AC2465-2021 (2021-00190-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2465-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00190-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por Carmen Rosa Hu\u00e9rfano de Torres, Pedro Antonio, Jes\u00fas Arturo, Mar\u00eda In\u00e9s y Ana Tr\u00e1nsito Torres Hu\u00e9rfano, Sandra Patricia y Jaime Andr\u00e9s Forero Torres frente al auto de 5 de octubre de 2020, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que radicaron respecto de la sentencia de 26 de abril de 2019, dictada dentro del proceso de simulaci\u00f3n absoluta de compraventa que en su contra y de los herederos indeterminados de Pablo Torres Orjuela iniciaron Ana Zoraida y Manuel Andr\u00e9s Torres Buitrago, con intervenci\u00f3n de Germ\u00e1n Alonso y \u00c9dgar Alfonso Torres Buitrago. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes deprecaron declarar simulada absolutamente la compraventa vertida en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 536 de 3 de marzo de 2004 otorgada en la Notar\u00eda 34 de Bogot\u00e1, respecto del predio El Recuerdo, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 070-51072, suscrita entre Pablo Torres Orjuela (q.e.p.d.), como vendedor y Pedro Antonio, Jes\u00fas Arturo, Mar\u00eda In\u00e9s y Rosa Elena Torres Hu\u00e9rfano, Sandra Patricia y Jaime Andr\u00e9s Forero Torres, como compradores; en consecuencia, no hubo negocio jur\u00eddico entre los supuestos contratantes y es absolutamente simulado el usufructo constituido en dicho instrumento p\u00fablico en favor de Carmen Rosa Hu\u00e9rfano de Torres. <\/p>\n
2. Previa notificaci\u00f3n de los convocados y oposici\u00f3n de algunos de ellos, la primera instancia concluy\u00f3 con sentencia de 12 de septiembre de 2018. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja estim\u00f3 los pedimentos del libelo, declar\u00f3 absolutamente simuladas la compraventa y el usufructo otorgados mediante el citado instrumento protocolario, orden\u00f3 cancelar la inscripci\u00f3n, restituir el fundo a la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Pablo Torres Orjuela y los frutos que se hubieren causado a partir del deceso de Torres Orjuela (4 sep. 2013), a raz\u00f3n de $1\u2019200.000 mensuales (folios 599-603 del cuaderno 1A digital). <\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Tunja el 26 de abril de 2019 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada (folios 30 – 32 del cuaderno 5 digital). Inconformes con esa determinaci\u00f3n, los demandados formularon casaci\u00f3n la cual fue concedida el 13 de junio siguiente (folios 34-36 \u00eddem). <\/p>\n
5. La Corte, en providencia AC3624-2019 declar\u00f3 prematura la concesi\u00f3n del remedio extraordinario y orden\u00f3 devolver el asunto, en orden a que el fallador de \u00faltima instancia examinara nuevamente si a los impugnantes les asist\u00eda inter\u00e9s econ\u00f3mico suficiente con vista \u00aben el acervo probatorio disponible en el expediente, siempre que pueda ser valorado\u00bb (art. 339 C.G.P.), debido a que se advert\u00eda que el dictamen pericial obrante en el plenario hab\u00eda valuado el domino del inmueble sin percatar que los demandados solo adquirieron derechos y acciones sobre este, dado que desde la anotaci\u00f3n 1 del respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria se mostraba afectado con falsa tradici\u00f3n. Adem\u00e1s, conforme con lo registrado en la experticia el aval\u00fao se produjo con base en el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n de mercado, no obstante, \u00ablos datos, fuente y documentos que respaldaban la labor t\u00e9cnica, que resultaban trascendentales para razonar sobre la misma, no fueron expuestos ni anejos por el experto, lo que impidi\u00f3 apreciar las bases cient\u00edficas sobre las cuales se construy\u00f3, pues simplemente se limit\u00f3 a expresar el valor comercial del lote de terreno\u00bb, fuera de que no se acredit\u00f3 la experiencia profesional del auxiliar de la justicia. <\/p>\n
6. El 27 de julio de 2020 el juzgador ad-quem puso en conocimiento de las partes la decisi\u00f3n rese\u00f1ada y concedi\u00f3 t\u00e9rmino para allegar dictamen pericial, de estimarlo necesario la recurrente. Mediante prove\u00eddos de 5 y 25 de agosto siguientes el ponente concedi\u00f3 pr\u00f3rroga para aportar aval\u00fao comercial del inmueble materia de la litis (archivos 2, 5 y 8 del cuaderno 5 digital). <\/p>\n
7. Los impugnantes arrimaron trabajo de experto (archivo 09.1 \u00eddem). El 5 de octubre de la misma calenda el Tribunal neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario tras considerar que el dictamen pericial no cumpl\u00eda los requisitos del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto carec\u00eda de \u00abconclusiones s\u00f3lidas, inteligibles, completas y basadas en informaci\u00f3n verificable, lo que no se extrae de la aplicaci\u00f3n de una norma\u2026 establecida para un procedimiento de car\u00e1cter especial, como acontece con los procesos de restituci\u00f3n de tierras\u00bb, y no subsanaron los defectos anotados en el auto que declar\u00f3 prematura la concesi\u00f3n del recurso por la Corte (archivo 11 ibidem). <\/p>\n
8. Los impugnantes cuestionaron la negativa en reposici\u00f3n y, en subsidio queja, adujeron que con la experticia aportada acreditaron que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n ascend\u00eda a $1.218\u2019826.444; que el labor\u00edo contiene conclusiones s\u00f3lidas y completas basadas en informaci\u00f3n verificable en el expediente o \u00aba trav\u00e9s de otro dictamen pericial o una inspecci\u00f3n judicial\u00bb, y enuncia los documentos que lo fundamentan, como el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, la escritura dubitada, la factura del impuesto predial expedida por la Tesorer\u00eda Municipal de Ventaquemada, el AC3624-20191 y la prueba de la experiencia profesional de abogado del experto, esto \u00faltimo porque \u00abel dictamen pericial tiene que ver con puntos de derecho\u00bb, dado que concept\u00faa sobre la \u00abnuda propiedad, propiedad plena y posesi\u00f3n\u00bb. Agregaron que si el Tribunal ech\u00f3 en falta alg\u00fan documento debi\u00f3 disponer su aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n, pero no rechazarlo (archivo 12.1 ibidem). <\/p>\n
9. El reparo horizontal no prosper\u00f3 porque el fallador de \u00faltimo grado se mantuvo en las razones impartidas en el auto atacado. En efecto, dijo que concedi\u00f3 plazo suficiente a la parte inconforme para acreditar el inter\u00e9s y no lo hizo; que el art. 339 C.G.P. dispone que el magistrado deber\u00e1 resolver de plano sobre la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, norma que implica que el dictamen aportado observe los presupuestos del art. 226 \u00eddem, dado que no ser\u00eda objeto de contradicci\u00f3n; destac\u00f3 que a pesar de que a la parte se le otorgaron varias pr\u00f3rrogas para presentar la experticia, no solo inobserv\u00f3 aspectos formales sino sustanciales que hab\u00edan sido destacados en el numeral 4.2 del pronunciamiento de la Corte. Orden\u00f3 remitir copia digital de la actuaci\u00f3n para surtir la queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
Corresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictar\u00e1 los dem\u00e1s autos que no correspondan a la sala de decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el presente caso, por tratarse de la resoluci\u00f3n de una queja interpuesta contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, se debe aplicar la \u00faltima de las reglas transcritas y la decisi\u00f3n se adopta de forma unipersonal. <\/p>\n
2. El recurso de queja, en lo que a este asunto interesa, por disposici\u00f3n de los art\u00edculos 352 y 353 \u00eddem, tiene como finalidad primordial que el superior funcional revise si el inferior al negar la concesi\u00f3n del extraordinario de casaci\u00f3n procedi\u00f3 con apego a la normatividad vigente o se apart\u00f3 de sus postulados. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, clarificar el acierto o desacierto del fallador impone, primeramente, sopesar las razones que tuvo y que, expuestas como fundamento de lo decidido, responden a los mandatos de la normatividad vigente o a la realidad procesal. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 338 ibidem prescribe, refiri\u00e9ndose a la casaci\u00f3n, que \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb. Dicha cuant\u00eda se except\u00faa cuando \u00abse trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Y, en concordancia con esa disposici\u00f3n, el canon 339 de la misma compilaci\u00f3n legal consagra que \u00ab(c)uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 adoptar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En pret\u00e9rita oportunidad esta Corporaci\u00f3n anot\u00f3 que: <\/p>\n
(s)obre el tema, es necesario atender que el nuevo estatuto procesal cambi\u00f3 el m\u00e9todo para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para acudir al citado medio de impugnaci\u00f3n, comoquiera que desech\u00f3 las reglas de un dictamen cuando no estuviese determinado, que antes consagraba el art\u00edculo 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y en su lugar fij\u00f3 unas reglas m\u00e1s expeditas y simples tendientes a una determinaci\u00f3n pronta, al establecer que cuando para la procedencia del medio de impugnaci\u00f3n \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb2 (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
As\u00ed, sin hesitaci\u00f3n, no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior c\u00f3digo, pues simplemente debe establecerse el quantum del inter\u00e9s para recurrir \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, esto es, con los medios que est\u00e9n presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, que no despu\u00e9s, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prev\u00e9 que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasi\u00f3n presentes en el legajo, o ya con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir \u00abde plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb ([negrillas ajenas al texto]. CSJ AC4423 de 13 jul. 2017, rad. n\u00ba 2017-1073). <\/p>\n
4. En el caso concreto la parte demandada ciment\u00f3 su cuestionamiento en que el dictamen pericial aportado tras el pronunciamiento de la Corte que estim\u00f3 prematura la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, cumpl\u00eda los requisitos establecidos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso y, por lo tanto, daba cuenta que el valor comercial del predio materia del negocio jur\u00eddico declarado simulado absolutamente superaba la cota m\u00ednima establecida para recurrir en casaci\u00f3n, que para el a\u00f1o 2019 equival\u00eda a $828\u2019116.000. <\/p>\n
De cara a lo que obra en el expediente, se tiene: <\/p>\n
4.1. El aval\u00fao comercial aportado por la parte quejosa y que obra en el archivo 09.1 del cuaderno 5 digital, no observa los par\u00e1metros se\u00f1alados en el art\u00edculo 226 del estatuto adjetivo, de donde no surte eficacia para lo que intenta demostrar, por las siguientes razones: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El trabajo de experto aparece ayuno de claridad, precisi\u00f3n, exhaustividad y detalle, por cuanto no lo acompa\u00f1\u00f3 de los documentos que le sirvieron de fundamento, como son: a) el soporte de la visita en donde fueron verificados los detalles y caracter\u00edsticas del predio, sin que este pueda suplirse con los documentos obrantes en el expediente, ni con otro \u00abdictamen pericial o una inspecci\u00f3n judicial\u00bb, como sugieren los inconformes en la reposici\u00f3n; b) la evidencia acopiada para el an\u00e1lisis de mercado efectuado con base en el cual estim\u00f3 el precio del predio, es m\u00e1s, ni siquiera aparecen registradas en el dictamen las cifras de las ofertas concretas de mercado que presuntamente sirvieron para promediar el valor comercial de la hect\u00e1rea; y c) no identific\u00f3 los inmuebles de similares caracter\u00edsticas a las del objeto de aval\u00fao. <\/p>\n
ii) Pese a que el dictamen comprend\u00eda el aval\u00fao comercial de un inmueble, el experto Carlos H\u00e9ctor Lea\u00f1o Mart\u00ednez no acredit\u00f3 estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, como lo exige el art\u00edculo 22 de la ley 1673 de 2013. En todo caso, el argumento de los inconformes para justificar que la experticia fuera elaborada por un abogado porque versaba sobre puntos de derecho, en tanto precis\u00f3 el concepto de posesi\u00f3n, no es de recibo por expreso mandato del inciso tercero del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone que \u00abno ser\u00e1n admisibles los dict\u00e1menes periciales que versen sobre puntos de derecho\u00bb. <\/p>\n
iii) Ahora, si bien para calcular el valor de la posesi\u00f3n del predio el experto sugiri\u00f3 aplicar el art\u00edculo 2.15.2.1.4 del decreto 4829 de 2011, que prev\u00e9 que, en caso de contar con el tiempo suficiente de posesi\u00f3n, para determinar ese quantum se deben restar los gastos del proceso de pertenencia, notariales y registrales al precio del aval\u00fao, gastos que en ning\u00fan caso podr\u00e1n superar el 20 % del valor comercial del inmueble; el experto omiti\u00f3 explicar la raz\u00f3n por la cual coligi\u00f3 que el porcentaje que deb\u00eda restarse al aval\u00fao era el 10 %. <\/p>\n
4.2. El aval\u00fao de 24 de mayo de 2018 con que se cuenta en el expediente adolece de similares falencias, tal y como fue advertido por la Corte en AC3624-2019. <\/p>\n
4.3. El contrato de compraventa declarado absolutamente simulado, en su cl\u00e1usula sexta estableci\u00f3 como precio del inmueble $30\u2019000.000, cifra que aun indexada a la fecha de la sentencia de segundo grado en manera alguna alcanza el l\u00edmite de mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes establecido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, que para el a\u00f1o 2019 equival\u00edan a $828\u2019116.000. <\/p>\n
4.4. El aval\u00fao catastral del predio para la vigencia fiscal 2015 ascend\u00eda a la suma de $410\u2019307.000 (folio 137 del cuaderno 1 digital), cifra que resulta insuficiente para acceder a la casaci\u00f3n, a\u00fan, si se le adiciona el valor de los frutos civiles a los que fueron condenados los recurrentes en $80\u2019400.000, a raz\u00f3n de $1\u2019200.000 mensuales desde el 4 de septiembre de 2013 (deceso de Pablo Torres Orjuela) hasta 26 de abril de 2019 (data de la sentencia de segunda instancia). <\/p>\n
5. De manera que, el inter\u00e9s de los quejosos no alcanza la cuant\u00eda especificada positivamente para acceder al mecanismo extraordinario de la casaci\u00f3n, que asciende al equivalente a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2019, pues as\u00ed no fue acreditado. <\/p>\n
Por consiguiente, nada hay que reprocharle al auto impugnado porque el mismo se fundament\u00f3 en el incumplimiento de la carga de la parte impugnante de presentar en el momento oportuno un dictamen pericial que reuniera los requisitos que \u00abcomo m\u00ednimo\u00bb debe satisfacer este medio de prueba, seg\u00fan el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que los sujetos procesales est\u00e1n legalmente llamados a cumplir las cargas previstas para cada acto procesal y que la inobservancia de estas genera las consecuencias correspondientes. <\/p>\n
6. En consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
1. Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n propuesto frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
2. Ordenar devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 339, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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