C\u00c1RDENAS y EMILSE GARC\u00cdA ALBARRAC\u00cdN, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos NARLY YORELIS MENDOZA GARC\u00cdA, V\u00cdCTOR ESNEIDER MENDOZA GARC\u00cdA, DEIVIS \u00c1NDERSON MENDOZA GARC\u00cdA, DAVID ARMANDO V\u00c1SQUEZ ALVEAR y MARUYI LISBETH V\u00c1SQUEZ ALVEAR; RIGOBERTO V\u00c1SQUEZ AGULEDO; LUIS FREDY GARC\u00cdA ALBARRAC\u00cdN; MARIBEL GARC\u00cdA ALBARRAC\u00cdN; CLARA HAIDEE V\u00c1SQUEZ C\u00c1RDENAS; MARIO V\u00c1SQUEZ GONZ\u00c1LEZ y MAR\u00cdA HERMINIA V\u00c1SQUEZ GONZ\u00c1LEZ promovieron en contra de RAMIRO G\u00d3MEZ \u00c1LVAREZ, la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LIMITADA y DORIS JANETH ORTIZ MERCHAN, al que fue llamada en garant\u00eda la nombrada recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, que obra en los folios 67 a 95 del cuaderno No. 1, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, declarar la responsabilidad civil extracontractual de los accionados por la muerte de los menores Jonathan Mario Vega Ortega y Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda, ocurrida en hechos que tuvieron lugar el 24 de marzo de 2008; como consecuencia de lo anterior, condenar a aqu\u00e9llos a pagar a los actores los perjuicios materiales, representados en el lucro cesante (presente y futuro), los perjuicios morales y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n que sufrieron, debido al fallecimiento de las citadas v\u00edctimas, conforme a la tasaci\u00f3n que de cada uno de esos rubros hicieron en el mismo libelo; e imponer a los accionados las costas procesales. <\/p>\n
2. Para respaldar esas s\u00faplicas, se plantearon los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. En la indicada fecha, 24 de marzo de 2008, cuando Jonathan Mario y Fabi\u00e1n Alberto se encontraban al lado izquierdo de la v\u00eda, luego de atravesar en bicicleta el anillo vial ubicado a la \u201caltura del retorno de Bocono\u201d, fueron atropellados violentamente por el bus de servicio p\u00fablico identificado con la placa XXB-082, conducido por Ramiro G\u00f3mez \u00c1lvarez, de propiedad de Doris Janeth Ortiz Merch\u00e1n y afiliado a la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Limitada, debido a que el citado conductor no respet\u00f3 las se\u00f1ales de tr\u00e1nsito, circulaba con exceso de velocidad y actu\u00f3 descuidadamente. <\/p>\n
2.2. El accidente fue presenciado por los dem\u00e1s menores que acompa\u00f1aban a las v\u00edctimas, quienes advirtieron al conductor del automotor de la ocurrencia del mismo, pues \u00e9l, por su desatenci\u00f3n, ni se percat\u00f3 de ello, arrastrando a las v\u00edctimas por m\u00e1s de 50 metros, con todo y bicicletas. En ese grupo, estaba un hermano del joven Vega Ortiz, quien sac\u00f3 el cad\u00e1ver de \u00e9ste de debajo del bus y se ha visto gravemente afectado por esos sucesos. Fabi\u00e1n fue llevado al Hospital Universitario Erasmo Meoz, a donde lleg\u00f3 sin signos vitales. <\/p>\n
2.3. Los menores fallecidos estudiaban en el \u201cCOLEGIO CLUB DE LEONES\u201d, cursaban d\u00e9cimo grado y \u201cse destacaban por su buen comportamiento y actitudes acad\u00e9micas y disciplinarias correctas\u201d. <\/p>\n
2.4. Jonathan Mario Vega Ortega era hijo de Mario Vega Arias y Gloria Esmeralda Ortega Bravo. Ten\u00eda excelentes relaciones con su hermano Juan Sebasti\u00e1n Vega Ortega; con sus medios hermanos Bryan Camilo Celis Ortega, Est\u00e9fani Johanna Vega Casta\u00f1eda, Leidi Mariana Vega Casta\u00f1eda y Est\u00e9fani Johanna Ortega; con su sobrina, la hija de esta \u00faltima, Ang\u00e9lica Geraldine Ortega; con sus abuelos Cenobia Bravo Carrillo, Jos\u00e9 Antonio de Padua Vega Cuervo y Esther de Jes\u00fas Arias de Vega; y con sus t\u00edos Ana Adelina, Jos\u00e9 Antonio, Esther de Jes\u00fas, Martha Cecilia y Daniel Antonio Vega Arias. <\/p>\n
2.5. Por su parte, Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda era hijo de Rigo Alberto V\u00e1squez C\u00e1rdenas y Emilse Garc\u00eda Albarrac\u00edn. Ten\u00eda excelentes relaciones con sus medios hermanos Narly Yorelis Mendoza Garc\u00eda, V\u00edctor Esneider Mendoza Garc\u00eda, Deivis Anderson Mendoza Garc\u00eda, David Armando V\u00e1squez Alvear y Maryuri Lisbeth Garc\u00eda Albarrac\u00edn; con sus t\u00edos Luis Fredy Garc\u00eda Albarrac\u00edn, Maribel Garc\u00eda Albarrac\u00edn, Clara Haidee V\u00e1squez C\u00e1rdenas, Mario V\u00e1squez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Herminda V\u00e1squez Gonz\u00e1lez; as\u00ed como con su abuelo Rigoberto V\u00e1squez Agudelo. <\/p>\n
2.6. Las familias de los occisos se han visto enormemente afectadas, sobre todo porque ellos eran apenas unos adolescentes, que empezaban a vivir. <\/p>\n
3. El escrito introductorio fue admitido por el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander, mediante prove\u00eddo del 22 de julio de 2009, en el que, por virtud de la reposici\u00f3n interpuesta por el apoderado de los actores, se accedi\u00f3 a revocar el auto inadmisorio previamente proferido (fls. 97 y 98, cd. 1). <\/p>\n
4. Doris Janeth Ortiz Merch\u00e1n y Ramiro G\u00f3mez \u00c1lvarez fueron notificados por intermedio del apoderado que sustituy\u00f3 al que designaron para que los representara, a quien se le hizo enteramiento personal de la referida providencia en diligencia del 15 de octubre de 2009 (fl. 125, cd. 1). <\/p>\n
La Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Limitada lo fue por aviso, seg\u00fan aparece en la documentaci\u00f3n que milita en los folios 140 a 143 del cuaderno principal. <\/p>\n
5. Los convocados, por intermedio del mismo apoderado judicial, pero en escritos separados, visibles en los folios 130 a 139 y 152 a 165 del cuaderno No. 1, al contestar la demanda, se opusieron al acogimiento de sus pretensiones, se pronunciaron de distinta manera sobre los hechos alegados y propusieron, con el car\u00e1cter de meritorias, las siguientes excepciones comunes: \u201cAUSENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL por CULPA EXCLUSIVA DE LA V\u00cdCTIMA\u201d; \u201cCASO FORTUITO O FUERZA MAYOR\u201d; y \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u201d. <\/p>\n
Los se\u00f1ores Ortiz Merch\u00e1n y G\u00f3mez \u00c1lvarez alegaron, adicionalmente, las de \u201cINEXISTENCIA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE LUCRO CESANTE, PERJUICIOS MORALES, DA\u00d1O FISIOL\u00d3GICO Y DA\u00d1O EMERGENTE POR INEXISTENCIA DE PRUEBA\u201d e \u201cINEXISTENCIA DEL DA\u00d1O A LA VIDA DE RELACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
La Cooperativa formul\u00f3 las de \u201cAUSENCIA ABSOLUTA DE CAUSA LEGAL PARA EXIGIR LA INDEMNIZACI\u00d3N RECLAMADA POR LA PARTE ACTORA\u201d y \u201cPAGO PARCIAL DE LA INDEMNIZACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
6. Las personas naturales demandadas llamaron en garant\u00eda a Seguros Colpatr\u00eda S.A. con fundamento en las p\u00f3lizas Nos. 8001053523 y 8001053524, en el escrito que aparece en los folios 9 y 10 del cuaderno No. 2, <\/p>\n
La jur\u00eddica, en el memorial de folios 7 y 8 del cuaderno No. 3, efectu\u00f3 id\u00e9ntico llamamiento, soportada en esas mismas dos p\u00f3lizas y, adem\u00e1s, en las identificadas con los Nos. 8001057968 y 8001057969. <\/p>\n
Cada uno de esos pedimentos fue admitido por autos del 6 de julio de 2010 (fls. 11 y 12 cd. 2; y 9 y 10, cd. 3) que se notificaron personalmente a la llamada, por intermedio del apoderado judicial que design\u00f3 para que la representara, en diligencias del 25 de agosto de 2010 (fls. 19, cd. 2 y 11, cd. 3). <\/p>\n
7. En un solo escrito (fls. 30 a 44, cd. 3), la citada compa\u00f1\u00eda respondi\u00f3 los llamamientos que se le hicieron y la demanda con la que se dio inicio al proceso. <\/p>\n
En tal virtud, se opuso a las peticiones elevadas en unos y otra y expres\u00f3 lo que consider\u00f3 apropiado en torno de sus hechos. <\/p>\n
Frente a la acci\u00f3n, propuso las excepciones meritorias de \u201cCULPA EXCLUSIVA DE LA V\u00cdCTIMA\u201d, \u201cCULPA EXCLUSIVA DE UN TERCERO\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS QUE ESTRUCTURAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL\u201d, \u201cCARENCIA DE PRUEBA DEL SUPUESTO PERJUICIO\u201d, \u201cTASACI\u00d3N EXCESIVA DEL PERJUICIO\u201d, \u201cIMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE CONDENA POR PERJUICIOS DERIVADOS DEL DA\u00d1O A LA VIDA DE RELACI\u00d3N\u201d, \u201cENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA\u201d e \u201cIMPOSIBILIDAD JUR\u00cdDICA PARA RECLAMAR DOBLE INDEMNIZACI\u00d3N POR EVENTUALES PERJUICIOS QUE HAYA SUFRIDO EL DEMANDANTE CON OCASI\u00d3N DEL ACCIDENTE DE TR\u00c1NSITO A QUE ALUDEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA\u201d. <\/p>\n
En cuanto hace a los llamamientos, adujo las de \u201cIMPOSIBILIDAD LEGAL PARA AFECTAR LAS P\u00d3LIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Nos. 8001057968 Y 8001057969, Y QUE SIRVIERON DE FUNDAMENTO PARA LA CITACI\u00d3N\u201d, \u201cL\u00cdMITE DE LA EVENTUAL OBLIGACI\u00d3N INDEMNIZATORIA O DE REEMBOLSO A CARGO DE MI REPRESENTADA Y A FAVOR DE LA LLAMANTE EN GARANT\u00cdA POR CUENTA DE LA P\u00d3LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 8001053523\u201d, \u201cL\u00cdMITE DE LA EVENTUAL OBLIGACI\u00d3N INDEMNIZATORIA O DE REEMBOLSO A CARGO DE MI REPRESENTADA Y A FAVOR DE LA LLAMANTE EN GARANT\u00cdA HASTA EL L\u00cdMITE ASEGURADO CONTENIDO EN LA P\u00d3LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 8001053524, EN EXCESO DEL SOAT Y LA P\u00d3LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL B\u00c1SICA U OBLIGATORIA\u201d, \u201cAUSENCIA DE COBERTURA DEL LUCRO CESANTE POR CUENTA DE LAS P\u00d3LIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nos. 8001053523 Y 8001053524\u201d y \u201cLAS EXCLUSIONES DE AMPARO EXPRESAMENTE PREVISTAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS P\u00d3LIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL\u201d. <\/p>\n
8. Agotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 18 de julio de 2013 (fls. 304 a 326, cd. 1), en la que resolvi\u00f3: <\/p>\n
8.1. Declarar probadas, \u201cen los t\u00e9rminos (\u2026) alegados\u201d, las excepciones de \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LUCRO CESANTE, (\u2026) DA\u00d1O ERMERGENTE [y] (\u2026) DA\u00d1O FISIOL\u00d3GICO\u201d e \u201cINXISTENCIA DEL DA\u00d1O A LA VIDA DE RELACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
8.2. Declarar la responsabilidad civil extracontractual de los demandados Ramiro G\u00f3mez \u00c1lvarez y \u201cOMEGA LIMITADA\u201d por el fallecimiento de los menores Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda y Jonathan Mario Vega Ortega, ocurrido en los hechos de que dio cuenta la demanda. <\/p>\n
8.3. Condenar a los precitados accionados a pagar a cada uno de los padres de las citadas v\u00edctimas, la suma de $46.150.000.oo, equivalente a 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales de 2008; y a cada uno de sus hermanos, la suma de $23.075.000.oo, equivalente a 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
8.4. Negar las restantes pretensiones del libelo introductorio. <\/p>\n
8.5. \u201cORDENAR a la compa\u00f1\u00eda (\u2026) SEGUROS COLPATRIA S.A. PAGAR a los parientes padres y hermanos determinados en el numeral [t]ercero de la parte resolutiva de este prove\u00eddo, LA SUMA DEL 100%, m\u00e1s los intereses moratorios [d]esde el 6 de septiembre de 2010, sobre el valor total CONDENADO Y ORDENADO a la EMPRESA OMEGA LTDA. conforme a las [p]\u00f3lizas suscritas entre \u00e9stos, Nos. 8001053524 y 8001053523 (folios 5 y 6 c. 3), es decir, la suma de DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS\u201d. <\/p>\n
8.6. Disponer el pago de las costas por la parte demandada \u201cen un 50% a favor de los padres y hermanos, conforme la condena impuesta\u201d. <\/p>\n
8.7. Fijar en $18.000.000.oo, las agencias en derecho. <\/p>\n
9. En atenci\u00f3n a las solicitudes de aclaraci\u00f3n que elevaron los demandantes y la llamada en garant\u00eda, el a quo, mediante prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2013, accedi\u00f3 a la primera de esas solicitudes y neg\u00f3 la segunda. <\/p>\n
En tal virtud, consider\u00f3 que \u201cefectivamente, [s]i se prueba a los folios 5 y 6 c. 2 la existencia de dos p\u00f3lizas las Nos. 8001053524 y 23, en las que se determina que a la muerte de 2 o m\u00e1s personas 200 salarios, corresponde el pago de 200 salarios cada una, es decir 400 salarios en total, suma esta que debe ser cancelada por la ASEGURADORA LLAMADA EN GARANT\u00cdA, como pago GARANTE de lo condenado en esta sentencia, por lo tanto, se debe entender que las mismas, cobijan a la ocurrencia del siniestro, muerte de dos personas, el pago efectivo de la misma por la suma asegurada, en el amparo de (\u2026) muerte de dos o m\u00e1s personas como en el caso que nos ocupa en que se dio la muerte de FABI\u00c1N ALBERTO V\u00c1SQUEZ GARC\u00cdA y JONATHAN MARIO VEGA ORTEGA\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resolvi\u00f3 \u201cTENER POR ADICIONADA la [s]entencia de fecha julio 18 de [d]os mil trece en los t\u00e9rminos aqu\u00ed establecidos\u201d (fls. 336 y 337, cd. 1). <\/p>\n
10. Apelado que fue el memorado fallo por los mismos intervinientes arriba relacionados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en el que dict\u00f3, que data del 22 de abril de 2014 (fls. 12 a 35, cd. 6), dispuso: <\/p>\n
10.1. Confirmar el punto cuarto de su parte resolutiva. <\/p>\n
10.2. Adicionar el punto tercero, para condenar al pago de la suma de $10.000.000.oo en favor de cada uno de los abuelos de las v\u00edctimas, por concepto de los perjuicios morales por ellos padecidos. <\/p>\n
10.4. Confirmar el numeral cuarto, \u201caclar\u00e1ndolo en el sentido de que el llamado en garant\u00eda deber\u00e1 pagar las costas en proporci\u00f3n a la cuota que le corresponde de la indemnizaci\u00f3n, conforme lo se\u00f1ala el numeral 3 del art\u00edculo 1128 del C. de Co., esto es, como agencias en derecho la suma de siete millones ochenta y un mil pesos m\/c ($7.081.200), de los $18.000.000 que fueron fijad[o]s a favor de la parte demandante\u201d. <\/p>\n
10.5. Mantener sin modificaciones las restantes decisiones adoptadas en la sentencia cuestionada. <\/p>\n
10.6. Condenar a los demandados Ramiro G\u00f3mez \u00c1lvarez y Omega Ltda., en las costas de segunda instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n
Por los alcances reducidos del recurso de casaci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, como habr\u00e1 de establecerse m\u00e1s adelante, en relaci\u00f3n con el fallo de segunda instancia, basta se\u00f1alar: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los reproches que Seguros Colpatria S.A., en su condici\u00f3n de llamada en garant\u00eda, formul\u00f3 contra la sentencia del a quo, se redujeron a los siguientes: <\/p>\n
1.1. De acuerdo con el memorial obrante en los folios 332 a 334 del cuaderno No. 1: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El valor de la condena impuesta, como quiera que \u201cno corresponde al monto asegurado por perjuicios morales\u201d que, seg\u00fan las p\u00f3lizas visibles en los folios 5 y 6 del cuaderno 3, \u201ccorresponde al 20% del valor asegurado\u201d, es decir, al \u201c20% de 200 SMMLV\u201d o, lo que es lo mismo, a la suma de \u201c$18.460.000 que fue el valor real e inequ\u00edvocamente asegurado por perjuicios morales en cada una de las p\u00f3lizas\u201d, sin que, por lo mismo, pudiera tomarse como tal, la cobertura fijada para el riesgo de \u201cMUERTE O LESI\u00d3N DOS (2) O M\u00c1S PERSONAS\u201d. <\/p>\n
1.1.2. La orden de pagar intereses moratorios, \u201csituaci\u00f3n que es a todas luces incorrecta, teniendo en cuenta que la entidad llamada en garant\u00eda con cargo a las p\u00f3lizas que amparan a los demandados solo est\u00e1 llamada a responder por los valores asegurados, que en el caso que nos ocupa, en el peor de los eventos ser\u00eda del 20% del valor asegurado por concepto de \u2018MUERTE O LESI\u00d3N DOS (2) O M\u00c1S PERSONAS\u2019, conforme lo explicado anteriormente\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Seg\u00fan el escrito de folios 338 y 339 del precitado cuaderno, la imposici\u00f3n de las costas contenida en el punto sexto de la parte resolutiva del fallo cuestionado, toda vez que ese rubro solo puede recaer en los demandados, condici\u00f3n que no tiene la aseguradora, quien, como ya se dijo, s\u00f3lo debe responder por el riesgo asegurado en la cuant\u00eda indicada. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con tales reproches, el Tribunal estim\u00f3: <\/p>\n
2.1. Sobre el primero -el monto de la condena impuesta a la seguradora-, tras advertir la plena demostraci\u00f3n de los dos contratos que la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Limitada celebr\u00f3 con la llamada en garant\u00eda para asegurar su responsabilidad civil extracontractual en relaci\u00f3n con el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico identificado con la placa XXB-082, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
2.1.2. Pese a que \u201cen dichas p\u00f3lizas igualmente (\u2026) aparece que el valor asegurado por perjuicios morales es del 20% del valor asegurado, pero ello, debe considerarse, dada su individualizaci\u00f3n, que corresponde a un riesgo distinto de la muerte o lesi\u00f3n, igualmente asegurado\u201d. <\/p>\n
2.1.3. Por consiguiente, \u201cno puede entenderse, que s\u00f3lo hay lugar a exigir el pago de \u00e9ste, dejando de lado el de muerte, por el hecho de haberse condenado en la sentencia que nos ocupa, \u00fanicamente al pago de este tipo de perjuicios (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.2. Respecto del segundo -la condena al pago de intereses-, que \u201cdeben pagarse los (\u2026) moratorios desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible, tal y como lo estatuye el art\u00edculo 1080 ib\u00eddem\u201d. <\/p>\n
2.3. Y en cuanto hace al \u00faltimo punto -las costas-, que el valor fijado por concepto de agencias en derecho est\u00e1 dentro de los l\u00edmites previstos en el Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y que \u201cel llamado en garant\u00eda deber\u00e1 pagar en proporci\u00f3n a la cuota que le corresponde en la indemnizaci\u00f3n, conforme lo se\u00f1ala el numeral 3 del art\u00edculo 1128 del C. de Co., esto es, la suma de siete millones ochenta y un mil pesos m\/c ($7.081.200) (sic) toda vez que \u00e9ste deber\u00e1 pagar la suma de $166.140.000, que equivale al 39.34% del valor total de la indemnizaci\u00f3n a cargo de la parte demandada, la cual asciende a $432.275.000, sin intereses en ninguna de estas indemnizaciones\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene dos cargos, cada uno con alcance parcial, que la Corte resolver\u00e1 en el mismo orden de su proposici\u00f3n, por ser el que l\u00f3gica y jur\u00eddicamente corresponde. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en el motivo inicial del recurso extraordinario de que se trata, se enrostr\u00f3 al ad quem haber quebrantado indirectamente los art\u00edculos 63, 1494 a 1496, 1498, 1500 a 1502, 1602 a 1604, 1613, 1615 a 1627, 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil; y 1\u00ba, 2\u00ba, 822, 864, 870, 871, 1036, 1037, 1040, 1042, 1045 a 1048, 1054, 1056, 1057, 1072, 1073, 1075, 1077, 1079, 1082 a 1084, 1127, 1131, 1133 y 1162 del C\u00f3digo de Comercio, todo como consecuencia de \u201clos graves, notorios y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, objetiva y material de varios de los medios de prueba recaudados en el expediente\u201d. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n discurri\u00f3 por el siguiente sendero: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00edneas generales, la inconformidad del censor recay\u00f3 en que para el Tribunal \u201cla simple convenci\u00f3n sobre el l\u00edmite de la suma asegurada de 200 SMMLV, bast\u00f3 para deducir que mi procurada estaba obligada a indemnizar en esa misma medida, bajo el amparo de responsabilidad civil por muerte de dos o m\u00e1s personas, y que la convenci\u00f3n respecto del sub-l\u00edmite para el da\u00f1o moral que de ese suceso se pueda derivar, corresponde a un amparo aut\u00f3nomo y por ende diferente a aquel, de manera que el pacto seg\u00fan el cual el valor m\u00e1ximo indemnizable por este \u00faltimo detrimento inmaterial, del 20% de aquella suma asegurada, s\u00f3lo confirma que se trata de una cobertura diversa de la muerte de 2 o m\u00e1s personas\u201d. <\/p>\n
2. En desarrollo de tal idea, el impugnante, en concreto, le atribuy\u00f3 al ad quem la comisi\u00f3n de los errores de hecho que pasan a puntualizarse: <\/p>\n
2.1. En forma reiterativa, denunci\u00f3 la indebida apreciaci\u00f3n de las p\u00f3lizas de seguro base de la condena, visibles en los folios 5 y 6 del cuaderno No. 3, toda vez que al arribar a la referida conclusi\u00f3n, el indicado sentenciador las tergivers\u00f3, en tanto que el sub-l\u00edmite del 20% del valor asegurado, fijado para los perjuicios morales, no corresponde a un \u201camparo adicional\u201d, mucho menos, \u201caut\u00f3nomo\u201d, sino a la fijaci\u00f3n del m\u00e1ximo indemnizable por ese concepto, cualquiera fuera su causa, esto es, ya se tratara de la muerte y\/o de la lesi\u00f3n de una, dos o m\u00e1s personas. <\/p>\n
2.2. La preterici\u00f3n de \u201clas condiciones generales de las p\u00f3lizas de responsabilidad civil extracontractual transporte p\u00fablico de pasajeros\u201d, que obran en los folios 14 a 21 del cuaderno 3, toda vez que su apreciaci\u00f3n hubiese permitido al Tribunal determinar con acierto las coberturas amparadas con tales contratos y que \u201clos perjuicios morales se sujet[aron] por acuerdo entre las partes, a la suma sub-limitada, es decir por debajo del l\u00edmite pactado para el amparo en cuesti\u00f3n, que se consign\u00f3 en la p\u00f3liza, como efectivamente se hizo, por el 20% del valor asegurado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. A\u00f1adi\u00f3 que la correcta ponderaci\u00f3n de las p\u00f3lizas y la apreciaci\u00f3n de las condiciones generales de las mismas, conduc\u00eda a colegir que la suma asegurada por perjuicios morales en cada caso, efectuados los respectivos c\u00f3mputos, ascendi\u00f3 a $18.460.000, a la cual debe restarse el \u201cdeducible\u201d del 10%, lo que arrojar\u00eda el total de $16.614.000.oo y que, trat\u00e1ndose de dos seguros, la obligaci\u00f3n de la llamada en garant\u00eda, por lo tanto, iba s\u00f3lo hasta la suma de $33.228.000.oo. <\/p>\n
4. Al cierre, el censor explic\u00f3 c\u00f3mo los anotados yerros provocaron el quebranto de las normas sustanciales indicadas al inicio de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el cargo de que ahora se ocupa la Corte, la impugnante cuestion\u00f3 el monto de la condena que le fue impuesta, en su condici\u00f3n de llamada en garant\u00eda, toda vez que el Tribunal fij\u00f3 como tal el valor asegurado para el riesgo de \u201cMUERTE O LESI\u00d3N DOS (2) O M[\u00c1]S\u201d personas, previsto en las p\u00f3lizas de responsabilidad civil extracontractual Nos. 80010535323 y 80010535324, con las que se asegur\u00f3 el veh\u00edculo de placa XXB-082 durante la vigencia comprendida entre el 31 de diciembre de 2007 y la misma fecha del a\u00f1o siguiente, esto es, el equivalente a \u201c200 SMMLV\u201d, descontado el deducible del 10%, desconociendo as\u00ed el \u201cSUBL[\u00cd]MITE\u201d del \u201c20%\u201d del \u201cValor asegurado\u201d que en los mismos contratos se determin\u00f3 para el rubro de los \u201cPERJUICIOS MORALES\u201d. <\/p>\n
En criterio del censor, el entendimiento que el ad quem le dio a los referidos seguros comport\u00f3 la comisi\u00f3n de error de hecho por tergiversaci\u00f3n de su genuino sentido y, adicionalmente, pretermisi\u00f3n de las \u201cCONDICIONES GENERALES\u201d de los mismos, como quiera que la correcta ponderaci\u00f3n de los primeros en conjunto con la apreciaci\u00f3n de las segundas, le hubiese permitido establecer que el aludido sub l\u00edmite no corresponde a un riesgo independiente y\/o aut\u00f3nomo frente al de muerte o lesi\u00f3n de dos o m\u00e1s personas, de modo que resultara excluido por \u00e9ste, sino que, por el contrario, responde a la regulaci\u00f3n del valor m\u00e1ximo al que la aseguradora est\u00e1 obligada, por concepto de perjuicios morales, incluso, en ese supuesto. <\/p>\n
2. Seguros Colpatria S.A., con el escrito en el que contest\u00f3 la demanda y el llamamiento en garant\u00eda que le hizo la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Limitada, alleg\u00f3 en copia el documento identificado como \u201c20\/10\/05-1306-P-15-P1600 OCTUBRE\/2005\u201d, \u201cPOLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TRANSPORTADORES DE SERVICIO P\u00daBLICO DE PASAJEROS\u201d, \u201cCONDICIONES GENERALES\u201d (fls. 14 a 21, cd. 3), que no amerit\u00f3 ning\u00fan cuestionamiento por parte de los demandantes y, mucho menos, de los accionados. <\/p>\n
Reza el mismo, en lo pertinente: <\/p>\n
1. AMPAROS <\/p>\n
1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. <\/p>\n
COMPRENDE EL RESARCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES DESCRITOS EN LA PRESENTE P\u00d3LIZA CAUSADOS A TERCEROS POR LOS CUALES EL ASEGURADO SEA CIVILMENTE RESPONSABLE CON OCASI\u00d3N DE UN ACCIDENTE DE TR\u00c1NSITO, CON EL VEH\u00cdCULO DE SERVICIO P\u00daBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS ASEGURADO, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES AMPAROS Y L\u00cdMITES, EXPRESAMENTE CONSIGNADOS EN LA CAR\u00c1TULA DE ESTA P\u00d3LIZA: <\/p>\n
1. MUERTE O LESI\u00d3N A UNA PERSONA <\/p>\n
2. MUERTE O LESI\u00d3N A DOS O M\u00c1S PERSONAS <\/p>\n
3. DA\u00d1OS A BIENES DE TERCEROS (negrillas y subrayas, fuera del texto). <\/p>\n
Se extracta de lo anterior, que mediante las p\u00f3lizas de responsabilidad civil extracontractual para transportadores de servicio p\u00fablico de pasajeros, la aseguradora recurrente asumi\u00f3 tres riesgos espec\u00edficos: <\/p>\n
– Las lesiones de una o m\u00e1s personas. <\/p>\n
– Los da\u00f1os a bienes de terceros. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada uno de ellos se oblig\u00f3, en principio, a resarcir tanto los perjuicios \u201cMATERIALES\u201d como los \u201cMORALES\u201d, con los l\u00edmites que se fijaran en las respectivas p\u00f3lizas, como dice la primera parte de la estipulaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Los demandados allegaron con los llamamientos en garant\u00eda que hicieron, como prueba de los contratos en los que soportaron los mismos, las certificaciones que obran en los folios 5 y 6 del cuaderno No. 2, que corresponden a las que militan en los folios 4 y 5 del cuaderno No. 3, las cuales tampoco generaron ninguna inconformidad en los actores y en la mencionada sociedad. <\/p>\n
En cada una de ellas se precis\u00f3: <\/p>\n
Presenta la siguiente cobertura otorgada por la Compa\u00f1\u00eda de SEGUROS COLPATRIA S.A. con NIT 860.002.184-6 <\/p>\n
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS <\/p>\n
Coberturas: Valor Asegurado Hasta: <\/p>\n
DA\u00d1OS A BIENES DE TERCEROS 100 SMMLV <\/p>\n
MUERTE O LESI\u00d3N A UNA PERSONA 100 SMMLV <\/p>\n
MUERTE O LESION DOS (2) O MAS 200 SMMLV <\/p>\n
GASTOS DE DEFENSA Ver condiciones Generales <\/p>\n
AMPARO PATRIMONIAL Incluido <\/p>\n
PERJUICIOS MORALES SUBLIMITE 20% del Valor Asegur <\/p>\n
Significa lo anterior, que fue de esa manera como en los contratos de seguro de que aqu\u00ed se trata, se establecieron los l\u00edmites del aseguramiento convenido, tanto en lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, como con los morales, respecto de los tres riesgos amparados. <\/p>\n
4. Apreciados en conjunto las \u201cCONDICIONES GENERALES\u201d de las p\u00f3lizas y la particular regulaci\u00f3n que en ellas se hizo de los riesgos amparados, as\u00ed como de los valores asegurados, se extracta que la llamada en garant\u00eda se comprometi\u00f3 a reconocer: <\/p>\n
-Por la muerte o lesi\u00f3n de una persona, como perjuicio material m\u00e1ximo, una suma equivalente a 100 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
-Por la muerte o lesi\u00f3n de dos (2) o m\u00e1s personas, como perjuicio material m\u00e1ximo, una suma equivalente a 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
-Por los da\u00f1os a bienes de terceros, como perjuicio material m\u00e1ximo, una suma equivalente a 100 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
-Y por perjuicios morales, en relaci\u00f3n con cada uno de esos eventos, el 20% del valor asegurado para ellos, sub l\u00edmite que en definitiva significa la aplicaci\u00f3n de ese porcentaje frente, de un lado, al equivalente de 100 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, en los supuestos de muerte o lesiones de una persona y de da\u00f1os a bienes de terceros (20 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes); y, de otro, al equivalente de 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, en el caso de la muerte o lesiones de dos o m\u00e1s personas (40 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes). <\/p>\n
5. No puede ser otro el entendimiento de esas previsiones contractuales, especialmente, la del sub-l\u00edmite fijado para los perjuicios morales, pues si se admitiera que \u00e9l corresponde a un riesgo aut\u00f3nomo e independiente, como lo predic\u00f3 el Tribunal, no habr\u00eda ning\u00fan supuesto en el que pudiera aplicarse. <\/p>\n
Como es l\u00f3gico entenderlo, en el plano de la responsabilidad civil, las afectaciones subjetivas de la v\u00edctima -el dolor, la angustia o el sufrimiento que experimenta-, son siempre consecuencia del evento da\u00f1oso directo que la afecta -v. gr. la muerte de un ser querido, la lesi\u00f3n corporal que le es irrogada por otro o el desprestigio social y\/o comercial injustificado a que la somete su agresor-. <\/p>\n
Por ello, es perfectamente entendible que en los contratos de seguro de que se trata, los perjuicios morales a cuyo resarcimiento se comprometi\u00f3 la aseguradora, sean una consecuencia que se irradia de los riesgos amparados y que, por lo mismo, no puedan configurarse si se los mira como una categor\u00eda desconectada de \u00e9stos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la comprensi\u00f3n que el ad quem hizo del tratamiento que en los contratos de seguro se concedi\u00f3 a los perjuicios morales, luce contraria a los art\u00edculos 1620 y 1622 del C\u00f3digo Civil, toda vez que, seg\u00fan el primero, \u201c[e]l sentido en que una cl\u00e1usula puede producir alg\u00fan efecto, deber\u00e1 preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno\u201d; y, conforme el segundo, \u201c[l]as cl\u00e1usulas de un contrato se interpretar\u00e1n unas por otras, d\u00e1ndosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad\u201d, reglas que no devienen inoperantes por el s\u00f3lo hecho de que estemos en frente de un protot\u00edpico contrato de adhesi\u00f3n, en el que sus estipulaciones fueron definidas por la aseguradora, como ya en otro caso lo sentenci\u00f3 la Sala, en el que tambi\u00e9n, respecto de un contrato de seguro, aplic\u00f3 el citado art\u00edculo 1620 del C\u00f3digo Civil (SC 129 del 12 de febrero de 2018, Rad. n.\u00b0 2010-00364-01). <\/p>\n
6. Rutilante es, por decir lo menos, el error del Tribunal cuando, en relaci\u00f3n con los perjuicios morales sufridos por los padres, hermanos y abuelos de las v\u00edctimas, \u00fanicos cuyo resarcimiento se impuso a los demandados, determin\u00f3 que la aseguradora llamada en garant\u00eda estaba obligada a reconocer una suma equivalente a \u201c200 SMMLV, por ser la cobertura que aparece pactada por la muerte o lesi\u00f3n de dos o m\u00e1s personas, es decir, por la sola ocurrencia de uno de los dos siniestros, menos el deducible convenido del 10%\u201d; y que la estipulaci\u00f3n relativa al monto por \u201cpor perjuicios morales (\u2026) del 20% del valor asegurado\u201d corresponde, \u201cdada su individualizaci\u00f3n, (\u2026) a un riesgo distinto de la muerte o lesi\u00f3n\u201d, por lo que \u201cno puede entenderse, que s\u00f3lo hay lugar a exigir el pago de \u00e9ste, dejando de lado el de muerte, por el hecho de haberse condenado en la sentencia que nos ocupa, \u00fanicamente el pago de este tipo de perjuicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
No. Como ya se se\u00f1al\u00f3, el l\u00edmite de 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes correspond\u00eda al del perjuicio patrimonial, en el caso de que fruto del accidente de tr\u00e1nsito que pudiere sufrir el veh\u00edculo asegurado, fallecieran o resultaran lesionadas, dos o m\u00e1s personas. <\/p>\n
A su turno, el sub l\u00edmite del 20% del valor asegurado, al de los perjuicios morales, independiente de que el riesgo materializado fuera el especificado en precedencia, o el deceso o la lesi\u00f3n de una sola persona, o el da\u00f1o a los bienes de terceros. <\/p>\n
No hay duda, entonces, que el ad quem alter\u00f3 el genuino sentido de las coberturas y l\u00edmites fijados en las p\u00f3lizas en comento, pues transmut\u00f3 los perjuicios materiales en morales y, por este camino, de un lado, aplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los primeros a los segundos y, de otro, no hizo actuar la especial, prevista para los \u00faltimos. <\/p>\n
7. Y es inocultable la trascendencia del yerro detectado, pues fue en virtud de \u00e9l que esa autoridad impuso a la aseguradora llamada en garant\u00eda, una condena por una cantidad superior a la del l\u00edmite de la cobertura para los perjuicios morales, en el supuesto de la muerte de dos o m\u00e1s personas, que fue el que aconteci\u00f3, la cual \u00fanicamente pod\u00eda extenderse al 20% de la suma equivalente a 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, es decir, representativa de tan s\u00f3lo 40 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para cada una de las p\u00f3lizas, claro est\u00e1, con aplicaci\u00f3n del deducible del 10% que reconoci\u00f3 el Tribunal, sin protesta de ninguno de los intervinientes procesales, sobre todo de quien hizo el referido llamado, pese a que en la certificaci\u00f3n de folio 5 del cuaderno 3, relativa a la p\u00f3liza No. 8001053524, no se expres\u00f3 esa limitante. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Soportado tambi\u00e9n en la primera causal de casaci\u00f3n, se reproch\u00f3 al Tribunal la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, por \u201cinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d. <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n, su proponente adujo: <\/p>\n
1. El objeto del ataque es la fecha, o el momento a partir del cual se impuso a la llamada en garant\u00eda el deber de pagar intereses moratorios (6 de septiembre de 2010). <\/p>\n
2. De la mano del contenido de la norma presuntamente quebrantada por el sentenciador de segunda instancia, el casacionista puntualiz\u00f3 que el proceso judicial es el \u201cforo natural para acreditar el derecho a la indemnizaci\u00f3n\u201d y que \u201cpor ser de car\u00e1cter declarativo, no puede precaverse para que a la aseguradora le sea exigible la indemnizaci\u00f3n antes de acreditar ese derecho, as\u00ed sea residualmente por v\u00eda extrajudicial; y, por ende, s\u00f3lo hasta que se comprueben los extremos o cargas impuestas al asegurado o reclamante en el art\u00edculo 1077, para formalizar una reclamaci\u00f3n, de demostrar la ocurrencia del riesgo asegurado, o siniestro, seg\u00fan el art\u00edculo 1072 del C. de Co., y vencido el t\u00e9rmino de un mes desde ese momento, es decir que haya fenecido ese plazo dispuesto por la ley, es que se puede generar, y no antes, la obligaci\u00f3n a cargo de la [a]seguradora del pago de intereses moratorio[s] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. El Tribunal, fruto de la errada interpretaci\u00f3n de la comentada disposici\u00f3n legal, tom\u00f3 como fecha de inicio de los intereses moratorios una \u201cque no corresponde a lo consagrado en la norma sustancial contenida en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, pues simplemente fij\u00f3 que su c\u00e1lculo deb\u00eda hacer[se] desde el 6 de septiembre de 2010, sin estimar cu\u00e1les eran los requisitos de la ley para la procedencia de la condena de esta clase\u201d, determinaci\u00f3n con la que le dio al precepto \u201cun alcance distinto al que realmente le corresponde, como si el solo tr\u00e1mite del proceso en cuesti\u00f3n fuera suficiente para estimar aplicable\u201d el mismo. <\/p>\n
4. Adelante agreg\u00f3 que el Tribunal aplic\u00f3 el referido precepto sin explicitar las razones para ello; que, \u201cpor sustracci\u00f3n de materia, si no se conoc\u00eda el monto del resarcimiento, mal p[od\u00eda] decirse que se (\u2026) esta[ba] en mora de pagar un hecho que era incierto\u201d; y que su adecuada interpretaci\u00f3n, hubiese conducido al sentenciador de segunda instancia a negar que la demandada estuviese en esa situaci\u00f3n -mora- y, por lo mismo, a disponer el pago de los intereses impuestos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. A voces del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, luego de la modificaci\u00f3n que le introdujo el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, las aseguradoras deben efectuar el pago del siniestro \u201cdentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante [ellas] de acuerdo con el art\u00edculo 1077\u201d (se subraya), esto es, seg\u00fan lo contempla este \u00faltimo precepto, comprobando \u201cla ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso\u201d (se subraya). <\/p>\n
A\u00f1ade la disposici\u00f3n, que \u201c[v]encido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad\u201d (se subraya). <\/p>\n
2. Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, el \u201cdeudor est\u00e1 en mora\u201d, entre otros supuestos, cuando \u201cno ha cumplido la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora\u201d (num. 1\u00ba; se subraya), excepci\u00f3n esta \u00faltima que no tiene aplicaci\u00f3n en trat\u00e1ndose del pago del seguro, pues la ley guard\u00f3 silencio al respecto. <\/p>\n
3. Se sigue de lo anterior, que las empresas aseguradoras solo est\u00e1n en mora de pagar la indemnizaci\u00f3n a su cargo, con todo lo que ello supone, al vencimiento del mes indicado en el art\u00edculo 1080 del estatuto mercantil, cuya contabilizaci\u00f3n parte del momento en el que el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y el valor de la p\u00e9rdida, cuando fuere necesario, sea que lo haga judicial o extrajudicialmente. <\/p>\n
4. Esa, que es la premisa general para atribuir mora a las aseguradoras respecto del pago de los seguros, adquiere una especial connotaci\u00f3n en trat\u00e1ndose de los seguros de da\u00f1os y, particularmente, de los seguros de responsabilidad. <\/p>\n
5. En el caso de los primeros -seguros de da\u00f1os-, caracterizados por ser de naturaleza meramente indemnizatoria (art. 1088, C. de Co.), siempre debe, por tal raz\u00f3n, acreditarse el valor de la p\u00e9rdida, de donde es dable colegir que la mora en el pago de la respectiva indemnizaci\u00f3n, depende: primero, de que el interesado haya acreditado la ocurrencia del siniestro; segundo, de que haya comprobado el monto del perjuicio; y, tercero, de que est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de un mes fijado en la ley, contado a partir de cu\u00e1ndo aqu\u00e9l satisfizo las dos exigencias anteriores. <\/p>\n
6. En el de los segundos, los seguros de responsabilidad, que son una subespecie de los anteriores, el cumplimiento de los comentados requisitos puede adquirir diferentes modalidades. <\/p>\n
6.1. Esta tipolog\u00eda de contrato, como se desprende del art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio, considerados los cambios que le hizo el art\u00edculo 84 de la Ley 45 de 1990, tiene un doble car\u00e1cter: de un lado, propende por mantener indemne el patrimonio del asegurado, frente a cualquier indemnizaci\u00f3n que deba pagar como consecuencia de resultar responsable civilmente frente a terceros; y, de otro, protege a la v\u00edctima de los da\u00f1os que le infiera aqu\u00e9l, al punto que ella es beneficiaria de la indemnizaci\u00f3n y tiene acci\u00f3n directa contra la aseguradora (art. 1133, ib.). <\/p>\n
Sobre el particular, tiene establecido la Sala: <\/p>\n
Con la reforma introducida por la ley 45 de 1990, cuya ratio legis, como ab-initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del inter\u00e9s de los damnificados con el hecho da\u00f1oso del asegurado, a la funci\u00f3n primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aun\u00f3, delantera y directamente, la de resarcir a la v\u00edctima del hecho da\u00f1oso, objetivo por raz\u00f3n del cual se le instituy\u00f3 como beneficiaria de la indemnizaci\u00f3n y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, o sea que se radic\u00f3 en el damnificado el cr\u00e9dito de indemnizaci\u00f3n que pesa sobre el asegurador, confiri\u00e9ndole el derecho de reclamarle directamente la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestaci\u00f3n, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligaci\u00f3n de abon\u00e1rsela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato\u2026 <\/p>\n
(\u2026) El prop\u00f3sito que la nueva reglamentaci\u00f3n le introdujo, desde luego, no es, per se, suced\u00e1neo del anterior, sino complementario, \u2018lato sensu\u2019, porque el seguro referenciado, adem\u00e1s de procurar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o padecido por la v\u00edctima, concedi\u00e9ndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, as\u00ed sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los da\u00f1os provocados por \u00e9ste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservaci\u00f3n, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad (CSJ, SC del 10 de febrero de 2005, Rad. n.\u00b0 7614; se subraya). <\/p>\n
6.2.1. Cuando es aqu\u00e9lla quien, en ejercicio de la acci\u00f3n directa que tiene contra la aseguradora, reclama a \u00e9sta el pago de los perjuicios que padeci\u00f3 como consecuencia del proceder del asegurado, debe diferenciarse si la reclamaci\u00f3n es extrajudicial o judicial. <\/p>\n
Lo primero acontece en el supuesto de que se dirija a la compa\u00f1\u00eda aseguradora sin haber adelantado un proceso judicial y le solicite el pago de la indemnizaci\u00f3n, caso en el cual, como lo estatuye el ya citado art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo Comercio, est\u00e1 obligada a demostrarle la ocurrencia del siniestro y, adem\u00e1s, los perjuicios que depreca. <\/p>\n
Es del caso clarificar que como dicho beneficiario, puede atender tales deberes en un solo momento o en varios, de hacerlo en fechas distintas, el mes contemplado en el art\u00edculo 1080 ib\u00eddem se contar\u00e1 s\u00f3lo desde la \u00faltima, en que haya completado las demostraciones a su cargo. <\/p>\n
La segunda hip\u00f3tesis se da cuando la v\u00edctima recurre o tiene que recurrir al \u00f3rgano jurisdiccional, mediante la formulaci\u00f3n de una demanda, en la que pretende que se imponga a la aseguradora la obligaci\u00f3n de resarcirle los perjuicios que sufri\u00f3 como consecuencia del da\u00f1o que le infiri\u00f3 el asegurado, caso en el cual le corresponder\u00e1 al juez que conozca del proceso, determinar, seg\u00fan las circunstancias, el momento en el que quedaron cabalmente satisfechas las exigencias del preinvocado art\u00edculo 1077. <\/p>\n
6.2.2. Algo bien distinto ocurre cuando la reclamaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, ya sea que tenga car\u00e1cter extrajudicial o judicial, proviene del asegurado, toda vez que en este caso, la carga demostrativa que a \u00e9l compete, tiene un objeto bien diverso al anterior, en tanto que recae en acreditar la afectaci\u00f3n de su patrimonio, como consecuencia de haberle indemnizado a un tercero los perjuicios que le ocasion\u00f3, o de verse obligado a ello, por ser el responsable civil del da\u00f1o generador de los mismos. <\/p>\n
Es que como de manera reciente lo precis\u00f3 esta Sala de la Corte, \u201c[e]l perjuicio que experimenta el responsable es siempre de car\u00e1cter patrimonial, porque para \u00e9l la condena econ\u00f3mica a favor del damnificado se traduce en la obligaci\u00f3n de pagar las cantidades que el juzgador haya dispuesto, y eso significa que su patrimonio necesariamente se ver\u00e1 afectado por el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n, la cual traslada a la compa\u00f1\u00eda aseguradora cuando previamente ha adquirido una p\u00f3liza de responsabilidad civil\u201d. Por consiguiente, \u201clos da\u00f1os a reparar (patrimoniales y extrapatrimoniales) constituyen un detrimento netamente patrimonial en la modalidad de da\u00f1o emergente para la persona a la que le son jur\u00eddicamente atribuibles, esto es, para quien fue condenado a su pago\u201d (CSJ, SC 20950 del 12 de diciembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2008-00497-01; se subraya). <\/p>\n
De suyo, en el caso de encontrarse en firme la obligaci\u00f3n de resarcirle los perjuicios a la v\u00edctima, cualquiera que sea la hip\u00f3tesis que conduzca a ello (sentencia judicial, transacci\u00f3n, conciliaci\u00f3n, etc.), o de haberse verificado ya el pago de los mismos, podr\u00e1 el asegurado, previa acreditaci\u00f3n de una o de las dos circunstancias anteriores, seg\u00fan fuere el caso, reclamarle a la aseguradora extrajudicialmente o en proceso judicial que, conforme a lo estipulado en el seguro, atienda la reparaci\u00f3n del damnificado o que le reembolse la cantidad que le sufrag\u00f3 a \u00e9ste. <\/p>\n
En el \u00e1mbito judicial tambi\u00e9n puede ocurrir que la v\u00edctima promueva el respectivo proceso de responsabilidad contra el causante del da\u00f1o (asegurado), caso en el cual \u00e9ste, fincado en el contrato de seguro por \u00e9l celebrado con la aseguradora, puede llamarla en garant\u00eda \u201cpara que dentro del mismo proceso se resuelva sobre tal relaci\u00f3n\u201d, como anta\u00f1o lo dispon\u00eda el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y hoy en d\u00eda lo establece el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En casos como el de sub lite, la acreditaci\u00f3n de la existencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida que exige el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio como detonante de la mora del asegurador, solo puede entenderse satisfecha en la fase de valoraci\u00f3n de la prueba, no antes, pues solo en desarrollo de esa labor de juzgamiento resulta posible determinar, de manera objetiva, lo que se tuvo por probado en el proceso. <\/p>\n
Es que antes, ello es imposible, sobre todo si dicho demandado, la aseguradora llamada en garant\u00eda, o los dos, discuten la responsabilidad endilgada a aqu\u00e9l y\/o el monto de los perjuicios solicitados, pues, se itera, \u00fanicamente hasta cuando el debate judicial quede zanjado por sentencia que lo defina en favor de la parte actora y en contra del accionado, es factible aseverar que el patrimonio del \u00faltimo est\u00e1 efectivamente expuesto a reducirse (siniestro) en un monto espec\u00edfico (cuant\u00eda de la p\u00e9rdida). <\/p>\n
Y, siendo ello as\u00ed, y dado que, -como viene de verse- en contextos como el descrito la demostraci\u00f3n de las variables del canon 1077 del estatuto mercantil se diferir\u00e1 a la etapa de la sentencia, su ejecutoria bastar\u00e1 para hacer exigible el pago de la condena impuesta por la jurisdicci\u00f3n, siendo por ello improcedente otorgar un plazo de gracia de treinta d\u00edas que establece la misma codificaci\u00f3n en el art\u00edculo 1080 previamente citado. <\/p>\n
M\u00e1s notoria es la necesidad del fallo definitorio de la contienda cuando, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, los \u00fanicos perjuicios peticionados, o susceptibles de reconocerse, son los morales, pues la determinaci\u00f3n de su cuant\u00eda \u00fanicamente compete al juez, facultad que s\u00f3lo puede ejercer al desatar la correspondiente instancia. <\/p>\n
De manera muy pr\u00f3xima en el tiempo, as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Sala en un caso promovido por el asegurado contra la compa\u00f1\u00eda de seguros, en el que, al resolver sobre la imposici\u00f3n de intereses moratorios a la \u00faltima, fincada en los art\u00edculos 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, estim\u00f3: <\/p>\n
En el particular escenario que ahora concierne analizar a la Corte, tanto el hecho externo imputable al asegurado, cuanto los reclamos que de all\u00ed se derivaron, objetivamente ocurrieron en fechas previas al inicio de los respectivos procesos declarativos, pero a\u00fan para esa \u00e9poca, y durante un largo per\u00edodo, la misma demandante discut\u00eda con vehemencia la existencia de la primera variable, es decir, el error en la liquidaci\u00f3n del impuesto de registro recaudado por ella por delegaci\u00f3n legal -ocurrencia del siniestro, se aclara-. <\/p>\n
De ello es muestra la defensa que la C\u00e1mara de Comercio desarroll\u00f3, con \u00e9xito parcial, ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, la que, de hecho, le permiti\u00f3 en \u00e9pocas anteriores a la emisi\u00f3n del fallo del 13 de agosto de 2015 (proferido por la Secci\u00f3n Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado), eludir cualquier impacto negativo en su patrimonio derivado directamente de tal pifia. <\/p>\n
Teniendo en cuenta esas particularidades, y dado que, despu\u00e9s de la integraci\u00f3n del contradictorio, subsist\u00eda para la actora la incertidumbre de la p\u00e9rdida y de sus alcances, no resulta viable reconocer r\u00e9ditos moratorios en una fecha anterior a la de la ejecutoria de esta providencia, replicando as\u00ed la soluci\u00f3n que, de manera consistente, ha dado la jurisprudencia a eventos relacionados con prestaciones que no est\u00e1n plenamente determinadas antes de la intervenci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
Lo anterior en tanto que, como lo ha advertido insistentemente la Sala, <\/p>\n
\u2018la falta de certeza excluye la posibilidad legal de que la deudora se enc[uentre] en mora de pagar la obligaci\u00f3n, requisito \u00e9ste que desde anta\u00f1o exige la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como puede verse en sentencia de casaci\u00f3n de 27 de agosto de 1930, en la cual en forma categ\u00f3rica se expres\u00f3 que \u2018la mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma l\u00edquida\u2019, a cargo del deudor (G.J. T, XXXVIII, p\u00e1g. 128)\u2019 (CSJ SC, 10 jul. 1995, rad. 4540). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente la Corte reiter\u00f3 este razonamiento: <\/p>\n
\u2018(\u2026) las indemnizaciones por el incumplimiento del pago de un capital se imponen frente a una obligaci\u00f3n cierta e indiscutida, seg\u00fan lo prevenido, por regla general, en los art\u00edculos 1608 y 1617 del C\u00f3digo Civil, de ah\u00ed que cuando la misma nace en la sentencia, como en el caso, tales efectos no son retroactivos. La \u2018constituci\u00f3n en mora\u2019 -dice la Corte- supone la existencia cierta e indiscutida de la respectiva obligaci\u00f3n (\u2026). De ah\u00ed que la \u2018mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma l\u00edquida\u2019 (\u2026). (Sentencia de 3 de noviembre de 2010) (CSJ SC, 14 dic. 2011, rad. 2001-01489-01). <\/p>\n
Entonces, sin perder de vista el espec\u00edfico contexto en el que se suscit\u00f3 este debate, se concluye que no era factible que la C\u00e1mara de Comercio acreditara \u2018su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077\u2019 (conforme el canon 1080 del estatuto mercantil), antes de que ese derecho se cristalizara y delimitara a partir de m\u00faltiples providencias -incluyendo esta sentencia-. Por ende, la Sala negar\u00e1 el reconocimiento de r\u00e9ditos moratorios en la forma pretendida, y estos solo se impondr\u00e1n como consecuencia del eventual retardo en el cumplimiento de la carga, esta s\u00ed indiscutida, que se impondr\u00e1 ahora\u201d (CSJ, SC 5217 del 3 de diciembre de 2019, Rad. n.\u00b0 2008-00102-01; se subraya). <\/p>\n
7. Lo hasta aqu\u00ed expuesto, impone a la Sala el deber de abandonar la tesis consistente en que, frente a la ausencia de una reclamaci\u00f3n extrajudicial del seguro y la formulaci\u00f3n, por ende, de la correspondiente demanda judicial, la mora del asegurador est\u00e1 determinada por su constituci\u00f3n en mora, surtida por la notificaci\u00f3n del auto admisorio de ese \u00faltimo escrito, de conformidad con lo que en su momento preve\u00eda el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y que en la actualidad estatuye el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre el punto, explic\u00f3 la Sala: <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, como no se present\u00f3 una t\u00edpica reclamaci\u00f3n extrajudicial al asegurado, mucho menos id\u00f3nea, dirigida a obtener el pago de la prestaci\u00f3n asegurada, fuerza concluir que aquel no se encontraba en mora para la fecha de la demanda, la que se erige, entonces, en solicitud de pago judicial. Pero como tal condici\u00f3n -la mora- es presupuesto ineludible para ordenar el reconocimiento de los se\u00f1alados r\u00e9ditos, ser\u00e1 necesario acudir a lo preceptuado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma seg\u00fan la cual, \u2018La notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento para tal fin, si no se hubiere efectuado antes\u2019, lo que resulta entendible si se tiene en cuenta que, en ese espec\u00edfico momento, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte que, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, en caso de acogerse la pretensi\u00f3n, los efectos de la sentencia, en lo que ata\u00f1e a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, al estadio procesal en que aquel asumi\u00f3 el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce. <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s, se atiende el prop\u00f3sito del legislador del a\u00f1o 1989, que al modificar el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para incorporar -entre otros aspectos- la regla transcrita (num. 41, art. 1, Dec. 2282), pretendi\u00f3 darle certidumbre a la determinaci\u00f3n del instante en que el deudor incurr\u00eda en mora, cuando tal condici\u00f3n no se hab\u00eda configurado con anterioridad al proceso. Por consiguiente, La Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A., deber\u00e1 pagar a la demandante intereses moratorios desde el 11 de mayo de 1993, fecha en que el representante legal de aquella se notific\u00f3 del auto admisorio de la demanda (fl. 104, cdno. 1) (CSJ, SC del 14 de diciembre de 2001, Rad. n.\u00b0 6230). <\/p>\n
Tal tesis, reiterada en el fallo del 9 de noviembre de 2004 (Rad. n.\u00b0 12798) y en la SC 7814 del 15 de junio de 2016 (Rad. n.\u00b0 2007-00072-01), es inadmisible, por cuanto desconoce abiertamente la norma especial del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio que, como se vio, disciplina suficientemente la obligaci\u00f3n accesoria del asegurador de pagar intereses moratorios, fijando con claridad el momento a partir del cual acaece su causaci\u00f3n, raz\u00f3n suficiente que imped\u00eda e impide recurrir a normas generales, car\u00e1cter que ten\u00edan y tienen las atr\u00e1s invocadas . <\/p>\n
Fuera de lo anterior, hay que insistir en que la constituci\u00f3n en mora, seg\u00fan la transcrita previsi\u00f3n del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, debe estar expresamente prevista en las normas positivas, sin que en materia de seguros haya una que imponga la satisfacci\u00f3n de tal formalidad en el supuesto de que el asegurador no pague la prestaci\u00f3n a su cargo, lo que descarta la aplicabilidad de las normas en precedencia especificadas. <\/p>\n
Estimar que con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en la que se reclama a la aseguradora la indemnizaci\u00f3n a su cargo, sobreviene la mora de esta \u00faltima, como cuesti\u00f3n autom\u00e1tica, comporta en un buen n\u00famero de casos, anticipar indebidamente el momento en que ello tiene ocurrencia, pues como ya se analiz\u00f3, la demostraci\u00f3n del siniestro y de la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida puede ser resultado de la actividad probatoria cumplida en el proceso, incluso, en segunda instancia, comprobaciones que son necesarias para computar el mes previsto en el art\u00edculo 1080 del estatuto mercantil, cuyo vencimiento fija la mora del asegurador y, por ende, el momento desde el cual \u00e9ste queda obligado al pago de intereses de tal linaje. <\/p>\n
8. Ostensible es, por lo tanto, el quebranto directo del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio por parte del Tribunal, pues al fijar como fecha de causaci\u00f3n de los intereses que impuso a la aseguradora llamada en garant\u00eda el 6 de septiembre de 2010, en el entendido que en esa fecha se configur\u00f3 el siniestro, toda vez que en ella se confirm\u00f3 la pena privativa de la libertad que se impuso al conductor del veh\u00edculo implicado en el accidente materia de la presente acci\u00f3n, mutil\u00f3 el verdadero alcance de la referida disposici\u00f3n legal, pues pas\u00f3 por alto que ella, en cuanto hace a los seguros de responsabilidad, al lado de la comprobaci\u00f3n de la \u201cocurrencia del siniestro\u201d, exige la demostraci\u00f3n de la \u201ccuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u201d y el vencimiento del t\u00e9rmino de un mes que contempla, todo en procura de determinar la mora de la aseguradora y, por ende, el momento a partir de cual surge su obligaci\u00f3n de reconocer r\u00e9ditos comerciales a la tasa m\u00e1s alta permitida por la ley, sobre el importe del seguro, pero ese t\u00e9rmino adicional no obliga cuando la obligaci\u00f3n y la cuant\u00eda la establece el juez en la sentencia. <\/p>\n
9. El cargo, por consiguiente, se abre paso. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. El alcance restringido de los dos cargos que prosperaron en casaci\u00f3n, seg\u00fan lo ya examinado, determina que la competencia de la Corte, al actuar en sede de segunda instancia, est\u00e1 circunscrita a los aspectos sobre los que ellos versaron: la cuant\u00eda de la condena impuesta a la compa\u00f1\u00eda seguros, en su condici\u00f3n de llamada en garant\u00eda; y la fecha a partir de la cual proced\u00eda ordenarle el pago de intereses moratorios. <\/p>\n
2. Ahora bien, como el a quo, en cuanto hace al primero de esos t\u00f3picos, estableci\u00f3 que la obligaci\u00f3n de Seguros Colpatria S.A. correspond\u00eda al valor asegurado para el amparo de \u201cMUERTE O LESION DE DOS (2) O MAS (\u2026)\u201d personas, esto es, a la suma equivalente a 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para la \u00e9poca del accidente (2008), se concluye que dicha autoridad incurri\u00f3 en los mismos desatinos atribuidos al Tribunal y que ameritaron que el cargo primero aducido en casaci\u00f3n se abriera camino, raciocinios que, en aras de la brevedad, se dan aqu\u00ed por reproducidos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habr\u00e1 de modificarse la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Civil y\/o Promiscuo del Circuito de Los Patios, Norte de Santander, en el prove\u00eddo complementario del 2 de septiembre de 2013, con el que modific\u00f3 el punto quinto de la parte resolutiva de la sentencia primigeniamente proferida el 18 de julio anterior, en el sentido de que el valor que corresponder\u00e1 asumir a la compa\u00f1\u00eda de seguros llamada en garant\u00eda, ser\u00e1 el equivalente al 20% de 200 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para el a\u00f1o 2008, previsto en las p\u00f3lizas de responsabilidad civil extracontractual invocadas, como sub-l\u00edmite para los \u201cPERJUICIOS MORALES\u201d, que son los \u00fanicos concedidos a los padres, hermanos y abuelos de las v\u00edctimas, esto es, la suma de $18.460.000.oo, a la que debe restarse el deducible del 10% ($l.846.000.oo), operaci\u00f3n que arroja el total de $16.614.000.oo, para cada p\u00f3liza. <\/p>\n
Siendo dos los contratos de seguro que hizo valer la llamante en garant\u00eda (p\u00f3lizas Nos. 8001053523 y 8001053524), el valor de la indemnizaci\u00f3n a cargo de la precitada aseguradora asciende, en definitiva, a la suma de $33.228.000.oo. <\/p>\n
3. Respecto del momento a partir del cual proced\u00eda disponer el pago de intereses moratorios, conforme al an\u00e1lisis que se dej\u00f3 consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, al que se hace remisi\u00f3n expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma se\u00f1alada por el Tribunal, la cual, por ende, deber\u00e1 modificarse, para disponer que la eventual causaci\u00f3n de los indicados r\u00e9ditos, ser\u00e1 a partir de la ejecutoria del presente fallo. <\/p>\n
5. Por razones meramente metodol\u00f3gicas, se reproducir\u00e1 bajo comillas la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia en todo aquello que no fue incidido por el recurso extraordinario analizado, dejando a salvo los aspectos que s\u00ed habr\u00e1n de cambiarse, como consecuencia de dicha impugnaci\u00f3n y de las motivaciones en que se soporta el presente fallo de reemplazo. <\/p>\n
6. Sin costas en casaci\u00f3n, debido a su prosperidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 22 de abril de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil – Familia, en el proceso cuya plena identificaci\u00f3n y radicaci\u00f3n se dej\u00f3 plasmada en los comienzos de este prove\u00eddo y, actuando en sede de segunda instancia, respecto del fallo dictado en este mismo asunto por el Juzgado Civil y\/o Promiscuo del Circuito de Los Patios, Norte de Santander, el 18 de julio de 2013, adicionado mediante prove\u00eddo del 2 de septiembre siguiente, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: \u201cConfirmar el numeral cuarto de la sentencia de origen, fecha y contenido rese\u00f1ados en la parte motiva de esta providencia\u201d. <\/p>\n
Segundo: \u201cAdicionar el numeral tercero, en el sentido de condenar a Ramiro G\u00f3mez \u00c1lvarez y a la empresa Omega Ltda., a pagar por concepto(\u2026) de perjuicios morales a favor de los se\u00f1ores Cenobia Bravo Carrillo, Antonio de Padua Vega Cuervo, Esther de Jes\u00fas Arias de Vega y Rigoberto V\u00e1squez Agudelo, abuelos los tres primeros nombrados de Jonathan Mario Vega ortega, y el \u00faltimo de Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda, la suma de diez millones de pesos a cada uno\u201d. <\/p>\n
Tercero: \u201cRevocar en su totalidad el numeral quinto de la sentencia primigenia, confirmando lo resuelto en la adici\u00f3n de la misma, atinente a que Seguros Colpatria S.A. est\u00e1 obligada a indemnizar en (\u2026)\u201d el veinte por ciento (20%) del equivalente a doscientos (200) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para el a\u00f1o 2008, restado el deducible del diez por ciento (10%), para cada p\u00f3liza, lo que, efectuados los c\u00f3mputos, arroja el gran total de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTOCHO MIL PESOS ($33.228.000.oo) MONEDA CORRIENTE, \u201cm\u00e1s los intereses moratorios\u201d, a la tasa del inter\u00e9s corriente bancario incrementada en la mitad, sin exceder nunca el l\u00edmite m\u00e1ximo legal y, mucho menos, el de la usura, que eventualmente se causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia. <\/p>\n
Cuarto: \u201cConfirmar el numeral sexto, aclar\u00e1ndolo en el sentido de que el llamado en garant\u00eda deber\u00e1 pagar las costas en proporci\u00f3n a la cuota que le corresponde de la indemnizaci\u00f3n, conforme lo se\u00f1ala el numeral 3 del art\u00edculo 1128 del C. de Co., (\u2026)\u201d, atendiendo los valores que en definitiva le fueron impuestos. <\/p>\n
Quinto: \u201cCondenar a los demandados Ramiro G\u00f3mez \u00c1lvarez y la empresa Omega Ltda., y a Seguros Colpatria S.A., en las costas de esta instancia. Fijar como agencias en derecho la suma de nueve millones de pesos m\/c. ($9.000.000) la cual (\u2026)\u201d, pagar\u00e1n \u201cde manera proporcional\u201d, seg\u00fan su participaci\u00f3n en la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Sexto: \u201cDejar inc\u00f3lumes las dem\u00e1s decisiones tomadas en la sentencia recurrida, por no haber sido objeto de apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
S\u00e9ptimo: \u201cEfectuado lo anterior lo anterior, devolver el expediente al Juzgado de origen, previa anotaci\u00f3n de su salida\u201d. <\/p>\n
Octavo: Sin costas en casaci\u00f3n, por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, env\u00edese el expediente en la forma ordenada. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
ARIEL SALARZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54405-31-03-001-2009-00171-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto me permito disentir parcialmente de la argumentaci\u00f3n que sirvi\u00f3 de soporte a la sentencia aprobada mayoritariamente, en punto al momento en que se entienden satisfechos los requisitos del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio para configurar la mora de la aseguradora en el pago del d\u00e9bito aseguraticio, trat\u00e1ndose de reclamaciones efectuadas por v\u00eda judicial. <\/p>\n
1. El aviso y la reclamaci\u00f3n en materia de seguro. <\/p>\n
El siniestro es definido por el art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de Comercio -CCio- como \u00abla realizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u00bb, esto es, la materializaci\u00f3n del \u00absuceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realizaci\u00f3n da origen a la obligaci\u00f3n del asegurador\u00bb (canon 1054). La doctrina lo califica como \u00abel evento da\u00f1oso configurativo de uno de los elementos del riesgo (justamente con la posibilidad), a cuya verificaci\u00f3n se halla subordinada, en principio, la obligaci\u00f3n principal asumida por el asegurador\u00bb1. <\/p>\n
Acaecido el siniestro, y con el fin de que nazca el deber condicional de la aseguradora, el asegurado o beneficiario debe dar aviso de su ocurrencia a aqu\u00e9lla, \u00abdentro de los tres d\u00edas siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer\u00bb (precepto 1075), as\u00ed como efectuar la reclamaci\u00f3n respectiva para \u00abdemostrar la ocurrencia del siniestro\u00bb y \u00abla cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso\u00bb (art\u00edculo 1077). <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, para que nazca el deber de pagar el siniestro deben satisfacerse las siguientes exigencias: \u00ab(i) se comunique oportunamente el suceso\u2026 a la aseguradora; (ii) [all\u00ed se] precise el tipo de afectaci\u00f3n y su cuant\u00eda; y (iii) se anexen los soportes que permitan adelantar el tr\u00e1mite de exacci\u00f3n\u00bb (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00346-01). <\/p>\n
La Sala ha sostenido: <\/p>\n
Sobre el asegurado\u2026 gravita el onus probandi de la ocurrencia del siniestro, la existencia y cuant\u00eda de la lesi\u00f3n, correspondiendo al asegurador probar \u201clos hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad\u201d (art\u00edculo 1757 C\u00f3digo Civil, 177 C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 1077 C\u00f3digo de Comercio)\u2026 <\/p>\n
[Por tanto] acontecido el siniestro, el asegurado a m\u00e1s de su noticia oportuna al asegurador y de los deberes de mitigaci\u00f3n exigibles, tiene la carga de formular reclamaci\u00f3n extrajudicial \u201caparejada de los comprobantes que, seg\u00fan las condiciones de la correspondiente p\u00f3liza sean indispensables para acreditar los requisitos del art\u00edculo 1077\u201d, o sea, el acaecimiento del riesgo y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida (art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio) (SC, 27 ag. 2008, rad. n.\u00b0 1997-14171-01). <\/p>\n
Una vez efectuada la reclamaci\u00f3n, el asegurador \u00abestar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite\u2026 su derecho\u00bb (art\u00edculo 1080). <\/p>\n
En suma, \u00abla ley impone al asegurado o su beneficiario la obligaci\u00f3n de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda del perjuicio si es del caso, cuya contrapartida es la obligaci\u00f3n que el asegurador tiene de efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario haya demostrado el cumplimiento de los requisitos que le impone el art\u00edculo 1077\u00bb (CSJ, SC, 19 dic. 2013, rad. n.\u00b0 1998-15344-01). <\/p>\n
Deviene como consecuencia que la ausencia de aviso y reclamaci\u00f3n impedir\u00e1 que la entidad aseguradora sea considerada como transgresora de sus deberes negociales, lo que excluye una condenada por perjuicios moratorios. <\/p>\n
Es pac\u00edfico en la jurisprudencia que: <\/p>\n
[S]i bien toda reclamaci\u00f3n debe tatuarse en un escrito (art. 1053 C. de Co.), no todo escrito en el que se solicite el pago de la prestaci\u00f3n a cargo del asegurador, per se, se traduce en una genuina reclamaci\u00f3n extrajudicial, o sea, en una solicitud de pago eficaz \u2013total o parcial- y, por tanto, vinculante para aquel (petitum specialis), habida cuenta que es menester, indefectiblemente, que re\u00fana determinadas \u2013y reglados- requisitos (plus)\u2026 <\/p>\n
Bajo este entendimiento, como no se present\u00f3 una t\u00edpica reclamaci\u00f3n extrajudicial al asegurador, mucho menos id\u00f3nea, dirigida a obtener el pago de la prestaci\u00f3n asegurada, fuerza concluir que aquel no se encontraba en mora para la fecha de la demanda, la que se erige, entonces, en solicitud de pago judicial. Pero como tal condici\u00f3n \u2013la mora- es presupuesto ineludible para ordenar el reconocimiento de los se\u00f1alados r\u00e9ditos, ser\u00e1 necesario acudir a lo preceptuado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma seg\u00fan la cual, \u201cLa notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes\u201d, lo que resulta entendible si se tiene en cuenta que, en ese espec\u00edfico momento, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte que, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, en caso de acogerse la pretensi\u00f3n, los efectos de la sentencia, en lo que ata\u00f1e a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, al estadio procesal en que aquel asumi\u00f3 el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce (SC, 14 dic. 2001, exp. n.\u00b0 6230). <\/p>\n
2. Mecanismos para efectuar la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Las reglas sobre la necesidad, oportunidad y contenido de la reclamaci\u00f3n tienen aplicaci\u00f3n, tanto para las efectuadas extrajudicialmente, como para las realizadas en el curso de un proceso judicial, aunque en este \u00faltimo caso deber\u00e1n tenerse en cuenta adicionalmente las reglas sobre la notificaci\u00f3n de la demanda y sus efectos jur\u00eddico- sustanciales. <\/p>\n
La raz\u00f3n es que los c\u00e1nones 1075 y 1077, al regular la exigibilidad del d\u00e9bito aseguraticio, s\u00f3lo exigen que el afectado realice las anotadas comunicaciones -aviso y reclamaci\u00f3n-, sin consagrar una determinada formalidad para su realizaci\u00f3n o establecer que una de ellas constituya prerrequisito de la otra, menos a\u00fan, fijar que la reclamaci\u00f3n extrajudicial sea un requisito de procedibilidad para el inicio del tr\u00e1mite. <\/p>\n
De hecho, el precepto 1080 de la codificaci\u00f3n mercantil es claro en se\u00f1alar que la aseguradora deber\u00e1 pagar el siniestro una vez se demuestre, \u00aba\u00fan extrajudicialmente\u00bb, el evento da\u00f1oso y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida; advi\u00e9rtase que la utilizaci\u00f3n del adverbio a\u00fan significa \u00abhasta o incluso\u00bb2, lo que remarca que la reclamaci\u00f3n puede efectuarse por fuera del tr\u00e1mite jurisdiccional o en desarrollo de \u00e9ste. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, asegurado y\/o beneficiario tienen dos (2) v\u00edas para que el deber condicional de la aseguradora se haga exigible: (i) acudir a la reclamaci\u00f3n extrajudicial, caso en el cual tendr\u00e1 que aguardar el plazo de treinta (30) d\u00edas para lograrlo, salvo que la entidad emita una objeci\u00f3n en este interregno (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1053); o (ii) promover un proceso judicial, al cual podr\u00e1 acudir de forma principal o como consecuencia de la objeci\u00f3n aludida. <\/p>\n
De manera que nada se opone a que el acreedor, en lugar de agotar el procedimiento de exacci\u00f3n ante el asegurador o ante el fracaso del mismo, acuda a la v\u00eda judicial y obtenga una condena a su favor, caso en el cual habr\u00e1 que establecer el momento en que se hizo exigible el cr\u00e9dito a su favor. <\/p>\n
En suma, y para fines de claridad, es posible diferenciar los siguientes escenarios en relaci\u00f3n con el requerimiento que debe efectuarse a la entidad aseguradora: <\/p>\n
(i) aviso extrajudicial carente de los soportes suficientes para demostrar la ocurrencia del da\u00f1o o la afectaci\u00f3n causada: tal escrito no servir\u00e1 para hacer exigible el deber resarcitorio, siendo necesario que se efect\u00fae una nueva reclamaci\u00f3n que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 1077 del estatuto comercial; <\/p>\n
(ii) aviso extrajudicial acompa\u00f1ado de los soportes sobre el suceso da\u00f1oso y la afectaci\u00f3n que irrog\u00f3 al asegurado o a la v\u00edctima: este documento constituye una reclamaci\u00f3n e impone a la aseguradora el deber de pagar el siniestro dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes, sin perjuicio de la facultad de objetarla – numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1053 idem-; <\/p>\n
(iii) demanda judicial contra la aseguradora (o llamamiento en garant\u00eda), sin previo requerimiento extrajudicial: el escrito inaugural del litigio tendr\u00e1 el alcance de reclamaci\u00f3n, siempre que con el mismo se acompa\u00f1en los medios demostrativos del da\u00f1o y su cuant\u00eda -c\u00e1nones 94 del C\u00f3digo General del Proceso y 1077 del C\u00f3digo de Comercio-. Ahora bien, cuando el material suasorio allegado con el escrito introductorio sea insuficiente para servir de reclamaci\u00f3n, habr\u00e1 que aguardar a la sentencia judicial condenatoria en contra del asegurador; y <\/p>\n
(iv) demanda judicial contra la aseguradora (o llamamiento en garant\u00eda), en raz\u00f3n de la objeci\u00f3n efectuada por \u00e9sta al requerimiento extrajudicial: corresponder\u00e1 al sentenciador determinar si la oposici\u00f3n fue fundada o no, pues de ser lo primero el requerimiento no ser\u00e1 suficiente para hacer exigible el deber aseguraticio, mientras que lo opuesto develar\u00e1 que s\u00ed lo era. <\/p>\n
3.1. Efectuado el requerimiento a la aseguradora y vencido el plazo de treinta (30) d\u00edas para la soluci\u00f3n del siniestro se generar\u00e1n intereses moratorios a cargo de aqu\u00e9lla, a t\u00edtulo de sanci\u00f3n. As\u00ed lo ordena el art\u00edculo 1080 CCio, modificado por el canon 111 de la ley 510 de 1999: <\/p>\n
El asegurador estar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, a\u00fan extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad. <\/p>\n
Ahora bien, esta regla resulta f\u00e1cilmente aplicable a las reclamaciones extrajudiciales, por la claridad sobre el momento en que se configura (caso ii). Pero no sucede lo mismo trat\u00e1ndose de reclamaciones judiciales (casos iii y iv), pues \u00ab[l]a falta de una reclamaci\u00f3n ajustada a la ley tendr\u00e1 como consecuencia impedir la constituci\u00f3n en mora de la aseguradora, siendo necesario esperar a la reconvenci\u00f3n judicial para alcanzar este afecto, por lo que hasta este momento no podr\u00e1 ser obligada al pago de intereses o indemnizaciones suplementarias, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, ya que \u2018el monto l\u00edquido de la prestaci\u00f3n es presupuesto estructural de la obligaci\u00f3n de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), raz\u00f3n por la cual, en ausencia de comprobaci\u00f3n, no es exigible ni la indemnizaci\u00f3n ni la sanci\u00f3n moratoria\u2019 (SC, 27 ag. 2008, rad. n.\u00b0 1997-14171-01)\u00bb (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00346-01). <\/p>\n
De all\u00ed que para dilucidar estos \u00faltimos eventos (casos iii y iv) resulta necesario tener en cuenta, no s\u00f3lo el transcrito art\u00edculo 1080 del CCio, sino tambi\u00e9n el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso3, el cual prescribe que \u00ab[l]a notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda\u2026 produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin\u2026, si no se hubiere efectuado antes\u00bb <\/p>\n
Huelga puntualizarlo, la mora de la aseguradora con ocasi\u00f3n del requerimiento judicial est\u00e1 gobernada por dos (2) normas, las cuales fijan requisitos dis\u00edmiles. La primera, propia del contrato de seguro, exige que transcurran treinta (30) d\u00edas desde la intimaci\u00f3n efectuada por la v\u00edctima o asegurado, siempre que \u00e9sta se encuentre debidamente soportada; la segunda, especial para el tr\u00e1mite judicial, \u00fanicamente reclama la notificaci\u00f3n de la demanda, pudiendo quedar diferido para el juicio la comprobaci\u00f3n del siniestro y la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otra forma, una hermen\u00e9utica basada en el art\u00edculo 1080 del CCio ense\u00f1a que la mera proposici\u00f3n de la demanda ser\u00eda insuficiente para constituir en mora a la aseguradora, en tanto esta posibilidad queda diferida al mes siguiente de la demostraci\u00f3n del siniestro y del quantum de la afectaci\u00f3n dentro del litigio, lo que depender\u00e1 de las vicisitudes probatorias. <\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n fue explayada en aclaraci\u00f3n de voto a la sentencia de 14 de diciembre de 2001 (exp. n.\u00b0 6230): <\/p>\n
[L]a mora del asegurador \u00fanicamente se predica a partir del momento en que \u00e9ste, vencido el plazo que tiene para \u201cefectuar el pago\u201d, se niega a cumplir su deber de prestaci\u00f3n, no obstante que el asegurado o el beneficiario le acreditaron su derecho a ella, mediante prueba id\u00f3nea que puede ser judicial o extrajudicial \u2013como expressis verbis lo impera el art\u00edculo 1080 del C. de Co.-, pero en cualquier caso, conducente y eficaz para generar certidumbre sobre la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, en los casos en que \u00e9sta resulte conducente, v. gr: en los seguros de da\u00f1os, no as\u00ed en los seguros sobre la vida, ad exemplum. <\/p>\n
Por tanto\u2026 si el juzgador estima que la \u201creclamaci\u00f3n\u201d o escrito formulado fue inid\u00f3neo, por no ajustarse a los expl\u00edcitos requerimientos legales; o que las pruebas extrajudiciales que se acompa\u00f1aron a ella eran inconducentes \u2013o ayunas de eficacia intr\u00ednseca- y que, por tanto, el derecho s\u00f3lo se demostr\u00f3 en el proceso, stricto sensu, deber\u00e1 considerar que la mora del asegurador se configur\u00f3 transcurrido un mes desde la fecha en que, seg\u00fan su prudente y responsable juicio, permeado por las conocidas reglas de la sana cr\u00edtica (art. 187 C.P.C.), el demandante acredit\u00f3 que el siniestro tuvo lugar, as\u00ed como su quantum \u2013cuando fuere procedente-, pauta \u00e9sta que, por lo dem\u00e1s, ha sido acogida por autorizada y refinada doctrina nacional, seg\u00fan la cual, \u201csi la prueba del derecho se allega dentro del juicio\u2026nada obsta\u2026para que la mora se inicie al cabo de sesenta d\u00edas \u2013hoy un mes- contados desde la fecha en que, conforme al criterio del juzgador, hayan quedado plenamente demostrados el siniestro y el quantum del da\u00f1o\u201d4. <\/p>\n
Tesis que, en cierta medida, fue acogida en la sentencia de 3 de diciembre de 2019: <\/p>\n
Teniendo en cuenta esas peculiaridades, y dado que, despu\u00e9s de la integraci\u00f3n del contradictorio, subsist\u00eda para la actora la incertidumbre de la p\u00e9rdida y de sus alcances, no resulta viable reconocer r\u00e9ditos moratorios en una fecha anterior a la de la ejecutoria de esta providencia, replicando as\u00ed la soluci\u00f3n que, de manera consistente, ha dado la jurisprudencia a eventos relacionados con prestaciones que no est\u00e1n plenamente determinadas antes de la intervenci\u00f3n jurisdiccional (SC5217, rad. n.\u00b0 2008-00102-01). <\/p>\n
Por la senda opuesta, en la mencionada sentencia de 14 de diciembre de 2001, de forma mayoritaria se propugn\u00f3 por dar prevalencia al efecto sustancial de la notificaci\u00f3n de la demanda, con exclusi\u00f3n de las exigencias del canon 1080 del estatuto mercantil. <\/p>\n
De forma literal se asegur\u00f3: <\/p>\n
Bajo este entendimiento, como no se present\u00f3 una t\u00edpica reclamaci\u00f3n extrajudicial al asegurador, mucho menos id\u00f3nea, dirigida a obtener el pago de la prestaci\u00f3n asegurada, fuerza concluir que aquel no se encontraba en mora para la fecha de la demanda, la que se erige, entonces, en solicitud de pago judicial. Pero como tal condici\u00f3n \u2013la mora- es presupuesto ineludible para ordenar el reconocimiento de los se\u00f1alados r\u00e9ditos, ser\u00e1 necesario acudir a lo preceptuado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma seg\u00fan la cual, \u201cLa notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes\u201d, lo que resulta entendible si se tiene en cuenta que, en ese espec\u00edfico momento, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte que, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, en caso de acogerse la pretensi\u00f3n, los efectos de la sentencia, en lo que ata\u00f1e a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, al estadio procesal en que aquel asumi\u00f3 el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce. <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s, se atiende el prop\u00f3sito del legislador del a\u00f1o 1989, que al modificar el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para incorporar \u2013entre otros aspectos- la regla transcrita (num. 41, art. 1, Dec. 2282), pretendi\u00f3 darle certidumbre a la determinaci\u00f3n del instante en que el deudor incurr\u00eda en mora, cuando tal condici\u00f3n no se hab\u00eda configurado con anterioridad al proceso (SC, 14 dic. 2001, exp. n.\u00b0 6230). <\/p>\n
Este \u00faltimo entendimiento ha sido reiterado por la Corporaci\u00f3n en pronunciamientos de 7 de julio de 2005 (SC, rad. n.\u00b0 1998-00174-01), 15 de junio de 2016 (SC7814, rad. n.\u00b0 2007-00072-01), 31 de mayo (SC1916, rad. n.\u00b0 2005-00346-01) y 19 de diciembre de 2018 (SC5681, rad. n.\u00b0 2009-00687-01), constituyendo doctrina probable. <\/p>\n
3.2. Las avisadas hermen\u00e9uticas, a pesar de su razonabilidad, conducen de forma innecesaria a soluciones opuestas, sin considerar que es posible compatibilizar el entendimiento de los preceptos legales, labor\u00edo que debi\u00f3 emprender la Sala en la decisi\u00f3n frente a la cual formulo la presente aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.1. En los casos en que dos (2) o m\u00e1s normas planteen soluciones distintas, frente a situaciones equivalentes, de suerte que la aplicaci\u00f3n de cualquiera de ellas resulte en abierta oposici\u00f3n con la otra, existe una contrariedad que debe resolver en favor de una5. <\/p>\n
As\u00ed lo ordena el art\u00edculo 10\u00b0 del C\u00f3digo Civil por medio de la consagraci\u00f3n de los criterios de jerarqu\u00eda, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando haya incompatibilidad entre una disposici\u00f3n constitucional y una legal, preferir\u00e1 aqu\u00e9lla\u00bb; especialidad, que privilegia \u00ab[l]a disposici\u00f3n relativa a un asunto especial\u00bb sobre \u00abla que tenga car\u00e1cter general\u00bb; y temporalidad, que permite preferir \u00abla disposici\u00f3n consignada en el art\u00edculo posterior\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Diferente es la situaci\u00f3n gobernada por el canon 30 del estatuto privado, el cual ordena que \u00ab[e]l contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda\u2026 Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto\u00bb. <\/p>\n
Esta \u00faltima, conocida como interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, propende porque al interpretar una disposici\u00f3n se armonice su contenido con el resto del ordenamiento jur\u00eddico, con el fin de garantizar la coherencia sist\u00e9mica. <\/p>\n
Ha dicho la Sala que \u00abla labor interpretativa de una norma de ninguna manera puede circunscribirse, exclusivamente, a las palabras en las que se expresa, sino que, su verdadero sentido conlleva un an\u00e1lisis integral del texto, su historia, la relaci\u00f3n con otros preceptos, y la finalidad perseguida con ella\u00bb (negrilla fuera de texto, SC 18 dic. 2013, rad. n.\u00b0 2007-00143-01). <\/p>\n
3.2.3. Refulge de lo expuesto que no toda contradicci\u00f3n normativa se soluciona con la inaplicaci\u00f3n de una de las disposiciones en colisi\u00f3n, pues se posible acudir a mecanismos hermen\u00e9uticos que permitan encontrar entendimientos mancomunados. <\/p>\n
De hecho, la presunci\u00f3n de coherencia del sistema jur\u00eddico y el principio de conservaci\u00f3n del derecho, reclaman salvaguardar la vigencia de todas las normas y, por ende, propender por una lectura arm\u00f3nica de \u00e9stas, superando la disimilitud. S\u00f3lo en el evento de que el proceder antedicho sea inviable, deber\u00e1 darse cabida a los criterios de primac\u00eda por jerarqu\u00eda, especialidad o posterioridad. <\/p>\n
La Corte ha doctrinado que: <\/p>\n
Es principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u201cverdadero sentido\u201d de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 ibidem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo (SC, 19 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2006-00164-01). <\/p>\n
En el mismo sentido ense\u00f1a la doctrina sobre la materia: <\/p>\n
Esa es la interpretaci\u00f3n \u2018sistem\u00e1tica\u2019, en ella relaciona el int\u00e9rprete el sentido posible de la norma que est\u00e1 interpretando con el de otras normas y a\u00fan con todo el resto del orden jur\u00eddico, a fin de ver si ese sentido hipot\u00e9tico armoniza con ellos; si resulta contradictorio, o a\u00fan inarm\u00f3nico, debe buscarse otro sentido. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica supone como la l\u00f3gica del legislador obra de manera consecuente. Para de la llamada \u2018unidad del orden jur\u00eddico\u2019, del hecho de que normalmente el orden jur\u00eddico de un pa\u00eds no es un conjunto de reglas independientes y contradictorias, sino un todo homog\u00e9neo y arm\u00f3nico. As\u00ed se justifica interpretar la parte por el todo\u2026 <\/p>\n
Recu\u00e9rdese c\u00f3mo se coordinan la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y la teleol\u00f3gica: el fin perseguido por las normas nuevas se proyecta sobre las normas anticuadas6. <\/p>\n
3.2.4. Y es que las antinomias, a pesar de reflejar problemas de coherencia en el sistema normativo, no tienen un mecanismo de resoluci\u00f3n uniforme, ya que depender\u00e1 del tipo de contrariedad. <\/p>\n
No en vano la doctrina clasifica las antinomias en7: (i) total-total, caracterizadas porque las normas en conflicto gobiernan el supuesto de hecho de forma exacta; (ii) total-parcial: \u00ablos \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n ya no son exactamente coincidentes, sino que el de una de las normas en conflicto se incluye dentro del de la otra. Esto supone que una de las dos normas tiene un \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n m\u00e1s espec\u00edfico que el de la otra, que es m\u00e1s amplio e incluyente el de la primera\u00bb8; (iii) parcial-parcial: \u00abal margen del supuesto o supuestos de colisi\u00f3n, cada una de las normas en conflicto posee un \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n propio en donde no se produce contradicci\u00f3n alguna\u00bb9. <\/p>\n
Frente al primer supuesto, conforme al art\u00edculo 10\u00b0 del C\u00f3digo Civil, corresponde otorgar preferencia a uno de los mandatos en contradicci\u00f3n frente al otro, en los segundo y tercer supuestos el int\u00e9rprete deber\u00e1 acudir al criterio de especialidad o a la compatibilizaci\u00f3n por v\u00eda de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, seg\u00fan las circunstancias del caso. <\/p>\n
3.2.5. En el contexto indicado, la antinomia generada por la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1080 del C\u00f3digo de Comercio y 94 del C\u00f3digo General del Proceso debe calificarse como parcial-parcial, pues cada uno de ellos tiene un campo de aplicaci\u00f3n especial, aunque coincidente en punto a la constituci\u00f3n en mora de la aseguradora frente a reclamaciones judiciales. <\/p>\n
Se descarta una antinomia total pues los \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n carecen de una superposici\u00f3n integral; en efecto, la primera de las disposiciones es propia del contrato de seguro, mientras que la segunda est\u00e1 dise\u00f1ada para el contexto de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
3.2.6. No obstante lo expuesto, la Sala de forma mayoritaria resolvi\u00f3 la incongruencia planteada como si se tratara de una disonancia total-total, al punto que dej\u00f3 de lado el contenido del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso para dar cabida absoluta al precepto 1080 de la codificaci\u00f3n comercial. <\/p>\n
De no haber incurrido en esta inexactitud, los honorables magistrados habr\u00edan buscado alcanzar un entendimiento mancomunado de las reglas mencionadas, salvaguardando la necesidad del requerimiento a la aseguradora como condici\u00f3n sine qua non para la mora, sin desconocer los efectos sustanciales de la notificaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Tal quehacer resulta posible bajo la consideraci\u00f3n de que el aviso del siniestro puede ser sustituido por el escrito inaugural del proceso, siempre que con \u00e9sta se alleguen los documentos que permitan acreditar la ocurrencia del suceso incierto y las consecuencias que \u00e9ste irrog\u00f3 en el patrimonio del asegurado o de la v\u00edctima. De satisfacerse estos requerimientos, la constituci\u00f3n en mora operar\u00e1 despu\u00e9s de treinta (30) d\u00edas de la notificaci\u00f3n, en una aplicaci\u00f3n conjunta de los c\u00e1nones 1080 del CCio y 94 del CGP. <\/p>\n
Para los fines mencionados debe considerarse que la carga de la prueba a que se refiere el art\u00edculo 1077 del estatuto mercantil para la reclamaci\u00f3n, no se hace m\u00e1s gravosa por el hecho de iniciarse un proceso judicial, de all\u00ed que bastar\u00e1 que el reclamante arrime junto al escrito inicial cualquier medio suasorio, si quiera sumariamente, que d\u00e9 cuenta de \u00abla ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso\u00bb; instrumentos persuasivos dentro de los cuales que se encuentran el juramento estimatorio, declaraci\u00f3n de parte, testimonios, dictamen pericial, documentos, presunciones e indicios. <\/p>\n
Lo expuesto sin perjuicio de la facultad que tiene la aseguradora de objetar la reclamaci\u00f3n, la cual podr\u00e1 proponer dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda (o llamamiento de garant\u00eda). De efectuarse una oposici\u00f3n, la constituci\u00f3n en mora depender\u00e1 de que sea fundada o infundada, como ya explic\u00f3. <\/p>\n
4. El presente caso. <\/p>\n
De cara al caso concreto se tiene que la ausencia de una reclamaci\u00f3n extrajudicial no imped\u00eda el reconocimiento de la mora de la entidad aseguradora en el pago del siniestro, siempre que con la demanda se allegaran las pruebas que dieran cuenta sobre las afectaciones reclamadas, so pena de que tal circunstancia quedara diferida hasta la sentencia judicial. <\/p>\n
Como los demandantes, al proponer el escrito inaugural, faltaron a la carga de la prueba a que se refiere el canon 1077 del C\u00f3digo de Comercio, no era dable reconocer los perjuicios moratorios desde dicho momento, raz\u00f3n para aplazar dicha condena hasta la sentencia definitiva, motivo para compartir el ac\u00e1pite resolutivo del fallo aprobado mayoritariamente. <\/p>\n
5. En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54405-31-03-001-2009-00171-01 <\/p>\n
Derrotada la ponencia inicialmente presentada, con el acostumbrado respeto por la mayor\u00eda de la Sala, expongo las razones por las cuales disiento de la decisi\u00f3n mayoritaria en el radicado de la referencia, por cuanto incurre en los desaciertos que procedo a desarrollar de la siguiente forma: <\/p>\n
Inicialmente abordo la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica y la ratio decidendi de la sentencia. Las narro en forma sucinta pero completa para advertir y entender los fuertes motivos que justificaban las razones que imped\u00edan a la Corte casar el fallo del Tribunal del cual discrepo. Luego har\u00e9 la exposici\u00f3n de las l\u00edneas argumentativas que sustentan mi disenso. <\/p>\n
1. Los hechos que abrieron paso al recurso de casaci\u00f3n <\/p>\n
1.1. Los actores solicitaron declarar la responsabilidad civil y extracontractual de Ramiro Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, Doris Yaneth Ortiz Merch\u00e1n, la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda., y la llamada en garant\u00eda Seguros Colpatria S.A., con la condena a pagar perjuicios materiales, morales y da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n, a causa de la muerte, en accidente de tr\u00e1nsito, de sus parientes Jonathan Mario Vega Ortega y Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda. <\/p>\n
1.2. Lo anterior, por cuanto las v\u00edctimas del suceso perdieron la vida el 24 de marzo de 2008, cuando al movilizarse en bicicleta por un tramo vehicular de la ciudad de Villa del Rosario, fueron embestidas por un autob\u00fas de servicio p\u00fablico intermunicipal, afiliado a la empresa Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. <\/p>\n
1.3. Los convocados, resistieron las s\u00faplicas, alegando \u00abculpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb y \u00abfuerza mayor o caso fortuito\u00bb. <\/p>\n
Seguros Colpatria S.A., llamada en garant\u00eda, propuso, entre otras excepciones, \u00abcarencia de prueba del supuesto perjuicio\u00bb, \u00abtasaci\u00f3n excesiva\u00bb, \u00abimprocedencia de la solicitud de condena por perjuicios derivados del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb y \u00abenriquecimiento sin justa causa\u00bb. <\/p>\n
1.4. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (Norte de Santander), mediante sentencia de 18 de julio de 2014, adicionada el 2 de septiembre de la misma anualidad, declar\u00f3 la responsabilidad de los interpelados, acogiendo a su vez las excepciones de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa [de los abuelos de los difuntos] para reclamar perjuicios morales\u00bb, y frente a los padres de las v\u00edctimas, \u00abinexistencia de lucro cesante y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, conden\u00f3 a los demandados pagar solidariamente a los progenitores y hermanos de los fallecidos, los perjuicios morales en los valores tasados. <\/p>\n
De ese modo, al calcularlos, orden\u00f3 a Seguros Colpatria S.A. sufragar a los accionantes la suma equivalente a 400 smlmv, menos el deducible del 10%, en raz\u00f3n a la existencia de dos p\u00f3lizas \u00aben donde se determina[ba] un amparo correspondiente a 200 smlmv por la muerte de dos o m\u00e1s personas\u00bb. <\/p>\n
1.5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil-Familia, al resolver la apelaci\u00f3n de ambas partes, confirm\u00f3 lo relativo a las condenas y, revoc\u00f3 la negativa a reconocer \u00abperjuicios morales\u00bb a los abuelos de los fallecidos, concediendo en su lugar dicha pretensi\u00f3n, pues su grado de aflicci\u00f3n \u00abno fue desvirtuado\u00bb por los convocados. <\/p>\n
1.5.1. En punto a los argumentos esgrimidos por la llamada en garant\u00eda, consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a reducir la indemnizaci\u00f3n por perjuicios morales, y tampoco eximir el cobro de intereses moratorios. <\/p>\n
1.5.1.1. Al respecto, aludi\u00f3 que las dos p\u00f3lizas contentivas del seguro por responsabilidad extracontractual, cuyo tomador era Omega Ltda., establec\u00edan como valor asegurado la cantidad equivalente a \u00ab200 smlmv\u00bb por \u00abmuerte o lesi\u00f3n de dos (2) o m\u00e1s personas\u00bb, menos el deducible del \u00ab10%\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, estableci\u00f3 que el salario m\u00ednimo en 2008, correspond\u00eda a $461.500, por tal motivo, Seguros Colpatria S.A. remunerar\u00eda a los demandantes la suma de \u00ab$83\u00b4070.000 por cada p\u00f3liza\u00bb, esto es, un total de $166\u00b4140.000. <\/p>\n
Sobre la anterior cifra, adujo, la aseguradora deb\u00eda pagar \u00abintereses moratorios\u00bb desde el 6 de septiembre de 2010, data en la cual \u00abse hizo exigible\u00bb la obligaci\u00f3n de indemnizar a los reclamantes, pues en esa fecha, el ad-quem en lo penal confirm\u00f3 la condena de prisi\u00f3n que el Juzgado Promiscuo del Circuito de los Patios le impuso a Ramiro Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, conductor del automotor y causante del siniestro, luego de hallarlo responsable del delito de homicidio culposo. <\/p>\n
1.5.1.2. Ahora, resalt\u00f3, si bien las p\u00f3lizas conten\u00edan diversos valores amparados por las diferentes coberturas como \u00abda\u00f1os a bienes de terceros\u00bb, \u00abmuerte o lesi\u00f3n de dos (2) o m\u00e1s personas\u00bb, y uno particular relativo a los \u00abperjuicios morales\u00bb, el cual impon\u00eda una reducci\u00f3n equivalente al 20% del importe total asegurado, dicho subl\u00edmite era inaplicable, por cuanto operaba s\u00f3lo para ese riesgo, no para la \u00abmuerte\u00bb, evento que concret\u00f3 en \u00faltimas frente a la aseguradora, el deber de resarcir a los beneficiarios. <\/p>\n
1.5.2. En definitiva, para el Tribunal, en los precisos t\u00e9rminos del pacto aseguraticio, la ocurrencia del siniestro oblig\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de seguros asumir el pago de una de las coberturas, particularmente la \u00abmuerte\u00bb, situaci\u00f3n que exclu\u00eda, la espec\u00edfica de los \u00abperjuicios morales\u00bb, aspecto que imposibilitaba reducir el monto indemnizatorio decretado por el a-quo. <\/p>\n
2. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Las dos acusaciones formuladas por Seguros Colpatria S.A., se apoyaron en la violaci\u00f3n de la ley sustancial: la inicial por la comisi\u00f3n de yerros f\u00e1cticos; y la final por v\u00eda directa. <\/p>\n
2.1. El cargo primero <\/p>\n
Por errores probatorios de hecho, denunci\u00f3 al Tribunal, tergiversar el contenido de las p\u00f3lizas n\u00b0 8001053523 y 8001053524, al inaplicar el deducible espec\u00edfico del 20% del monto asegurado, a la cobertura de los \u00ab(\u2026) perjuicios morales\u00bb. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n, sostuvo, era errada, pues al se\u00f1alar el sentenciador que la \u00ab(\u2026) muerte de dos (2) o m\u00e1s personas\u00bb configuraba un hecho a tener en cuenta para establecer la cuant\u00eda resguardada, y por consiguiente, la \u00fanica a tener en cuenta para imponer el valor de la indemnizaci\u00f3n, descart\u00f3 la cobertura espec\u00edfica y, as\u00ed mismo, la de los \u00abperjuicios morales\u00bb, la reducci\u00f3n acordada sobre la suma resarcitoria, desconociendo su car\u00e1cter particular y delimitativo. <\/p>\n
De este modo, al desfigurar el ad-quem los anotados documentos, incidi\u00f3 en la condena impuesta a Seguros Colpatria S.A., pues de la suma total de \u00ab400 smlmv\u00bb menos el deducible del 10%, correspondiente al amparo de \u00ab200 smlmv\u00bb previsto en ambas p\u00f3lizas, deb\u00eda rest\u00e1rsele el 20%, en raz\u00f3n al pacto del l\u00edmite m\u00e1ximo indemnizable por el quebranto moral. <\/p>\n
2.2. El cargo segundo <\/p>\n
Acus\u00f3 el desconocimiento directo del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Lo antelado porque el Tribunal conden\u00f3 a Seguros Colpatria S.A. a pagar intereses moratorios sin prever que los demandantes no realizaron una reclamaci\u00f3n formal ante la compa\u00f1\u00eda de seguros, en donde demostraran \u00abla cuant\u00eda de su p\u00e9rdida\u00bb por causa de la muerte de Jonathan Mario Vega Ortega y Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda. <\/p>\n
Adujo, en esencia, que el supuesto de hecho de la norma ej\u00fasdem impon\u00eda a la aseguradora pagar intereses de mora cuando \u00e9sta no desembolsa el valor de la indemnizaci\u00f3n dentro del mes siguiente a la fecha del requerimiento efectuado por el beneficiario, en donde \u00e9ste acredite la ocurrencia del siniestro y el valor de los perjuicios. <\/p>\n
De ese modo, el ad-quem interpret\u00f3 equivocadamente el anotado precepto, pues tom\u00f3 el 6 de septiembre de 2010, data de la sentencia de segundo grado que confirm\u00f3 la pena de prisi\u00f3n impuesta al responsable del accidente, como fecha de exigibilidad de los intereses moratorios. <\/p>\n
3. La decisi\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda de la Sala <\/p>\n
3.1. Respecto al cargo primero <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 los amparos contenidos en las p\u00f3lizas n\u00b0 8001053523 y 8001053524, donde extrajo que en raz\u00f3n de la cl\u00e1usula \u00ab1.1. Responsabilidad civil extracontractual\u00bb, la recurrente hab\u00eda asumido tres riesgos espec\u00edficos: (i) la muerte de una o m\u00e1s personas; (ii) las lesiones de una o m\u00e1s personas ; y los da\u00f1os a bienes a terceros (iii). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada uno de ellos, la aseguradora se oblig\u00f3, en principio, a resarcir los perjuicios materiales y \u00abmorales\u00bb con los respectivos l\u00edmites, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(…) Da\u00f1os a bienes a terceros…100 smlmv; <\/p>\n
Muerte o lesi\u00f3n a una persona…100 smlmv; <\/p>\n
Muerte o lesi\u00f3n dos o m\u00e1s personas..200 smlmv (…) <\/p>\n
Perjuicios morales…Subl\u00edmite 20% del valor asegurado (…)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 que apreciadas en conjunto las \u00abcondiciones generales\u00bb de las p\u00f3lizas y la \u00abparticular\u00bb regulaci\u00f3n que en ellas se hizo de cada uno de los riesgos amparados, la llamada en garant\u00eda se comprometi\u00f3 a reconocer por los perjuicios morales, el 20% del valor segurado para ellos, subl\u00edmite que \u00aben definitiva significa la aplicaci\u00f3n de ese porcentaje frente, de un lado, al equivalente de 100 smlmv, en los supuestos de muerte o lesiones de una persona; y de otro, el equivalente a 200 smlmv, en el caso de la muerte o lesiones de dos o m\u00e1s personas (40 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3, las previsiones contractuales resultaban claras, especialmente, \u00abla del subl\u00edmite\u00bb fijado para los perjuicios morales, pues si se admitiera que \u00e9l \u00abcorresponde a un riesgo aut\u00f3nomo e independiente\u00bb como lo predic\u00f3 el Tribunal, no habr\u00eda ning\u00fan supuesto en que pudiera aplicarse. <\/p>\n
Por tanto, el ad-quem comprendi\u00f3 las cl\u00e1usulas relacionadas con los perjuicios morales en contrav\u00eda de los art\u00edculos 1620 y 1622 del C.C., reglas que no resultan inoperantes por tratarse de un contrato de adhesi\u00f3n (CSJ SC 129 de 12 de febrero de 2018, rad. n.\u00ba 2010-00364-01). <\/p>\n
El error, entonces, consisti\u00f3 en no aplicar el subl\u00edmite del 20% a 200 smlmv (valor asegurado) correspondiente a los perjuicios morales causados a los familiares de las v\u00edctimas del accidente. En consecuencia, la acusaci\u00f3n prospera. <\/p>\n
3.2. Sobre la segunda acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 1080 del C. de Co. dispone que las aseguradoras deben efectuar el pago del siniestro \u00abdentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante [ellas] de acuerdo con el art\u00edculo 1077\u00bb (subraya original), esto es, seg\u00fan lo contempla este \u00faltimo precepto, comprobando \u00abla ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso\u00bb (resalt\u00f3 el fallo). <\/p>\n
Y luego resalt\u00f3 que el precepto 1608 del C.C., dispone que el \u00abdeudor est\u00e1 en mora\u00bb entre otros supuestos, cuando \u00abno ha cumplido la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al dedudor para constituirlo en mora\u00bb, excepci\u00f3n esta \u00faltima que no tiene aplicaci\u00f3n en trat\u00e1ndose del pago del seguro, pues la ley guard\u00f3 silencio al respecto. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la doble faceta del seguro de responsabilidad civil (C. de Co., art. 1127) el fen\u00f3meno de la mora en el pago de la indemnizaci\u00f3n comprende diferentes situaciones seg\u00fan provenga su reclamaci\u00f3n por la v\u00edctima (beneficiario) o el asegurado. <\/p>\n
Cuando es el primero, en ejercicio de la acci\u00f3n directa, debe diferenciarse si la reclamaci\u00f3n es judicial o extrajudicial. El evento inicial, cuando se exige a la aseguradora el pago de la indemnizaci\u00f3n sin haber promovido un proceso judicial, correspondi\u00e9ndole, entonces, demostrar la ocurrencia del siniestro, y los perjuicios. <\/p>\n
Y el otro, en la hip\u00f3tesis de que la v\u00edctima recurre al \u00f3rgano jurisdiccional pretendiendo que la aseguradora se obligue a resarcir los perjuicios que sufri\u00f3 por el da\u00f1o provocados por el asegurado, caso en el cual corresponder\u00e1 al juez determinar las fechas cuando quedaron cabalmente satisfechas las exigencias del canon 1077 ej\u00fasdem. <\/p>\n
Distinto es cuando es el propio asegurado quien realiza la reclamaci\u00f3n, caso en el cual deber\u00e1 \u00abacreditar la afectaci\u00f3n de su patrimonio, como consecuencia de haber indemnizado a un tercero los perjuicios que le ocasion\u00f3, o de verse obligado a ello, por ser el responsable civil del da\u00f1o generador de los mismos\u00bb. <\/p>\n
En el sublite, entonces, la acreditaci\u00f3n de la existencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida que exige el art\u00edculo 1080 del C. de Co. como detonante de la mora del asegurador, solo puede entenderse satisfecha en la fase de valoraci\u00f3n de la prueba, no antes, pues solo en desarrollo de esa labor de juzgamiento resulta posible determinar lo que se tuvo por probado en el proceso. <\/p>\n
Antes de ello es imposible, sobre todo si dicho demandado (la aseguradora llamada en garant\u00eda), o los dos, discuten la responsabilidad endilgada a aqu\u00e9l y\/o el monto de los perjuicios solicitados, pues, se itera, \u00fanicamente hasta cuando el debate judicial quede zanjado por sentencia en favor de la v\u00edctima. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, recoge el precedente de la Corte en sentencias de 14 de diciembre de 2001 (rad. n.\u00ba 6230); 9 de noviembre de 2004 (rad. n.\u00ba 12798) y 15 de junio de 2016 (rad. n.\u00ba 2007-00072-01) las cuales precisan, en l\u00ednea con el canon 1608 del C.C., \u00abque ser\u00e1 la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en la se que reclama a la aseguradora la indemnizaci\u00f3n a su cargo, sobreviene la mora de esta \u00faltima\u00bb; postura a juicio de la mayor\u00eda, equivocada por tres razones. <\/p>\n
La primera porque desconoce abiertamente el art\u00edculo 1080 ej\u00fasdem, por ser norma especial; la segunda, en la misma direcci\u00f3n, por cuanto los efectos de la constituci\u00f3n en mora de la regla 1608 del C.C. deben estar a tono o por remisi\u00f3n de las normas de seguros, situaci\u00f3n no contemplada en dicho evento; y tercero, porque en la realidad, solo es en la actividad probatoria, y no antes, donde tiene lugar la demostraci\u00f3n del siniestro. <\/p>\n
De acuerdo a lo anterior, acoge el cargo y resalta que el Tribunal se equivoc\u00f3 al interpretar el precepto 1080 citado up supra, pues al fijar como fecha de causaci\u00f3n de los intereses de mora es a partir de la ejecutoria del fallo, y no antes, como err\u00f3neamente dispuso dicho juzgador. <\/p>\n
4. Esta decisi\u00f3n incurre en los siguientes defectos: <\/p>\n
Los cargos primero y segundo, encauzados por la v\u00eda indirecta y recta, formulaban dos problemas: (i) el conflicto de interpretaci\u00f3n de dos cl\u00e1usulas contenidas en la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad extracontractual; y (ii) el momento a partir del cual la aseguradora deb\u00eda pagar intereses moratorios a los beneficiarios. <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con el primero, debe precisarse que en el \u00e1mbito del seguro privado, la utilizaci\u00f3n de cl\u00e1usulas generales obedece a la propia actividad aseguradora, edificada en proveer cierta cobertura a un conjunto singular de personas que buscan proteger sus intereses frente a determinados riesgos. <\/p>\n
De ese modo, las anotadas disposiciones permiten perfilar en detalle el contenido y el valor de las prestaciones y, con ello, la previsi\u00f3n de los costos, los cuales tienden a regularse por la interacci\u00f3n de la oferta y la demanda, e igualmente, adaptar la actividad aseguradora a las nuevas realidades del mercado asegurador10. <\/p>\n
Asi las cosas, por motivos de econom\u00eda y racionalizaci\u00f3n de la actividad mercantil, dichas cl\u00e1usulas, cuya se\u00f1al peculiar es su uniformidad y generalidad, se integran con un contenido id\u00e9ntico en cada uno de los contratos afines a un mismo riesgo, sin la posibilidad de que el tomador pueda alterarlas. Claro, esto no le impide, en el marco de la libertad contractual, decidir si acepta o no tales estipulaciones11. <\/p>\n
Junto con las condiciones generales, al seguro suelen tambi\u00e9n incorporarse estipulaciones de car\u00e1cter particular. Su finalidad consiste en individualizar el contrato, en funci\u00f3n de las circunstancias que concurren en el caso en concreto, por ejemplo, cuando se establecen l\u00edmites al valor amparado, el tipo de beneficiarios, la descripci\u00f3n o relaci\u00f3n de los bienes resguardados sobre los cuales recae el inter\u00e9s asegurado, etc12. <\/p>\n
Por ende, las cl\u00e1usulas particulares, a diferencia de las gen\u00e9ricas, cumplen la labor de personalizar el pacto jur\u00eddico, adapt\u00e1ndolo a las particularidades y necesidades exclusivas del asegurado. <\/p>\n
Empero, las se\u00f1aladas estipulaciones tambi\u00e9n pueden estar prerredactadas e impuestas por el asegurador, aunque no originadas, como ocurre con las generales, en el hecho de la universalidad t\u00edpica de una clase de seguro (vgr. da\u00f1os, reales, patrimoniales, etc.), pues se elaboran para adaptarse al caso concreto. <\/p>\n
Un claro ejemplo de este grupo de apartados, lo componen las denominadas \u00ab(\u2026) cl\u00e1usulas delimitativas\u00bb, las cuales tienden a recortar los derechos indemnizatorios del asegurado, y operan cuando al definirse y determinarse el riesgo, se fijan exclusiones, restricciones, y limitaciones a las coberturas compendiadas en una estipulaci\u00f3n gen\u00e9rica, estableciendo a su vez reducciones a los valores asegurados13. <\/p>\n
4.1.1. La distinci\u00f3n conceptual entre cl\u00e1usulas generales y espec\u00edficas en el seguro, adem\u00e1s de definir y corroborar el car\u00e1cter adherente de \u00e9ste, resultan pertinentes para resolver los conflictos interpertativos que surjan en su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe tenerse en cuenta, seg\u00fan es sabido, que la funci\u00f3n del derecho de \u00abrepresentaci\u00f3n y protecci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad privada\u00bb14, debe hallar correlaci\u00f3n en el mandato que tiene el int\u00e9rprete de los contratos de buscar la intenci\u00f3n com\u00fan de las partes15, como principio orientador de la actividad hermen\u00e9utica contractual. <\/p>\n
4.1.1.1. En esa l\u00ednea, la doctrina de esta Corte, ha venido aplicando, preferentemente, las pautas de (i) la intenci\u00f3n; (ii) la especialidad del contrato, a efectos de resolver los conflictos interpretativos del seguro16. En ambos aspectos, se edifica y cobra br\u00edo la subregla interpretativa de la \u00abprevalencia de las condiciones particulares sobre las condiciones generales\u00bb 17. <\/p>\n
En cuanto a la intenci\u00f3n, bajo la lectura de los art\u00edculos 1618, 1619, 1620 y 1622 del C.C., corresponde a indagar el querer com\u00fan de los contratantes. Conforme a ese prop\u00f3sito, esta Corte ha manifestado de manera expresa, cu\u00e1l debe ser el iter a seguir para precisar la convergencia de voluntades. <\/p>\n
Inicialmente, parti\u00f3 de la relaci\u00f3n existente entre la voluntad declarada (lo escrito) y la voluntad interna (lo querido), para establecer que si la literalidad es precisa y certera en algunos apartados del contrato, deber\u00e1n emplearse las cl\u00e1usulas frente a las que no haya controversia, a efectos de interpretar aquellas sobre las cuales exista el desacuerdo interpretativo18. <\/p>\n
Luego, en providencia de 5 de julio de 1983, se recalc\u00f3 la f\u00f3rmula de la diferenciaci\u00f3n de la literalidad con la voluntad conjunta de los contratantes, al afirmar que los enunciados claros iluminan los oscuros, por cuanto \u00ab(\u2026) el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jur\u00eddico quedan escritos en cl\u00e1usulas (\u2026) precisas y sin asomo de ambig\u00fcedad, [por tanto], tiene que presumirse que esas estipulaciones as\u00ed concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el mismo fallo precis\u00f3 que la b\u00fasqueda de la intenci\u00f3n com\u00fan no se agota en el texto del contrato, sino que tambi\u00e9n, a juicio del juzgador, puede acudirse a otros medios, \u00ab(\u2026) como las circunstancias previas y posteriores al negocio, las costumbres de las partes, los usos del lugar en donde han pactado; la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que del contrato hayan hechos ambas partes o una de ellas con la aprobaci\u00f3n de otra, y otras convenciones o escritos emanados de los contratantes\u00bb19. <\/p>\n
En contexto, la rese\u00f1ada providencia, concretada luego por la sentencia de 27 de noviembre de 2008, asume que la labor del int\u00e9rprete es reconstructiva, cuando el texto no informa con suficiencia el querer com\u00fan de las partes; empero, dicha tarea no puede \u00ab(\u2026) desbordar sus l\u00edmites y convertirse en una funci\u00f3n impositiva y discreccional\u00bb20, al punto de fijar el significado de una cl\u00e1usula o de todo o parte del contrato, descuidando su apego a la intenci\u00f3n bilateral de quienes llevaron a flote el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
El segundo criterio, relativo a la regla de interpretaci\u00f3n por la especialidad del contrato, tiene fundamento en el art\u00edculo 1621 del C.C., el cual, por una parte, refiere que debe estarse con la \u00ab(\u2026) que mejor cuadre con su naturaleza\u00bb; y por la otra, que se debe presumir la existencia de las \u00ab(\u2026) cl\u00e1usulas de uso com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
El primer supuesto, seg\u00fan lo afirm\u00f3 esta Corte en sentencia de 28 de febrero de 2005, exp. 750421, reiterada, entre otras, el 13 de mayo de 2014 (SC 5851), exige realizar un \u00abjuicio de adecuaci\u00f3n jur\u00eddica y socioecon\u00f3mica\u00bb, implicando ello establecer cu\u00e1les son las atribuciones y finalidades patrimoniales que ejercieron los contratantes durante el desarrollo del contrato. <\/p>\n
El \u00faltimo supuesto, el atinente a \u00abpresumir las cl\u00e1usulas de uso com\u00fan\u00bb, no es m\u00e1s que el eco del art\u00edculo 1546 del C.C., relativo a la presencia impl\u00edcita de la condici\u00f3n resolutoria. <\/p>\n
4.1.1.2. Las anotadas pautas hermen\u00e9uticas fundamentan la subregla de la \u00abprevalencia\u00bb para delimitar la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas del contrato de seguro, en casos donde las estipulaciones generales y espec\u00edficas, simult\u00e1neamente se contradicen y disputan su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal argumento cobra fuerza en el contexto jur\u00eddico colombiano, particularmente, porque el mencionado criterio no tiene reconocimiento expreso en nuestra legislaci\u00f3n, aun cuando su vac\u00edo pueda colmarse acudiendo al derecho comparado, en donde s\u00ed ha sido objeto de m\u00faltiples y variadas enunciaciones. <\/p>\n
As\u00ed ocurre, por ejemplo, en los art\u00edculos 1342 del C\u00f3digo Civil italiano22; 6, num. 1\u00b0, de la Ley de Condiciones Generales de Contrataci\u00f3n espa\u00f1ola23; 1400 del C\u00f3digo Civil peruano24; 986 del C\u00f3digo Civil y Comercial argentino25; y 2.21 de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos Privados (Unidroit)26. <\/p>\n
Esta Corte, trasplant\u00f3 dicha subregla a nuestro sistema jur\u00eddico, en la sentencia de 4 de noviembre de 2009, rad. 1998-4175, al se\u00f1alar que la misma \u00ab(\u2026) confiere preponderancia a la condici\u00f3n particular o negociada cuando entra en contradicci\u00f3n con las de car\u00e1cter general; desde luego que es l\u00f3gico preferir el clausulado particular, por cuanto hace referencia al caso concreto, am\u00e9n que, en principio, aclara o altera las estipulaciones generales\u00bb (se resalta)27. <\/p>\n
De ah\u00ed que la \u00abprevalencia\u00bb, en \u00faltimas, concreta la supremac\u00eda de una cl\u00e1usula particular sobre una general en el evento de diferir ambas, pues aqu\u00e9lla refleja, a diferencia de la otra, m\u00e1s detallada y espec\u00edficamente, la genuina voluntad de las partes. <\/p>\n
No obstante, como se expuso ab initio, la disposici\u00f3n especial, aun cuando haya sido obra unilateral de la aseguradora (prerredactada), limit\u00e1ndose el asegurado a adherirse a ella, en todo caso, se comprende que fue prevista ad hoc, atendiendo las peculiaridades y necesidades del contrato28. <\/p>\n
En definitiva, la subregla de \u00abprevalencia\u00bb ser\u00e1 aplicable, si cumple con un un doble presupuesto: el primero, que juntas estipulaciones, sin discusi\u00f3n, sean v\u00e1lidas y eficaces; y el segundo, ser evidente su divergencia, al punto de descartar cualquier rastro de uniformidad o correspondencia en torno a la regulaci\u00f3n de los derechos y obligaciones contractuales. <\/p>\n
4.1.2. Frente a las anteriores directrices, y en punto al estudio del primer cargo, la recurrente aseguradora reprochaba al Tribunal por no aplicar la reducci\u00f3n espec\u00edfica del 20% a la condena a pagar \u00ab400 smlmv\u00bb, correspondiente al amparo de \u00ab200 smlmv\u00bb previsto en las dos p\u00f3lizas adquridas por Omega Ltda., pues solo tuvo en cuenta un descuento gen\u00e9rico del 10%. <\/p>\n
Lo anterior, seguramente, porque de manera paralela a la relaci\u00f3n general de amparos y valores asegurados, en cl\u00e1usula especial se acord\u00f3 que trat\u00e1ndose de la causaci\u00f3n de \u00abperjuicios morales\u00bb, rubro que en \u00faltimas fue reconocido a los demandantes, deb\u00eda operar un \u00absubl\u00edmite del 20%\u00bb frente al tope indemnizatorio. <\/p>\n
As\u00ed, en la primera, se pact\u00f3 una relaci\u00f3n pormenorizada de resguardos tales como \u00abda\u00f1os a bienes a terceros\u00bb y \u00abmuerte o lesi\u00f3n a una persona\u00bb, los cuales se amparaban hasta en \u00ab100 smlmv\u00bb; pero trat\u00e1ndose de la \u00abmuerte o lesi\u00f3n de dos (2) o m\u00e1s personas\u00bb se fij\u00f3 un tope de \u00ab200 smlmv\u00bb inclusive. <\/p>\n
La segunda estipulaci\u00f3n, vista al final de los anteriores apartados, seg\u00fan se observa en las certificaciones de la aseguradora (fls. 5 y 6, cdno. 3), incluy\u00f3 una condici\u00f3n delimitadora de la indemnizaci\u00f3n, al establecer que trat\u00e1ndose de \u00abperjuicios morales\u00bb se aplicar\u00eda un \u00absubl\u00edmite de 20% del valor asegurado\u00ab. <\/p>\n
La posici\u00f3n mayoritaria de la Sala, equivocadamente, no hall\u00f3 la contradicci\u00f3n evidente entre la cl\u00e1usula general y la espec\u00edfica. Simplemente resolvi\u00f3 que el Tribunal pudo y no lo hizo, darle prioridad a la menci\u00f3n del subl\u00edmite sobre los perjuicios morales. <\/p>\n
No advirti\u00f3 que el verdadero problema del cargo comprend\u00eda, en los t\u00e9rminos de la literalidad de la p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual, una indeterminaci\u00f3n de dos disposiciones, pues la gen\u00e9rica previ\u00f3 varios amparos y sumas a reconocer, entre ellos, la \u00abmuerte o lesi\u00f3n de dos (2) o m\u00e1s personas\u00bb; y la espec\u00edfica, sobre una concreta cobertura, como los \u00abperjuicios morales\u00bb, se limit\u00f3 a imponer una reducci\u00f3n porcentual del quantum total indemnizatorio. <\/p>\n
La inconsistencia radica en el hecho de que en la segunda estipulaci\u00f3n, el amparo cobijado aparentemente resultaba espec\u00edfico, aut\u00f3nomo e independiente de los relacionados en el primero, como si se tratara de dos coberturas diferentes y excluyentes. Vale decir, que de presentarse una de las dos condiciones, se suprimir\u00eda la otra. <\/p>\n
As\u00ed lo entendi\u00f3 el Tribunal, pero lo soslay\u00f3 la Corte, al decidir inaplicar el subl\u00edmite del 20% del importe asegurado sobre los \u00abperjuicios morales\u00bb, porque dicha delimitaci\u00f3n aplicaba s\u00f3lo cuando ocurriera ese menoscabo, situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3, pues lo \u00fanico acaecido fue la \u00abmuerte o lesi\u00f3n de dos (2) o m\u00e1s personas\u00ab, siendo inoperante la anotada deducci\u00f3n. <\/p>\n
Desconoci\u00f3 la propia Corte que ante las inconsistencias en el clausulado de las p\u00f3lizas, no pod\u00eda afirmar que el ad-quem hab\u00eda incurrido en error manifiesto de hecho al interpretar la ambig\u00fcedad en contra de la aseguradora, porque si la otra posici\u00f3n tambi\u00e9n es posible o factible, debe prevalecer la del juzgador, pues al no ser caprichosa ni contraevidente, sigue amparada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, sobre la discreta autonom\u00eda del sentenciador en el examen probatorio, dijo esta Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Advi\u00e9rtase, seg\u00fan de antiguo postula la Sala, la \u201cdiscreta autonom\u00eda\u201d (CXLVII, 52), de los jueces para interpretar el negocio jur\u00eddico, labor confiada a su \u201c\u2026cordura, perspicacia y pericia\u201d (CVIII, 289), su prudente, razonado y fundado juicio, dotado de la presunci\u00f3n de acierto y susceptible de infirmar s\u00f3lo cuando haya incurrido en un yerro f\u00e1ctico \u201ctan claro a la luz de las reglas legales y de los datos del expediente que no deje lugar a duda alguna\u201d (XX, 295), evidente, incidente en la decisi\u00f3n, invocado y demostrado por el censor (CXLII, 218; CCXL, 491, CCXV, 567), \u201cque ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia\u00bb, como cuando \u00absupone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cl\u00e1usulas con deducciones que contradicen la evidencia que ellas demuestran\u00bb (cas. junio 15\/1972, CXLII, 218 y 219), en forma que \u201cla ex\u00e9gesis de la cl\u00e1usula contractual propuesta por el casacionista sea la \u00fanica admisible a la luz de las circunstancias particulares, y se muestre, consecuentemente, como un planteamiento tan s\u00f3lido y persuasivo que, por su propio peso, sea capaz de revelar la contraevidencia en la comprensi\u00f3n del Tribunal\u201d (S-226-2004 [7356], 13 de diciembre de 2004), \u201cde modo que mientras la adoptada por el Tribunal no desnaturalice los t\u00e9rminos claros y no ambiguos de la convenci\u00f3n rompiendo su armon\u00eda, desconociendo sus fines o la naturaleza espec\u00edfica del contrato, debe ser respetada por la Corte\u201d (LV, 298), pues las interpretaciones \u201cconformes al haz probatorio y que no sean absurdas o carentes de sind\u00e9resis y l\u00f3gica, impiden la constituci\u00f3n de un error de hecho evidente, alegable en casaci\u00f3n, por lo que dicha interpretaci\u00f3n, en esas condiciones, queda cerrada en las instancias y resulta inimpugnable mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, as\u00ed la hermen\u00e9utica que efectu\u00f3 el censor devenga respetable y, por ende, luzca coherente, lo cual no es suficiente para quebrar un fallo judicial, por lo dem\u00e1s cobijado por una presunci\u00f3n de acierto que es menester derruir\u201d (Sentencia de la Sala Civil, Exp.7560)(\u2026)\u00ab (se resalta)29. <\/p>\n
Lo anterior se refuerza en el hecho de que como quienes sufrieron los perjuicios por el fallecimiento tr\u00e1gico de sus seres queridos, en el caso, no discutieron ni se adhirieron al clausulado del seguro, ninguna interpretaci\u00f3n restrictiva les resulta oponible. La delimitaci\u00f3n de la cobertura, por tanto, de ser tal, solo tendr\u00eda realidad en las relaciones internas entre aseguradora y asegurado. <\/p>\n
Desde luego, si por causa del siniestro se provoc\u00f3 el fallecimiento de los j\u00f3venes Jonathan Mario Vega Ortega y Fabi\u00e1n Alberto V\u00e1squez Garc\u00eda, no significaba ello que sus parientes, los demandantes, no sufrieran otro tipo de afectaci\u00f3n, adem\u00e1s de su p\u00e9rdida, como fueron los \u00abperjuicios morales\u00bb, los cuales efectivamente probaron. <\/p>\n
En otras palabras, no deb\u00eda prosperar el cargo, por cuanto los perjuicios morales son consecuenciales a ese hecho y no aut\u00f3nomos como para aplicarles la deducci\u00f3n del 20%. <\/p>\n
4.2. La segunda acusaci\u00f3n, relacionada con el momento a partir del cual la aseguradora deb\u00eda pagar intereses moratorios a los beneficiarios, la Corte tambi\u00e9n resolvi\u00f3 de manera errada. <\/p>\n
Si bien la ocurrencia del siniestro constituye para la aseguradora la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios causados por aqu\u00e9l, el beneficiario, adem\u00e1s de dar noticia oportuna del suceso a su contraparte y de los deberes de mitigaci\u00f3n exigibles, tiene la necesidad de formular reclamaci\u00f3n, en donde probar\u00e1 no s\u00f3lo el acaecimiento del hecho funesto, sino la existencia y monto del menoscabo, y su calidad de cierto y directo. <\/p>\n
La reclamaci\u00f3n, entonces, configura una carga30 impuesta al beneficiario para ser resarcido econ\u00f3micamente en funci\u00f3n del seguro (art. 1077 del C. de Co.), pero al mismo tiempo, en l\u00ednea con el art\u00edculo 1080 ib\u00eddem, \u201c(\u2026) constituye un verdadero presupuesto de la mora del asegurador\u201d31. <\/p>\n
Sobre la reclamaci\u00f3n, entendida como una carga, esta Corte ha sostenido que corresponde a un comportamiento \u00ab(\u2026) que un sujeto ha de observar con car\u00e1cter necesario para alcanzar un determinado fin jur\u00eddico o una ventaja, (\u2026) motivo por el cual (\u2026) \u00e9ste es libre de enderezar su conducta en el sentido que mejor le parezca (\u2026); de este modo, (\u2026) la formulaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n junto con los comprobantes pertinentes destinada a demostrar la ocurrencia del siniestro, constituye una carga que se impone al asegurado para que obtenga la indemnizaci\u00f3n pactada en el contrato (\u2026)\u00ab (se resalta)32. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la reclamaci\u00f3n, al tratarse de una carga y no de una obligaci\u00f3n33, por cuanto, se itera, es una conducta que se debe asumir para conseguir, en raz\u00f3n a lo pactado en el seguro, un resultado favorable al propio inter\u00e9s del beneficiario, como es, recibir la prestaci\u00f3n asegurada, puede ser intentarla ya extrajudicial, ora judicial, o incluso ejercer ambas de manera sucesiva. <\/p>\n
Con todo, si bien la selecci\u00f3n de una u otra v\u00eda de reclamo es potestativa del acreedor de la indemnizaci\u00f3n, este, en todo caso, en cualquiera de ellas, para lograr la remuneraci\u00f3n exigida, no escapar\u00e1 al deber de acreditar la realizaci\u00f3n del riesgo y la cuant\u00eda de la lesi\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, la escogencia de cualquiera de las dos formas para exigir el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n, genera a su vez diversas y precisas implicaciones jur\u00eddicas para la aseguradora. <\/p>\n
En efecto, presentada la reclamaci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda de seguros puede dentro del mes siguiente a su presentaci\u00f3n, (i) efectuar el pago del siniestro; u (ii) objetar tal requerimiento, en cuyo evento deber\u00e1 demostrar las exclusiones consagradas en el contrato. <\/p>\n
Vencido el anotado plazo, y si la aseguradora se reh\u00fasa a ejercer cualquiera de las dos prerrogativas arriba rese\u00f1adas, se (i) constituir\u00e1 en mora, al punto de causar intereses de retardo; y (ii) la p\u00f3liza cobrar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo, pudiendo el asegurado compeler coactivamente la prestaci\u00f3n dineraria. <\/p>\n
Ahora, si la reclamaci\u00f3n se intenta por la senda judicial, vale decir, mediante un proceso declarativo cuyas pretensiones se encaminen a establecer la responsabilidad contractual de la aseguradora; o en su defecto, cuando es promovida por la v\u00edctima del siniestro contra el asegurado, a fin de probar la cuesti\u00f3n aquiliana de \u00e9ste, y exigir la indemnizaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de seguros, dicha hip\u00f3tesis, por ser distinta a la prevista en el art\u00edculo 1080 del C. de Co., trae consigo sus propias connotaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
Esto por cuanto la compa\u00f1\u00eda de seguros, adem\u00e1s de alegar y probar en el juicio los motivos de exclusi\u00f3n del pago de la indemnizaci\u00f3n, ser\u00e1 en \u00faltimas la decisi\u00f3n judicial la que determinar\u00e1 si debe o no asumir tal obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo mismo ocurre respecto a los intereses moratorios, pues su causaci\u00f3n, de ser derrotada la aseguradora en el proceso, seg\u00fan lo decant\u00f3 esta Sala, y aun cuando sobre el tema se hayan presentado algunas aclaraciones de voto37, en atenci\u00f3n al principio sustancial previsto en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1608 del C. C.38, viene a producirse \u00ab(\u2026) con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al deudor\u00bb, tal cual lo se\u00f1alaba el inciso 2\u00b0 del precepto 90 del C.P.C., hoy recogido en el canon 94 del C.G.P. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, dijo esta Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [B]ajo este entendimiento, como no se present\u00f3 una t\u00edpica reclamaci\u00f3n extrajudicial al asegurador, (\u2026) dirigida a obtener el pago de la prestaci\u00f3n asegurada, fuerza concluir que aquel no se encontraba en mora para la fecha de la demanda, la que se erige, entonces, en solicitud de pago judicial. Pero como tal condici\u00f3n -la mora- es presupuesto ineludible para ordenar el reconocimiento de los se\u00f1alados r\u00e9ditos, ser\u00e1 necesario acudir a lo preceptuado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma seg\u00fan la cual, la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes, lo que resulta entendible si se tiene en cuenta que, en ese espec\u00edfico momento, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte que, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, en caso de acogerse la pretensi\u00f3n, los efectos de la sentencia, en lo que ata\u00f1e a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, al estadio procesal en que aquel asumi\u00f3 el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce (\u2026)\u201d (subrayado propio)39. <\/p>\n
De ese modo, bajo la premisa de la reclamaci\u00f3n judicial, y conforme a los precisos t\u00e9rminos normativos (arts. 1608, num. 3\u00b0 del C.C.; y 94, inciso 2\u00b0 del C.G.P.), la citada subregla jurisprudencial se concreta cuando la aseguradora, una vez convocada al juicio, si desiste de la opci\u00f3n de cancelar la indemnizaci\u00f3n exigida, y opta por resistir las pretensiones, dar\u00e1 lugar, en caso de perder el pleito, a reconocer r\u00e9ditos punitivos a su contraparte desde la fecha del acto de enteramiento del auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
La posici\u00f3n mayoritaria de la Sala prescindi\u00f3 la justificaci\u00f3n de la anotada regla jurisprudencial, la cual se ciment\u00f3 en buscar equidad para la demandante por la situaci\u00f3n de largo tiempo que puede llevarle el tramite del juicio declarativo, y en especial, cuando es la v\u00edctima, que desistiendo de la acci\u00f3n directa40, promueve el litigio frente al asegurado y no directamente contra la compa\u00f1\u00eda de seguros, aspecto que puede ocurrir cuando ignora la existencia del seguro de responsabilidad civil contratado por aqu\u00e9l. <\/p>\n
4.2.1. Frente a lo discurrido, en el subj\u00fadice, el cargo planteado resultaba infundado, porque el enunciado del art\u00edculo 1080 del C. de Co., tocante con la reclamaci\u00f3n formal como hip\u00f3tesis de la constituci\u00f3n en mora de la aseguradora, no fue el aplicado por el Tribunal para determinar el plazo de causaci\u00f3n de los intereses dilatorios, por tal raz\u00f3n, lejos se hallaba \u00e9ste de otorgarle un alcance inadecuado. <\/p>\n
En efecto, evidenciada la existencia del hecho funesto y su quantum, cual lo dej\u00f3 sentado el juzgador de segundo grado, la sanci\u00f3n de retardo resultaba procedente. La pol\u00e9mica se reduc\u00eda entonces a establecer la fecha a partir de la cual se aplicaban los r\u00e9ditos punitivos. <\/p>\n
Si el ad quem en el punto se\u00f1al\u00f3 que se deb\u00edan \u00ab(\u2026) desde el 6 de septiembre de 2010\u00bb, data de ratificaci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n impuesta al conductor causante del accidente, esto significa que los beneficiarios acreditaron durante la etapa probatoria la \u00ab(\u2026) ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u00bb (art. 1077 ej\u00fasdem). <\/p>\n
No obstante, si la condici\u00f3n base de la mora, esto es, la demostraci\u00f3n del infortunio y el monto del menoscabo, se estructur\u00f3 el 6 de septiembre de 2010, s\u00f3lo a partir de esta fecha se hizo exigible la obligaci\u00f3n de la aseguradora. <\/p>\n
Desde luego, al corroborarse el valor de los perjuicios causados por el siniestro con ocasi\u00f3n del proceso, los intereses moratorios se adeudar\u00edan desde el 25 de agosto de 2010, fecha de notificaci\u00f3n de la aseguradora en el pleito (fl. 11, cdno. 3), como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 1608, numeral 3\u00b0 del C.C.; y 90, inciso 2\u00ba del C.P.C (hoy art. 94 del C.G.P.). <\/p>\n
Sin embargo, para el Tribunal el hecho surgi\u00f3 el 6 de septiembre de 2010, y por tal motivo, fij\u00f3 los r\u00e9ditos a partir de esa data, conclusi\u00f3n aceptada sin reparo por el recurrente en el cargo, al afirmar que en esa fecha, y no en el auto de enteramiento de la demanda, fue cuando se calcul\u00f3 el plazo de tal condena monetaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el supuesto f\u00e1ctico de la reclamaci\u00f3n formal, el cual aduce la censura deb\u00eda advertirse para determinar si Seguros Colpatria S.A. se hallaba o no en mora, y as\u00ed erigir su causaci\u00f3n, por cuanto omitieron presentarla los beneficiarios, decae por virtud del requerimiento efectuado por v\u00eda judicial, configurando \u00e9sta circunstancia, luego de constatar el percance y la cuant\u00eda, el c\u00f3mputo del plazo de los intereses de vencimiento. <\/p>\n
Finalmente, la correcci\u00f3n doctrinal en punto de la interpretaci\u00f3n del art. 1080 del C. de Co., una vez m\u00e1s, siembra el desconcierto sobre la \u00e9poca a partir de la cual se pueden exigir los intereses, transmitiendo veleidad en un punto tan sensible, sin contar, adem\u00e1s, con la unanimidad de la Sala; pudo haberse precisado que el criterio aplicado cobijaba exclusivamente el caso concreto. Ante todo, se desentendi\u00f3 de dos requisitos sustanciales para la alteraci\u00f3n de una l\u00ednea jurisprudencial, consistentes en el cumplimiento de: 1. La carga de transparencia, y 2. La carga de argumentaci\u00f3n. El primero para identificar y exponer la debilidad de las decisiones que estructuraban la doctrina vigente en la materia, s\u00f3lidas por cierto; y el segundo, tocante con el desarrollo de razonamientos claros, serios y convincentes, y que, con mayor justificaci\u00f3n a los anteriores, compel\u00edan argumentativamente la separaci\u00f3n de la doctrina desquiciada. <\/p>\n
5. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado el anunciado salvamento. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Rub\u00e9n S. Stiglitz, Derecho de seguros, Tomo I, Abeledo-Perrot, 3\u00aa Ed., 1998, p. 225. <\/p>\n
2 Acepci\u00f3n tercera del Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola, disponible en www.rae.es. <\/p>\n
3 Antes art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
4 Honorable exmagistrado Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. <\/p>\n
5 Cfr. Carlos E. Alchourr\u00f3n y Eugenio Bulygin, Introducci\u00f3n a la metodolog\u00eda de las ciencias jur\u00eddicas y sociales, Astrea, 1998, p. 102. <\/p>\n
6 Miguel Betancourt Rey, Derecho Privado, Categor\u00edas B\u00e1sicas, Universidad Nacional de Colombia, 1996, p. 449 y 450 <\/p>\n
7 Cfr. Alf Rossa, Sobre el Derecho y la Justicia, Buenos Aires, Eudeba, 1963, p. 124-125. <\/p>\n
8 David Mart\u00ednez Zorrilla, Conflictos normativos. En Enciclopedia de Filosof\u00eda y Teor\u00eda del Derecho, Vol. 2, UNAM, p. 1313. <\/p>\n
9 Idem. <\/p>\n
10 CLAVER\u00cdA GOS\u00c1LBEZ, L. H. Condiciones generales y cl\u00e1usulas contractuales impuestas. Barcelona, 2008: Bosch, pp. 12-15. <\/p>\n
11 ROSILLO FAIR\u00c9N, A. La configuraci\u00f3n del contrato de adhesi\u00f3n con consumidores. Madrid, 2010: Wolters Kluver, pp. 35-36. <\/p>\n
12 S\u00c1NCHEZ CALERO, F. Art\u00edculo 3. Condiciones generales\u201d en S\u00c1NCHEZ CALERO, F. (dir.) \u201cLey de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50\/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones. Cizur Menor, 2010: Aranzadi, p. 111. <\/p>\n
13 En la jurisprudencia ib\u00e9rica, recientemente el Tribunal Supremo espa\u00f1ol reconoci\u00f3 que no siempre es sencillo distinguir las cl\u00e1usulas delimitativas, pues en algunos casos pueden confundirse con su \u00e1lter ego: las limitativas. Las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestaci\u00f3n por constituir el objeto del seguro, mientras que las segundas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnizaci\u00f3n (STS Sala 1\u00aa de 2 marzo 2017. EDJ 2017\/12303). <\/p>\n
14 PARRA HERRERA, N. Temperamentos interpretativos. Interpretaci\u00f3n del contrato, la ley y la Constituci\u00f3n. Bogot\u00e1, 2018: Legis, p. 152. <\/p>\n
15 La autonom\u00eda privada se manifiesta en el derecho contractual no s\u00f3lo como principio gu\u00eda, sino tambi\u00e9n cuando se realizan las cuatro facultades concretas de los contratantes: libertad de selecci\u00f3n, de negociaci\u00f3n, de configuraci\u00f3n y de conclusi\u00f3n; todas ellas dignas de ser protegidas, y \u00fanicamente limitadas excepcionalmente (DE CASTRO BRAVO, F. El negocio jur\u00eddico. Madrid, 2016: Civitas, p. 13). <\/p>\n
16 Sobre la aplicaci\u00f3n de las reglas interpretativas comunes a los pactos aseguraticios, en raz\u00f3n del art\u00edculo 822 del C. de Co., esta Corte afirm\u00f3: \u00ab(\u2026) como se histori\u00f3 en providencia del 29 de enero de 1998 (exp. 4894), de anta\u00f1o, la doctrina de esta Corte (CLXVI, p\u00e1g. 123) tiene definido que el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que est\u00e1 llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva p\u00f3liza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. de Co.)\u00bb (Sentencia de 27 de agosto de 2008, exp. 11001-3103-022-1997-14171-01). <\/p>\n
17 CSJ SC de 4 nov. 2009, rad. 1998-4175. <\/p>\n
18 Dicha regla interpretativa fue consolidada por esta Corte en los albores del siglo XX, cuando se\u00f1al\u00f3 como m\u00e9todo para hallar lo pretendido por los contratantes, tomar \u00ab(\u2026) en consideraci\u00f3n la naturaleza del contrato y las cl\u00e1usulas claras y admitidas del mismo [a fin de] que sirvan para explicar las dudosas (\u2026)\u00bb (CSJ SC, G.J. de 1946, LX, p. 656). <\/p>\n
19 Dicho entendimiento fue tambi\u00e9n planteado, entre otras, en la sentencia de 12 de junio de 1970. <\/p>\n
20 CSJ SC, sentencia de 27 de noviembre de 2008. <\/p>\n
21 La aplicaci\u00f3n frecuente de dicha regla interpretativa por la Corte, ha favorecido la resoluci\u00f3n de casos donde el problema hermene\u00fatico surge de los denominados contratos at\u00edpicos, e igualmente para dirimir la presencia o no de un contrato de agencia comercial con el de suministro, distribuci\u00f3n o ventas al por mayor. <\/p>\n
22 El art\u00edculo 1342 del C\u00f3digo Civil italiano de 1942, se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) En los contratos concluidos mediante la firma de formularios dispuestos para disciplinar de modo uniforme determinadas relaciones contractuales, las cl\u00e1usulas agregadas al formulario prevalecen sobre las del formulario cuando fuesen incompatibles con \u00e9stas, aunque las \u00faltimas no hubiesen sido canceladas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
23 El canon 6, num. 1\u00ba de la Ley de Condiciones Generales de Contrataci\u00f3n espa\u00f1ola, dispone que \u00ab(\u2026) Cuando exista contradicci\u00f3n entre las condiciones generales y las condiciones particulares espec\u00edficamente previstas para ese contrato, prevalecer\u00e1n \u00e9stas sobre aquellas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
24 El art\u00edculo 1400 del C\u00f3digo Civil peruano de 1984, precept\u00faa: \u00ab(\u2026) Las cl\u00e1usulas agregadas al formulario prevalecen sobre las de \u00e9ste cuando sean incompatibles, aunque las \u00faltimas no hubiesen sido dejadas sin efecto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
25 El C\u00f3digo Civil y Comercial argentino de 2014, en su art\u00edculo 986, dispone: \u00ab(\u2026) Cl\u00e1usulas particulares. Las cl\u00e1usulas particulares son aquellas que, negociadas individualmente, ampl\u00edan, limitan, suprimen o interpretan una cl\u00e1usula general. En caso de incompatibilidad entre cl\u00e1usulas generales y particulares, prevalecen estas \u00faltimas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
26 El art\u00edculo 2.21, establece que \u00ab(\u2026) En caso de conflicto entre una cl\u00e1usula est\u00e1ndar y una que no lo sea, prevalecer\u00e1 esta \u00faltima (\u2026)\u00ab. <\/p>\n
28 ESTIGARRIBA BIBER, M. L., Evoluci\u00f3n de los principios de interpretaci\u00f3n de los contratos, con especial referencia a la Rep\u00fablica Argentina, en Tratado de la interpretaci\u00f3n del contrato en Am\u00e9rica Latina, T.I, Grijley, Lima, 2007, p. 314. <\/p>\n
29 CSJ SC 7 de feb. de 2008, rad. 2001-06915-01. <\/p>\n
30 \u00abLa carga corresponde a la subordinaci\u00f3n del inter\u00e9s de quien est\u00e1 sujeto a la carga a otro inter\u00e9s suyo y no estrictamente al de otro, y en esa medida el cumplimiento de la carga no puede ser exigido coactivamente. Simplemente, si la carga no se cumple, los efectos previstos por quien debe cumplirla no se ver\u00e1n realizados\u00bb (ORDO\u00d1EZ ORDO\u00d1EZ, Andr\u00e9s, \u201cLas obligaciones y cargas de las partes en el contrato de seguro y la inoperancia del contrato de seguro\u201d, Bogot\u00e1, Universidad Externado de Colombia, 2008); as\u00ed mismo, el profesor Hinestrosa define carga como \u201cla necesidad en que un sujeto se encuentra de adelantar ciertas diligencias (actos necesarios) indispensables para satisfacer una aspiraci\u00f3n personal que \u00e9l escogi\u00f3 espont\u00e1neamente dentro de las varias que lo motivan\u201d (HINESTROSA, Fernando, \u201cTratado de las Obligaciones\u201d, Bogot\u00e1, Universidad Externado de Colombia, 2002, p.42). <\/p>\n
31 CSJ SC 30 de septiembre de 2004, S-143-2004 [7142]. <\/p>\n
32 Sentencia ib\u00eddem. <\/p>\n
33 \u00abLa distinci\u00f3n, realmente manifiesta, entre acto debido y acto necesario, y se proyecta en el campo din\u00e1mico, en el sentido de que mientras la obligaci\u00f3n es subordinaci\u00f3n de un inter\u00e9s del obligado a un inter\u00e9s de otro, la carga es subordinaci\u00f3n de un inter\u00e9s del gravado a otro inter\u00e9s del mismo sujeto\u00ab (CARNELUTTI, Francisco, Teor\u00eda general del derecho, OSSET Francisco (trad.), Madrid, Revista de Derecho Privado, 1995, pp. 221 y ss. <\/p>\n
34 \u00abArt. 1080.- El asegurador estar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEl contrato de reaseguro no var\u00eda el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de \u00e9ste, en caso de siniestro, no podr\u00e1 diferirse a pretexto del reaseguro\u00bb. <\/p>\n
35 \u00abArt. 1053.-La p\u00f3liza prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo contra el asegurador, por s\u00ed sola, en los siguientes casos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab3) Transcurrido un mes contado a partir del d\u00eda en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamaci\u00f3n aparejada de los comprobantes que (\u2026), sean indispensables para acreditar los requisitos del art\u00edculo 1077, sin que dicha reclamaci\u00f3n sea objetada (\u2026). Si la reclamaci\u00f3n no hubiere sido objetada, el demandante deber\u00e1 manifestar tal circunstancia en la demanda\u00bb. <\/p>\n
36 \u00abArt. 1077.- Corresponder\u00e1 al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso. <\/p>\n
\u00abEl asegurador deber\u00e1 demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad\u00ab. <\/p>\n
37 CSJ SC. Aclaraciones de voto a las sentencias de 4 de diciembre de 2001, exp. 6230, y 9 de noviembre de 2004, exp. 12789. <\/p>\n
38 Precept\u00faa el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil: \u00abEl deudor est\u00e1 en mora: (\u2026) 3. (\u2026) cuando ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor\u00bb. <\/p>\n
39 CSJ SC. Sentencia 248 de 14 de diciembre de 2001, exp. 6230, reiterada el 9 de noviembre de 2004, exp. 12789, y el 15 de junio de 2016, SC 7814-2016. <\/p>\n
40 Se\u00f1ala el art. 1133 del C. de Co.: \u00abEn el seguro de responsabilidad civl los damnificados tienen acci\u00f3n directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077, la v\u00edctima en ejercicio de la acci\u00f3n directa podr\u00e1 en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnizaci\u00f3n del asegurador\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC1947-2021 (2009-00171-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC1947-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54405-31-03-001-2009-00171-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de septiembre de dos mil diecinueve) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por SEGUROS COLPATRIA S.A. frente a la sentencia del 22 de abril de 2014, proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54333\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}