AC2196-2021 (2015-00535-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC2196-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-017-2015-00535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que Arturo Obreg\u00f3n Perilla present\u00f3 para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso que instaur\u00f3 contra Grupo de Bullet S.A.S. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El actor solicit\u00f3 declarar la existencia del contrato de promesa \u00abde cesi\u00f3n de derechos emanado de t\u00edtulo minero en tr\u00e1mite de perfeccionamiento\u00bb, celebrado con el Grupo Bullet S.A.S., y su otros\u00ed aclaratorio; as\u00ed como que la convocada incumpli\u00f3 las obligaciones contenidas en ese convenio referidas al pago de c\u00e1nones dentro de los t\u00e9rminos establecidos por la autoridad minera y acreditar la solvencia econ\u00f3mica de las veintis\u00e9is \u00e1reas objeto del acuerdo. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 condenar a la demandada a pagarle el valor del contrato correspondiente a USD 2\u2019600.000 (descontando los abonos efectuados por $246\u2019588.022) y la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. En marzo de 2009, el demandante y Marco An\u00edbal Guio D\u00edaz, radicaron 29 propuestas de contrato de concesi\u00f3n minera ante el Instituto Colombiano de Minas y Energ\u00eda, pero para que las licencias respectivas les fueran otorgadas deb\u00edan cumplir los requisitos de capacidad econ\u00f3mica y t\u00e9cnica exigidos en la Ley 1382 de 2010. <\/p>\n
2. En virtud de lo anterior, a fin de atender tales presupuestos, suscribieron con la sociedad Grupo de Bullet S.A.S, un contrato de promesa \u00abde cesi\u00f3n de derechos emanados de t\u00edtulo minero en tr\u00e1mite de perfeccionamiento\u00bb, respecto de 26 propuestas, por las cuales \u00e9sta \u00faltima pagar\u00eda una suma de USD 100.000 por cada una. <\/p>\n
3. Convenio en el que la persona jur\u00eddica se comprometi\u00f3 principalmente a: (i) efectuar los pagos exigidos en el procedimiento de legalizaci\u00f3n de todas las \u00e1reas pretendidas, incluyendo la cancelaci\u00f3n de los c\u00e1nones superficiarios, en la oportunidad requerida por la autoridad encargada; y (ii) acreditar la solvencia econ\u00f3mica y financiera, necesaria para la adjudicaci\u00f3n de \u00e1reas. <\/p>\n
4. Sin embargo, la demandada no cumpli\u00f3 tales prestaciones, pues no cancel\u00f3 los costos de veinticinco ofertas, como tampoco acredit\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica dentro de los t\u00e9rminos y condiciones requeridas por la autoridad minera, pues s\u00f3lo present\u00f3 una disponibilidad de $1.200\u2019000.000 como patrimonio l\u00edquido (que cubr\u00eda apenas cuatro de ellas) y pag\u00f3 \u00fanicamente el canon de una de las proposiciones (KCD-16091), a la que luego le retir\u00f3 el aval, pese a tener concepto favorable. <\/p>\n
5. Faltas contractuales que conllevaron a que las \u00e1reas incluidas en el contrato fueran rechazadas por la entidad p\u00fablica, la cual concedi\u00f3 otras concesiones bajo las mismas condiciones, a pesar de que los interesados cancelaron los c\u00e1nones fuera del t\u00e9rmino. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
<\/p>\n
1. La demanda fue admitida por el Juzgado Treinta y Seis de Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en auto de 12 de septiembre de 2013. [Folio 254, c. 1] <\/p>\n
2. Notificada personalmente la pasiva manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a las pretensiones del escrito introductor, con soporte en las excepciones de m\u00e9rito denominadas: \u00abnulidad absoluta\u00bb, \u00abno exigibilidad de las obligaciones que se imputan como incumplidas por la parte demandada\u00bb, \u00abinexistencia de la causa para pedir\u00bb, \u00abcumplimiento de la ley o un deber legal\u00bb \u00abfalta de cumplimiento de la condici\u00f3n\u00bb, \u00abausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb. <\/p>\n
3. En sentencia de 26 de julio de 2018, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn1, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, con sustento en que el contrato estaba atado a una condici\u00f3n fallida, pues el plazo legal para pagar el canon superficiario de \u00e1rea (art. 16, Ley 1382 de 2010) ya estaba vencido para cuando la pasiva adquiri\u00f3 tal obligaci\u00f3n, por ende, era imposible de cumplir (art. 1537 del C\u00f3digo Civil). [Folios 8 a 15, c. 3] <\/p>\n
4. Mediante fallo de 19 de julio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 sobre la apelaci\u00f3n interpuesta y confirm\u00f3 lo resuelto por el a-quo, pero lo adicion\u00f3 para disponer sobre las \u00abrestituciones mutuas\u00bb. [Folios 437 a 444, c.1 y Folios 12 a 25, c. 3] <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
En primer lugar, el ad-quem estableci\u00f3 que el contrato de promesa de cesi\u00f3n de derechos emanados de t\u00edtulo minero era v\u00e1lido, pues no estaba viciado de nulidad absoluta como argumentaba la pasiva, sino que apenas se encontraba sometido a una condici\u00f3n suspensiva, esto es, a la expedici\u00f3n de un acto administrativo incierto y futuro por medio del cual se adjudicar\u00edan las concesiones mineras. <\/p>\n
Estipulaci\u00f3n, que expuso, hab\u00eda resultado fallida, ante la imposibilidad hipot\u00e9tica de pagarse el canon superficiario de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Ley 1382 de 2010 (requisito indispensable para la eventual concesi\u00f3n por parte del Estado), pues el convenio se suscribi\u00f3 cuando ya hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino establecido en tal norma (octubre de 2010). <\/p>\n
Situaci\u00f3n que no variaba, como lo se\u00f1al\u00f3 el demandante, por la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-366 de 11 de mayo de 2011, toda vez que, para cuando se firm\u00f3 la promesa (29 de octubre de 2010), el canon normativo estaba vigente y los efectos de inconstitucionalidad de este se difirieron por la citada Corporaci\u00f3n por dos a\u00f1os m\u00e1s, es decir, su vigor se extendi\u00f3 hasta el 11 de mayo de 2013. <\/p>\n
Por consiguiente, se deb\u00edan ratificar los argumentos en torno a que la obligaci\u00f3n condicional suspensiva era fallida por la imposibilidad de cumplirla y confirmar la determinaci\u00f3n del a-quo; sin embargo, tal decisi\u00f3n deb\u00eda adicionarse para ordenar las restituciones mutuas a las que hab\u00eda lugar. <\/p>\n
En ese sentido explic\u00f3, que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia2, como la \u00abcondici\u00f3n fallida, en este caso suspensiva, produce efectos retroactivos, entendi\u00e9ndose como si el contrato no hubiese existido\u00bb, era necesario realizar \u00ablas restituciones mutuas de las prestaciones que se hubieren ejecutado\u00bb, las cuales conforme a lo reconocido por el demandante y lo solicitado por la pasiva, se limitaban a la restituci\u00f3n a favor del demandado de los valores cancelados por cuenta del contrato, esto es, el pago del canon superficiario de la propuesta KCD-16091 por $35\u2019652.385 y la suma entregada directamente al actor de $30\u2019000.000, importes que deb\u00edan ser actualizados. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3, que debido a lo expuesto era innecesario desarrollar los otros reparos del apelante, referidos al desconocimiento del art\u00edculo 1620 del C\u00f3digo Civil y a la acreditaci\u00f3n del incumplimiento con la confesi\u00f3n ficta de la demandada, toda vez que eran intrascendentes, pues \u00abel fenecimiento del tiempo para el pago del canon superficiario hab\u00eda acontecido cuando se firm\u00f3 la promesa de negocio; lo que implic\u00f3 que la Agencia Nacional de Miner\u00eda, siendo consecuente con la normativa vigente, rechazara las propuestas de contrato de concesi\u00f3n, al no acreditarse el pago\u00bb, es decir, desde que se inici\u00f3 el convenio ya no exist\u00eda la posibilidad de realizarse la adjudicaci\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n y por ello, la condici\u00f3n suspensiva acordada en el negocio objeto del proceso era fallida. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre tres cargos. Los dos primeros por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial (num. 1\u00ba y 2\u00ba, art. 336 del C. G. del P.); y el tercero, por la existencia de vicios de nulidad en el juicio en el que se emiti\u00f3 el fallo (num. 5\u00ba, \u00eddem). El censor los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con base en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 a la sentencia del Tribunal de violar indirectamente los art\u00edculos 1530, 1531, 1532, 1536, 1537, 1546 y 1602 del C\u00f3digo Civil, por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb o \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb, como consecuencia de \u00abmanifiestos y trascedentes\u00bb errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de los elementos probatorios. <\/p>\n
En soporte de su censura el recurrente argument\u00f3 que el ad-quema dio por demostrado, sin estarlo, \u00abque despu\u00e9s del 9 de mayo de 2010 era imposible pagar el canon superficiario de las licencias mineras\u00bb; por el contrario, no tuvo \u00abpor probado, est\u00e1ndolo\u00bb, que INGEOMINAS, para la fecha de la suscripci\u00f3n del contrato, autorizaba el pago del canon superficiario por fuera del plazo establecido en la Ley 1382 de 2010. En consecuencia, no dio por acreditado que la sociedad demandada pudo pagar el costo de la solicitud KCD-16091 fuera del referido lapso legal y que el demandante le notific\u00f3 \u00aben m\u00faltiples ocasiones que la autoridad minera estaba autorizando el pago del canon superficiario por fuera de los t\u00e9rminos establecidos\u00bb, pero \u00e9sta se neg\u00f3 a hacerlo y le \u00abretir\u00f3 el aval financiero de algunas licencias mineras, impidiendo su concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Yerros en los que se incurri\u00f3 al dejar de apreciar el pago realizado por la demandada respecto de la solicitud KCD-16091 y la confesi\u00f3n ficta de \u00e9sta sobre los hechos 12, 15, 17 y 20 de la demanda, en donde se refieren los eventos antes se\u00f1alados, declarada por el juzgado de primera instancia en auto de 22 de marzo de 2017, omisi\u00f3n que llev\u00f3 al juzgador a concluir, sin mayor sustentaci\u00f3n probatoria, que la condici\u00f3n suspensiva contenida en el convenio era \u00abfallida por imposible\u00bb, cuando las pruebas obrantes en el expediente demostraban una realidad sustancialmente diferente. <\/p>\n
En efecto, indic\u00f3 que, con el \u00faltimo medio de convicci\u00f3n citado, se logr\u00f3 probar que la obligaci\u00f3n de pagar los costos de los tr\u00e1mites mineros no se encontraba sometida a una fecha perentoria a cuyo vencimiento se archivaran ineludiblemente las propuestas, \u00abcomo equivocadamente lo expuso el tribunal\u00bb, pues la autoridad minera exped\u00eda concesiones aun cuando las cancelaciones fueran extempor\u00e1neas, por consiguiente, no importaba si el contrato fue suscrito cuando ya hab\u00eda vencido el plazo para ello. <\/p>\n
De igual forma se\u00f1al\u00f3 que, se demostr\u00f3 que la pasiva desembols\u00f3 v\u00e1lidamente la referida carga respecto del tr\u00e1mite KCD-16091, acredit\u00e1ndose la no existencia de un l\u00edmite para su realizaci\u00f3n; incluso para el a\u00f1o 2012, casi dos a\u00f1os despu\u00e9s de expirado el lapso legal, \u00abla autoridad minera segu\u00eda aceptando los pagos de los tr\u00e1mites en curso\u00bb, informaci\u00f3n notificada a la accionada, quien no quiso dar cumplimiento a sus obligaciones. <\/p>\n
As\u00ed que el Tribunal, al incurrir en la desatenci\u00f3n se\u00f1alada, viol\u00f3 indirectamente las normas acusadas (arts. 1530, 1531, 1532, 1536 y 1537 del C.C.), pues no pod\u00eda dar por fallida la condici\u00f3n suspensiva del contrato \u00abpor imposible\u00bb, a sabiendas \u00abque se hab\u00eda probado v\u00e1lidamente que la obligaci\u00f3n de pagar dicho canon pod\u00eda cumplirse en fechas posteriores a las establecidas en la Ley y que ello simplemente no aconteci\u00f3 por el querer del demandado\u00bb. <\/p>\n
En otras palabras, concluy\u00f3 que, si bien el contrato estaba sometido \u00aba una condici\u00f3n suspensiva, esta no era de imposible cumplimiento ni fallida\u00bb, como lo entendi\u00f3 el juzgador, ya que seg\u00fan daban cuenta los medios de convicci\u00f3n aludidos, la misma \u00abpudo ser acatada por el demandado, que arbitrariamente, se separ\u00f3 de sus obligaciones\u00bb; por ende, es clara, la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1546 y 1602, los cuales daban lugar a declarar la responsabilidad de la convocada. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Por la senda directa, se censur\u00f3 a la sentencia de haber infringido \u201cel art\u00edculo 1544\u201d del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n al \u00abhaberse excedido el tribunal en las restituciones mutuas\u00bb. <\/p>\n
Para su demostraci\u00f3n sostuvo que el ad-quem, al ordenar las referidas devoluciones, no hizo \u00abalusi\u00f3n a ninguna norma o precepto jur\u00eddico\u00bb, vagamente se\u00f1al\u00f3 que era \u00abprocedente a la luz de la doctrina y jurisprudencia\u00bb, y bajo esas consideraciones \u00abconden\u00f3 al demandante a reintegrar al demandado la suma de treinta millones de pesos entregados en el a\u00f1o 2011 a Arturo Obreg\u00f3n Perilla y la suma de $35.652.385 que el demandado hab\u00eda pagado a INGEOMINAS por el pago del canon superficiario de la propuesta KCD-16091\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que trasgredi\u00f3 la norma jur\u00eddica se\u00f1alada, pues impuso al convocante la obligaci\u00f3n de reintegrar un dinero que nunca recibi\u00f3, pagado a \u00f3rdenes del Instituto Colombiano de Minas y Energ\u00eda, un tercero no vinculado al proceso. Por consiguiente, \u00abno dej\u00f3 a las partes en el mismo estado en el que se encontraban\u00bb, como lo exige el citado precepto; por el contrario, agrav\u00f3 la situaci\u00f3n del actor, quien al final de cuentas vio empeoradas sus circunstancias. <\/p>\n
En esa v\u00eda, explic\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 1544 del C\u00f3digo Civil lleva consigo el principio general de que la resoluci\u00f3n del contrato- por cualquier causa- apareja el regreso de las partes al estado en que se encontraban antes de la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, imponiendo la restituci\u00f3n material y jur\u00eddica de todo lo que hubieren dado o entregado en virtud del convenio finalizado\u00bb, lo que tambi\u00e9n es aplicable cuando la condici\u00f3n suspensiva es fallida, \u00abpor lo que no se puede restituir m\u00e1s de lo recibido ya que ello dejar\u00eda a las partes en un estado inferior al que ten\u00edan al momento de contratar\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el caso la mencionada norma no fue aplicada, pues se dispuso que el demandante devolviera una suma pagada a una entidad p\u00fablica, es decir, un valor que nunca entr\u00f3 a su patrimonio y el cual no estar\u00eda en capacidad jur\u00eddica de reintegrar, pues no recibi\u00f3 ning\u00fan provecho por tal pago, de ah\u00ed que, al verse obligado a cancelarlo, \u00abno se le deja en la misma situaci\u00f3n en la que se encontraba al momento de la celebraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
En desarrollo de su ataque, asever\u00f3 que de acuerdo al art\u00edculo 107 del estatuto procesal, la ausencia de los magistrados en la citada diligencia genera la nulidad \u00abde la respectiva actuaci\u00f3n\u00bb y aunque se permite realizarla con la presencia de la mayor\u00eda, cuando la falta obedece \u00aba un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito\u00bb, debe dejarse en el acta la \u00abexpresa constancia del hecho constitutivo de aquel\u00bb, exigencia no cumplida de manera rigurosa en el caso, porque el togado que no compareci\u00f3 a la audiencia de alegatos y fallo \u00abno justific\u00f3 en debida forma su inasistencia\u00bb, pues si bien el ponente asegur\u00f3 que \u00e9ste present\u00f3 la respectiva excusa, tal hecho no se comprob\u00f3 en el expediente, como tampoco se indic\u00f3 \u00aba los apoderados en ese momento cu\u00e1l era la causal especifica de ausencia que se alegaba ni si esta era constitutiva de fuerza mayor\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, pese a que conforme lo establece el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996, el funcionario estaba en la obligaci\u00f3n \u00abde comprobar en debida forma los motivos que dieron lugar a su ausencia en los alegatos y al proferir el fallo, acreditando que efectivamente estaba enfermo, incapacitado o en una situaci\u00f3n que impusiera su separaci\u00f3n del cargo\u00bb, en especial, cuando es claro que su omisi\u00f3n solo pod\u00eda tener lugar en caso de fuerza mayor o caso fortuito, y la simple expresi\u00f3n de que \u00abpresent\u00f3 justificaci\u00f3n para ausentarse\u00bb no cumpl\u00eda con la carga demostrativa de tales circunstancias. <\/p>\n
En esas condiciones, el Tribunal incurri\u00f3 en la causal de \u201cnulidad de pleno derecho\u201d prevista en el art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso, por indebida integraci\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n, la cual es insaneable, circunstancia que, adem\u00e1s, constituye una clara \u00abv\u00eda de hecho por defecto funcional, que vulnera gravemente el derecho fundamental al debido proceso\u00bb, e impone que se case la sentencia en la forma ordenada por el inciso final del art\u00edculo 336 del mismo estatuto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en AC703-2020, 2 mar., rad. 2015-00192-01). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte de manera reiterativa ha dicho que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Los primeros aluden a la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb3 (indirecta), mientras que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
2.1. Cuando la acusaci\u00f3n se dirija por la v\u00eda directa o indirecta, el censor deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, para lo cual ser\u00e1 suficiente denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base substancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido, sin que sea imprescindible integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
Es necesario recalcar, con relaci\u00f3n a lo primero, que a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n de \u00e9sta, no puede el reclamante sustraerse de especificar aquellos con esa calidad; siendo tales, los que \u00ab(…) contienen una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254)\u00bb (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct., rad. 2013-00168-01). <\/p>\n
En cuanto a lo segundo, la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991, la cual elimin\u00f3 aquel formalismo, no conlleva a tener por satisfecho el requisito con la enunciaci\u00f3n indiscriminada de c\u00e1nones sustanciales, sino que se debe mencionar, por lo menos, uno de esa clase que haya sido o debido ser cardinal en la decisi\u00f3n. En otras palabras, \u00ab(..) no basta con invocar gen\u00e9ricamente las normas \u00absustanciales\u00bb que, a juicio del casacionista, habr\u00eda quebrantado el fallador de segundo grado, sino que debe demostrarse que dichas pautas eran (o deb\u00edan ser) las llamadas a disciplinar el conflicto, conforme lo se\u00f1ala expresamente el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso; ello sin perder de vista la necesidad de explicar de qu\u00e9 manera se materializ\u00f3 la transgresi\u00f3n de esos preceptos y la relevancia que esa \u00abviolaci\u00f3n\u00bb tuvo en lo resolutivo de la sentencia de segunda instancia. (CSJ AC2531-2020, 5 oct., rad. 2016-2008-00578-01). <\/p>\n
Postura que se justifica porque la Corte no puede completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas o estableciendo el alcance de la cr\u00edtica, pues su funci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento hecho por censor, por lo que es \u00e9ste quien debe confrontar las denunciadas con la decisi\u00f3n impugnada, para establecer si se dio o no la inobservancia aducida. <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador radique la violaci\u00f3n generadora de su inconformidad no puede ser arbitraria, ni caprichosa, en tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386-2019 de 20 de jun. de 2019, rad. 2015-00692-01). <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose de la causal segunda de casaci\u00f3n, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de los mandatos sustanciales, se le impone al acusador la carga de manifestar la manera como el enjuiciador las transgredi\u00f3. <\/p>\n
Por consiguiente, el censor deber\u00e1 discutir los razonamientos basilares y los instrumentos sobre los cuales ciment\u00f3 el fallador su decisi\u00f3n, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los yerros y la forma como \u00e9stos llevaron a la desatenci\u00f3n de los preceptos sustanciales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales probanzas y las conclusiones del juzgador, am\u00e9n \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01\u00bb (subrayado fuera del texto) (CSJ SC19052019, 4 jun., rad. 2011-00271-01; reiterado en CSJ SC003-2021, 18 ene., rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
2.3. Respecto del motivo de casaci\u00f3n contemplado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, atinente a \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb esta Sala ha sostenido, haciendo referencia a la causal de contenido similar del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que las condiciones requeridas para invocarse con \u00e9xito son las siguientes: <\/p>\n
\u00ab(…) a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul., rad. 2008-00037-01) <\/p>\n
De igual modo se ha precisado: <\/p>\n
[M]iradas m\u00e1s como f\u00f3rmula de reparaci\u00f3n que como sanci\u00f3n y atendido su car\u00e1cter fundamentalmente preventivo, las nulidades obedecen a unos ciertos y determinados principios que las justifican y sustentan; h\u00e1blese as\u00ed de los postulados de especificidad, convalidaci\u00f3n y protecci\u00f3n, el \u00faltimo de los cuales, en cuanto es el que viene al caso, ha sido consagrado con el fin de resguardar a la parte cuyo derecho fue cercenado por causa de la irregularidad. (CSJ AC2537 <\/p>\n
2017\uff0c25 abr\uff0e2017\uff0crad. 2011 <\/p>\n
00518-01; reiterado en CSJ SC2758-2020, 16 jul. rad. 1999-00227-01). <\/p>\n
3. En este evento, ninguno de los cargos formulados en la demanda de casaci\u00f3n satisface los requisitos legales que establece el legislador y por ello, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. En el primer cargo, aunque el impugnante denunci\u00f3 el quebranto indirecto de las normas sustanciales que consider\u00f3 err\u00f3neamente interpretadas en su mayor\u00eda, e indebidamente aplicados los preceptos 1545 y 1602 de la codificaci\u00f3n civil, no demostr\u00f3 la manera en la que se produjo la alegada vulneraci\u00f3n, pues ni siquiera expuso el contenido de las citadas disposiciones; adem\u00e1s, parti\u00f3 de supuestos equivocados para cuestionar la postura del Tribunal, sin censurar los fundamentos basilares de esta. <\/p>\n
En ese sentido, el memorialista adujo que con la confesi\u00f3n ficta y el pago posterior realizado por la demandada respecto de una de las propuestas, se demostraba que la obligaci\u00f3n de pagar los costos de los tr\u00e1mites mineros no estaba sometida a una fecha perentoria a cuyo vencimiento se archivar\u00edan ineludiblemente aquellas, \u00abcomo equivocadamente lo expuso el tribunal\u00bb, pues la autoridad minera exped\u00eda concesiones aun si las cancelaciones eran extempor\u00e1neas; por consiguiente, si bien el contrato estaba sometido \u00aba una condici\u00f3n suspensiva, esta no era de imposible cumplimiento ni fallida\u00bb y la misma \u00abpudo ser acatada por el demandado, que arbitrariamente, se separ\u00f3 de sus obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Argumentaci\u00f3n que se aleja ostensiblemente de la realidad de la sentencia objeto de censura, pues, como qued\u00f3 se\u00f1alado antes, la declaraci\u00f3n de fallida que recay\u00f3 sobre la condici\u00f3n suspensiva, obedeci\u00f3 a que la autoridad minera rechaz\u00f3 las propuestas objeto del contrato al no pagarse los c\u00e1nones superficiarios dentro del t\u00e9rmino establecido en la Ley 1382 de 2010 (29 de mayo de 2010), raz\u00f3n por la cual el ad quem ni siquiera se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de si era posible o no la cancelaci\u00f3n posterior, como tampoco de si la misma hubiese tenido otro resultado frente al otorgamiento de las concesiones, de cara al caudal probatorio conforme lo propone el convocante. <\/p>\n
En ese orden, es cierto que el Tribunal no auscult\u00f3 los medios de prueba referidos tangencialmente por el casacionista en su demanda, pero tambi\u00e9n lo es que no ten\u00eda por qu\u00e9 hacerlo, una vez establecido que la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos mineros fue rechazada por INGEOMINAS al no cancelarse los emolumentos dentro del plazo legal antes referido. Circunstancia, que incluso puso de presente al resolver la apelaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abVerificado que la obligaci\u00f3n condicional suspensiva de la cesi\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n minera, se torn\u00f3 en fallida por la imposibilidad de ser cumplida; se torna innecesario ingresar en el desarrollo de los otros problemas jur\u00eddicos, para examinar si (\u2026) a trav\u00e9s de la confesi\u00f3n ficta, se demostr\u00f3 el incumplimiento de la demandada en el pago del canon superficiario y en la acreditaci\u00f3n de la solvencia econ\u00f3mica; porque el fenecimiento del tiempo para el pago del canon superficiario hab\u00eda acontecido cuando se firm\u00f3 la promesa de negocio; lo que implic\u00f3 que la Agencia Nacional de Miner\u00eda, siendo consecuente con la normativa vigente, rechazara las propuestas de contrato de concesi\u00f3n, al no acreditarse el pago\u00bb [Folio 24, c. 3]. <\/p>\n
Deviene de lo dicho que la inconforme no satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para demostrar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n del recurrente no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar la causal de casaci\u00f3n ac\u00e1 presentada; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El segundo cargo no corre mejor suerte, porque cuestionada la forma en que el sentenciador orden\u00f3 realizar las restituciones mutuas, el casacionista se olvid\u00f3 de citar la norma sustancial aplicable a este punto de la controversia. <\/p>\n
En efecto, fundament\u00f3 la cr\u00edtica en la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1544 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, porque el Tribunal en lugar de retornar a los contratantes al estado anterior a la celebraci\u00f3n del convenio como lo impone la disposici\u00f3n invocada, conden\u00f3 al demandante a reintegrar una suma de dinero que nunca ingres\u00f3 a su patrimonio, por cuanto fue pagado por el demandado al Instituto Colombiano de Minas y Energ\u00eda. <\/p>\n
No obstante, tal como lo indic\u00f3 el censor, el aludido precepto disciplina lo relativo al cumplimiento de la condici\u00f3n resolutoria en los contratos, y no s\u00f3lo no es extensiva a la condici\u00f3n suspensiva que se declar\u00f3 fallida en este asunto, sino que el legislador previ\u00f3 para esta \u00faltima una regla especial que define lo que debe hacerse cuando en ejecuci\u00f3n del convenio se entregan dineros antes de verificarse la condici\u00f3n suspensiva. <\/p>\n
En ese orden, en cambio de se\u00f1alar una previsi\u00f3n legal completamente impertinente frente al tema debatido, debi\u00f3 invocar el canon 1542, conforme al cual \u201c{t}todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condici\u00f3n suspensiva, podr\u00e1 repetirse mientras no se hubiere cumplido\u201d, pues como se indic\u00f3 al inicio, al recurrente no le es suficiente aducir como fundamento de la censura, normas que califiquen como sustanciales, sino que, adem\u00e1s, es requerida su relaci\u00f3n de conexidad con el litigio, esto es, citar aquellas que est\u00e1n llamadas a regular la problem\u00e1tica espec\u00edfica planteada, bien porque fueron aplicadas indebidamente, se les dio una inteligencia desacertada de acuerdo con su genuino alcance, o no las tuvo en cuenta el juzgador. <\/p>\n
3.2. En la tercera censura, el recurrente acus\u00f3 a la sentencia de haber sido proferida en un proceso viciado de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso, ante la no asistencia de todos los magistrados a la audiencia de alegatos y fallo; pero examinados los supuestos f\u00e1cticos en los que sustent\u00f3 la acusaci\u00f3n, se advierte que no se adec\u00faan a la causal alegada. <\/p>\n
En efecto, el citado precepto indica que: <\/p>\n
Toda audiencia ser\u00e1 presidida por el juez y, en su caso, por los magistrados que conozcan del proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, la audiencia podr\u00e1 llevarse a cabo con la presencia de la mayor\u00eda de los magistrados que integran la Sala, cuando la ausencia obedezca a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. En el acta se dejar\u00e1 expresa constancia del hecho constitutivo de aquel. <\/p>\n
Es decir, el legislador estableci\u00f3 como motivo de nulidad la ausencia de los magistrados en la respectiva audiencia (forma plural); pero es evidente, que cuando media una causa justificada de inasistencia de uno de los togados (singular), no hay lugar a la invalidez de la actuaci\u00f3n, sino que debe llevarse a cabo por la mayor\u00eda, dejando registro en el acta de tal circunstancia. <\/p>\n
Sin embargo, la exposici\u00f3n del recurrente no se dirigi\u00f3 a revelar tales anomal\u00edas, sino a se\u00f1alar que no se prob\u00f3 debidamente la justificaci\u00f3n de uno de los magistrados para no acudir a la audiencia de alegaciones y sentencia, pues en su criterio, no quedaron demostradas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que le impidieron asistir, y tampoco se inform\u00f3 a los abogados el real motivo que imposibilit\u00f3 al funcionario judicial para estar presente. <\/p>\n
Hechos que no se enmarcan en la hip\u00f3tesis que hace procedente la nulidad especial; por el contrario, refieren a una falta demostraci\u00f3n de la causa por la cual se ausent\u00f3 uno de los falladores, escenario completamente ajeno a la irregularidad procesal sancionada en dicha norma, en tanto que, no se discute la presencia de la mayor\u00eda de los jueces colegiados o la falta de registro de la incomparecencia justificada de uno de ellos. <\/p>\n
En ese orden, lo expuesto no resulta suficiente para tener por cumplido el requisito de especificidad, pues para ello es necesario que los hechos fundamento del alegado vicio procesal correspondan con el supuesto descrito en la norma, sin que sea admisible invocar situaciones diferentes a las establecidas en la ley. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, se impone reparar en que el art\u00edculo 107 del estatuto adjetivo debe interpretarse de manera arm\u00f3nica con la regla 54 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, relativa al quorum deliberatorio y decisorio en las corporaciones judiciales y sus salas o secciones, de modo que la audiencia podr\u00e1 llevarse a cabo con la mayor\u00eda de integrantes de la Sala de decisi\u00f3n y no por todos, aun si la ausencia de alguno de ellos no obedece a \u201cun hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, porque la indicada norma excusa la obligaci\u00f3n de los magistrados de participar en la deliberaci\u00f3n de los asuntos que les corresponde fallar, cuando \u201cmedie causa legal de impedimento aceptada por la Corporaci\u00f3n, enfermedad o calamidad dom\u00e9stica debidamente comprobadas, u otra raz\u00f3n legal que imponga separaci\u00f3n temporal del cargo\u201d (se subraya). <\/p>\n
El \u00faltimo apartado del precepto hace referencia a las situaciones administrativas contempladas en el numeral 2\u00ba del canon 135 de la ley en cita, esto es, la de encontrarse los servidores judiciales separados temporalmente del ejercicio de sus funciones, lo que ocurre cuando se encuentran en: i) \u201clicencia remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad\u201d4, ii) licencias \u201cno remuneradas\u201d, iii) \u201cen uso de permiso\u201d, iv) \u201cen vacaciones\u201d, v) \u201csuspendidos por medida penal o disciplinaria\u201d o, vi) \u201cprestando servicio militar\u201d. <\/p>\n
Las circunstancias que preceden no son, de ning\u00fan modo, equiparables a las incluidas en el art\u00edculo 107 procedimental, como quiera que corresponden a los escenarios en que el servidor judicial se puede encontrar, en momentos determinados a lo largo de su vinculaci\u00f3n, frente a la funci\u00f3n p\u00fablica encomendada y a su relaci\u00f3n legal y reglamentaria con el Estado. <\/p>\n
Entre sus caracter\u00edsticas se encuentran las de hallarse definidos en la Ley 270 de 1996, obedecer a causales legalmente establecidas y, en la mayor\u00eda de los casos, requerir un pronunciamiento previo o posterior al hecho que los origina a fin de generar los efectos propios de cada evento, de all\u00ed su discrepancia con los fen\u00f3menos de \u201ccaso fortuito\u201d y \u201cfuerza mayor\u201d previstos en el canon 107 del ordenamiento procesal, en los cuales la inmediatez que los identifica trunca la expedici\u00f3n de un acto de esa naturaleza, reemplazado por la expresa constancia de su ocurrencia, manifestaci\u00f3n que, en el caso de las situaciones de separaci\u00f3n temporal del cargo, resulta innecesaria en virtud de su reconocimiento mediante decisi\u00f3n administrativa. <\/p>\n
A\u00fan si, en gracia de discusi\u00f3n, se aceptara que lo alegado estructura la falencia puesta de presente, la misma se encuentra saneada de acuerdo con lo establecido en la ley adjetiva civil (num. 1\u00ba, art. 136 del CGP), toda vez que la interesada en su declaratoria, luego de tener conocimiento de las vicisitudes ahora expuestas, actu\u00f3 en el proceso sin proponerla. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la parte demandante tan pronto conoci\u00f3 del auto en donde se puso de presente la ausencia de uno de los magistrados, su justificaci\u00f3n y la continuaci\u00f3n de la audiencia por existir mayor\u00eda deliberatoria y decisoria, no adujo el aparente vicio que ahora alega. Por el contrario, luego de dicho momento present\u00f3 la sustentaci\u00f3n de su recurso y actu\u00f3 en toda la diligencia sin reparar en la presunta falencia, circunstancia que le impide aducirlo en este momento a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues de acuerdo con el quinto motivo previsto en art\u00edculo 336 ejusdem, su viabilidad depende, se reitera, de que la irregularidad no hubiese sido saneada. <\/p>\n
En ese orden, ante la falta de requisitos formales, esta censura tambi\u00e9n no ser\u00e1 admitida. <\/p>\n
5. En suma, por las razones consignadas se inadmitir\u00e1 el libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002\u0002 Autoridad a la que fueron reasignadas las diligencias por disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de un programa de descongesti\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC, 28 Jun. 1993, Exp. 3680. <\/p>\n
3\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4\u0002 Se incluye tambi\u00e9n en esta modalidad la licencia por luto consagrada en la Ley 1635 de 2013. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2196-2021 (2015-00535-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC2196-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-017-2015-00535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54430","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54430"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54430\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}