STC5324-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5324-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por \u00c1lvaro R\u00edos Restrepo frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, integrada de manera unitaria, por el magistrado Alberto Romero Romero, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario con radicado 2011-00426-01, incoado por el Banco de Bogot\u00e1 contra el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor fue demandado compulsivamente por el Banco de Bogot\u00e1 ante el estrado del circuito confutado, para exigirle el pago de un cr\u00e9dito respaldado con un inmueble hipotecado. <\/p>\n
Tras haberse dictado sentencia ordenando seguir adelante con el coercitivo, se fij\u00f3 para el 15 de agosto de 2019 el remate del predio en cuesti\u00f3n y, en la enunciada calenda, se adjudic\u00f3 el bien a un tercero. <\/p>\n
El 27 de agosto postrero, el promotor deprec\u00f3 la nulidad del martillo, pues, en su decir, en las publicaciones para llevarlo a cabo no se indic\u00f3 el nombre, direcci\u00f3n y tel\u00e9fono del secuestre. <\/p>\n
En auto de 18 de diciembre ulterior, se rechaz\u00f3 la invalidez al no estar fundada en las causales del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed decidido, el actor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, quien, el 20 de noviembre de 2020, ratific\u00f3 la providencia protestada. <\/p>\n
Para el censor se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto la subasta del inmueble objeto de disenso, no pod\u00eda consumarse sin contar con los datos del secuestre. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto el procedimiento acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado del circuito recriminado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se pone al descubierto la improcedencia de la salvaguarda porque el embate del accionante, fundado en la omisi\u00f3n del nombre, direcci\u00f3n y tel\u00e9fono del secuestre del aviso en donde se dio publicidad a la diligencia de remate, carece de trascendencia en el plano constitucional como para viabilizar su procedencia. <\/p>\n
En efecto, ese ataque no perjudic\u00f3 al actor1 ni tuvo la fuerza de invalidar lo rituado en la almoneda, pues aun de haber existido tal irregularidad, la falencia no impidi\u00f3 cumplir la finalidad del remate2, al punto que se surti\u00f3 el 15 de agosto de 2019, en donde un tercero formul\u00f3 postura por el inmueble y el bien le fue adjudicado sin cuestionamiento alguno3, por parte del tutelante. <\/p>\n
En torno a lo esgrimido, la jurisprudencia ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(…) la procedencia de la tutela se encuentra condicionada a que el conflicto planteado trascienda el \u00e1mbito puramente legal, sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026) para comprender un aspecto de naturaleza constitucional que demande la protecci\u00f3n especial del juez de tutela de manera inmediata. (…) Es as\u00ed como a partir del an\u00e1lisis de las causas invocadas y (\u2026) en lo que ata\u00f1e a la tutela, debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus derechos fundamentales (…)\u201d4. <\/p>\n
2. Ahora, en el auto de 20 de noviembre de 2020, el ad quem recriminado, con similares argumentos a los rese\u00f1ados, de manera razonada ratific\u00f3 la negativa del a quo a invalidar la diligencia de remate por el balad\u00ed enarbolado por el censor, sin que sea admisible reabrir el debate a trav\u00e9s de este instrumento para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d5 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
3. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo; pues el remate del predio disputado no implica, en s\u00ed mismo, afectaci\u00f3n a derechos fundamentales, por cuanto esa actuaci\u00f3n eman\u00f3 de la Ley y dadas las atribuciones del juez competente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d7 (negrillas originales). <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por \u00c1lvaro R\u00edos Restrepo frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, integrada de manera unitaria, por el magistrado Alberto Romero Romero, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario con radicado 2011-00426-01, incoado por el banco de Bogot\u00e1 contra el gestor. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 135. requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deber\u00e1 tener legitimaci\u00f3n para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer (\u2026). No podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: (\u2026). 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 455. Saneamiento de nulidades y aprobaci\u00f3n del remate. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas (\u2026) (se enfatiza). <\/p>\n
4 Corte Constitucional, sentencia T-978 de 24 de noviembre de 2006 <\/p>\n
5 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
6 CSJ STC4996-2019. <\/p>\n
7 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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