AC2211-2021 (2021-01555-00)<\/p>\n
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AC2211-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01555-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn y Treinta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, para conocer de la demanda verbal de responsabilidad civil promovida por Arnober Fl\u00f3rez \u00c1lvarez contra Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor, en condici\u00f3n de cesionario de las v\u00edctimas beneficiarias, pidi\u00f3 se declare a la convocada responsable del pago del 100% de la p\u00f3liza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr\u00e1nsito \u00abSOAT\u00bb n.\u00ba 13876900000820 por indemnizaci\u00f3n de muerte y gastos funerarios de Luis Alfonso Taborda Vides, con ocasi\u00f3n de su fallecimiento a causa de un accidente de tr\u00e1nsito. <\/p>\n
2. El despacho judicial de esa ciudad la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que la convocada tiene domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, tal como se evidencia del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, y en tal localidad fueron originadas las dos respuestas de la demandada a la reclamaci\u00f3n del promotor, por lo cual no puede afirmarse que el asunto est\u00e9 vinculado a la sucursal en Medell\u00edn que posibilite la aplicaci\u00f3n del apartado final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por ende, corresponde a su hom\u00f3logo de la capital de la Rep\u00fablica el conocimiento del asunto. <\/p>\n
3. El estrado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento, habida cuenta que el apartado final del numeral 5\u00ba del precepto 28 del C.G.P. establece que \u00abcuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb, por lo cual el demandante puede elegir en donde radicar la competencia, si en el domicilio principal o en la sucursal o agencia de la persona jur\u00eddica convocada, y en el sub lite escogi\u00f3 \u00e9sta opci\u00f3n; adem\u00e1s en el \u00abSOAT\u00bb adquirido por la titular del rodante con placas n.\u00ba SSD 24D se evidencia que fue expedido en la sucursal de Medell\u00edn de la demandada, la cual est\u00e1 inscripta en el Registro \u00danico Empresarial y Social \u00abRUES\u00bb, sin que el lugar de expedici\u00f3n de las comunicaciones emanadas de la sociedad convocada sea aspecto que determine la competencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
Sin embargo, existen factores prevalentes sobre aquellos generales, en tanto el numeral 5\u00b0 de la misma norma dispone que para \u00ablos procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (Subrayado ajeno). <\/p>\n
Es decir que para conocer las demandas contra personas jur\u00eddicas, el primer juez llamado es el del domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre esa autoridad judicial y la de la respectiva sucursal o agencia, como lo ha expuesto esta Sala (entre otros, AC8175 de 4 dic. 2017, rad. 2017-03065; AC8666 de 15 dic. 2017, rad. 2017-02672). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abMandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo\u00bb. (Resalt\u00f3 la Corte, AC489 19 feb. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00319-00). <\/p>\n
3. Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, porque en tal ciudad se encuentra localizada la sucursal de Seguros del Estado S.A. con circunscripci\u00f3n respecto del lugar en el cual fue expedido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr\u00e1nsito \u00abSOAT\u00bb n.\u00ba 13876900000820, esto es, Envigado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el demandante radic\u00f3 la reclamaci\u00f3n en aquella localidad ante SIS VIDA el 7 de marzo de 2019, lo cual evidencia que el asunto s\u00ed se encuentra vinculado a la sucursal de la convocada ubicada en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
En adici\u00f3n, de acuerdo con la informaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso abierto que reposa en el sitio web del Registro \u00danico Empresarial y Social \u00abRUES\u00bb, es hecho notorio la existencia de la aludida sucursal en la ciudad de Medell\u00edn, lo cual, a la luz del mandamiento 167 de la ley 1564 de 2012, \u00abno requier[e] prueba\u00bb. <\/p>\n
De destacar que los sucesos notorios se caracterizan por un amplio grado de divulgaci\u00f3n dentro de un \u00e1mbito espec\u00edfico: <\/p>\n
[P]ara que se advierta un hecho notorio como medio de prueba con las consecuencias que esa calificaci\u00f3n implica, se exige, por lo menos, que sea conocido por la generalidad de las personas pertenecientes a un determinado medio local, regional o nacional, y que el juez tenga certeza de esa divulgaci\u00f3n (CSJ SC 21 may. 2002, rad. 7328). <\/p>\n
La doctrina ha perfilado que: <\/p>\n
La palabra notorio expresa en castellano lo p\u00fablico y sabido de todos. VICENTE y CARAVANTES sostiene que cuando los hechos alegados por las partes sean tan patentes que no dejen lugar a duda alguna, no es necesaria la prueba judicial por falta de objeto sobre que recaiga1. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que el fallador, en todo caso, no puede echar mano de supuestos hechos notorios, con el fin de sustentar la decisi\u00f3n en criterios subjetivos, de all\u00ed que para emplear esta noci\u00f3n debe exponer las razones que le sirven de fundamento: <\/p>\n
[S]i bien el hecho notorio est\u00e1 relevado de prueba, no le basta al funcionario judicial referirse a \u00e9l o traerlo a la providencia como respaldo de sus propias y personales afirmaciones sin estar debidamente acreditadas las circunstancias reales y concretas que le sirven de apoyo, porque obrar en contrario \u2026 significa que el fallador ha discurrido con un criterio meramente subjetivo que comporta necesariamente la exposici\u00f3n de una opini\u00f3n completamente desligada de los hechos y las pruebas; cuanto m\u00e1s si quiso dilucidar ese aspecto probatoriamente y no insisti\u00f3 para lograrlo (CSJ SC 6 jun. 2006, rad. 1998-17323-01). <\/p>\n
Igualmente, para establecer el conocimiento generalizado debe tenerse en cuenta que, en los tiempos actuales, gracias al auge de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC\u2019s), generalmente los datos se difunden con mayor rapidez, realidad que no puede ser desatendida en el proceso ni por su director. No en vano, desde 1996, el inciso segundo de la regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (n.\u00b0 270), dispuso que \u00ab[l]os juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podr\u00e1n utilizar cualesquier medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos, para el cumplimiento de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el inciso primero del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que, \u00ab[e]n todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia as\u00ed como ampliar su cobertura\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Aunque ambas normas se conjugan para que las TIC\u2019s sean empleadas en la actividad judicial, resulta evidente que la segunda de ellas impone a la administraci\u00f3n de justicia el deber de forzar su aprovechamiento, lo que no puede considerarse como mera potestad, respecto de la cual ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u2026es comprensible que la teleolog\u00eda primordial de esa implementaci\u00f3n es ganar en t\u00e9rminos de eficiencia y efectividad a la hora de cruzar informaci\u00f3n con inter\u00e9s para la lid, y desde luego que lograrlo reclama compromisos de cada uno de los sujetos \u00abprocesales\u00bb; como qued\u00f3 visto, en lo que concierne al funcionario, singular o plural, ata\u00f1e prestar sus mejores oficios a fin de optimizar ese canal \u00abcomunicacional\u00bb. (STC4964, 18 abr. 2018, rad. 2018-00761-00). <\/p>\n
La incorporaci\u00f3n de las referidas tecnolog\u00edas en la actividad judicial, entonces, facilita el ejercicio de las funciones de quienes administran justicia y asegura que los usuarios satisfagan, con iguales oportunidades, sus derechos fundamentales al debido proceso (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), la tutela judicial efectiva (canon 229 ibidem) y ser o\u00eddos en los procesos de los que hacen parte (regla 8.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la judicatura cuenta con directrices espec\u00edficas que invita a los jueces, tribunales y cortes a emplear los canales de transmisi\u00f3n y almacenamiento de datos electr\u00f3nicos, por ejemplo, para eximir al demandante de la carga de allegar con el libelo el documento que prueba la existencia y representaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas de derecho privado, cuando esa informaci\u00f3n conste en bases de datos de entidades p\u00fablicas o privadas encargadas de certificarla2, o para oficiar a estos mismos entes a fin de recabar lo pertinente con miras a ubicar el sujeto procesal cuya notificaci\u00f3n personal se intenta3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es indiscutible que los operadores judiciales deben procurar el uso de las TIC\u2019s en el procedimiento, mandato que tambi\u00e9n cobija la verificaci\u00f3n del grado de divulgaci\u00f3n suficiente que tiene un hecho para estar exento de prueba. <\/p>\n
Precisamente, en el marco de la conclusi\u00f3n precedente, la Sala ha constatado que en la p\u00e1gina web del Registro \u00danico Empresarial y Social \u00abRUES\u00bb aparece la siguiente informaci\u00f3n acerca de las sucursales de la promotora4: <\/p>\n
Expresado de otra manera, de acuerdo con la referida base de datos p\u00fablica, que es de p\u00fablico acceso por estar disponible en internet, la entidad ejecutante cuenta con sucursal en la ciudad de Medell\u00edn, hecho que tiene un grado de divulgaci\u00f3n generalizada, lo que permite inferir su condici\u00f3n de notorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el Registro \u00danico Empresarial y Social \u00abRUES\u00bb fue creado por mandato del art\u00edculo 11 de la ley 590 de 2000 y \u00abes administrado por las C\u00e1maras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, econom\u00eda y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de econom\u00eda solidaria y a las entidades sin \u00e1nimo de lucro una herramienta confiable de informaci\u00f3n unificada tanto en el orden nacional como en el internacional. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Rafael de Pina y Jos\u00e9 Castillo Larra\u00f1aga, Instituciones de derecho procesal civil, editorial Porr\u00faa, M\u00e9xico, 2007, 29 edici\u00f3n, p. 289. <\/p>\n
2\u0002 Art. 85 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
3\u0002 Art. 291 ib\u00edd. <\/p>\n