STC5322-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5322-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01379-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Almacenes \u00c9xito S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por los magistrados Marcos Rom\u00e1n Gu\u00edo Fonseca, John Freddy Saza Pineda y Giovanni Diaz Villarreal, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d adelantado por Pastor Herrera Rodr\u00edguez a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La interesada reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, supuestamente quebrantado por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Pastor Herrera Rodr\u00edguez inco\u00f3 ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, el juicio materia de esta salvaguarda, con el fin de que se declarara \u201ccivilmente responsable\u201d a Carulla Vivero S.A. (hoy Almacenes \u00c9xito S.A.), por el \u201caccidente\u201d en el cual sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 78.55%. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de esa reclamaci\u00f3n, se adujo que el siniestro ocurri\u00f3, cuando el demandante, mientras ejerc\u00eda su labor de \u201csurtir el almac\u00e9n\u201d donde funciona la prenombrada sociedad, trat\u00f3 de \u201cfrenar con su espalda\u201d un ascensor que se desplom\u00f3 mientras \u201c(\u2026) clasificaba y cargaba (\u2026) una mercanc\u00eda suministrada por la empresa Colgate Palmolive y C\u00cdA (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentencia de 6 de marzo de 2020, el referido despacho emiti\u00f3 sentencia denegando las pretensiones invocadas, pues no se demostraron \u201clas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos\u201d alegados. <\/p>\n
El mencionado fallo fue recurrido por el extremo activo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, quien, en prove\u00eddo de 19 de febrero de 2021, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, para, en su lugar condenar a la empresa accionada al pago de $563.608.298 y $72.000.000, por concepto de da\u00f1os materiales y morales, respectivamente. <\/p>\n
La aqu\u00ed gestora interpuso recurso de casaci\u00f3n, remedio denegado el 23 de abril pasado. <\/p>\n
Considera la tutelante que la corporaci\u00f3n fustigada incurri\u00f3 en \u201cdefecto procedimental y sustantivo\u201d, pues: i) no \u201ccorri\u00f3 traslado\u201d de las pruebas decretadas en segunda instancia, impidiendo el derecho de contradicci\u00f3n y corrigiendo la negligencia en la actividad probatoria del demandante; y ii) inobserv\u00f3 el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que se deb\u00eda adecuar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso, por cuanto \u201c(\u2026) le reconoci\u00f3 efectos de culpa presunta a una situaci\u00f3n gobernada por la culpa probada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, dejar sin efecto el fallo proferido por el colegiado criticado dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad su proceder, e indicando que, si la promotora no estaba de acuerdo con la incorporaci\u00f3n de los elementos de juicio practicados en sede de apelaci\u00f3n, debi\u00f3 manifestarlo en su oportunidad, haciendo uso de los recursos ordinarios y no a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante censura, por un lado, el fallo de 19 de febrero de 2021, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro del litigio subex\u00e1mine y, por el otro, el decreto de pruebas en segunda instancia, de las cuales, seg\u00fan afirma, no se \u201ccorri\u00f3 traslado\u201d para su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. El colegiado convocado, al zanjar la alzada impetrada en el comentado decurso, evidenci\u00f3 que el argumento expuesto por el a quo para denegar las pretensiones invocadas en el proceso, no pod\u00eda sostenerse, por cuanto, estaban probados los presupuestos necesarios para establecer una responsabilidad civil extracontractual a cargo de la empresa all\u00ed accionada. <\/p>\n
En efecto, la autoridad refutada, para resolver el pleito sublite, destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el asunto fue pac\u00edfico el hecho generador del da\u00f1o, es decir, el accidente acaecido el 26 de marzo de 2001, cuando el ascensor de carga utilizado por PASTOR HERRERA RODR\u00cdGUEZ, se desplom\u00f3 caus\u00e1ndole lesiones en su humanidad\u201d. <\/p>\n
\u201cNada m\u00e1s cierto, atendiendo que CARULLA VIVERO S.A., hoy \u00c9XITO S.A., al contestar la demanda, tanto en el proceso laboral, cuyas copias fueron incorporadas en esta instancia, como en este proceso, no desconoce el fat\u00eddico accidente en sus instalaciones, tan solo que endilga la responsabilidad indemnizatoria al empleador, am\u00e9n que (\u2026) as\u00ed lo deja evidenciado la prueba testimonial recaudada en el proceso laboral, dentro de ella, el relato de ZARO DE JES\u00daS PINEDA CASTILLO, trabajador de CARULLA, quien afirma haberle prestado los primeros auxilios al actor\u201d. <\/p>\n
\u201cY vale la pena acotar desde ahora, que la prueba trasladada del proceso laboral promovido por PASTOR HERRERA RODR\u00cdGUEZ contra EFICACIA S.A., COLGATE PALMOLIVE Y CIA Y ALMACENES MAGALY PARIS S.A., reviste todo valor probatorio debido a que fue controvertida por la aqu\u00ed demandada o evacuada por su requerimiento, siendo aportada <\/p>\n
en esta instancia de manera oficiosa en aras de lograr la verdad de los hechos, as\u00ed que cumplen las prescripciones del art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso; y huelga precisar, ALMACENES MAGALY pas\u00f3 a ser CARULLA VIVERO S.A. y finalmente \u00c9XITO S.A.; dicho de otro modo, se trata de una prueba que se decret\u00f3 y practic\u00f3 en segunda instancia conforme a las actuales reglas del C. G. del P., se incorpor\u00f3 debidamente y se someti\u00f3 a contradicci\u00f3n sin reproche alguno, lo que permite su valoraci\u00f3n en esta sede. Por ende, qued\u00f3 as\u00ed superado cualquier debate sobre la validez de la prueba trasladada\u201d <\/p>\n
\u201cPartiendo de ese supuesto, debidamente probado, se estar\u00eda frente a la manipulaci\u00f3n, manejo o uso de una m\u00e1quina el\u00e9ctrica que por s\u00ed misma representa alto riesgo para las personas, superior al que normalmente ellas deben soportar, o lo que es igual, el ascensor o montacarga tanto por su estructura como por su funcionamiento configura una actividad peligrosa al amparo del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, lo que permite abordar el problema desde la responsabilidad civil extracontractual (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 el tribunal que, a la luz de lo establecido por la jurisprudencia de esta Sala frente al trema de actividades peligrosas, \u201cel ofendido \u00fanicamente tiene el deber de acreditar la configuraci\u00f3n o existencia del da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y la conducta del autor\u201d, pudi\u00e9ndose exonerar \u00fanicamente al demandado, si \u00e9ste se encontraba ante un caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la v\u00edctima o la intervenci\u00f3n de un tercero. <\/p>\n
Para abordar esta tem\u00e1tica el convocado, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Decolando al caso concreto, es palmar, que el ascensor o montacarga se encontraba instalado en el inmueble donde funciona el establecimiento de comercio de CARULLA VIVERO S.A., ubicado en Bocagrande, cuya guarda, vigilancia y cuidado estaba a cargo de la demandada, como se desprende del testimonio rendido por uno de sus empleados, ZARO DE JES\u00daS PINEDA, dentro del proceso laboral (\u2026), al afirmar sin ambages que la administraci\u00f3n del montacarga estaba a cargo de CARULLA, quien ten\u00eda contratada dicha actividad y que una semana antes del percance le hab\u00edan efectuado dicho mantenimiento, pero que segu\u00eda presentando fallas. Y en ese mismo proceso, V\u00cdCTOR MANUEL CERVANTES HERN\u00c1NDEZ, jefe del \u00e1rea comercial, en forma convergente dice que auxili\u00f3 a la v\u00edctima, que el mantenimiento del ascensor estaba a cargo de la administraci\u00f3n del Almac\u00e9n, que la semana anterior se lo hab\u00edan efectuado, pero que ven\u00eda presentando fallas (\u2026), hechos sobre los que igualmente dan fe MYRIAN DEL CARMEN ORTEGA y LILIANA MAR\u00cdA FUENTES, en especial la \u00faltima citada, al afirmar que en horas de la ma\u00f1ana se hizo presente en CARULLA de Bocagrande y que el ascensor estaba fallando\u201d. <\/p>\n
\u201cY esa administraci\u00f3n del ascensor para nada es desconocido por la demandada, habida cuenta que al contestar el hecho noveno de la demanda, asever\u00f3 que la empresa realizaba mantenimiento preventivo al ascensor y le imputa toda responsabilidad a la v\u00edctima por imprudencia (\u2026), mismos t\u00e9rminos que utiliz\u00f3 en su defensa dentro del proceso ordinario laboral, en donde, adem\u00e1s, consider\u00f3 el hecho como un accidente laboral cuya indemnizaci\u00f3n deb\u00eda asumirla el empleador a trav\u00e9s de la ARP. <\/p>\n
Adujo que, si Pastor Herrera Rodr\u00edguez sufri\u00f3 lesiones en su cuerpo al caerle encima el ascensor o montacarga instalado en el establecimiento de comercio de \u201cCarulla Vivero S.A. hoy \u00c9xito S.A.\u201d, y cuyo mantenimiento estaba a cargo de dicha sociedad, oper\u00f3 la \u201cpresunci\u00f3n de culpa frente al due\u00f1o o guardi\u00e1n de la actividad peligrosa\u201d, por tanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demandada para desvirtuarla debi\u00f3 partir por probar una causa extra\u00f1a como forma de romper el nexo causal, sin que le sea posible izar en su defensa la diligencia y cuidado en el mantenimiento de la actividad peligrosa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al respecto, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201cY aunque no se propone una defensa frontal en ese sentido, al interpretar la contestaci\u00f3n de la demanda, se deja translucir que se imputa culpa de la v\u00edctima. En todo caso, al interior del proceso ordinario laboral o en \u00e9ste, no se arribaron medios de prueba encausados a demostrar que las lesiones sufridas por PASTOR obedecen a su propio actuar imprudente como se alega\u201d. <\/p>\n
\u201cEn verdad, aunque ZARO DE JES\u00daS refiere en su relato que en el montacarga se encontraba un aviso que prohib\u00eda el ingreso de personas, lo cierto es que, la instalaci\u00f3n del aviso no est\u00e1 probada y menos la inobservancia del mismo por parte de la v\u00edctima, partiendo adem\u00e1s que PASTOR para el momento de los hechos s\u00f3lo estaba en compa\u00f1\u00eda de TRINIDAD MAR\u00cdA RICO, como \u00e9sta lo refiere en su declaraci\u00f3n, quien nada dice sobre ese particular\u201d. <\/p>\n
\u201cEn forma elocuente MYRIAN DEL CARMEN, al rendir su testimonio en este proceso, dijo que se desempe\u00f1aba como mercaderista de INCAMETALES, prestando sus servicios en CARULLA y que el ascensor que ella igualmente utilizaba no contaba con aviso alguno, fuera que corrobora que presentaba fallas\u201d. <\/p>\n
\u201cPor otro lado, no deja de ser un contrasentido, pensar que el peso de la v\u00edctima precipit\u00f3 la ca\u00edda del ascensor, cuando el mismo ZARO afirm\u00f3 que el montacarga ten\u00eda una capacidad de 2 toneladas y que para el momento de los hechos se hab\u00edan ingresado 10 pacas de detergente, cada paca con 12 bolsas de 1.000 gramos cada una, luego, la causa de la ca\u00edda del ascensor no es posible correlacionarla con una sobrecarga del ascensor, m\u00e1xime cuando para ingresar la mercanc\u00eda se hace necesario que el trabajador penetre al mismo, tal y como lo refiere en su declaraci\u00f3n LILIANA MAR\u00cdA FUENTES, y no est\u00e1 acreditado que PASTOR bajara con la mercanc\u00eda, pues, como bien lo declar\u00f3 TRINIDAD, hasta ahora estaba cargando la mercanc\u00eda cuando se precipit\u00f3 el montacarga\u201d. <\/p>\n
\u201cPor contera, no se evidencia ninguna conducta o comportamiento irregular en la manipulaci\u00f3n del ascensor desplegado por la v\u00edctima que ocasionara inexorablemente la ca\u00edda del ascensor, como tampoco aparece acreditado en el proceso la culpa de un tercero o la fuerza mayor, luego la presunci\u00f3n se mantiene inc\u00f3lume\u201d. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por la promotora es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la sentencia cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de la jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese, el tribunal fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, la responsabilidad civil endilgada a la sociedad accionada deviene del ejercicio de actividades peligrosas, dada la administraci\u00f3n y cuidado del ascensor instalado en el almac\u00e9n donde ejerce su raz\u00f3n social, y dentro del cual ocurri\u00f3 el accidente que afect\u00f3 la salud de Pastor Herrera Rodr\u00edguez, por tanto, al estar probado el da\u00f1o y el nexo causal entre el siniestro y dicha actividad, a la demandada le asist\u00eda el deber de demostrar la existencia de un factor extra\u00f1o para lograr derruir la presunci\u00f3n de culpabilidad puesta en su contra; sin embargo, ninguna prueba la exoneraba al respecto. <\/p>\n
Frente al tema de actividades peligrosas, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde cuando en los a\u00f1os treinta del siglo pasado la Corte se enfoc\u00f3 en darle una nueva lectura al art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil para distinguirlo del precepto 2341 de la misma obra y concluir que el primero no pod\u00eda ser repetici\u00f3n del segundo, que a juzgar por sus ejemplos y su posici\u00f3n en el articulado concerniente a la responsabilidad extracontractual, disciplinaba un especie de culpa aquiliana distinta, caracterizada porque el da\u00f1o puede imputarse a malicia o negligencia (Cfr. GJ. CLXI n\u00b0s. 2040-2041, p\u00e1g. 379), comenz\u00f3 a perfilarse en Colombia una particular especie de responsabilidad, quiz\u00e1s siguiendo la doctrina que la corte de casaci\u00f3n francesa adopt\u00f3 en el memorable asunto Jand\u2019heur (y antes el Teffaine), que luego ese Tribunal galo abandon\u00f3, atinente a la responsabilidad por el hecho de la cosa \u201cen raz\u00f3n de los peligros que ella puede hacer correr a otro\u201d. <\/p>\n
\u201cDesde esa \u00e9poca hasta la presente ha acudido la Corporaci\u00f3n a diversos criterios para determinar cu\u00e1ndo se est\u00e1 frente a una actividad que pueda calificarse como \u201cpeligrosa\u201d y asimismo ha reputado como tal algunas en las que la raz\u00f3n natural o sind\u00e9resis impone esa conclusi\u00f3n (\u201cla conducci\u00f3n de veh\u00edculos (SC 14 mar. 1938); \u00abun convoy de ferrocarril en movimiento\u00bb (CSJ SNG 19 may. 1939, GJ t. XLVIII, p\u00e1g. 801); el manejo de un avi\u00f3n (CSJ SNG 15 jun. 1944, GJ t. LVII, p\u00e1g. 851); el uso de un tractor (SC 2 may. 2007, rad. 1997-03001-01); la manipulaci\u00f3n de armas a que se refiere expresamente el ordinal primero del citado art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil (SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01); la realizaci\u00f3n de obras de construcci\u00f3n (SC 27 abr. 1972, GJ t. CXLII p\u00e1g. 173 y 9 dic. 2008, rad. 1999-00206-01); la generaci\u00f3n, transformaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica (SC 8 oct. 1992, CCXIX, p. 523 y SC 19 dic. 2008, rad. 1999-02191-01); y labores de explotaci\u00f3n en una mina subterr\u00e1nea de carb\u00f3n (SC9788-2014)\u201d, quema de predios (SC 16 abril 1970, GJ CXXXIV, p\u00e1g. 41), manejo de ascensores (SC del 1\u00b0 oct. 1963, GJ CIII, n\u00b0s. 2268-2269, p\u00e1g. 173), contaminaci\u00f3n ambiental (SC 30 abril 1976, GJ CLII y SC 16 mayo 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01), manipulaci\u00f3n de embalses (SC 017\u00aa-2004 de 3 marzo, rad. C-7623), etc\u201d. <\/p>\n
\u201cLa presunci\u00f3n a la que le brinda apoyo el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil tiene cabida en la medida en que fuere razonable su aplicaci\u00f3n, es decir \u201c… En aquellos casos en que el da\u00f1o proviene de un hecho que la raz\u00f3n natural permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor…\u201d (G.J. T. CIJ\/, p\u00e1g. 108)\u201d (SC del 4 jun 2002, rad. 3382, GJ CCLVI, n\u00b0. 2455 p\u00e1g. 500. En el mismo sentido entre otras, SC012-1999 del 5 de mayo de 1999, rad. 4978) (\u2026)\u201d2 (resalta la sala). <\/p>\n
Ahora, sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)3. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
6. Por otro lado, ninguna censura merece el tribunal querellado por decretar pruebas de oficio en segunda instancia, pues esa facultad se encuentra consignada en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso6. Adem\u00e1s, independientemente si el decreto de una probanza es imperativo para el juez, esta Corte ha dicho, que cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes7, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o el orden p\u00fablico. <\/p>\n
A esa filosof\u00eda responde el canon 170 del C.G.P. cuando reza: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la obligaci\u00f3n de decretar pruebas oficiosamente no es dictatorial o arbitraria, obedece a hip\u00f3tesis precisas. En las dem\u00e1s, la ley concede al juzgador la potestad o facultad de hacerlo seg\u00fan su razonable y prudente arbitrio, y la instrucci\u00f3n compela. <\/p>\n
Es excepcional, proceder de esa forma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n; la inspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. (\u2026) so pena que una omisi\u00f3n de tal envergadura afecte la sentencia (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es cierto, como lo sostiene la quejosa, que, el tribunal haya corregido la deficiencia probatoria del demandante, pues, se itera, era su facultad el decretar de forma oficiosa, el elemento de juicio pertinente para resolver el asunto puesto a su conocimiento, que para el caso en concreto, se trataba de una prueba trasladada, la cual no era necesario surtir su contracci\u00f3n en el litigio bajo estudio, pues la misma fue practicada en el proceso originario con anuencia de la aqu\u00ed gestora, por tanto, para su apreciaci\u00f3n no se requer\u00eda ninguna formalidad como lo se\u00f1ala el canon 174 del Estatuto Adjetivo Civil9. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Almacenes \u00c9xito S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por los magistrados Marcos Rom\u00e1n Guio Fonseca, John Freddy Saza Pineda y Giovanni Diaz Villarreal, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d adelantado por Pastor Herrera Rodr\u00edguez a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 CSJ SC de SC5686 de 19 de diciembre de 2018, exp. 2004 00042 01. <\/p>\n
3 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
4 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
5 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6 ART\u00cdCULO 327. \u201c(\u2026) Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelaci\u00f3n de sentencia, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 CSJ. SC. Sentencia de 7 de septiembre de 1978. En sentido similar: CSJ. SC. Sentencia de 29 de noviembre de 2004. <\/p>\n
8 CSJ. SC. Sentencias 26 de julio de 2004; de 15 de julio de 2008; de 28 de mayo de 2005; de 21 de octubre de 2010; de 17 de mayo de 2011; de 21 de febrero de 2012; de 20 de septiembre de 2013; y de 14 de noviembre de 2014. <\/p>\n
9 ART\u00cdCULO 174. PRUEBA TRASLADADA Y PRUEBA EXTRAPROCESAL. \u201cLas pruebas practicadas v\u00e1lidamente en un proceso podr\u00e1n trasladarse a otro en copia y ser\u00e1n apreciadas sin m\u00e1s formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deber\u00e1 surtirse la contradicci\u00f3n en el proceso al que est\u00e1n destinadas. La misma regla se aplicar\u00e1 a las pruebas extraprocesales\u201d. <\/p>\n
10 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
18 <\/p>\n
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STC5322-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC5322-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01379-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Almacenes \u00c9xito S.A. contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54340","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54340","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54340"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54340\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54340"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54340"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54340"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}