STC6018-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Aroldo Wilson Castro De Leon frente a la sentencia de 27 de abril de 2021, proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado n\u00b0 1996-07091-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.-El accionante solicit\u00f3 que, en el compulsivo aludido, se ordene la elaboraci\u00f3n y entrega de un t\u00edtulo judicial a su nombre con los dineros que le corresponden o, en su defecto, que se revoque el auto de 8 de febrero de 2021 y se le fijen honorarios acordes con la naturaleza de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
En sustento, adujo que fungi\u00f3 como secuestre del inmueble ubicado en la carrera 59b No. 81-68 del Barrio el Golf de Barranquilla entre los a\u00f1os 1997 y 1998. A principios del 2020 se enter\u00f3 por terceras personas que Jorge Alberto V\u00e9lez Soto, adjudicatario del inmueble, lo estaba buscando para que le hiciera la entrega de este, por lo que procedi\u00f3 a solicitar al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla adelantar los tr\u00e1mites correspondientes, y el 20 de junio de 2020 entreg\u00f3 el predio. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en junio o julio de 2020 solicit\u00f3 al estrado la fijaci\u00f3n de sus honorarios, lo que ocurri\u00f3 el 9 de febrero de 2021 y hasta la fecha \u00abno se me hace entrega del titulo donde se me fijaron mis honorarios los cuales no se ajustan a lo dispuesto en el art\u00edculo 47 del C.G.P. (\u2026) teniendo en cuenta que es proceso (sic) muy viejo de m\u00e1s de 30 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.-El encartado pidi\u00f3 que se declare improcedente la tutela por falta del requisito de subsidiariedad, \u00aben la medida que no se han agotado los mecanismos dispuestos en la ley, en las etapas oportunas para su resoluci\u00f3n\u00bb. Con respecto al tr\u00e1mite de las solicitudes de elaboraci\u00f3n y entrega de t\u00edtulos judiciales adujo que \u00abno se ha vulnerado derecho alguno, por parte de este Juzgado, en la medida que, se le fijaron sus honorarios (\u2026) en el expediente no se evidencia constancia secretarial de que el demandante haya consignado los honorarios a la orden del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
3.-El Tribunal neg\u00f3 el resguardo porque \u00abel auto fechado febrero 8 del hoga\u00f1o mediante el cual se tasaron los honorarios definitivos (\u2026), no fue cuestionado por \u00e9ste respecto del monto asignado por tal concepto, de manera que se encuentra debidamente ejecutoriado\u00bb. Frente a la presunta mora del despacho accionado respecto de la entrega del t\u00edtulo ejecutivo consider\u00f3 que \u00abcomo quiera que la se\u00f1ora jueza accionada no puede proceder de manera oficiosa al recaudo coactivo de tales dineros, lo procedente es que el accionante, beneficiario de la prestaci\u00f3n, haga uso de la acci\u00f3n ejecutiva de que dispone, para hacerse pagar coactivamente la deuda, y al plenario no se alleg\u00f3 prueba demostrativa de que el actor haya hecho uso de dicho mecanismo\u00bb. <\/p>\n
4.-El promotor recurri\u00f3 aduciendo que \u00abla acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, el cual considera es su caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Del libelo pueden extraerse dos aspectos que molestan al actor. De un lado, se doli\u00f3 por el monto fijado como honorarios por su gesti\u00f3n, y del otro, critic\u00f3 el hecho de que no se le haya hecho entrega de su remuneraci\u00f3n a trav\u00e9s de dep\u00f3sito o t\u00edtulo judicial. Con ese panorama, bien pronto se constata la necesidad de confirmar el veredicto ofrecido en la sede precedente, porque en efecto la subsidiariedad aqu\u00ed exigida no se satisfizo. <\/p>\n
Ciertamente, la prueba documental arribada al infolio permite colegir que el quejoso no refut\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n la providencia que hoy estima violatoria de sus atributos, esto es, aquella que fij\u00f3 sus honorarios, cuando el remedio horizontal resultaba procedente e id\u00f3neo para debatir esa cuesti\u00f3n, de acuerdo con el inciso 1\u00ba del canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, que prev\u00e9 \u00ab[s]alvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre la idoneidad del medio de ataque que se extra\u00f1a, ha reiterado la Sala que: <\/p>\n
Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (CSJ STC 3 ag. 2011, Rad. 0741-01; CSJ STC 25 en. 2018, Rad. 2017-02554-02; CSJ STC1217-2021, 12 feb. 2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el precursor no puede servirse v\u00e1lidamente de esta v\u00eda residual para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, pues sin lugar a duda era el proceso el escenario donde deb\u00eda hacer valer los derechos cuyo desmedro hoy esgrime o discutir las irregularidades derivadas de la presunta inobservancia normativa que le enrostra al despacho censurado. <\/p>\n
Sobre el particular, ha precisado la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando el quejoso ha tenido a su alcance otros senderos de defensa, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente litis y ante el mismo funcionario, toda vez que por ser un instrumento eminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad (STC1001-2018 \u2013 Negritas ajenas al texto). <\/p>\n
De otro lado, frente a la elaboraci\u00f3n y entrega del t\u00edtulo judicial se pudo constatar en el expediente que el Juzgado atendi\u00f3 su solicitud en auto de 8 de febrero de 2020 por medio del cual se fijaron sus honorarios. Sin embargo, no se ha logrado realizar la entrega de su remuneraci\u00f3n, pues la parte demandante en el proceso no ha consignado el dinero correspondiente en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, de suerte que, de un lado, es entendible que no se haya procedido a crear el t\u00edtulo que extra\u00f1a el censor, pues no hay nada que proporcionar, y del otro, es evidente que tampoco se cumple con el presupuesto de la residualidad que impera en este campo, ya que el medio adecuado para realizar el cobro ejecutivo de los honorarios de los auxiliares de justicia se encuentra regulado en el art\u00edculo 363 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se hubiera acudido a \u00e9l para obtener lo que se persigue. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada que <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
En s\u00edntesis, se convalidar\u00e1 el fallo fustigado por falta del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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