AC2481-2021 (2021-01778-00)<\/p>\n
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AC2481-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01778-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta, Segundo Civil Laboral del Circuito de Oralidad de Pamplona y Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer de la demanda ejecutiva con garant\u00eda real promovida por el FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (FINAGRO) frente a JES\u00daS ALBERTO CORDERO ARB. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad actora solicit\u00f3 librar orden de apremio a su favor y en contra del convocado por las obligaciones incorporadas en el pagar\u00e9 No. 01115525-1 y en la hipoteca abierta que respalda su pago, a fin de hacer efectiva la aludida garant\u00eda real. Para ello finc\u00f3 la competencia en los juzgados de C\u00facuta, en raz\u00f3n de la \u201ccuant\u00eda\u201d y el \u201clugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d1. <\/p>\n
2. Repartido el asunto, el Despacho Cuarto Civil del Circuito de dicha ciudad, seg\u00fan lo relata el funcionario destinatario, rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, fundado en que al no figurar pacto alguno respecto al sitio para la satisfacci\u00f3n de las prestaciones, lo atinado es remitirse al inciso 3\u00ba del canon 621 del C\u00f3digo de Comercio, lo que conduce a que el tr\u00e1mite lo asuma la sede judicial de Pamplona, competente en el domicilio del creador del t\u00edtulo, Bochalema, en consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del asunto2. <\/p>\n
3. Por su parte, la Juez Segundo Civil Laboral del Circuito de la localidad de destino, tambi\u00e9n se abstuvo de rituar la ejecuci\u00f3n, y tras verificar los fueros, negocial (3\u00ba), 7\u00ba (real), y, 10\u00ba (subjetivo) del precepto 28 del C\u00f3digo General del Proceso, estim\u00f3 aplicable el \u00faltimo alusivo a la calidad de \u201centidad del orden nacional\u201d ostentado por la convocante, endilg\u00e1ndole el conocimiento a los funcionarios de Bogot\u00e1, su asiento principal, en sincron\u00eda con el canon 29 ib\u00eddem3. <\/p>\n
4. Finalmente, el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta capital, tampoco acept\u00f3 la asignaci\u00f3n, y, en efecto, propuso la colisi\u00f3n que ahora se resuelve, arguyendo que la competencia privativa contemplada en el art\u00edculo 29 del estatuto adjetivo civil, \u201csolo opera\u201d en aquellas sendas contenciosas que sean \u201cdiferentes a los procesos que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u201d, por lo que a la oficina remitente le corresponde avocar la demanda como juzgadora del \u201clugar del domicilio del demandado\u201d4. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva con garant\u00eda real, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten qu\u00e9 foro aplicar, si la regla general contenida en el numeral primero, el fuero contractual establecido en el numeral tercero o el foro privativo de que trata el numeral d\u00e9cimo, todos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon. <\/p>\n
No obstante, como excepci\u00f3n que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n especial en favor de los entes p\u00fablicos (numeral d\u00e9cimo ib\u00eddem), seg\u00fan la cual, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (\u2026) Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb (resaltado a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Ahora bien, si el numeral d\u00e9cimo del precepto 28 ib\u00eddem defiere la \u00abcompetencia\u00bb al \u00abjuez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, es procedente, a la luz de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, acudir al numeral quinto ejusdem, que prev\u00e9 que \u00aben los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb, present\u00e1ndose as\u00ed una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad p\u00fablica, siempre y cuando el asunto est\u00e9 vinculado o guarde relaci\u00f3n con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que \u00e9ste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda5, como de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada a trav\u00e9s de la internet, se advierte que la convocante es una es una entidad p\u00fablica, creada mediante la Ley 16 de 1990 como una \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional del tipo de las sociedades an\u00f3nimas, organizado como establecimiento de cr\u00e9dito, vinculado al Ministerio de Agricultura, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa\u00bb, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica6. (Negrilla adrede). <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 68 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado, entre otras, por \u201c[l]as sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el tan referido numeral d\u00e9cimo del canon 28, resultando entonces aplicable tal disposici\u00f3n, en la que ciment\u00f3 su pronunciamiento la Funcionaria de Pamplona, y no as\u00ed pautas que atribuyen la competencia en atenci\u00f3n a la vecindad del emisor del pagar\u00e9 como lo pretendi\u00f3 el Juez Segundo Civil del Circuito de C\u00facuta evocando de forma supletoria el inciso 3\u00ba de la previsi\u00f3n 621 del estatuto comercial, ni la exclusi\u00f3n realizada por el juzgador de Bogot\u00e1, quien sin respaldo jur\u00eddico descart\u00f3 la viabilidad del fuero subjetivo-privativo para los \u201cprocesos que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u201d7. <\/p>\n
Al predicarse respecto del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), ese fuero privativo y prevalente establecido en consideraci\u00f3n a su calidad subjetiva, la demanda ser\u00e1 competencia del juzgado de su domicilio principal, comoquiera que aun cuando en concordancia con la regla 5\u00aa del precepto 28 del compendio procesal civil vigente tambi\u00e9n podr\u00eda asumirla la autoridad de una de las plazas donde concurran sus agencias o sucursales, siempre que el asunto estuviere vinculado a una de ellas, ese evento en el particular no se configura, al punto que de acuerdo a informaci\u00f3n verificable en la p\u00e1gina web8, dicha sociedad carece de centros de atenci\u00f3n fuera de la capital de la Rep\u00fablica, y que seg\u00fan el precitado certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, su actividad principal es la \u201cbanca de segundo piso\u201d en el sector agropecuario o financiaci\u00f3n de redescuento a trav\u00e9s de intermediarios bancarios autorizados, lo que descarta el enlace requerido. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la competencia est\u00e1 legalmente atribuida al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito Bogot\u00e1 en atenci\u00f3n a la prevalencia subjetiva establecida en el estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Despachos mencionados, determinando que al Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, corresponde conocer de la acci\u00f3n promovida por el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (FINAGRO) frente a JES\u00daS ALBERTO CORDERO ARB. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a las otras oficinas judiciales concernidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Fl. 48 del CuadernoUnico. <\/p>\n
2\u0002 Fls. 51 a 55, ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Idem. <\/p>\n
4\u0002 AutoOrdenaOficiar. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 5 del CuadernoUnico. <\/p>\n
6\u0002Ley 16 de 1990 y finagro.com.co. <\/p>\n
7\u0002 Folios 51 a 55 del CuadernoUnico. <\/p>\n
8\u0002www.finagro.com.co\/informaci\u00f3n-al-ciudadano\/chat-en-linea. <\/p>\n
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