STC5685-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5685-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01475-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Josefa Guazo Atencia, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan y las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00049. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio, y en representaci\u00f3n de sus hijos menores David Alfonso, y Mart\u00edn El\u00edas Pacheco Guazo, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, al proferir la sentencia de segunda instancia, en virtud del proceso n\u00ba 2018-00049-01. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ana Josefa Guazo Atencia, y otros, llamaron a juicio a la Cooperativa Especializada de Transporte Torcoroma, Equidad Seguros, y otros, pretendiendo que se les declarara civilmente responsables de los perjuicios ocasionados con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 3 de julio de 2016, en el que falleci\u00f3 David Enrique Pacheco Padilla. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, quien dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones el 14 de septiembre de 2020, siendo apelada por la parte demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 14 de diciembre anterior, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dispuso revocar el fallo y negar las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Inconforme con la citada providencia, los convocantes en el referido litigio, formulan la presente solicitud de amparo, cuestionando, en s\u00edntesis, la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el tribunal. <\/p>\n
Sostienen, que se encontraba plenamente probada su \u00abdependencia econ\u00f3mica, emocional y familiar\u00bb con la v\u00edctima del siniestro, quien fuera su compa\u00f1ero permanente, y padre, as\u00ed como los perjuicios que les ocasion\u00f3 esa p\u00e9rdida. <\/p>\n
Sostienen, que \u00abno debe sustentar el H. Tribunal en su decisi\u00f3n de revocar la decisi\u00f3n de primera instancia cuando la parte demandada incumpli\u00f3 su carga probatoria exonerativa en la oportunidad procesal y avalar su inactividad en segunda instancia; por cuanto dicha conducta desnaturaliza la recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se ordene a la magistratura acusada \u00ab(\u2026) emitir un nuevo fallo donde se deje sin efectos jur\u00eddicos la sentencia del 14 de diciembre de 2020 con Rad. No. 23 060 31 03 001 2018 00049 01 dentro del tr\u00e1mite de segunda instancia (\u2026) en se\u00f1al de restablecimiento del derecho (\u2026) a t\u00edtulo de garant\u00eda y seguridad jur\u00eddica, se confirme la decisi\u00f3n de primera instancia de fecha 14 de septiembre de 2020 proferida por el se\u00f1or Juez Civil del Circuito de Sahag\u00fan\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Equidad Seguros Generales se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional precisando, en s\u00edntesis, que las prerrogativas reclamadas por la promotora no han sido transgredidas, y que el estrado acusado adelant\u00f3 las actuaciones conforme al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El curador ad litem de Edgar Enrique Mej\u00eda Montoya, se\u00f1al\u00f3 que no se opone a las pretensiones del resguardo siempre que la accionante \u00abacredite el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que persigue\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por los convocantes, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el fallo de 14 de diciembre de 2020, por medio del cual revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, en virtud del proceso de responsabilidad civil n\u00ba 2018-00049, y en su lugar, desestim\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de negarse auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por los gestores, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la parte actora en el proceso de responsabilidad civil que origina el reclamo es cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la magistratura acusada en la sentencia de 14 de diciembre de 2020, que revoc\u00f3 el fallo de primera instancia, y en su lugar, deneg\u00f3 las pretensiones, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por los querellantes, por el contrario, la motivaci\u00f3n expuesta por la autoridad judicial se ciment\u00f3 en que \u00ab(\u2026) las pruebas no resultaron ser suficientes para el fin perseguido, o, a voz de la corte, no lograron edificar, desde lo causal, c\u00f3mo y porqu\u00e9 ocurri\u00f3 el siniestro, y, en general, las causas del accidente\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3, que \u00abpara la Sala no existe prueba: 1) de la concurrencia de responsabilidad por falta de pruebas respecto a la existencia del exceso de velocidad 2) respecto a la culpa exclusiva de la v\u00edctima, pues, del dicho del testigo no se llega a esa conclusi\u00f3n con meridiana claridad. Por otro lado, si bien en el presente asunto hubo confluencia de actividades peligrosas , lo cierto es que, contrario a lo dicho por el A-quo, no existe prueba en el proceso que permita determinar la incidencia que a cada uno de los intervinientes en el accidente correspondi\u00f3, pues, el testigo no contribuy\u00f3 a aclarar cu\u00e1l fue la intervenci\u00f3n de las partes en el accidente, ni se puede derivar esa conclusi\u00f3n del informe de tr\u00e1nsito aportado al proceso, toda vez que en \u00e9l no se se\u00f1al\u00f3 al infractor, ni cu\u00e1les fueron las se\u00f1ales de tr\u00e1nsito infringidas. En otras palabras, no existen pruebas que saquen avante las pretensiones de la demanda, \u00aben raz\u00f3n a la falta de comprobaci\u00f3n de las causas que provocaron el accidente, situaci\u00f3n demostrada por la inconsistencia probatoria\u201d\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone negar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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