STC5436-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5436-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01220-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de mayo de de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n de la sentencia emitida el 29 de septiembre de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la tutela que la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados Portuarios -FENALPENPOR- le interpuso a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito, las Fiscal\u00edas Veintid\u00f3s (22) Delegada ante el Tribunal Superior y Primera (1) Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica -Estructura de Apoyo Foncolpuertos-, todos de Bogot\u00e1, y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social-UGPP-. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite se vincularon los intervinientes en el asunto n\u00b0 1100131040162013000061. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista solicit\u00f3 que, en virtud del amparo de los derechos al m\u00ednimo vital, debido proceso, salud, vida y seguridad social de la \u201cpoblaci\u00f3n pensionada\u201d que hace parte de la Federaci\u00f3n, se disponga lo siguiente: <\/p>\n
(i) Levantar la medida cautelar que se decret\u00f3 en el juicio que se le adelanta a Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, consistente en suspender \u201clos efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de todos y cada una de las resoluciones\u201d laborales y pensionales que el imputado autoriz\u00f3 cuando fue Director General del Pasivo Social de la Empresa Puerto de Colombia -Foncolpuertos-, relacionadas en los numerales 3, 530, 874, 885, 899, 27, 32, 283, 286, 348, 394, 413, 445, 517, 556, 572, 578, 679, 724, 746, 757, 24, 35, 37, 44, 49, 53, 53, 57, 59, 60, 61, 64, 72, 77, 84, 97, 98, 99, 100, 104, 110, 123, 125, 202, 204, 209, 213, 243, 247, 251, 257, 288, 289, 290, 292, 295, 302, 304, 318, 320, 331, 349, 351, 353, 368, 389, 440, 447, 456, 465, 474, 510, 512, 514, 515, 527, 557, 579, 580, 591, 593, 595, 601, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 761, 763, 764, 765, 768, 771, 780, 784, 786, 790, 795, 800, 802, 809, 811, 812, 814, 816, 818, 819, 822, 826, 909, 86, 113, 129, 175, 176, 206, 244, 245, 282, 284, 287, 291, 293, 294, 300, 303, 305, 330, 333, 334, 339, 371, 388, 393, 395, 441, 469, 470, 521, 544, 592, 599, 681, 736, 747, 749, 787, 789, 823, 549 y 682 de la tabla ubicada en el folio 15 al 98 de la sentencia emitida por el Juez 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que defini\u00f3 la causa, hasta tanto el Tribunal resuelva el recurso de apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 en su contra. <\/p>\n
(ii) Ordenar a la UGPP que deje sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales dio cumplimiento a la citada orden judicial, disponiendo \u201ca su vez, la cancelaci\u00f3n de las diferencias causadas desde el momento de la suspensi\u00f3n o disminuci\u00f3n de las mesadas, hasta que efectivamente sean incluidos en n\u00f3mina con el valor de la mesada a la que tienen derecho los afectados antes de la ejecuci\u00f3n de la orden emanada de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
Y a su vez se le conmine \u201cpara que en el t\u00e9rmino no mayor a tres (3) meses haga uso de las facultades reconocidas, entre otras, en el art\u00edculo 19 de la ley 797 de 2003, en concordancia con la sentencia C- 835 de 2003 de la Corte Constitucional y el fallo del 19 de agosto de 2010 emitido por la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado, para que con respeto al derecho al debido proceso y a la defensa analice lo pertinente con fundamento en las hojas de vidas respectivas. <\/p>\n
(iii) Ordenar al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses desate el recurso de apelaci\u00f3n que se interpuesto contra la sentencia del Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de esa ciudad, que defini\u00f3 la causa fustigada. <\/p>\n
2. A las pretensiones sirven de sustento los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Estructura de Apoyo Foncolpuertos- de Bogot\u00e1, en virtud del delito por el que se acus\u00f3 a Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, dispuso mediante Resoluci\u00f3n de 20 de diciembre de 2011, y bajo las reglas de la Ley 600 de 2000, \u201cla suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de todas y cada una de las resoluciones [que firm\u00f3] mediante las cuales se hab\u00edan reconocido derechos laborales y prestacionales a cientos de pensionados de la extinta empresa Puertos de Colombia\u201d; determinaci\u00f3n que fue ratificada por la Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de noviembre de 2012. <\/p>\n
En cumplimiento de dicha directriz la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, a trav\u00e9s de diversos actos administrativos, dej\u00f3 sin vigor los derechos de ese grupo de extrabajadores. <\/p>\n
El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esa ciudad zanj\u00f3 la controversia el 18 de septiembre de 2019, condenando a Zabaleta Rodr\u00edguez respecto de algunas de las prestaciones que autoriz\u00f3, pero lo liber\u00f3 frente a otras, entre ellas, las referidas en las s\u00faplicas de la tutela. En consecuencia, dej\u00f3 sin efectos \u201clas actas de conciliaci\u00f3n y\/o resoluciones administrativas\u201d por las que lo hall\u00f3 responsable del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, y levant\u00f3 la medida adoptada por la Fiscal\u00eda respecto de las dem\u00e1s actuaciones que sirvieron de sustento a su acusaci\u00f3n. Adem\u00e1s, exhort\u00f3 a la UGPP, para que con estribo en \u201cel art\u00edculo 19 de la ley 797 de 2003, en concordancia con la sentencia C- 835 de 2003 de la Corte Constitucional y el fallo del 19 de agosto de 2010 emitido por la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado\u201d, analizara la situaci\u00f3n en particular de ese grupo de personas, a fin de determinar la viabilidad o no de reanudar el pago de sus prestaciones. <\/p>\n
El veredicto fue recurrido por el sentenciado, los terceros incidentales, titulares de los derechos pensionales suspendidos, y la UGPP; en la actualidad el expediente se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pendiente de que se resuelva la alzada. <\/p>\n
3. En este contexto, la Federaci\u00f3n accionante adujo que, con el fin de proteger los derechos de los adultos mayores que resultaron afectados con la suspensi\u00f3n de las resoluciones autorizadas por Manuel Zabaleta, en particular aquellos respecto de los cuales el Juzgado lo liber\u00f3 de responsabilidad, debe levantarse la medida, al igual que los actos administrativos mediante los cual la UGPP la acat\u00f3, con el prop\u00f3sito de que previo agotamiento del procedimiento legal, se defina la situaci\u00f3n de cada beneficiario, m\u00e1xime si existen precedentes sobre la materia y el Tribunal de Bogot\u00e1 est\u00e1 en mora de resolver la apelaci\u00f3n, pues se rehus\u00f3 a recibir el expediente, debido a la congesti\u00f3n judicial por la que atraviesa. <\/p>\n
4. Horacio Cantillo P\u00e9rez, Orlando Antonio Cogollo Figueroa, Dennis Patricia Bol\u00edvar Mart\u00ednez, en representaci\u00f3n de su menor hija, Cruz Benedicto Julio Acosta y Myriam del Socorro Yoleani Daza, en calidad de part\u00edcipes en el proceso acusado, coadyuvaron la solicitud de amparo. <\/p>\n
5. El Tribunal de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que debido a las restricciones derivadas de la pandemia recibi\u00f3 el expediente el 14 de septiembre de 2020, conformado por 411 cuadernos. Destac\u00f3 por otro lado, que el auxilio carece del presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que est\u00e1 pendiente de zanjarse la alzada contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 su veredicto. <\/p>\n
La Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- pidi\u00f3 desestimar la ayuda por falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados Portuarios y la ausencia de un perjuicio irremediable que habilite esta herramienta como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n. Agreg\u00f3 que, en todo caso, se debe esperar a lo que el Tribunal decida a efectos de cumplir lo resuelto por el despacho de esta capital. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 55 Especializada del Grupo de Foncolpuertos de la Unidad Ley 600 de 2000, adscrita a la Direcci\u00f3n Seccional de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica -Estructura de Apoyo Foncolpuertos- se encuentra ejecutoriada. <\/p>\n
La Coordinaci\u00f3n de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que la Fiscal\u00eda 22, quien ratific\u00f3 la providencia enjuiciada, fue suprimida mediante Resoluci\u00f3n 000484 de 21 de julio de 2016. <\/p>\n
El defensor de Manuel Heriberto Zabaleta coadyuv\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, ya que no se agot\u00f3 el procedimiento legal para suspender los derechos laborales y pensionales de los extrabajadores de Foncolpuertos. <\/p>\n
6. El a quo \u201crechaz\u00f3 la demanda constitucional instaurada por (\u2026) la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados Portuarios\u201d porque carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para defender las prerrogativas de los afectados con las decisiones acusadas. <\/p>\n
Para ello estim\u00f3, en s\u00edntesis, que en virtud del cambio jurisprudencial realizado en la sentencia STP22018-2019 (21 feb.), seg\u00fan el cual, en estos casos, la injerencia constitucional debe suscitarse, dado que \u201ca pesar de haberse emitido una orden por parte de la Fiscal\u00eda, esta no pod\u00eda ser ejecutada autom\u00e1ticamente por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social\u201d, sino que deb\u00eda proceder como lo dispone el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, que regula el procedimiento para revocar pensiones reconocidas irregularmente. <\/p>\n
Frente a la protesta contra el Tribunal de Bogot\u00e1 puntualiz\u00f3 que la mora judicial que se le atribuye es inexistente, toda vez que la actuaci\u00f3n fue recibida el 14 de septiembre de 2020, adem\u00e1s, que \u201clos coadyuvantes tienen la posibilidad de solicitar al Tribunal dar aplicaci\u00f3n a la regla excepcional\u00edsima de la prelaci\u00f3n de la sentencia, con fundamento en las especiales circunstancias a las que se alude en la demanda de tutela\u201d. <\/p>\n
7. Impugnaron la UGPP, la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados Portuarios, Hernando Orobio, Javier Saavedra Obando, Jos\u00e9 Wellintongton Paz \u00c1lvarez, Julio C\u00e9sar Hurtado Celorio, Severo Peraza Monta\u00f1o, Aniceto Caicedo Camacho, Froil\u00e1n Ocoro Orobio, Milton Andr\u00e9s Perlaza Vente, Gilberto Mart\u00ednez Cruz, Ermides Fresnedo Hinojoza Asprilla, Alberto Palma, Eladio Qui\u00f1ones Ramos, Feliciano Cuero Mart\u00ednez, Gilberto Quintero, Humberto Azael Torres y Diego Humberto Vivas Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
La entidad recurrente pidi\u00f3, principalmente, que se revoque el mandato que se le dirigi\u00f3 a favor de ciertos intervinientes del proceso censurado, argumentando que la salvaguarda no cumple el presupuesto de subsidiariedad, sumado a que sus beneficiarios no se encuentran en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable. En su defecto, pidi\u00f3 que se anule el fallo de primer grado, ya que no conocieron en su momento los escritos de coadyuvancia que habilitaron la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Por su parte, el apoderado de la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados, en representaci\u00f3n de setenta y dos (72) asociados, que \u201cfueron vinculados como partes o intervinientes reconocidos al interior del proceso penal\u201d, implor\u00f3 que se extiendan los efectos del fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal a sus mandatarios. <\/p>\n
El resto de los recurrentes, quienes acudieron por medio de apoderado, pidieron lo mismo, dado que se encuentran en las mismas condiciones que los favorecidos con la resoluci\u00f3n de primera instancia, por ser \u201cterceros incidentales\u201d en el proceso penal. <\/p>\n
La Sala Penal mediante prove\u00eddo del pasado 4 de marzo, con base en el informe que rindi\u00f3 su Secretar\u00eda sobre el d\u00eda en que efectuaron las notificaciones del fallo de 29 de septiembre de 2020, neg\u00f3 la alzada de la Federaci\u00f3n por extempor\u00e1nea y concedi\u00f3 la presentada por la UGPP y los otros impugnantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Sala a los reparos presentados oportunamente contra el desenlace objetado, se advierte que debe revocarse, pues m\u00e1s all\u00e1 de las discusiones que en el caso puedan suscitarse en torno a la posibilidad de atender peticiones de personas distintas a la impulsora del resguardo, lo cierto es que no es viable a trav\u00e9s de este sendero dejar sin vigor las resoluciones por medio de las cuales la Unidad Administrativa accionada concret\u00f3 la orden emitida para conjurar los efectos del delito que la Fiscal\u00eda le atribuy\u00f3 a Manuel Zabaleta Rodr\u00edguez, en los casos de Cruz Benedicto Julio Acosta, Horacio Cantillo Narv\u00e1ez, Myriam del Socorro Yoleani Daza y de la menor interviniente. <\/p>\n
Esto, porque tales directrices son objeto de an\u00e1lisis en el proceso penal, y es all\u00ed donde se debe definir si las prestaciones conferidas con intervenci\u00f3n del sindicado est\u00e1n o no afectadas por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, y no al juez de tutela, escenario en donde, adem\u00e1s, los interesados en hacerlas valer tienen la posibilidad de exponer las razones por las cuales sus derechos no est\u00e1n asociados al il\u00edcito. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, si los favorecidos con la sentencia de la Sala Penal no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable que haga impostergable la intervenci\u00f3n constitucional, toda vez que se limitaron a esbozar que sus prerrogativas no pod\u00edan revocarse sin hab\u00e9rseles conferido la oportunidad de defenderse, pero no explicaron, de forma particular, las circunstancias que habilitaban dicha injerencia, lo que era trascendental, teniendo en cuenta que su situaci\u00f3n deriva de una orden judicial, la cual es materia de examen en el tr\u00e1mite correspondiente, que ha transcurrido un tiempo considerable desde que se suspendi\u00f3 el pago de sus prestaciones, am\u00e9n que como se desprende del escrito de tutela y del de coadyuvancias, varios afectados con la medida de suspensi\u00f3n han promovido otras tutelas, que han salido avante. <\/p>\n
De todos modos, n\u00f3tese que, de acuerdo con las explicaciones rendidas por la UGPP en la impugnaci\u00f3n, se descarta que sus derechos a la vida, a la salud o al m\u00ednimo vital se encuentren en riesgo porque en este momento no devenguen las sumas que les sufragaba la entidad denunciada hasta 2015, cuando decidi\u00f3 suspenderlas en observancia de la resoluci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, la peque\u00f1a sigue disfrutando de la pensi\u00f3n que la Empresa Puertos de Colombia-Terminal Mar\u00edtimo de Barranquilla le reconoci\u00f3 a su padre, Jes\u00fas Eli\u00e9cer Santiago Castro, mediante Resoluci\u00f3n 043416 de enero de 1991, pues lo que se suspendi\u00f3 fue el acto administrativo en virtud del cual se reajust\u00f3 la mesada pensional. <\/p>\n
Con Myriam del Socorro Yoleani Daza sucede algo similar, ya que la resoluci\u00f3n que le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n est\u00e1 en firme, y en virtud de ella recibe una mensualidad de ochocientos setenta y siete mil ochocientos tres pesos ($877.803). <\/p>\n
Respecto de Horacio y Cruz Benedicto, a pesar de que el pago de su pensi\u00f3n fue suspendido, en la actualidad no se encuentran en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, toda vez que de acuerdo con la Base de Datos \u00danica de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud se encuentran en \u201cestado ACTIVO, bajo el r\u00e9gimen contributivo\u201d, el primero como beneficiario y el segundo cotizante. <\/p>\n
En fin, no hay razones que justifiquen que esta justicia especial se inmiscuya en el resultado del juicio confrontado. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de resguardos semejantes por falta del requisito de subsidiariedad y la necesidad de acreditar un perjuicio irremediable, la Sala en CSJ STC16218-2015 puntualiz\u00f3: <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
En el asunto sub judice, el reclamo constitucional se dirige contra las resoluciones proferidas por la Fiscal\u00eda Primera de la Estructura de Apoyo para Foncolpuertos, en la cual se dispuso suspender el acto administrativo No. 1792 de fecha 25 de noviembre de 1997 que orden\u00f3 reconocer pensi\u00f3n especial proporcional vitalicia de jubilaci\u00f3n a favor del accionante, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia, y la emitida mediante Resoluci\u00f3n RDP 010465 de 17 de marzo de 2015 por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales – UGPP, en la cual, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el ente acusador. <\/p>\n
Ahora bien, es evidente que la solicitud de amparo no cumple con el comentado principio de subsidiariedad, en la medida en que las decisiones que ahora se pretende cuestionar, pueden ser controvertidas dentro del proceso penal el cual actualmente se encuentra en curso ante el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1; observ\u00e1ndose adem\u00e1s, que el tutelante no ha presentado solicitud alguna ante dicha autoridad judicial, a fin, de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n al ser un tercero afectado por las disposiciones efectuadas por las entidades accionadas dentro de la causa. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, y aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, tampoco el accionante demostr\u00f3 un da\u00f1o \u201cgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u201d, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional. <\/p>\n
En CSJ STC14581-2019 (25 oct.) se expuso: <\/p>\n
Pese a tener la aludida v\u00eda, el aqu\u00ed interesado prefiri\u00f3 acudir a esta particular senda, buscando que se dejen sin valor los actos administrativos dictados por la Unidad Administrativa demandada en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial, obviando que ante el juez de conocimiento puede formular tal pretensi\u00f3n, siendo este el funcionario llamado a controlar las determinaciones del organismo persecutor, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar pedimentos que deben ser propuestos y resueltos al interior de la respectiva actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, no se diga que las decisiones adoptadas por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 a favor de los titulares de las resoluciones y\/o conciliaciones que se consideraron ajenas al delito de peculado por apropiaci\u00f3n deber\u00edan habilitar la intromisi\u00f3n supralegal implorada, ya que, en todo caso, se trata de directrices que a\u00fan no se encuentran en firme y, por tanto, deben ser revisadas por el Tribunal de esa capital, ante quien, seg\u00fan lo expuso la hom\u00f3loga penal, se puede exigir la aplicaci\u00f3n de la regla prevista en el art\u00edculo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el canon 16 de la Ley 1285 de 2009, para que de manera preferente desate el remedio vertical. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el recurso formulado por la UGPP debe salir avante, raz\u00f3n por la cual, se revocar\u00e1 el numeral segundo del veredicto de primer grado y, en su lugar, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada por quienes coadyuvaron la guarda implorada por la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados Portuarios. <\/p>\n
Por sustracci\u00f3n de materia, la impugnaci\u00f3n de Hernando Orobio, Javier Saavedra Obando, Jos\u00e9 Wellintongton Paz \u00c1lvarez, Julio C\u00e9sar Hurtado Celorio, Severo Peraza Monta\u00f1o, Aniceto Caicedo Camacho, Froil\u00e1n Ocoro Orobio, Milton Andr\u00e9s Perlaza Vente, Gilberto Mart\u00ednez Cruz, Ermides Fresnedo Hinojoza Asprilla, Alberto Palma, Eladio Qui\u00f1ones Ramos, Feliciano Cuero Mart\u00ednez, Gilberto Quintero, Humberto Azael Torres y Diego Humberto Vivas Gonz\u00e1lez debe fracasar, con mayor raz\u00f3n, si tampoco acreditaron la existencia de un da\u00f1o que \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC4308-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA el numeral segundo de la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, a trav\u00e9s del cual ampar\u00f3 los derechos de la menor T.M.S.B., representada por su progenitora Dennis Patricia Bol\u00edvar Mart\u00ednez, Cruz Benedicto Julio Acosta, Horacio Cantillo Narv\u00e1ez y Myriam del Socorro Yoleani Daza. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, la providencia se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
Por consiguiente, la impugnaci\u00f3n de Hernando Orobio, Javier Saavedra Obando, Jos\u00e9 Wellintongton Paz \u00c1lvarez, Julio C\u00e9sar Hurtado Celorio, Severo Peraza Monta\u00f1o, Aniceto Caicedo Camacho, Froil\u00e1n Ocoro Orobio, Milton Andr\u00e9s Perlaza Vente, Gilberto Mart\u00ednez Cruz, Ermides Fresnedo Hinojoza Asprilla, Alberto Palma, Eladio Qui\u00f1ones Ramos, Feliciano Cuero Mart\u00ednez, Gilberto Quintero, Humberto Azael Torres y Diego Humberto Vivas Gonz\u00e1lez debe fracasar. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5436-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC5436-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01220-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de mayo de de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n de la sentencia emitida el 29 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}