STC5481-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5481-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de abril de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Orlando Amadeo Chac\u00f3n Cort\u00e9s y Fanny Lozada Gualdr\u00f3n le instauraron al Juzgado Noveno de Familia, las Comisar\u00edas Tercera y Cuarta de Familia de la misma ciudad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y la Fiscal\u00eda 279 de CAVIF. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abadministraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 2.1. Anular la medida de protecci\u00f3n No 185 de 2014 dictada por la Comisaria III de Familia de Bogot\u00e1 o, en su defecto, <\/p>\n
2.2. Ordenar a la Fiscal\u00eda 279 del CAVIF, entidad que avoc\u00f3 conocimiento, investig\u00f3 y fall\u00f3, dentro de la denuncia compulsada por la Comisaria III de Familia de Bogot\u00e1, que se pronuncie con respecto a la medida de protecci\u00f3n dictada por la citada comisar\u00eda de familia, o en su defecto. <\/p>\n
2.3. Declarar que las Comisarias III y IV de Familia de Bogot\u00e1 perdieron la competencia para continuar con los tr\u00e1mites de la medida accionada por lo que debe enviar el expediente al Coordinador del Centro Zonal de Suba (\u2026). <\/p>\n
2.4. Dejar sin efectos el Auto de 28 de marzo de 2016 dictado por el Juzgado 9 de familia de Circuito de Bogot\u00e1, y ordenarle resolver la apelaci\u00f3n y que revise las decisiones administrativas proferidas por la defensora de familia y los comisarios de familia (\u2026). <\/p>\n
3. Declarar da\u00f1o consumado al derecho a la familia toda vez que la presunta v\u00edctima CRISTINA CHAC\u00d3N, es una mujer mayor de edad a quien no se le puede obligar restablecer lazos familiares con los accionantes. <\/p>\n
4. En caso de que sus Se\u00f1or\u00edas se declaren incompetentes para dirimir el conflicto de competencia, enviar el expediente al funcionario competente para que declare quien es el competente para continuar el tr\u00e1mite de nulidad. <\/p>\n
5. Compulsar copias al Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Procuradur\u00eda General de Naci\u00f3n, al Honorable Consejo Superior de Judicatura y a la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 para que investiguen que se adelante el control penal y disciplinario correspondiente a las conductas en casos de exceso o abuso de poder y negligencia de los funcionarios: MARLENNE ARANDA CASTILLO Juez 9 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, CARMENZA GUTIERREZ DE CAMACHO Directora Regional de Bogot\u00e1 ICBF, ESPERANZA BORJA FLOREZ Coordinadora Centro Zonal Santaf\u00e9 ICBF, DIANA SU\u00c1EZ GUASCA hoy L\u00d3PEZ Defensora de Familia Centro Zonal Santaf\u00e9 ICBF, NELLY ROMERO Defensora de Familia Centro Zonal Santaf\u00e9 ICBF, GLORIA ISABEL VECINO GALLEGO Comisaria III de familia de Bogot\u00e1, ALEJANDRO PARAMO GOMEZ Comisaria IV (1) de familia de Bogot\u00e1, MARTHA LUCIA ACOSTA Comisaria IV (1) de familia de Bogot\u00e1 y GUILLERMO LE\u00d3N BOADA RAM\u00cdREZ Comisaria IV (1) de familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En sustento se\u00f1alaron que tras recibir la solicitud de revisi\u00f3n de custodia de la entonces menor Cristina Chac\u00f3n (10 oct. 2014), la Defensora de Familia del Centro Zonal Santaf\u00e9 \u00aborden\u00f3 a la Polic\u00eda del CAI Los Laches rescatar[la]\u00bb (15 oct.), sin que: a) Se contara \u00abcon el material probatorio necesario para ello\u00bb, b) Se constatara que \u00abobjetivamente exist\u00eda alguna situaci\u00f3n de abandono y\/o da\u00f1o f\u00edsico o psicol\u00f3gico\u00bb, c) Se elaborara \u00abacta que narr[ara] los hechos acontecidos\u00bb y, d) Se \u00abinformara al Fiscal [lo sucedido para que adelantara las investigaciones por el delito de violencia intrafamiliar] o [al] Juez para facilitar el control (\u2026) de legalidad de su actuar\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que el 24 de junio de 2016, la Coordinadora del Centro Zonal no accedi\u00f3 a hacer seguimiento a la medida de protecci\u00f3n que les fue impuesta de manera provisional frente a la ni\u00f1a (13 abr. 2016). Sin embargo, el caso fue remitido a la Comisar\u00eda 3 de Familia de Bogot\u00e1 que \u00abavoc\u00f3 conocimiento, tom\u00f3 medidas urgentes, realiz\u00f3 audiencia de pruebas, dict\u00f3 medida de protecci\u00f3n definitiva [n\u00ba 188 de 16 de octubre de 2014, consistente en ordenarles que se abstuvieran de protagonizar cualquier acto constitutivo de agresi\u00f3n contra la menor], retir\u00f3 la custodia que [le] hab\u00eda otorgado un funcionario competente, compuls\u00f3 copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, realiz\u00f3 seguimiento a la medida de protecci\u00f3n, todo esto sin competencia [territorial]\u00bb; situaci\u00f3n que en su entender, evidencia que: i) Se adopt\u00f3 \u00abuna medida desproporcionada y arbitraria\u00bb, dado que \u00abno se contaba con pruebas objetivas que la respaldaran\u00bb, \u00abexist\u00edan medidas menos dr\u00e1sticas (amonestaci\u00f3n) de protecci\u00f3n del menor\u00bb, y \u00absu duraci\u00f3n fue exagerada (m\u00e1s de 6 a\u00f1os y 5 meses)\u00bb y, ii) Dicho tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad y, adem\u00e1s, se fund\u00f3 en \u00abpruebas que no obran en el expediente (\u2026) y (\u2026), por lo tanto, no han sido sometidas a contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resaltaron que en atenci\u00f3n a la recusaci\u00f3n de la que fue objeto la mencionada Comisaria, la causa pas\u00f3 a la hom\u00f3loga 4 de Familia de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el levantamiento de la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb pese a que las circunstancias que la generaron ya estaban superadas (21 mar. 2017), determinaci\u00f3n que fue objeto de alzada inadmitida por el Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad (28 mar.). <\/p>\n
Tambi\u00e9n indicaron que la Fiscal\u00eda 279 de CAVIF avoc\u00f3 el conocimiento de la denuncia presentada en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, pero \u00abno vio la necesidad de solicitar una medida de protecci\u00f3n ni confirmar la que en su momento hab\u00eda dictado la comisaria 3 de familia, y despu\u00e9s de una juiciosa investigaci\u00f3n, (\u2026) orden[\u00f3] el archivo de las diligencias\u00bb; autoridad que tambi\u00e9n, se neg\u00f3 a \u00abanular la medida de protecci\u00f3n 185 de 2014\u00bb (4 mar. 2021), por estimar que el asunto es \u00abdel resorte de la legislaci\u00f3n de familia\u00bb, a pesar que es claro que \u00absi avoc\u00f3 el conocimiento de la noticia criminal en nuestra contra, no solicit\u00f3 una medida de protecci\u00f3n a favor de la presunta v\u00edctima, esta no puede existir\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, adujeron que las Comisar\u00edas de Familia: i) Desconocieron la resoluci\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda al no dar por terminado el proceso que cursa en su contra, como quiera que \u00abno tiene sentido que, la Fiscal\u00eda 279 adujera que la conducta no se produjo al tiempo que los comisarios sostienen que s\u00ed lo fue\u00bb y, ii) Han perdido competencia frente a la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb, de acuerdo con las leyes 1098 de 2006, 1878 de 2018 y 1955 de 2019, pues esta se expidi\u00f3 hace m\u00e1s de 6 a\u00f1os. <\/p>\n
2.- El Juzgado Noveno de Familia de esta capital, la Defensora de Familia del Centro Zonal Santa Fe de la Regional Bogot\u00e1 del ICBF y la Comisar\u00eda Tercera de Familia destacaron la improcedencia del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la inmediatez porque la providencia atacada data del 28 de marzo de 2016, ni el de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que los querellantes debieron \u00abhaber interpuesto en su oportunidad legal\u00bb los medios de impugnaci\u00f3n correspondientes. La \u00faltima de tales entidades defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y calific\u00f3 la petici\u00f3n de amparo de temeraria. <\/p>\n
La Polic\u00eda Nacional y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 adujeron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Cristina Chac\u00f3n (hoy mayor de edad) manifest\u00f3 que debido al \u00abmaltrato f\u00edsico y psicol\u00f3gico al cual estaba siendo sometida por parte de\u00bb los precursores, puso en conocimiento de su madre el deseo de vivir con ella, y la misma requiri\u00f3 la revisi\u00f3n de su custodia; tr\u00e1mite que se notific\u00f3 en debida forma a su progenitor. <\/p>\n
Las Comisar\u00edas Cuarta de Familia de San Crist\u00f3bal 1 y Once de Familia de Suba 2, la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 y los Agentes del Ministerio P\u00fablico de las Comisar\u00edas de Familia Santa Fe y San Crist\u00f3bal 1, pidieron su desvinculaci\u00f3n por ausencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
La Unidad de Delitos Contra la Violencia Intrafamiliar aclar\u00f3 que los Fiscales Delegados no est\u00e1n facultados para ejercer control sobre las \u00abprovidencias\u00bb de la Comisar\u00eda de Familia como aspiran los tutelantes, puesto que no son sus superiores jer\u00e1rquicos, en tanto el juicio en el que se abstuvo de imponer medida y archiv\u00f3 la actuaci\u00f3n\u00bb, es de \u00edndole penal. <\/p>\n
El Personero Delegado para la Familia y Sujetos de Especial Protecci\u00f3n Constitucional asegur\u00f3 que \u00abel actor se encuentra facultado para solicitar en cualquier momento la terminaci\u00f3n de las medidas ordenadas, decisi\u00f3n que de ser contrar\u00eda a lo pretendido puede ser apelada\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el ruego, porque: a) Los gestores contaron con el recurso de apelaci\u00f3n para controvertir el prove\u00eddo que impuso de manera definitiva la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb, y lo desaprovecharon, b) \u00abno se cumple (\u2026) con el principio de la inmediatez, pues se advierte, que han transcurrido aproximadamente cinco a\u00f1os y tres meses, desde cu\u00e1ndo se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n objeto de censura\u00bb, c) \u00abla competencia para dar por terminada la medida de protecci\u00f3n, acorde con art. 12 de la ley 575 de 2000, radica precisamente en el funcionario que la expidi\u00f3, en este caso la Comisar\u00eda de Familia\u00bb y, d) No encontr\u00f3 m\u00e9rito para compulsar copias a los funcionarios implicados en el tr\u00e1mite objetado, sin perjuicio de las acciones que crean pertinentes incoar los precursores. <\/p>\n
4.- Los convocantes impugnaron, enfatizando que: 1) El fallo de primer grado desconoci\u00f3 los precedentes que \u00abregulan la duraci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n\u00bb, 2) El 16 de octubre de 2019 rogaron a la Comisar\u00eda 4 de Familia de Bogot\u00e1 anular la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb, obteniendo respuesta negativa (26 oct.) sin que hubiesen sido citados para ser escuchados ni notificados del \u00abauto del 24 de enero de 2020\u00bb, 3) S\u00ed se satisface el \u00abrequisito de la inmediatez\u00bb, pues la \u00abvulneraci\u00f3n de sus derechos es continua y actual\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que el auxilio no puede abrirse paso, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.1.- En efecto, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia, en atenci\u00f3n a que verificado el infolio, se logr\u00f3 establecer que entre la fecha de las decisiones reprochadas por los actores (13. abr. 2016 y 28 mar. 2017) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (6 abr. 2021), transcurrieron m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han apreciado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha expresado que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC4535-2020). <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto, esta Corte en algunos casos ha superado la ausencia de tal presupuesto, flexibiliz\u00e1ndolo, tambi\u00e9n lo es, que ello tan solo acaece cuando la demora para activar este dispositivo se encuentra \u00abdebidamente justificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021, citando la SU-961\/99, T-743\/08 y T-033\/10 de la Corte Constitucional, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De modo que dicha demora, evidencia la ausencia de \u00abrelevancia constitucional\u00bb del yerro denunciado, e impide analizar el fondo de la controversia propuesta, ya que su silencio conlleva tal secuela. <\/p>\n
1.2.- En lo concerniente con que se disponga que la Fiscal\u00eda 279 del CAVIF \u00abse pronuncie con respecto a la medida de protecci\u00f3n dictada por la citada comisar\u00eda de familia\u00bb, precisa la Sala, de acuerdo con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, que el ente acusador no tiene \u00abcompetencia\u00bb para emitir esa clase de decisiones, en virtud a que la misma radica en el funcionario que la impuso, esto es, la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
1.3.- En punto a las s\u00faplicas dirigidas a obtener la declaratoria de \u00abfalta de competencia\u00bb de las Comisar\u00edas convocadas para conocer la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb censurada, de \u00abda\u00f1o consumado al derecho a la familia\u00bb, y la remisi\u00f3n del expediente a la \u00abautoridad competente\u00bb, se aclara que son extra\u00f1as a los fines de este dispositivo, cuyo objetivo tuitivo es conjurar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos, de manera que cualquier otro anhelo le es ajeno y, por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
1.4.- En relaci\u00f3n con la rogativa enfilada a compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, para que investigue la conducta de los servidores enlistados en la pretensi\u00f3n n\u00ba 5, se advierte que escapa de la \u00f3rbita constitucional, en la medida en que ata\u00f1e a los interesados acudir directamente a esos estamentos para formular las denuncias que consideren pertinentes, haci\u00e9ndose responsables de su gesti\u00f3n y consecuencias. <\/p>\n
1.5.- Finalmente, el cuestionamiento de los actores frente a la respuesta (26 oct. 2019) y ausencia de tr\u00e1mite dado al pedimento que elevaron ante la Comisar\u00eda 4 de Familia de Bogot\u00e1 para lograr la anulabilidad de la \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb, no ser\u00e1 analizado por esta Sala, en atenci\u00f3n a que constituyen hechos nuevos, no incluidos en el l\u00edbelo introductor y que, por tanto, no fueron objeto de defensa y contradicci\u00f3n por los denunciados y vinculados. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo prove\u00eddo por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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