AC2135-2021 (2021-00758-00)<\/p>\n
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AC2135-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-00758-00 <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Gardenia Yolima Sierra Rico, a trav\u00e9s de apoderado, respecto de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n N\u00b0. 003 de Palencia (Espa\u00f1a) el 16 de julio de 2004, que decret\u00f3 el divorcio por mutuo acuerdo entre la solicitante y el se\u00f1or Hilario de la Sierra Guerra. <\/p>\n
I. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las providencias dictadas en un pa\u00eds extranjero, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tienen efectos vinculantes en Colombia siempre y cuando cumplan los requisitos que reclama la legislaci\u00f3n patria en el T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Los numerales 1\u00b0 al 4\u00b0 del art\u00edculo 606 de esa codificaci\u00f3n se\u00f1alan aquellas exigencias que deben ser analizadas ab initio por la Sala, pues el canon 607 ejusdem, al reglamentar el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur de una sentencia o laudo extranjero, sujeta la admisi\u00f3n de la demanda al cumplimiento de tales requerimientos, previniendo que si faltare alguno de ellos, se rechazar\u00e1 de plano la petici\u00f3n. <\/p>\n
Justamente, el numeral 3\u00ba del mencionado art\u00edculo 606 del Estatuto General de Procedimiento, exige que la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende est\u00e9 ejecutoriada, de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, circunstancia que debe ser acreditada por la parte interesada. <\/p>\n
2. Bajo esos lineamientos, en el presente asunto se constata que el fallo se dict\u00f3 en Espa\u00f1a, por tanto y de conformidad con el Convenio 134 del 30 de mayo de 19081 se exige para la homologaci\u00f3n de las decisiones de uno y otro pa\u00eds que \u00ab[\u2026] sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el art\u00edculo 2\u00b0 ib\u00eddem se\u00f1ala que la comprobaci\u00f3n de la firmeza de la determinaci\u00f3n \u00ab(\u2026) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, no resulta id\u00f3neo lo certificado por el Juzgado de Primera Instancia N\u00b0. 003 de Palencia (Espa\u00f1a), sobre \u00abla firmeza\u00bb de la sentencia2 que se pretende homologar. <\/p>\n
Ello es as\u00ed por cuanto la autoridad que debe legitimar la constancia de ejecutoria es el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, actualmente la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, documento que no se evidencia al interior del material probatorio allegado. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho en casos similares3 que <\/p>\n
Se rechaza\u2026la anterior solicitud de exequ\u00e1tur respecto de la providencia del 4 de marzo de 2010, del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Torremolinos, Espa\u00f1a, mediante el cual decret\u00f3 el divorcio por mutuo acuerdo del matrimonio\u2026, por las siguientes razones: No aparece prueba de la ejecutoria de dicho pronunciamiento de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, que solo se acredita con el documento a que refiere el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 7\u00aa de 1908, mediante la cual se aprob\u00f3 el Convenio suscrito entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a el 30 de mayo de 1908, es decir, con el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos legalizada por el correspondiente Ministerio de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste, a su vez por el agente diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de legalizaci\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
3. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho <\/p>\n
II. RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur a que se alude en la parte inicial de esta providencia, por los basamentos expuestos. <\/p>\n
SEGUNDO. Reconocer personer\u00eda al abogado Joaqu\u00edn Pablo Garc\u00eda Quijano, portador de la T.P. 277.792 del C. S. de la J., como apoderado judicial de la parte accionante, en los t\u00e9rminos y para los fines del poder allegado. <\/p>\n
TERCERO. Por Secretar\u00eda, previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvase la demanda y sus anexos, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Tratado bilateral Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, entre el reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
2 Folio 7 de los anexos de la demanda. <\/p>\n
3 CSJ, AC3779 de 14 junio de 2017. \u2013 CSJ, AC1899 de 15 de mayo de 2018. \u2013 CSJ, AC1286 de 9 de abril de 2019. \u2013 CSJ AC5145 de 3 de diciembre de 2019. <\/p>\n
4 CSJ, AC 2940 de 16 de mayo de 2016. <\/p>\n
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