AC2415-2021 (2021-01784-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC2415-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2021-01784-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, Casanare y Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 21 de febrero de 2020, el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo admiti\u00f3 la demanda de custodia y cuidado personal elevada por Julio Eduardo M\u00e9ndez Sigua, respecto de su hijo menor de edad Neymar Juli\u00e1n M\u00e9ndez Garc\u00eda y orden\u00f3 integrar el contradictorio con la progenitora de \u00e9ste y el Personero Municipal (folio 9, archivo 02, expediente digital). <\/p>\n
2. En virtud de tal disposici\u00f3n, mediante oficio n\u00ba 250 de 27 de febrero de 2020, dirigido a la carrera 21 No. 6-11 sur del barrio San Carlos de Madrid, Cundinamarca, se inform\u00f3 a la convocada sobre el adelantamiento del tr\u00e1mite, advirti\u00e9ndole que contaba con diez d\u00edas para recibir la notificaci\u00f3n personal (fol. 10, ib). <\/p>\n
3. El 29 de septiembre siguiente, la juez cognoscente dispuso archivar provisionalmente la actuaci\u00f3n ante la inactividad del extremo actor para trabar la litis (fol. 12, ib). <\/p>\n
4. El 7 de diciembre de 2020, el reclamante pidi\u00f3 dar celeridad al asunto y puso de presente que el d\u00eda 5 del mismo mes y a\u00f1o, la madre del peque\u00f1o \u201c(\u2026) lleg[\u00f3] a la casa de habitaci\u00f3n de mi se\u00f1ora madre, donde vivo con mi hijo, iba en compa\u00f1\u00eda de 2 agentes de la polic\u00eda (\u2026) e intimid\u00e1ndome (\u2026) aludieron que la demandada ten\u00eda la custodia provisional del ni\u00f1o por parte del bienestar familiar; la demandada vino a la casa con el \u00fanico prop\u00f3sito de quitarme [a]l ni\u00f1o y llev\u00e1rselo con ella para Madrid, Cundinamarca, donde ella vive. As\u00ed que m[e] quitaron el ni\u00f1o y se lo llev[\u00f3] de este municipio al destino que ella ten\u00eda previsto (\u2026)\u201d (fol. 13 a 14, ib). <\/p>\n
5. Con fundamento en dicha informaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 28 de enero de 2021, la funcionaria orden\u00f3 remitir las diligencias al juez civil municipal de la precitada localidad, por ubicarse all\u00ed el domicilio o residencia actual del menor involucrado (fol. 20 a 21, ib). <\/p>\n
6. Por auto del pasado 16 de marzo, el despacho receptor rehus\u00f3 su conocimiento, arguyendo que \u201c(\u2026) la competencia territorial del juez radica en el lugar del domicilio del menor de acuerdo a lo estipulado en el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. (\u2026)\u201d, sin que el cambio de vecindad del infante altere dicho factor, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
En consecuencia, devolvi\u00f3 el proceso a su lugar de origen, proponiendo colisi\u00f3n negativa de competencia (Consecutivo 11, expediente digital). <\/p>\n
7. El 29 de abril del a\u00f1o que avanza, el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n \u201cpara lo pertinente\u201d (Consecutivo 14, ibidem). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. De acuerdo con el inciso segundo, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u201c[e]n los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u201d (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
3. Confrontado el asunto bajo examen con el aparte normativo transcrito, refulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u201cdel domicilio o residencia\u201d del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, conclusi\u00f3n que se robustece con las previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las cuales \u201c[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u201d (se destaca). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n resulta aplicable, no solo en el contexto de las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporaci\u00f3n al puntualizar que: <\/p>\n
\u00ab[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC581-2020, 25 feb., rad. 2020-00521-00 y CSJ AC1787-2021, 12 may., rad. 2021-01222-00, que reiter\u00f3 la providencia CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en cuya virtud \u201c[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (\u2026)1\u201d, as\u00ed como con el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los est\u00e1ndares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
4. Y no se diga que por haber conocido y adelantado algunas actuaciones, el despacho primigenio debe seguir tramitando el asunto en atenci\u00f3n al principio de la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, porque \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00, reiterando AC1314-2020, jul. 6, rad. 2020-00722-00). <\/p>\n
De esa manera, es claro que el decurso inici\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, porque all\u00ed resid\u00eda el menor junto con su progenitor; sin embargo, como el ni\u00f1o fue trasladado a Madrid (Cundinamarca), por decisi\u00f3n de su madre, quien ostenta su custodia provisional, de cara a las citas jurisprudenciales y normativas referidas, es el juez de este lugar el que debe continuar con el tr\u00e1mite promovido por el padre, por disposici\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
5. Agr\u00e9guese que de acuerdo con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[e]l juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales\u201d, raz\u00f3n por la cual no le era dable al inferior rehusarse a continuar con el adelantamiento del juicio, m\u00e1xime cuando, como qued\u00f3 visto, el infante Neymar Juli\u00e1n M\u00e9ndez Garc\u00eda, reside en ese municipio desde el 5 de diciembre de 2020, cuando su madre lo llev\u00f3 a vivir all\u00ed. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia a este \u00faltimo despacho judicial, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo (Casanare) y a los interesados. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca), es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan el cual, los jueces civiles municipales conocen \u201cde los asuntos atribuidos al juez de familia en \u00fanica instancia, cuando en el municipio no haya juez de familia o promiscuo de familia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
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