STC5321-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5321-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01337-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por B\u00e1rbara Ni\u00f1o de Mendiga\u00f1o frente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, espec\u00edficamente, frente a la magistrada Luz Patricia Aristiz\u00e1bal Garavito, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d del causante Luis Hernando Ni\u00f1o Cristancho (q.e.p.d.). <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora el amparo de la garant\u00eda al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, se tramita el juicio mortuorio materia resguardo, asunto en el cual B\u00e1rbara Ni\u00f1o de Mendiga\u00f1o act\u00faa como heredera de su hermano, Luis Hernando Ni\u00f1o Cristancho. <\/p>\n
Mediante auto de 13 de junio de 2019, el despacho cognoscente excluy\u00f3 de los bienes all\u00ed inventariados, las \u201cpartidas\u201d donde se se\u00f1alaron como activos los certificados de dep\u00f3sitos a t\u00e9rmino fijo N\u00b0 3909415, 3865143, 3865166 y 3865173, por valores de $98\u2019871.229, $42\u2019361.040, $179\u2019397.799 y 471\u2019683.233, respectivamente, constituidos por el causante en Bancolombia S.A., pues, la aqu\u00ed promotora era beneficiaria de esos t\u00edtulos valores en calidad de \u201ccotitular\u201d. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue apelada por los dem\u00e1s interesados en el comentado sucesorio, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, quien, el 11 de junio de 2020, revoc\u00f3 la providencia del a quo y, en consecuencia, incluy\u00f3 el 50% de los referidos CDT dentro de la liquidaci\u00f3n de bienes. <\/p>\n
La tutelante solicit\u00f3 la \u201caclaraci\u00f3n\u201d de la anterior determinaci\u00f3n, pedimento denegado el 18 de diciembre de 2020, por cuanto, lo pretendido era la \u201crevocatoria\u201d del prove\u00eddo emitido en segunda instancia. <\/p>\n
Esgrime que el convocado desconoci\u00f3 los conceptos de la Superintendencia Financiera, donde ese ente, apoyado en una sentencia de la Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) que el canon 1579 del C\u00f3digo Civil, no guarda ninguna relaci\u00f3n con los actos de dep\u00f3sito y redenci\u00f3n de los mismos a su vencimiento; ii) los t\u00edtulos valores pueden hacerse efectivos separadamente por uno de quienes figuran como titulares del mismo; iii) que es tenedor leg\u00edtimo quien posee el t\u00edtulo conforme a las condiciones de su creaci\u00f3n; y iv) la verificaci\u00f3n de la legitimidad de la persona que puede disponer del t\u00edtulo valor le corresponde hacerla al banco (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que es una persona de la tercera edad \u201c(\u2026) conculcada gravemente en la atenci\u00f3n de [su] congrua subsistencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, dejar sin efecto el prove\u00eddo emitido por el colegiado querellado dentro del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Se opuso al ruego, manifestando que, en el asunto aqu\u00ed criticado, \u201cse respetaron las garant\u00edas fundamentales de las partes\u201d, por tanto, no existe m\u00e9rito alguno para conceder el amparo deprecado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de B\u00e1rbara Ni\u00f1o de Mendiga\u00f1o, con el prove\u00eddo de 11 de junio de 2020, mediante el cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, revoc\u00f3 la exclusi\u00f3n de los certificados de dep\u00f3sitos a t\u00e9rmino fijo, inventariados dentro de la causa mortuoria sublite. <\/p>\n
3. Se advierte que el auxilio no sale avante por carecer del requisito de inmediatez, pues, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 21 de abril de 2021, y la determinaci\u00f3n criticada, han transcurrido m\u00e1s diez (10) meses, tiempo que supera el establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
N\u00f3tese, si bien la quejosa solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la providencia censurada y la misma fue denegada el 18 de diciembre de 2020, lo cierto es, tal mecanismo era totalmente improcedente para atacar las razones por las cuales el tribunal emiti\u00f3 su decisi\u00f3n, por tanto, era desde la fecha de emisi\u00f3n del auto criticado que la actora se encontraba habilitada para acudir a esta senda especial y elevar los reparos expuestos en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
4. Con todo, se observa que el resguardo tiene como \u00fanica finalidad la salvaguarda del patrimonio de la quejosa, pues su exigencia no apunta a la defensa de una garant\u00eda fundamental, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos de aqu\u00e9lla, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha indicado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d4. <\/p>\n
5. Al margen de lo discurrido, debe decirse que a pesar de ser la censora una persona mayor, no se advierte una situaci\u00f3n actual de peligro que posibilite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas, m\u00e1xime, cuando es titular del 50% de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino fijo materia de litigio, los cuales superan el valor de $700.000.000. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por B\u00e1rbara Ni\u00f1o de Mendiga\u00f1o frente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, espec\u00edficamente, frente al magistrada Luis Patricia Aristiz\u00e1bal Garavito, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d de la causante Luis Hernando Ni\u00f1o Cristancho (q.e.p.d.). <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 ARTICULO 1568. \u201cEn general cuando se ha contra\u00eddo por muchas personas o para con muchas la obligaci\u00f3n de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, s\u00f3lo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el cr\u00e9dito\u201d. <\/p>\n
\u201cPero en virtud de la convenci\u00f3n, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligaci\u00f3n es solidaria o in solidum\u201d. <\/p>\n
\u201cLa solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley\u201d. <\/p>\n
2 ARTICULO 1602. \u201cTodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
4 CSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. 00111-01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 de agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. 00068-02. <\/p>\n
5 CSJ STC 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
12 <\/p>\n
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