STC4946-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4946-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 18 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dep\u00f3sito de Drogas Boyac\u00e1 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los interesados en el proceso ejecutivo de radicado 2020-00010-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
21. El accionante present\u00f3 demanda ejecutiva contra la sociedad Cardio global LTDA1. Por reparto, le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, el cual, el 5 de febrero de 2020, libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de la demandada. <\/p>\n
2.2. El 7 y 21 de julio de la misma anualidad, el accionante procedi\u00f3 a realizar la notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la ejecutada, de conformidad con el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.3. Ante la inacci\u00f3n de la convocada, el 11 de agosto de 20202 solicit\u00f3 al Despacho seguir adelante la ejecuci\u00f3n, en vista de que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, la autoridad accionada mediante providencia del 23 de septiembre de 20203, deneg\u00f3 dicha petici\u00f3n por no cumplir con el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 292 del C.G.P., y explic\u00f3 que, \u00abpara darse aplicaci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 8\u00ba del decreto 806 de 2020, debe tenerse en cuenta el principio de ultra actividad de la Ley\u00bb. <\/p>\n
2.5. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el tutelante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n4 alegando que, de cara a la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional imparti\u00f3 una serie de directrices entre las que se encontraban las contenidas en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.6. El Despacho accionado, el 30 de noviembre de 2020, resolvi\u00f3 mantener su postura manifestando que, como la acci\u00f3n fue promovida con anterioridad a la declaratoria de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, las normas aplicables para la notificaci\u00f3n son las dispuestas por el ordenamiento procesal civil y no, las que dispone el Decreto citado. <\/p>\n
2.7. La promotora, por v\u00eda de tutela, aduj\u00f3 que el proceder del Juzgado es \u00abdesacertado y completamente al margen del procedimiento actual establecido, para el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n personal, exigiendo la aplicaci\u00f3n de los preceptos definidos en el C\u00f3digo General del Proceso, desatendiendo la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 806 de 2020, cuyos efectos jur\u00eddicos rigen hacia futuro\u20265\u00bb, configur\u00e1ndose un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicha autoridad al no conceder \u00abel valor probatorio requerido a los documentos acreditados por el apoderado de la parte actora, los cuales dan cuenta de la notificaci\u00f3n realizada al correo electr\u00f3nico de la demandada\u00bb incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se deje sin efectos \u00abel auto proferido el d\u00eda 30 de noviembre de 2020, por medio del cual, resuelve el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra del numeral segundo del auto de fecha 23 de septiembre de 2020, por medio del cual deniega la solicitud de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n presentada por el apoderado de la parte actora\u00bb. Y se ordene al accionado seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar que, la demanda ejecutiva fue presentada antes de la Declaratoria del Estado de Emegencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, as\u00ed como de la expedici\u00f3n del Decreto 806. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, dada la omisi\u00f3n de una estipulaci\u00f3n expresa en el aludido Decreto sobre el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, se atender\u00e1 \u00aba la directiva general en el art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, para los eventos en donde se introducen modificaciones a los procedimientos\u2026\u00bb. Por lo que, no vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental del petente. <\/p>\n
2. La sociedad CARDIO GLOBAL LTDA. -vinculada-expres\u00f3 que \u00abla regla aplicable al tr\u00e1mite del proceso es la determinada por el C\u00f3digo General del Proceso\u2026 y por ende el demandante debe cumplir con las cargas rituales dispuestas para la debida notificaci\u00f3n de la parte en contradicci\u00f3n; independientemente de las medidas previstas en el art\u00edculo 8 del Decreto 806 del 2020\u00bb. Por este motivo, estim\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental del demandante e inst\u00f3 a su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que Carlos Arturo S\u00e1nchez Sandoval \u00abno tiene legitimaci\u00f3n para reclamar en sede de tutela ese espec\u00edfico cometido, en consideraci\u00f3n a que no es parte ni tercer reconocido en aquella controversia judicial, quien tampoco, conforme se le exigi\u00f3 en el auto que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite esta acci\u00f3n constitucional, aport\u00f3 poder especial conferido por los intervinientes de dicha lid con miras a quedar legitimado en esta instancia de resguardo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante replic\u00f3 el fallo, aclarando que \u00abmediante correo electr\u00f3nico enviado el d\u00eda 15 de diciembre de 2020, dirigido a la direcci\u00f3n (seccftsupcund@cendoj.ramajudicial.gov.co), acredit\u00f3 ante el despacho, el respectivo poder y la certificaci\u00f3n de matr\u00edcula mercantil\u00bb, conforme a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
Por lo anterior, pretende se revoque la sentencia proferida por el a quo constitucional y, por consiguiente, se amparen los derechos de su poderdante. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer, preliminarmente, si el memorialista se encuentra facultado para representar en este tr\u00e1mite los intereses del establecimiento comercial Dep\u00f3sito de Drogas Boyac\u00e1. De superarse lo anterior, constatar si el Juzgado accionado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas del accionante con ocasi\u00f3n del proveido del 30 de noviembre de 2020, mediante el cual resolvi\u00f3 denegar la solicitud de continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, si bien el Tribunal consider\u00f3 que el amparo resultaba improcedente por la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb de quien suscribi\u00f3 la demanda en representaci\u00f3n del presunto afectado, considera la Corte que tal circunstancia realmente envuelve la manifestaci\u00f3n del \u00abderecho de postulaci\u00f3n\u00bb traducido en el poder especial dado por el mandante al profesional del derecho Carlos Arturo S\u00e1nchez Sandoval el 15 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Bajo esta comprensi\u00f3n, t\u00e9ngase en cuenta que al aportar dicho mandato6, que el a quo ech\u00f3 de menos, la Sala entiende subsanada la irregularidad, pues se advierten suficientes las facultades all\u00ed conferidas para actuar en esta sede, de ah\u00ed que, no pueda sostenerse que el abogado del promotor carece de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Aclarado lo anterior, esta Corporaci\u00f3n proceder\u00e1 a examinar si el Despacho accionado vulner\u00f3 las garant\u00edas superlativas del reclamante, al no reponer el auto mediante el cual rechaz\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, por considerar que los correos electr\u00f3nicos del 14 y 21 de julio de 2020, no acreditaban la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, ya que la disposici\u00f3n vigente era el art\u00edculo 292 del C.G.P. y no, el 8\u00ba del Decreto 806 de 20207. <\/p>\n
3. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada. En efecto, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
4. Sobre el particular, el Despacho Judicial accionado, al resolver el recurso de reposici\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 mantener su postura. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por explicar que su negativa a continuar con la ejecuci\u00f3n se debi\u00f3 a que, \u00abconforme a las documentales allegadas, no se ha cumplido con el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 292 del C.G.P. indic\u00e1ndosele al profesional de derecho, que, en materia de notificaciones, para darse aplicaci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, debe tenerse en cuenta el principio de ultraactividad de la Ley\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n que se adelanta no se inici\u00f3 con posterioridad a la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno Nacional, por lo que las reglas que se siguen para el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n ser\u00e1n las establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se refiri\u00f3 a la sentencia STC6687 de 2020 -dictada por esta Sala-, en lo que concierne al principio de ultra actividad, consignando lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] La ultraactividad de la ley es un problema de aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo y est\u00e1 \u00edntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jur\u00eddico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realizaci\u00f3n o celebraci\u00f3n. Dentro de la Teor\u00eda General del Derecho, es clara la aplicaci\u00f3n del principio \u00abTempus regit actus\u00bb, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada despu\u00e9s. Esto es lo que explica la Teor\u00eda del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fen\u00f3meno se presenta en relaci\u00f3n con todas las normas jur\u00eddicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc. [\u2026] (CSJ STC6687-2020 3 sept. 2021 rad. 2020-02048-00). <\/p>\n
[\u2026] Y claro, el legislador bien podr\u00e1 ordenar tambi\u00e9n que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, contin\u00faen produciendo efectos en torno a determinadas hip\u00f3tesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. Poni\u00e9ndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de la inaplicaci\u00f3n, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la ultraactividad, que es, ni m\u00e1s ni menos, que la metaexistencia jur\u00eddica de una norma derogada, por expresa voluntad del legislador. La cl\u00e1usula general de competencia del Congreso de la Rep\u00fablica as\u00ed lo avala, en tanto lo irradia de facultades para crear, mantener, modificar o derogar la legislaci\u00f3n que estime oportuna y conveniente; siempre y cuando lo haga en consonancia con los par\u00e1metros constitucionales vistos, dentro de los cuales militan el debido proceso y el derecho a la igualdad [\u2026]\u00bb8. <\/p>\n
Por lo que, \u00aben aras de garantizarle a la parte pasiva su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, advertido como se dijo, que las reglas aplicables para el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n son las preceptuadas en nuestro ordenamiento procesal y no las se\u00f1aladas en el Decreto 806 de 2020, lo cual se ajusta a derecho, no se repondra y se mantendr\u00e1 incolume el auto atacado\u00bb. <\/p>\n
5. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n
Como se anticip\u00f3, la determinaci\u00f3n del Despacho accionado se acompasa con lo esbozado por esta Sala al respecto -decisi\u00f3n del 3 de septiembre de 20209-, mediante la cual se advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] como el Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, nada indic\u00f3 sobre la transici\u00f3n entre una y otra reglamentaci\u00f3n, el colegiado enjuiciado debi\u00f3 atender a la directiva general establecida en el art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, para los eventos en donde se introducen modificaciones a los procedimientos\u00bb. <\/p>\n
6. Por el contrario, salta a la vista que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de funcionario de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
7. Por lo razonado en precedencia, se confirma la negativa del amparo exigido, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la negativa del amparo, pero por las razones expuestas en este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-27 del PDF \u201c00. EXPEDIENTE 257543103002202000010.PDF\u201d Carpeta \u201cCUADERNO PRINCIPAL\u201d <\/p>\n
2\u0002 Folio 2 del PDF \u201c12.INGRESO DESPACHO 07-09-2020\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1 del PDF \u201c13.AUTO AGREGA-NIEGA SOLICITUD 23-09-2020\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-4 del PDF \u201c14. RECURSO REPOSICI\u00d3N 28-09-2020\u201d <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-2 del PDF \u201c17.AUTO NO REPONE 30-11-2020\u201d. <\/p>\n
6\u0002\u0002 El Poder Especial fue remitido v\u00eda correo electr\u00f3nico el 16 de febrero de 2020, de conformidad al requerimiento hecho en el auto admisorio del d\u00eda 15 del mismo mes y anualidad. <\/p>\n
7\u0002 \u00abPor el cual se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la aenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-763-02 de 17 de septiembre de 2002, exp. D-3984. <\/p>\n
9\u0002 CSJ STC6687-2020 3 sept. 2020 rad. 2020-02048-00 <\/p>\n
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