STC5326-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5326-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00412-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Emiliano Puerto Gonz\u00e1lez a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada especialidad con radicado n\u00b0 2016-016543-01, adelantado contra el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mauricio Hern\u00e1ndez C\u00e1ceres otorg\u00f3 poder al promotor para que, en su nombre y representaci\u00f3n, adelantara un decurso de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho existente entre \u00e9l y su finada excompa\u00f1era permanente. <\/p>\n
Para tal fin, Hern\u00e1ndez C\u00e1ceres le entreg\u00f3 al impulsor documentos relativos a actas de nacimiento, defunci\u00f3n, copia de c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda, un certificado de libertad y tradici\u00f3n y un recibo de servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
El actor present\u00f3 el libelo con los mencionados cartularios ante el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 y, en memorial aparte, indic\u00f3 que, con posterioridad, enlistar\u00eda los testigos del caso. <\/p>\n
El 30 de septiembre de 2015, se admiti\u00f3 el pliego introductor y, en auto de 14 de junio de 2016, se decretaron como pruebas, los documentos antes rese\u00f1ados. <\/p>\n
En audiencia de 16 de septiembre postrero, se dict\u00f3 sentencia denegando la pretensi\u00f3n de la demanda, al ser insuficientes los medios de acreditaci\u00f3n para lograr la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho deprecada. <\/p>\n
Aun cuando el tutelante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, posteriormente, desisti\u00f3 de la alzada. <\/p>\n
Frente a lo sucedido, Mauricio Hern\u00e1ndez C\u00e1ceres denunci\u00f3 disciplinariamente al censor en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 porque, en su decir, lo puso al corriente de las personas id\u00f3neas para declarar en el aludido juicio, pero el abogado no las mencion\u00f3 y, debido a ello, el proceso naufrag\u00f3. <\/p>\n
En pronunciamiento de 8 de febrero de 2018, el rese\u00f1ado colegiado sancion\u00f3 al precursor con seis (6) meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n, al hallarlo responsable, a t\u00edtulo de culpa, de la falta prevista en el numeral 1\u00b0, art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 20071. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed decidido, el petente inco\u00f3 el mecanismo de defensa vertical, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien, en prove\u00eddo de 28 de octubre de 2020, ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n protestada. <\/p>\n
Para el reclamante, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, conforme aduce, si bien tuvo conocimiento de algunas personas que podr\u00edan testimoniar en el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, no ten\u00eda seguridad de si \u00e9stas pod\u00edan declarar y, por tanto, carec\u00eda de la obligaci\u00f3n para enunciarlas como deponentes, porque, de haberlo hecho, \u201c(\u2026) estar\u00eda incurriendo en prevaricato por acci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que, en cabeza de su poderdante, estaba el deber de suministrarle el nombre y la fotocopia de los documentos de identidad de quienes atestar\u00edan en el procedimiento objeto de disenso. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto los veredictos atacados y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial esboz\u00f3 que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna en el procedimiento acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al desatenderse el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
2. En efecto, la aducida imposibilidad legal planteada por el accionante, para omitir la convocatoria de los testigos referidos por su poderdante, no fue enarbolada por aquel al interior del ritual sancionatorio materia de controversia. <\/p>\n
Ciertamente, all\u00ed no plante\u00f3 que, pese a conocer a varias de las personas que su mandante le hab\u00eda se\u00f1alado para fungir como testigos en el tr\u00e1mite de la uni\u00f3n marital de hecho, no ten\u00eda claro si \u00e9stas pod\u00edan testimoniar, pues, de hacerlo, conforme aduce, habr\u00eda estado inmerso en el delito de \u201cprevaricato por acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)3\u201d. <\/p>\n
3. Con todo, la Sala advierte que el argumento atr\u00e1s se\u00f1alado, de haber sido esbozado por el querellante, no ten\u00eda la entidad de derruir los motivos que condujeron a proferir la condigna suspensi\u00f3n del actor en su condici\u00f3n de abogado. <\/p>\n
Lo anterior, porque el prevaricato por acci\u00f3n se predica de quien ostenta la calidad de servidor p\u00fablico y, en el caso, el censor actuaba como particular en el ejercicio de la profesi\u00f3n liberal, siendo at\u00edpica tal conducta y, de suyo, ostensiblemente infundadas las afirmaciones aqu\u00ed aducidas. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al momento de ratificar la sanci\u00f3n contra el petente en la sentencia de 28 de octubre de 2020, no cometi\u00f3 desafuero alguno, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas, coligi\u00f3, razonadamente, la incuria del suplicante al no enunciar en la demanda de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho, los testigos que, \u00e9l mismo acept\u00f3, conoci\u00f3 a trav\u00e9s de su poderdante. <\/p>\n
Tales aspectos revelaron que la falta de la evidencia testifical no era suficiente para establecer la uni\u00f3n marital, pues, si bien el petente impetr\u00f3 apelaci\u00f3n respecto a la decisi\u00f3n desestimatoria de dicha pretensi\u00f3n, con posterioridad, desisti\u00f3 del recurso, conducta procesal reveladora de su actuar negligente al omitir indicar, en el libelo, los nombres de los declarantes. <\/p>\n
As\u00ed, no era necesario que quien le confi\u00f3 el encargo, suministrara las fotocopias de las identificaciones de los testigos, pues ese requisito no est\u00e1 previsto como presupuesto para decretarlos, seg\u00fan se observa de lo reglado en el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso4. <\/p>\n
En esa medida, la Corte encuentra que la determinaci\u00f3n de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura atacado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, no es dable reabrir discusiones a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pues el mismo est\u00e1 instituido para la defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1s no para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d6 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Emiliano Puerto Gonz\u00e1lez a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada especialidad con radicado n\u00b02016-016543-01, adelantado contra el gestor. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 37. constituyen faltas a la debida diligencia profesional: (\u2026) 1. Demorar la iniciaci\u00f3n o prosecuci\u00f3n de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuaci\u00f3n profesional, descuidarlas o abandonarlas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
3 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 212. Petici\u00f3n de la prueba y limitaci\u00f3n de testimonios. Cuando se pidan testimonios deber\u00e1 expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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