AC2213-2021 (2021-01593-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01593-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1 (Valle del Cauca) y su hom\u00f3logo Veinte de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de responsabilidad civil extracontractual promovida por C\u00e9sar Augusto Rodr\u00edguez Espitia, Daniela Guar\u00edn Moreno, Claudia Patricia Moreno Valencia y Vanessa Rodr\u00edguez Moreno, contra Eduardo Andr\u00e9s Osorio Cede\u00f1o, Paola Andrea Espinosa Rodr\u00edguez y Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el escrito inicial, dirigido a los jueces civiles del circuito de Tulu\u00e1, los actores pretendieron el resarcimiento de los perjuicios sufridos a causa de un accidente de tr\u00e1nsito que acaeci\u00f3 el 16 de noviembre de 2019, en la v\u00eda que de Buenaventura conduce a Buga. En el ac\u00e1pite pertinente, indicaron que la competencia ven\u00eda dada por el domicilio del demandado, Eduardo Andr\u00e9s Osorio Cede\u00f1o. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1, a quien correspondi\u00f3 la causa por reparto, rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, pretextando que \u00abla demanda inicialmente fue presentada ante este Juzgado como quiera que uno de los demandados ten\u00eda su domicilio en Tulu\u00e1, atendiendo a las facultades que para elecci\u00f3n de quien habr\u00eda de conocerla otorga al demandante la regla 1\u00aa del art\u00edculo 28 del C. G. P. y ante la solicitud de emplazamiento que allega posteriormente y sin que a\u00fan se hubiere admitido el libelo, se infiere as\u00ed que este Juzgado carecer\u00eda de competencia por jurisdicci\u00f3n para dar curso a la misma. Por tanto, resulta imperante rechazarla (\u2026), disponiendo su remisi\u00f3n al Juez competente para avocar su conocimiento que en este caso lo ser\u00eda el Civil del Circuito en Reparto de Medell\u00edn, donde tiene domicilio principal la Sociedad demandada Seguros Generales Suramericana S.A.\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado receptor, Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn, tambi\u00e9n se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que \u00abCon el escrito de subsanaci\u00f3n (\u2026), la parte actora alleg\u00f3 solicitud de emplazamiento del demandado Eduardo Andr\u00e9s Londo\u00f1o Cede\u00f1o, indicando que remit\u00eda constancia emitida por la empresa de correo, seg\u00fan la cual la demanda fue devuelta por la causal \u201cdirecci\u00f3n errada\u201d. Sin embargo, la constancia allegada solo da cuenta de una devoluci\u00f3n de env\u00edo al \u201cremitente\u201d pero no contiene los datos del remitente ni del destinatario, tampoco se aporta copia cotejada de los documentos enviados ni el certificado que formalmente emite la empresa de correo\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00aben la base de datos del ADRES se verifica, no solo las EPS a las cuales est\u00e1n afiliados los demandados Eduardo Andr\u00e9s Londo\u00f1o Cede\u00f1o y Paola Andrea Espinoza Rodr\u00edguez, sino, adem\u00e1s, que \u00e9stos residen en el Municipio de Tulu\u00e1, Valle del Cauca. De igual forma, en el informe del accidente de tr\u00e1nsito el demandado Eduardo Andr\u00e9s Londo\u00f1o Cede\u00f1o indic\u00f3 que resid\u00eda en dicho municipio\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n, para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Naci\u00f3n), 10 (domicilio de las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En procesos de responsabilidad civil extracontractual, como lo es el de la referencia, concurren el fuero general de competencia (art\u00edculo 28-1, C\u00f3digo General del Proceso) con el del \u00ablugar en donde sucedi\u00f3 el hecho\u00bb (art. 28-6 ib.) debi\u00e9ndose resaltar que si se trata del primero de esos criterios de asignaci\u00f3n, deber\u00e1 tenerse en cuenta tambi\u00e9n que \u00absi son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios\u00bb, el demandado podr\u00e1 elegir entre ellos, a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es necesario se\u00f1alar que, habi\u00e9ndose decantado el promotor por una de esas opciones, tal elecci\u00f3n no puede ser variada por el juez de la causa, pues, como ya lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u00bb (CSJ AC2738-2016). <\/p>\n
Aplicadas esas pautas al asunto bajo estudio, observa la Corte que los actores fueron enf\u00e1ticos al atribuir la competencia a los jueces civiles del Circuito de Tulu\u00e1, por ser all\u00ed donde el demandado Eduardo Andr\u00e9s Osorio Cede\u00f1o tiene su domicilio, de manera que no era factible que el Juez Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1, a quien primero se le repartieron las diligencias, desatendiera dicha selecci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, no olvida la Corte que dicha autoridad judicial pretext\u00f3 que los actores desconoc\u00edan la direcci\u00f3n de notificaciones de su contraparte; sin embargo, tal circunstancia carece de incidencia en orden a establecer la competencia, pues fuero general previsto en el art\u00edculo 28-1 del C\u00f3digo General del Proceso refiere puntualmente al domicilio de la parte demandada, concepto que, seg\u00fan reiterada jurisprudencia, difiere de la noci\u00f3n de \u00ablugar de notificaciones\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha reconocido que <\/p>\n
\u00ab(…) por raz\u00f3n de su marcada diferencia no resulta posible confundir dos asuntos, de suyo distintos conceptualmente, am\u00e9n de que la normativa de enjuiciamiento civil les ha deferido causas y efectos dis\u00edmiles; una cosa entonces es el domicilio del deudor y otra, in extremis distinta, el lugar indicado para recibir notificaciones (…). Entonces, s\u00edguese que es el primero y no el segundo el que define la competencia y, ante la eventualidad de no coincidir, sin dubitaci\u00f3n alguna debe regirse la competencia por aqu\u00e9l tambi\u00e9n. As\u00ed lo ha dilucidado esta Corporaci\u00f3n en reiterados pronunciamientos, en los que ha expuesto que \u201cno es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal raz\u00f3n, pueda decirse que de \u00e9sta debi\u00f3 formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que \u00e9ste sufri\u00f3 alteraci\u00f3n alguna\u201d. (Auto de 20 de noviembre de 2000, Exp. N\u00b0 0057)\u00bb CSJ AC, 10 jul. 2013, rad. 2013 01145 00. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La competencia para conocer del presente asunto corresponde al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1 para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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