STC6001-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6001-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00048-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 21 de abril de 2021, por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la tutela promovida por Jes\u00fas Mar\u00eda D\u00edaz Vega frente al Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo iniciado por el aqu\u00ed promotor frente a Nury Adriana Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada, el actor suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, interpuso demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer en contra de su excompa\u00f1era, Nury Adriana Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, con base en el acta de conciliaci\u00f3n extraprocesal suscrita ante la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de Familia de Yopal, persiguiendo el cumplimiento inmediato de su derecho de visitas respecto de sus menores hijos Melany, Jes\u00fas Vicente y Valery D\u00edaz Rodr\u00edguez1. <\/p>\n
Anota que el referido documento fue avalado dentro del juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, que tambi\u00e9n curs\u00f3 en el juzgado accionado2. <\/p>\n
Refiere que, mediante auto de 4 de diciembre de 2020, el estrado confutado neg\u00f3 el mandamiento compulsivo, \u201capart\u00e1ndose caprichosamente de las disposiciones legales y normativas\u201d; decisi\u00f3n frente a la cual interpuso apelaci\u00f3n, negada por improcedente, en prove\u00eddo de 5 de febrero de 2021. Frente a esta decisi\u00f3n interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio queja. <\/p>\n
En auto de 5 de marzo siguiente, el juez ratific\u00f3 lo decidido y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de copias al superior para dar tr\u00e1mite al de queja. Dicho remedio fue declarado desierto el 25 de marzo de 2021, por no haberse dado cumplimiento al inciso 2 del art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso, determinaci\u00f3n que estima arbitraria, por cuanto la demanda fue promovida en vigencia del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la autoridad convocada, \u201c(\u2026) declar[ar] la nulidad de lo actuado y, d[ar] tr\u00e1mite a la acci\u00f3n judicial incoada, as\u00ed como dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables al caso y finalmente recordarle el papel del Juez respecto a la aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado convocado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegado para Asuntos de Familia se\u00f1al\u00f3 que el amparo deb\u00eda concederse, porque el estrado convocado estaba llamado a adecuar el tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Nury Adriana Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez se opuso a la prosperidad del ruego, refiriendo que el acta de conciliaci\u00f3n de 6 de diciembre de 2019 ya no se encuentra vigente, pues, con posterioridad a dicho acuerdo, las partes realizaron otros acuerdos donde se regul\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, mediante resoluci\u00f3n de 4 de marzo de 2021, la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Yopal inici\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos, en el cual adopt\u00f3 la ubicaci\u00f3n temporal de los menores en la vivienda del hoy accionante, raz\u00f3n por la cual, desde ese momento, los ni\u00f1os est\u00e1n bajo su custodia. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en audiencia de conciliaci\u00f3n de 17 de marzo de 2021, la precitada entidad administrativa regul\u00f3 provisionalmente el r\u00e9gimen de visitas en favor suyo, el cual se ha venido cumpliendo hasta la fecha, de donde no resulta claro cu\u00e1l es el prop\u00f3sito del tutelante al persistir con el inicio de un proceso ejecutivo, con base en un documento que \u201cya no tiene ninguna fuerza vinculante\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional se\u00f1al\u00f3 que no emit\u00eda ning\u00fan <\/p>\n
\u201c(\u2026) pronunciamiento meritorio alguno en relaci\u00f3n con la legalidad de la providencia a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 el mandamiento de pago pretendido, pues la misma debe ser evaluada eventualmente por el superior funcional del Juez que la emiti\u00f3, sin que en el expediente se haya hecho alusi\u00f3n o se encuentre acreditada la configuraci\u00f3n de un perjuicio de car\u00e1cter irremediable que torne procedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional sobre este aspecto en particular (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso de queja, proferida por el juzgado accionado el 25 de marzo de 2021, concedi\u00f3 la salvaguarda, tras colegir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que, no resulta acertada la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la autoridad judicial accionada en providencia del 25 de marzo de 2021, al declarar desierto el recurso de queja interpuesto por el actor, por no haber cancelado las expensas necesarias para la expedici\u00f3n de copias requeridas para surtir la queja; en ese sentido se configur\u00f3 un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, no solo porque dicho pago resultaba innecesario dada la digitalizaci\u00f3n del expediente, sino adem\u00e1s porque al no concederlo basado \u00fanicamente en dicha prerrogativa, desnaturaliz\u00f3 a su vez, las normas procesales cuya finalidad, conforme se indic\u00f3 en precedencia, es la de ser el medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho sustancial, tal y como lo establece el art\u00edculo 11 del CGP. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la providencia emitida por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Yopal el 25 de marzo de 2021, dentro del proceso ejecutivo radicado No. 2019-00169-00. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al se\u00f1or Juez Primero de Familia del Circuito de Yopal que, en el t\u00e9rmino de cinco (05) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, remita el expediente descrito a trav\u00e9s de los canales dispuestos para tal fin con destino a esta Corporaci\u00f3n, a efectos que se reparta y surta el respectivo recurso de queja, conforme las consideraciones expuestas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el actor insistiendo en su pretensi\u00f3n de ordenar al despacho dar tr\u00e1mite a la aludida demanda ejecutiva. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Jes\u00fas Mar\u00eda D\u00edaz Vega cuestiona el auto de 4 de diciembre de 2020, por el cual el juzgado accionado neg\u00f3 el mandamiento compulsivo para hacer exigible el cumplimiento del acta de conciliaci\u00f3n celebrada el 6 de diciembre de 2019, entre \u00e9l y su excompa\u00f1era, Nury Adriana Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, ante la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de familia de Yopal, por la cual se regul\u00f3 a su favor, el r\u00e9gimen de visitas respecto de sus tres menores hijos. <\/p>\n
Asimismo, reprocha que el juzgado haya declarado desierto el recurso de queja por \u00e9l incoado frente al prove\u00eddo donde se declar\u00f3 improcedente la apelaci\u00f3n frente al auto censurado, dando aplicaci\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso, cuando la demanda ejecutiva fue incoada en vigencia del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sea lo primero, denotar la improcedencia de perseguir por la v\u00eda ejecutiva, el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas respecto de menores de edad, como si se tratara de una obligaci\u00f3n de hacer. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, en varias oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que, contrario a la postura de la Corte Constitucional, al estar en juego los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la definici\u00f3n de este tipo asuntos no puede reducirse a la verificaci\u00f3n de la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso3. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c6. As\u00ed las cosas, se reitera, el competente para hacer cumplir el r\u00e9gimen de visitas impuesto a trav\u00e9s de decisi\u00f3n judicial es el juez de familia que la profiri\u00f3, quien previo tr\u00e1mite incidental donde escuchara a las partes y decretar\u00e1 las pruebas que estime necesarias, adoptar\u00e1 las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, seg\u00fan su sensato juicio (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Llevadas las anteriores disertaciones al caso bajo estudio, se observa que el juzgador accionado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n de negar el aludido mandamiento con base en el criterio decantado por esta Sala. <\/p>\n
N\u00f3tese, en la referida decisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a esta tensi\u00f3n interpretativa que se presenta entre las dos altas corporaciones, en las sentencias citadas, este despacho debe optar por alguna de las dos posiciones, para resolver este caso, encontrando lo m\u00e1s viable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la esbozada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para la cual, no es el dinero, o el cumplimiento de la obligaci\u00f3n por un tercero, lo que satisface plenamente el se\u00f1alado inter\u00e9s superior, sino el cumplimiento efectivo de la obligaci\u00f3n, en este caso las visitas de los ni\u00f1os, en la forma y t\u00e9rminos pactados y aprobados por este despacho en el proceso respectivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Con todo, revisadas las pruebas allegadas al plenario, se advierte que, mediante auto de apertura de investigaci\u00f3n de 4 de marzo de 2021, la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Yopal inici\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos a favor de los menores involucrados, en el cual adopt\u00f3 como medida provisional, la ubicaci\u00f3n temporal de \u00e9stos en la vivienda del aqu\u00ed tutelante, raz\u00f3n por la cual, desde ese momento, los ni\u00f1os est\u00e1n bajo su custodia. <\/p>\n
Posteriormente, en la diligencia de conciliaci\u00f3n de 17 de marzo de 2021, ante la falta de acuerdo entre las partes, la entidad mencionada fij\u00f3 provisionalmente el r\u00e9gimen de visitas de la progenitora. <\/p>\n
De esta manera, queda en evidencia la conducta del convocante, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como soporte de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces constitucionales encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4. En lo concerniente a la decisi\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el recurso de queja, el amparo no sale avante, pues, aunque se critica como desacertado que, en el caso en cuesti\u00f3n, el estrado accionado le exigiera al aqu\u00ed gestor el cumplimiento de lo normado en el inciso segundo del art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso6; esa irregularidad es intranscendente para predicar una vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales de la convocante. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que niega el mandamiento compulsivo resultaba improcedente por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, si bien el \u00fanico impugnante fue el promotor del amparo, el juez constitucional no est\u00e1 limitado en segundo grado para adoptar las determinaciones pertinentes en aras de evitar el desconocimiento de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la conculcaci\u00f3n de prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
En cuanto a lo expresado, esta Corte ha considerado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el amparo est\u00e1 basado en principios y reglas fundamentales y especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la no reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores, aunque con su pronunciamiento agrave la situaci\u00f3n de quien apel\u00f3 (\u2026) Al respecto esta Sala ha sostenido que \u2018[l]a tutela por la finalidad para la cual fue instituida, y los derechos e intereses superiores que con ella busca la Carta Pol\u00edtica garantizar, no est\u00e1 limitada por el principio de la reformatio in pejus, lo cual comporta que el juzgador que conoce de la impugnaci\u00f3n de una acci\u00f3n de amparo est\u00e1 facultado para modificar el fallo opugnado aunque la decisi\u00f3n que adopte pueda perjudicar al \u00fanico recurrente, toda vez, que como ya se dijo, lo que se persigue es hacer prevalecer los preceptos superiores, la dignidad humana y los derechos b\u00e1sicos de las personas (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada y, en su lugar se revocar\u00e1 el amparo. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, NEGAR el amparo impetrado. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Radicado n\u00b0 2019- 00169-01 <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 422. T\u00cdTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley. La confesi\u00f3n hecha en el curso de un proceso no constituye t\u00edtulo ejecutivo, pero s\u00ed la que conste en el interrogatorio previsto en el art\u00edculo 184 (…)\u201d. <\/p>\n
4CSJ, STC17234-2017, tesis reiterada en la sentencia STC8212-2018. <\/p>\n
5 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 353 (\u2026) Denegada la reposici\u00f3n, o interpuesta la queja, seg\u00fan el caso, el juez ordenar\u00e1 la reproducci\u00f3n de las piezas procesales necesarias, para lo cual se proceder\u00e1 en la forma prevista para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n. Expedidas las copias se remitir\u00e1n al superior, quien podr\u00e1 ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 CSJ. STC de 1\u00ba de febrero de 2012, exp. 00164-01; ver en el mismo sentido los fallos de 30 de noviembre de 2012, exp. 00405-01; 9 de septiembre de 2013, exp. 2013-00148-01 y 3 de octubre de 2013, exp. 2013-00861-01. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC6001-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC6001-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00048-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54381","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54381"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54381\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}