STC5985-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5985-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 25 de marzo de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Castro Torres, en calidad de apoderado de H\u00e9ctor Amar\u00eds De La Rosa -representante de sus hijos Isaac y H\u00e9ctor1- contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os a un nombre, personalidad jur\u00eddica, vida digna e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El promotor narr\u00f3 que fruto de la relaci\u00f3n sentimental entre H\u00e9ctor Amar\u00eds De La Rosa (colombiano) y Desiree Elena Navarro Mar\u00edn (venezolana) hasta el 2014, nacieron en Venezuela los menores Isaac De Jes\u00fas y H\u00e9ctor Junior Amar\u00eds. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que producto de la crisis en Venezuela y del estado cr\u00edtico de salud de Desiree Elena Navarro, H\u00e9ctor Amar\u00eds decidi\u00f3 trasladarse a Colombia en b\u00fasqueda de un trabajo que le permitiera solventar las necesidades de su pareja. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que una vez residenciado en Monter\u00eda su representado, solicit\u00f3 a los padres de su compa\u00f1era, el env\u00edo de los documentos de los menores con el fin de realizar los tr\u00e1mites del registro civil en Colombia, los cuales fueron imposible de adquirir en esa \u00e9poca. <\/p>\n
2.4. Relat\u00f3 que durante su estancia en este pa\u00eds, Amaris inici\u00f3 una relaci\u00f3n sentimental con Ada Luz Arteaga Doria y preocupado por garantizarles los derechos a sus hijos y al no contar con los registros venezolanos de \u00e9stos, decidi\u00f3 registrarlos en la Notar\u00eda Primera de Monter\u00eda con los datos de la se\u00f1ora Arteaga2. <\/p>\n
2.5. En el mes de septiembre de 2014, con el fin de adelantar los tr\u00e1mites correspondientes para que sus hijos accedieran a la nacionalidad colombiana, levant\u00f3 los registros civiles correspondi\u00e9ndole a Isaac De Jes\u00fas Amar\u00eds el NUIP 1068434760 y a H\u00e9ctor Junior Amar\u00eds el NUIP 1068434761. <\/p>\n
2.6. Por otro lado, inform\u00f3 que el 2 de agosto de 20153, la se\u00f1ora Desiree Elena Navarro Mar\u00edn -verdadera madre de sus hijos- falleci\u00f3 en Venezuela. <\/p>\n
2.7. Posteriormente, como apoderado formul\u00f3 demanda de Correcci\u00f3n de Registro Civil de Nacimiento, la cual le correspondi\u00f3 al Juzgado censurado, quien inicialmente la inadmiti\u00f3 y una vez subsanada, mediante auto del 25 de noviembre de 20204, decidi\u00f3 rechazarla por considerar que no era la v\u00eda procesal adecuada ya que se trata de un proceso de filiaci\u00f3n materna. <\/p>\n
2.8. Manifest\u00f3, que present\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Registradur\u00eda Nacional del Registro Civil, con el fin de realizar el tr\u00e1mite de correcci\u00f3n de registros civiles de nacimiento, obteniendo como respuesta, que por ser una entidad administrativa y de acuerdo a sus funciones, no es posible acceder a sus pretensiones ya que se requiere de orden judicial, como lo establece la ley. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, i) se deje sin efectos los registros civiles de nacimiento de Isaac de Jes\u00fas Amar\u00eds (NUIP 1068434760) y H\u00e9ctor Junior Amar\u00eds (NUIP 1068434761) de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Monter\u00eda. <\/p>\n
ii) se decrete la sustituci\u00f3n y\/o cambio de los datos de la madre en los registros civiles de nacimiento de los menores, donde se indique que el nombre correcto es Desiree Elena Navarro Mar\u00edn. En consecuencia, se disponga la sustituci\u00f3n y\/o cambio de apellido materno. <\/p>\n
iii) se ordene a la Registradur\u00eda Nacional del estado Civil \u2013 Direcci\u00f3n Nacional de Registro Civil e Identificaci\u00f3n corregir los registros civiles de nacimiento precitados, en lo correspondiente a la informaci\u00f3n de los datos de la madre y lugar de nacimiento. <\/p>\n
iv). Finalmente, solicit\u00f3 que en caso de no poderse hacer la correcci\u00f3n respectiva, se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla dejar sin efectos el auto del 25 de noviembre de 2020, dictado en el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria de radicado 2020-00157-00. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La entidad accionada, luego de hacer un recuento de lo expuesto en la acci\u00f3n tutelar, se\u00f1al\u00f3 que \u00abTeniendo en cuenta que lo que se pretende con la presente tutela es dejar sin efectos una decisi\u00f3n judicial, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil no tiene competencia para pronunciarse sobre la misma. Por lo tanto, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el ciudadano mediante esta acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 en cabeza de esta entidad, sino que le corresponde a un Juez de la Rep\u00fablica por mandato de la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, implor\u00f3 que se deniegue el amparo constitucional, toda vez que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental pues su actuaci\u00f3n se ha enmarcado con observancia de las normas constitucionales y legales. <\/p>\n
2. El Juzgado censurado se limit\u00f3 a remitir el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que \u00abno es viable que un apoderado judicial para un proceso judicial especifico formule acciones contra los despachos judiciales del conocimiento, cuando no le es encomendada la gesti\u00f3n que quiere realizar a favor o a nombre de ese titular del derecho sustancial correspondiente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Carlos Eduardo Castro, quien indic\u00f3 que \u00abla prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, es de importancia tener en cuenta este principio para resolver de fondo y garantizar los derechos fundamentales de los menores. Sin duda alguna el poder otorgado a este togado, lo faculta a presentar la acci\u00f3n constitucional, como quiera que la misma se genera, como una consecuencia de lo actuado en el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria y en ninguna actuaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional el poderdante se opone al tr\u00e1mite que se est\u00e1 intentando\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor, quien alega ser apoderado judicial del se\u00f1or H\u00e9ctor Amar\u00eds De La Rosa, pretende que se ordene a la Registradur\u00eda Nacional del estado Civil \u2013 Direcci\u00f3n Nacional de Registro Civil dejar sin efectos los registros civiles de nacimiento de sus hijos Isaac y H\u00e9ctor de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Monter\u00eda y, en su lugar, se sustituya el apellido materno y el lugar de nacimiento de estos. Subsidiariamente, solicita que se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla dejar sin efectos el auto del 25 de noviembre de 2020, dictado dentro del proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria de radicado 2020-00157-00.. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n por activa, dado que el quejoso -apoderado- no es el titular de los derechos que considera vulnerados ni cuenta con documento que lo faculte expresamente para actuar en representaci\u00f3n del titular de los derechos fundamentales presuntamente quebrantados. <\/p>\n
3. Al respecto, en lo tocante a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el alcance jur\u00eddico de la norma citada, la Corte Constitucional ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07, se resalta). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro alegue esa condici\u00f3n y acompa\u00f1e a la demanda el documento id\u00f3neo que acredite la calidad en la que act\u00faa y, si se trata de apoderado judicial, que allegue poder especial otorgado por el titular del derecho, sin perjuicio de actuar argumentando la calidad de agente oficioso. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-493\/07, 28 de jun. 2007, citada por CSJ STC1707-2020, 19 de feb. 2020 rad. 2020-00005-01). <\/p>\n
4. Bajo esos lineamientos, v\u00e9ase que, en el presente caso, la acci\u00f3n constitucional fue presentada por Carlos Eduardo Castro Torres, quien alega ser apoderado del se\u00f1or H\u00e9ctor Amaris De la Rosa. Sin embargo, no est\u00e1 legitimado para intervenir en esta causa, pues pese a que durante el presente tr\u00e1mite se le requiri\u00f35 para que allegar\u00e1 poder especial que lo autoriza para actuar en nombre de aquel, omiti\u00f3 allegar tal documentaci\u00f3n. <\/p>\n
En el punto, y de la revisi\u00f3n del expediente, se encontr\u00f3 que el mandato anexado por el togado, corresponde al poder que le fue conferido para promover el \u00abproceso civil jurisdicci\u00f3n voluntaria para fijar la clara identidad de menores y as\u00ed mismo corregir el registro civil de nacimiento de menores\u00bb, el cual, no lo faculta para instaurar la solicitud de amparo, pues reiteradamente se ha sostenido que cuando se pretende actuar en representaci\u00f3n de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que el promotor no alleg\u00f3 el referido poder especial para reclamar por los derechos presuntamente vulnerados, teniendo en cuenta que el mismo debi\u00f3 ser otorgado por el se\u00f1or H\u00e9ctor Amar\u00eds De La Rosa, padre y representante de los menores. <\/p>\n
5. Por lo anterior, no es posible acceder a las pretensiones del impugnante, pues de acuerdo a lo dicho este carece de legitimaci\u00f3n por activa para actuar dentro de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
6. Consecuente con lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y origen prenotada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio del asunto, esta Sala considera necesario aplicar las directrices dictadas por esta Sala mediante el Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, para proteger la intimidad de los ni\u00f1os, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1 y 8 Anexo, 01.2 PRUEBA_9_3_2021 14_49_27 <\/p>\n
3\u0002 Folio 2 – 4 Anexo, 01.2 PRUEBA_9_3_2021 14_49_27 <\/p>\n
4\u0002 Folio 1, Anexo 06 AutoRechaza 2022000157.pdf, Carpeta 05. Expediente 2020-00157 <\/p>\n
5\u0002 Auto del 12 de marzo de 2021. <\/p>\n
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