STC5327-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5327-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01401-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Zona Franca Bogot\u00e1 S.A. le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Neiva, extensivo a los intervinientes en el consecutivo 2014-00246. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad actora, a trav\u00e9s de apoderada, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abdefensa y debido proceso\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 \u00abi) DEJAR SIN EFECTO y REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, dentro del ejecutivo con radicado 2014-00246-00, mediante la cual el juzgado decret\u00f3 terminado el proceso ejecutivo, providencia esta que fue ratificada por el Tribunal Superior\u00bb y \u00abii) Se ordene al juzgado y al Tribunal, revocar el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, por existir un hecho notorio que no requiere prueba y, con ello, que se proceda a realizar un control de legalidad sobre las actuaciones que anteced\u00edan\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que el juzgado acusado termin\u00f3 el juicio ejecutivo por ella formulado contra la Cl\u00ednica Cardiovascular Coraz\u00f3n Joven S.A., tras estimar que \u00abcomo las partes dejaron vencer en silencio el t\u00e9rmino de que trata el inciso tercero del art\u00edculo 372 del C.G.P., sin que hayan presentado ninguna clase de pronunciamiento o justificaci\u00f3n por su inasistencia a la audiencia inicial del 19 de marzo, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en dicha norma sustancial\u00bb (22 jul. 2019), decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume al resolver la reposici\u00f3n (6 nov.), y que fue confirmada por el superior v\u00eda apelaci\u00f3n (15 mar. 2021). <\/p>\n
En su criterio, tales determinaciones lesionaron sus garant\u00edas, puesto que \u00abdesconocieron flagrantemente el hecho notorio, paro nacional, que impidi\u00f3 que el representante legal de la entidad demandante asistiera a la audiencia inicial del 19 de marzo de 2019, pese a que se arribaron varias publicaciones de peri\u00f3dicos que as\u00ed lo evidenciaron\u00bb, aunado a que el ad quem \u00abse abstuvo de realizar un control de legalidad pese a las evidentes irregularidades que se extienden a lo largo de la actuaci\u00f3n como no dar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n planteado contra el mandamiento de pago y desconocimiento del art\u00edculo 319 del C.G.P. al no correr traslado del recurso de reposici\u00f3n presentado contra el auto que neg\u00f3 el aplazamiento de la audiencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva remiti\u00f3 copias del paginario. <\/p>\n
El Tribunal de Neiva manifest\u00f3 que \u00abactu\u00f3 bien el juez de primer grado al dar continuidad a la audiencia prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, pues su actuar en todo se ajust\u00f3 a las previsiones que, en torno a la asistencia y las consecuencias de la inasistencia a la misma, prev\u00e9 la norma ib\u00eddem. Igualmente, [esa] instancia se abstuvo de acceder a la solicitud de control de legalidad invocada por la apoderada ejecutante, tras advertir que en materia de apelaci\u00f3n de autos ante [esa] instancia, la competencia es restrictiva y se debe enmarcar exclusivamente a desatar las razones que motivaron la inconformidad o reparo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como aspecto preliminar, se anuncia que la Corte restringir\u00e1 su an\u00e1lisis al proceder de la Colegiatura increpada, espec\u00edficamente, en lo concerniente al prove\u00eddo de 15 de marzo de 2021, que \u00abconfirm[\u00f3] el auto objeto de apelaci\u00f3n proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva\u00bb y \u00abse [abstuvo] de resolver la solicitud elevada por la apoderada de la entidad ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque, pese al ataque que la sedicente enfil\u00f3 contra el desempe\u00f1o del \u00abjuzgador de primer grado\u00bb, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de hechos y argumentos similares a los que soportaron la alzada de la entonces recurrente, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb ( STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021). <\/p>\n
2. Con esa observaci\u00f3n, vale recordar que constituye regla invariable la \u00abimprocedencia\u00bb de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las resoluciones jurisdiccionales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando, en el ejercicio de sus funciones, quien dispensa justicia socava o pone en riesgo las prerrogativas esenciales de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, ya que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda e independencia que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n le reconoce a los juzgadores. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01). <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la revisi\u00f3n del plenario sometido al escrutinio de esta Corporaci\u00f3n pronto permite afirmar que el interlocutorio del Tribunal de Neiva que aval\u00f3 la \u00abterminaci\u00f3n del litigio ejecutivo\u00bb incoado por Zona Franca Bogot\u00e1 S.A., no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00abconforme los antecedentes relevantes obrantes, es un hecho no discutido la inasistencia del se\u00f1or representante de la entidad ejecutante a la audiencia inicial, a la que \u00fanicamente compareci\u00f3 la se\u00f1ora apoderada judicial de la misma, conforme se evidencia en el acta y videograbaci\u00f3n de la audiencia, sin que previamente alguna parte o apoderado hubieren presentado excusa justificada para no asistir, por ende, correspond\u00eda que la misma se practicara. <\/p>\n
Igualmente es indiscutible que previamente hab\u00eda solicitado la se\u00f1ora apoderada de la parte ejecutante el aplazamiento de la audiencia, por cruzarse con otra audiencia que deb\u00eda atender en el municipio de Pitalito, solicitud negada y recurrida en reposici\u00f3n de la que no se corri\u00f3 traslado antes del d\u00eda fijado para la audiencia sino al inicio de la misma, no utilizado por la contraparte, porque no concurri\u00f3 a la audiencia, resolvi\u00e9ndose de plano y negativamente el recurso, situaci\u00f3n f\u00e1ctica en la que sustenta la recurrente el primer reparo, al estimar que el no traslado fuera de audiencia, a tono con los mandatos del art\u00edculo 319 del C.G.P., permiten inferir la no realizaci\u00f3n de la audiencia, como lo expres\u00f3 de viva voz en la correspondiente audiencia. <\/p>\n
La anterior argumentaci\u00f3n acorde a lo expuesto, no es de recibo, porque la regla general es la realizaci\u00f3n de la mentada audiencia en la fecha y hora se\u00f1aladas, as\u00ed no concurran las partes y sus apoderados, la que \u00fanicamente no se realiza si el juzgador acepta la excusa justificada previamente presentada, la que al caso no fue presentada y por tanto deb\u00eda realizarse, como en efecto se verific\u00f3, sin que el no traslado del recurso de reposici\u00f3n a la negativa de aplazar la audiencia tuviera incidencia en su pr\u00e1ctica, pues si bien como lo resalta la se\u00f1ora apoderada, el art\u00edculo 319 del C.G.P., en su incido 2 regula que cuando el recurso se formula por escrito, se resuelve previo traslado a la contraparte por 3 d\u00edas como lo dispone el art\u00edculo 110, tal irregularidad era procedente ser saneada en la mentada audiencia, siguiente acto procesal que deb\u00eda realizarse, pues se itera, ninguno de los que deb\u00edan intervenir se excusaron previamente. <\/p>\n
Si bien el no traslado del recurso es configurativo de la causal de nulidad del art\u00edculo 133 numeral 6 del C.G.P., esta tiene car\u00e1cter de saneable, pues el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 \u00eddem, no la enlista como insaneable, operando en el presente asunto su saneamiento con el traslado concedido en audiencia a la que deb\u00edan concurrir las partes y sus apoderados, aunque por sustracci\u00f3n de materia carec\u00eda de objeto resolver el recurso, cuando la solicitante del negado aplazamiento concurri\u00f3 a la audiencia, explicando que a su turno desapareci\u00f3 la alegada raz\u00f3n de cruzarse con audiencia en el municipio de Pitalito, la que de viva voz inform\u00f3 en la audiencia de marras, significando que no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el presente reparo\u00bb. <\/p>\n
\u00abla recurrente precisa en la sustentaci\u00f3n del presente recurso, que por el paro campesino se taponaron las v\u00edas del Departamento del Huila, espec\u00edficamente la que conduce a Pitalito, raz\u00f3n para que la audiencia que ten\u00eda programada en dicho municipio fuera aplazada, es decir la resaltada situaci\u00f3n de orden p\u00fablico no tiene incidencia en la no comparecencia del se\u00f1or representante legal de la ejecutante a la audiencia inicial ante el juzgado remisor ubicado en la ciudad de Neiva, como quiera que de conformidad con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad ejecutante expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, el domicilio social es la ciudad de Bogot\u00e1, es decir no en la zona de taponamiento de v\u00eda que conduce a Pitalito donde se desarrollaba el paro campesino, no alleg\u00e1ndose la exigida prueba sumaria de que el representante legal de la sociedad ejecutante se encontrare en la zona del paro, hecho que por lo dem\u00e1s no se aleg\u00f3, para entrar a determinar si es constitutiva de la exigida fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n
Se dilucida entonces que la inasistencia del se\u00f1or representante legal de la sociedad ejecutante a la audiencia inicial regulada en el art\u00edculo 372 del C.G.P. no fue justificada y en consecuencia procede la consecuencia procesal declarada en el auto recurrido, de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente observ\u00f3 que, <\/p>\n
\u00aben la presente instancia presenta la se\u00f1ora apoderada recurrente memorial, ampliando los motivos de la impugnaci\u00f3n, la que es extempor\u00e1nea al tenor del art\u00edculo 326 del C.G.P., realizando oportunamente la sustentaci\u00f3n al incoar subsidiariamente el recurso de apelaci\u00f3n (art\u00edculo 322 numeral 2 C.G.P.). <\/p>\n
En el referido memorial llama la apoderada igualmente la atenci\u00f3n de las irregularidades cometidas en el tr\u00e1mite del proceso, en su sentir no saneadas por el despacho, solicitando la revocatoria del auto 6 de noviembre de 2019 (que resuelve la reposici\u00f3n y concede la represente apelaci\u00f3n) y en su defecto ordenar al juzgado de conocimiento un control de legalidad a fin de sanear la nulidad que invalid\u00f3 lo actuado desde el auto de 21 de mayo de 2018. <\/p>\n
No es procedente resolver la anterior solicitud, porque conforme se precis\u00f3 al inicio de las consideraciones, la competencia frente a la apelaci\u00f3n de autos es limitada, sin que observe la configuraci\u00f3n de una nulidad insaneable, o sea, proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia (par\u00e1grafo art\u00edculo 136 C.G.P.), que obligue pronunciarse al respecto y si bien el inciso 5 del art\u00edculo 325 del C.G.P. establece que de advertir el juzgador ad quem la configuraci\u00f3n de una causal de nulidad, debe proceder en la forma prevista en el art\u00edculo 137, de ponerla en conocimiento para su saneamiento, esta situaci\u00f3n que no se predica de la actuaci\u00f3n objeto de apelaci\u00f3n, que se itera, circunscribe la competencia en la presente instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Ante este panorama, las censuras enarboladas por la precursora fueron solventadas por el Tribunal de Neiva, que acogi\u00f3 la posici\u00f3n del juzgado frente a la culminaci\u00f3n de la lid, de acuerdo con los elementos suasorios obrantes en el infolio. <\/p>\n
Ahora, que la accionante disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
5. Son estas razones las que conllevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA el amparo exhortado por Zona Franca Bogot\u00e1 S.A, por los motivos exteriorizados en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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