STC6150-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6150-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Julio Cesar Castro Monje le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia – Caquet\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2011-00594. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la \u00abvida en condiciones dignas, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, seguridad social, favorabilidad, asociaci\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, en consecuencia, exigi\u00f3 que se <\/p>\n
2-. (\u2026) dej[e] sin efecto y declarar la nulidad total de las sentencias proferidas abril 19\/2016, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquet\u00e1 y agosto 06\/2019 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, (\u2026) y en su lugar, dejar en firme la decisi\u00f3n proferida en derecho septiembre 20\/2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, Caquet\u00e1. <\/p>\n
3-. Orden[e] al Municipio de Florencia, Caquet\u00e1, qu\u00e9 (\u2026) proceda a incorporarlo en la N\u00f3mina de Pensionados Municipales como persona de la tercera edad y a pagarle las mesadas pensionales causadas en los t\u00e9rminos de la sentencia proferida en primera instancia. <\/p>\n
4-. Orden[e] a los Honorables Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquet\u00e1 y de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que al emitir sus sentencias, apliquen los m\u00ednimos derechos y garant\u00edas en los t\u00e9rminos ordenados por la Constituci\u00f3n Nacional, los Convenios Internacionales ratificados, las Normas Legales y el precedente judicial ordenado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sentado protegiendo derechos fundamentales como los protegidos a trav\u00e9s de las jurisprudencias: SU-241\/2015; 113\/2018; 267\/2019 y 445\/2019, para el caso concreto. <\/p>\n
6-. Orden[e] a los Honorables Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquet\u00e1 y de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en lo sucesivo mantengan actualizados y apliquen los \u00faltimos pronunciamientos de la Jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado en sus decisiones (\u2026). <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que en la demanda ordinaria laboral que le promovi\u00f3 al Municipio de Florencia, el a quo acogi\u00f3 las pretensiones, en decisi\u00f3n (20 sep. 2012) que el ad quem revoc\u00f3 (23 feb. 2016), al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no quebr\u00f3 la del Tribunal (SL4952, 6 ag. 2019). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con dichas determinaciones se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque: <\/p>\n
A) Se acogi\u00f3 la interpretaci\u00f3n menos favorable de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre Sintramunicipales y el ente territorial, para la vigencias del 1\u00ba de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1995, no obstante que: i) El acto legislativo 01 de 2005 no afectaba su derecho pensional convencional, ii) El despido por reestructuraci\u00f3n administrativa daba lugar al pago de una indemnizaci\u00f3n, iii) Era \u00abilegal alegar que cumplir la edad como extrabajador, no le da[ba] el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional\u00bb, cuando las sentencias SU 241 de 2015, 113 de 2018, 267 y 445 de 2019 \u00abordenan reconocer[lo]\u00bb, y iv) \u00abLa solicitud de anular la prescripci\u00f3n es totalmente ilegal, al no haberse presentado como excepci\u00f3n con la contestaci\u00f3n de la demanda y menos ordenarse de oficio por los operadores judiciales\u00bb. <\/p>\n
B) No se accedi\u00f3 a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 267 del C.S.T. por encontrarse afiliado a la Caja de Previsi\u00f3n Social Municipal. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Florencia relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el litigio confutado. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, remiti\u00f3 el expediente electr\u00f3nico. <\/p>\n
La Alcald\u00eda Municipal de Florencia exigi\u00f3 el no otorgamiento del amparo, porque no se ha transgredido ning\u00fan \u00abderecho supralegal\u00bb del accionante, en tanto \u00abno es beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva del trabajo suscrita para los a\u00f1os 1993,1994,1995\u00bb, ya que \u00abno ostentaba la calidad de trabajador al momento [en] que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad, puesto que, para el momento de su desvinculaci\u00f3n, esto es el 31 de octubre de 1995 solo ten\u00eda 49 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que \u00abla \u00fanica interpretaci\u00f3n posible\u00bb del art\u00edculo 26 de la Convenci\u00f3n Colectiva 1993-1995, ata\u00f1e a que \u00ablos destinatarios del beneficio [pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n] son los trabajadores de la empresa, en el primer caso que hayan cumplido 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos y sin consideraci\u00f3n a la edad y, en el segundo escenario, que hayan llegado a la edad de 55 a\u00f1os y prestados servicios por diez a\u00f1os o m\u00e1s, continuos o discontinuos\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 230 de la C.N., los jueces \u00abpueden apartarse de la jurisprudencia con la carga de explicar y demostrar la mejor razonabilidad de su criterio\u00bb, a m\u00e1s que no puede pasarse por alto que \u00abla llamada a la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia en materia de derecho laboral y de seguridad social es la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
4.- El precursor impugn\u00f3, insistiendo en que, al no haber contestado el escrito genitor, la pasiva acept\u00f3 como \u00abcierto el derecho pensional\u00bb y, por tanto, el Tribunal incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por tramitar la apelaci\u00f3n, pese a que carec\u00eda de una \u00abexcepci\u00f3n que la legitimara\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, la Sala advierte que si bien la presente acci\u00f3n se enfila contra los fallos dictados el 23 de febrero de 2016 y 6 de agosto de 2019, y la demanda superlativa se radic\u00f3 26 de enero de 2021, esto es, un (1) a\u00f1o y cinco (5) meses despu\u00e9s de la \u00faltima de tales providencias, tambi\u00e9n lo es que, el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia como prudente para ejercer la \u00abtutela\u00bb se tiene por superado, comoquiera que: a) La discusi\u00f3n, en esencia, recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, por el car\u00e1cter vitalicio y de tracto sucesivo de la prestaci\u00f3n, y b) Su presunta afectaci\u00f3n se \u00abconsidera actual\u00bb, tal como lo determin\u00f3 la Corte Constitucional en la SU1073-2012, al se\u00f1alar que <\/p>\n
Si bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible, (criterio reiterado en STC20333-2017, STC9672-2018, STC20333-2017, STC11419-2018, STC6314-2019, STC9677-2019, STC3736-2020, y STC8386-2020). <\/p>\n
2.- Asimismo se precisa que, no obstante, el reclamo se dirige tambi\u00e9n contra el veredicto emitido en segunda instancia, se analizar\u00e1 \u00fanicamente el que dict\u00f3 la Corte, por ser el que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
3.- Ahora, la revisi\u00f3n de la causa sometida al escrutinio de esta Corporaci\u00f3n muy pronto pone en evidencia la necesidad de conceder la guarda, porque la cr\u00edtica frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se encuentra plenamente fundada. <\/p>\n
3.1.- En efecto, ubicado el debate en la hermen\u00e9utica del art\u00edculo 26 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre Sintramunicipales y el Municipio de Florencia, para la vigencia del 1\u00ba de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1995, debe tenerse en cuenta que la Colegiatura atacada cit\u00f3 el aludido precepto, que prev\u00e9 <\/p>\n
ARTICULO VEINTISEIS: PENSIONES DE JUBILACI\u00d3N.- A partir del (1\u00b0) de enero de 1991, el municipio de Florencia, reconocer\u00e1 una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n mensual y vitalicia a los trabajadores que hayan cumplido veinte (20) a\u00f1os continuos o discontinuos al servicio del municipio de Florencia, sin consideraci\u00f3n a la edad, equivalente al 100% del \u00faltimo salario devengado; as\u00ed mismo reconocer\u00e1 el municipio de Florencia, una pensi\u00f3n mensual y vitalicia a los trabajadores que hayan cumplido 55 a\u00f1os de edad y tengan diez (10) o m\u00e1s a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos al servicio del municipio de Florencia, equivalente al 100% del \u00faltimo salario devengado. <\/p>\n
Seguidamente, coligi\u00f3 que dicho canon \u00abno deja duda que los destinatarios del beneficio son los trabajadores de la empresa, en el primer caso que hayan cumplido 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos y sin consideraci\u00f3n a la edad y, en el segundo escenario, que hayan llegado a la edad de 55 a\u00f1os y prestados servicios por diez a\u00f1os o m\u00e1s, continuos o discontinuos\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, acot\u00f3 que en atenci\u00f3n a \u00abla naturaleza y esp\u00edritu de la prestaci\u00f3n consagrada\u00bb en el referido texto, as\u00ed como \u00abla intenci\u00f3n expresa de los contratantes\u00bb, aqu\u00e9l tan solo permite una \u00ab\u00fanica interpretaci\u00f3n\u00bb concerniente a que \u00ablos titulares del beneficio son los trabajadores\u00bb. Posici\u00f3n jur\u00eddica que respald\u00f3 en la CSJ SL21761-2004, en la que se sostuvo <\/p>\n
Planteado as\u00ed de manera sencilla el problema a resolver es necesario advertir desde ya que la apreciaci\u00f3n del Tribunal no se exhibe manifiestamente desacertada, puesto que la redacci\u00f3n de la cl\u00e1usula contractual en comento posibilita el entendimiento plasmado en la sentencia recurrida. <\/p>\n
En efecto, en verdad que el precepto convencional expresamente se\u00f1ala como destinatarios de sus beneficios a los trabajadores del municipio, precisando, en la \u00faltima hip\u00f3tesis, que la pensi\u00f3n se reconocer\u00e1 a los \u201cTrabajadores que hayan cumplido 55 a\u00f1os de edad\u2026\u201d, de donde es factible colegir que la intenci\u00f3n de las partes del convenio colectivo fue la de que la edad deb\u00eda cumplirse estando el trabajador vinculado con el municipio y no con posterioridad a su retiro, cuando ciertamente ya no se ostenta esa condici\u00f3n convencional. <\/p>\n
Refuerza lo anterior la circunstancia puesta de manifiesto por el ad quem, en el sentido de que no existe en el r\u00e9gimen convencional vigente disposici\u00f3n alguna que extienda los beneficios extralegales a los extrabajadores del ente territorial demandado, lo cual es un factor que sirve de punto de apoyo a la conclusi\u00f3n del sentenciador. <\/p>\n
De otro lado, consider\u00f3 que el casacionista incumpli\u00f3 \u00abla obligaci\u00f3n de derruir la totalidad de los pilares que soportaron la sentencia atacada\u00bb, en la medida que guard\u00f3 silencio frente a \u00abla imposibilidad de reconocer la pensi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993, porque el municipio de Florencia mantuvo afiliado al demandante a la Caja de Previsi\u00f3n Social Municipal durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Respecto de las Convenciones Colectivas, la Corte Constitucional en sentencias SU-1185 de 2001, SU-241 de 2015, SU113 de 2018, SU-267 de 2019 y SU-445 de 2919, predic\u00f3 que ostentan car\u00e1cter de normas o aut\u00e9nticas fuentes de derecho. De manera que, sus disposiciones deben ser apreciadas por el juez conforme a \u00ablas reglas y principios constitucionales\u00bb, y al evidenciar dos posibles interpretaciones, aqu\u00e9l ha de seguir la que resulte m\u00e1s beneficiosa al trabajador en aplicaci\u00f3n de los \u00abprincipios de favorabilidad y pro operario\u00bb. <\/p>\n
En dichos pronunciamientos la mencionada Corporaci\u00f3n analiz\u00f3 la hermen\u00e9utica que deb\u00eda adoptar el administrador de justicia frente a algunas cl\u00e1usulas convencionales que regulaban los requisitos para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n; prove\u00eddos en relaci\u00f3n con los cuales esta Sala concluy\u00f3, que <\/p>\n
\u00ab(…) 2.- Significa entonces, que la Corte Constitucional frente a estipulaciones de esa naturaleza sent\u00f3 una regla de decisi\u00f3n, seg\u00fan la cual, en el evento en que sobre ellas se susciten m\u00faltiples interpretaciones, debe acogerse la que m\u00e1s beneficie al trabajador; directriz que al \u00abunificar el alcance e interpretar un derecho fundamental\u00bb, \u00abse prefigura como una prescripci\u00f3n que regular\u00e1 los casos an\u00e1logos en el futuro\u00bb (SU068-2018). <\/p>\n
De modo que no queda al arbitrio del juzgador aplicarla o no, sino que es su deber hacerlo cuando resuelva casos que planteen el mismo punto derecho, y en el evento de apartarse de ella tendr\u00e1 que justificar a trav\u00e9s de \u00abargumentaciones expl\u00edcitas y razonadas\u00bb, Ello, a fin de garantizar la \u00abderecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales que supone igualdad en la interpretaci\u00f3n y en la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb (C-836\/2001, C-539\/2011, C-816\/2011, SU-068\/2011, C-461\/2013). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, se ha admitido la tutela por \u00abdesconocimiento del precedente constitucional\u00bb, que \u00abse presenta, por ejemplo, cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o se\u00f1ala la interpretaci\u00f3n de un precepto que m\u00e1s se ajusta a la Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente dicho alcance o apart\u00e1ndose de la interpretaci\u00f3n fijada por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional\u00bb (SU091-2016). (CSJ STC7597-2020) Subraya la Sala. <\/p>\n
Postura jur\u00eddica que esta Colegiatura ha reiterado, recientemente, en sentencias STC343-2021 y STC8656-2020, \u00faltima en la que al referirse a \u00abuna norma convencional de similar talante, esto es, en lo atinente a si para el momento del cumplimiento del requisito de la edad deb\u00eda necesariamente encontrarse vinculado a la entidad pagadora\u00bb, agreg\u00f3 <\/p>\n
Para ahondar en razones para acceder al amparo pretendido, observa la Sala que desde la sentencia de casaci\u00f3n SL-2733-2015, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral unific\u00f3 y ha mantenido invariable desde entonces, el criterio de interpretaci\u00f3n de la tantas veces mencionada cl\u00e1usula convencional, en que el cumplimiento de la edad para el reconocimiento del aludido derecho pensional es un requisito de exigibilidad, m\u00e1s no de causaci\u00f3n (ver entre otras SL-5334-2015; SL15263, SL7246, ST8178 y SL1585 de 2016; SL19440, SL11803 y SL20406 de 2017; SL2469 de 2018) (\u2026). <\/p>\n
3.3.- De lo que se sigue, que en el sub judice la Corporaci\u00f3n censurada resolvi\u00f3 el litigio de manera distinta a la establecida en las referidas sentencias de unificaci\u00f3n, apart\u00e1ndose de la regla de decisi\u00f3n all\u00ed prevista, e inaplicado el \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, pese a que el problema jur\u00eddico o punto de derecho objeto de debate era igual a los solventados por la Corte Constitucional en tales precedentes, a saber, la ex\u00e9gesis de las cl\u00e1usulas convencionales que determinaban los presupuestos de los cuales depend\u00edan los \u00abderechos pensionales\u00bb de los impulsores. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 26 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre Sintramunicipales y el demandado 1993-1995, solo admit\u00eda una interpretaci\u00f3n, conforme a la cual los destinatarios de la \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb eran los \u00abtrabajadores\u00bb que: i) Hayan cumplido 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos y sin consideraci\u00f3n a la edad o, ii) Que hayan llegado a la edad de 55 a\u00f1os y prestado servicios por diez a\u00f1os o m\u00e1s, continuos o discontinuos, es decir, que cumplieran 55 a\u00f1os de edad mientras estuviesen vinculados al ente territorial accionado, y no con posterioridad a su retiro o desvinculaci\u00f3n, pues en ese momento \u00abya no se ostentaban la calidad de trabajador\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, se observa que dicho precepto convencional enuncia literalmente que reconocer\u00e1 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a \u00ablos trabajadores que hayan cumplido veinte (20) a\u00f1os continuos o discontinuos al servicio del municipio de Florencia, sin consideraci\u00f3n a la edad (\u2026); as\u00ed mismo (\u2026) una pensi\u00f3n mensual y vitalicia a los trabajadores que hayan cumplido 55 a\u00f1os de edad y tengan diez (10) o m\u00e1s a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos al servicio del municipio (\u2026)\u00bb (Subraya y resalta la Sala). Sin efectuar distinci\u00f3n entre los que siguen vinculados y los que no. <\/p>\n
Lo que apunta a que la norma convencional admite dos posibles interpretaciones que parecer\u00edan ser razonables, pero que en t\u00e9rminos del art\u00edculo 53 de la C.N. el operador judicial debe optar por la m\u00e1s favorable al trabajador. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se concluye que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al emitir la deposici\u00f3n objetada, debi\u00f3: 1) Dirimir la controversia planteada por Julio Cesar Castro Monje de acuerdo a los par\u00e1metros trazados en las sentencias de unificaci\u00f3n comentadas, por existir identidad con los supuestos analizados en dichos veredictos, a saber, interpretando el texto convencional de cara al \u00abprincipio constitucional de favorabilidad\u00bb, o 2) Dar a conocer las razones por las cuales se apartaba de dichos precedentes, lo que no sucedi\u00f3. <\/p>\n
4.- De otro lado, y en punto a la rogativa enfilada a trasladar copias de esta providencia al Consejo Superior de la Judicatura y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investiguen las conductas de los funcionarios implicados, se advierte que escapa de la \u00f3rbita superlativa, puesto que ata\u00f1e al interesado acudir directamente a esos estamentos para formular las denuncias que estime pertinente, haci\u00e9ndose responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. <\/p>\n
5.- En cuanto a los anhelos del actor tendientes a que se ordene al Tribunal de Florencia que \u00abal emitir sus sentencias, apliquen los m\u00ednimos derechos y garant\u00edas\u00bb, y \u00aben lo sucesivo mantengan actualizados y apliquen los \u00faltimos pronunciamientos de la Jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado en sus decisiones\u00bb, se advierte que no se acceder\u00e1 a las mismas, en virtud a que la tutela es \u00abun mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 6 nov. 1998, Rad. 173563, reiterada en STC415-2021). <\/p>\n
6.- As\u00ed las cosas, y ante el desatino que se divisa, se revocar\u00e1 el prove\u00eddo impugnado para, en su lugar, acceder a la ayuda implorada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia emitida el 12 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, para, en su lugar, CONCEDER el auxilio al debido proceso de Julio Cesar Castro Monje. <\/p>\n
Por lo tanto, se DEJA SIN VALOR el fallo SL4952 de 6 de agosto de 2019 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Julio Cesar Castro Monje contra la emitida el 23 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en el proceso ordinario laboral que le instaur\u00f3 al Municipio de Florencia y, en su lugar, se le ORDENA que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del enteramiento, expida una nueva, teniendo en cuenta los par\u00e1metros aqu\u00ed consagrados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6150-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6150-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00169-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-54389","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54389"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54389\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}