AC2483-2021 (2021-01745-00)<\/p>\n
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AC2483-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01745-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de San Lu\u00eds y Veintid\u00f3s Civil Municipal de Medell\u00edn, para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por EMPRESAS P\u00daBLICAS DE MEDELL\u00cdN ESP frente a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y PERSONAS INDETERMINADAS. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Lu\u00eds, Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn -ESP- solicit\u00f3 \u201cconstituir\u201d a su favor una servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica con ocupaci\u00f3n permanente sobre un predio ubicado en la vereda \u201cMonteloro\u201d, corregimiento El Prodigio, del Municipio de San Lu\u00eds, se\u00f1alando que la demanda se dirige contra la Agencia Nacional de Tierras, \u201cen calidad de administradora de los predios bald\u00edos de la Naci\u00f3n o quien haga sus veces\u201d y contra personas indeterminadas. En el libelo inaugural, el conocimiento se atribuy\u00f3 a la referida dependencia judicial, en consideraci\u00f3n a lo establecido en los art\u00edculos 17 y 25 del C.G.P., \u201cteniendo en cuenta el lugar de ubicaci\u00f3n del predio sirviente y la cuant\u00eda del asunto (25.92 SMLMV al 2019 de acuerdo con el aval\u00fao catastral del predio sirviente)\u201d1. <\/p>\n
2. La dependencia de origen, por medio de auto de 10 de febrero del 2020, rechaz\u00f3 la demanda, al advertir que en virtud de lo contemplado en el art\u00edculo 7 del C.G.P., \u201ccomo quiera que el \u00f3rgano de cierre en la materia a pesar de tener diferentes posturas pasadas en relaci\u00f3n a la competencia en esta clase de procesos, se ha pronunciado bajo un criterio unificador, d\u00e1ndole prelaci\u00f3n al factor subjetivo para asignar la competencia en este tipo de asuntos y que por expresa disposici\u00f3n de los consagrado en el art\u00edculo 16 del C.G.P., y Constitucionales, que se encuentran enmarcados en el debido proceso, que constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, de acuerdo con las cuales nadie puede ser juzgado o investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, este despacho se declara incompetente para conocer de las presentes diligencias\u201d2, en consecuencia la envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal la ciudad de destino, este tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, resaltando el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C.G.P., as\u00ed como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en radicado 2018-002581-00, para concluir que \u201cal ser una entidad p\u00fablica la demandante en este caso, la competencia debe dirigirse, seg\u00fan la sentencia antes descrita al juez de ubicaci\u00f3n del bien, con el fin de evitar el perjuicio de los intereses, dada la proximidad de la cosa litigada y los que se pretende es facilitar el derecho de defensa de las partes (\u2026)en el caso sub examine tenemos que la juez de San Luis admiti\u00f3 la presente demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica (\u2026) considera el Despacho que rechazarla una vez asumida, atentar\u00eda contra el principio de la pertpetuatio jurisdictonis, pues este es una garant\u00eda de inmodificabilidad de la competencia (\u2026) \u201d3 <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del presente proceso de constituci\u00f3n de servidumbre, en el que se discute si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o el contemplado en el numeral 7 del mismo, con la particularidad que, en cada uno de los extremos procesales, hay una entidad derecho p\u00fablico. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d4. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Qued\u00f3 expuesto que si de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los art\u00edculos 7\u00b0 y 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte. <\/p>\n
Ac\u00e1, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque las demandantes son las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn (Empresa de Servicios P\u00fablicos, del sector descentralizado del orden Municipal, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica), y la otra accionada es la Agencia Nacional de Tierras agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, t\u00e9cnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural5. <\/p>\n
Es decir, que a falta de un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar soluci\u00f3n a esta singular colisi\u00f3n que se suscita, es dar cabida al otro foro privativo, valga anotar, el territorial, con lo que el juzgador definido para continuar con el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica es el de San Lu\u00eds, territorio en el que se ubica el predio materia del gravamen. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, cumple advertir que si en la contienda y en cada uno de los extremos confluyen personas jur\u00eddicas de naturaleza p\u00fablica con vecindades diferentes, no hay manera de privilegiar el foro subjetivo de una u otra, porque el legislador no ha ofrecido una pauta espec\u00edfica para hacerlo. <\/p>\n
Y, en ese orden, la salida jur\u00eddica no puede ser otra que acudir, por lo menos en este caso, al otro foro privativo, que confluye, esto es, el real, relativo al sitio del fundo objeto del derecho real deprecado. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Independientemente de que las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn, tengan su domicilio en la ciudad de Medell\u00edn, en consideraci\u00f3n a que en el proceso aparecen vinculadas como parte dos instituciones jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico, aspecto no contemplado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 Ibidem, se ordenar\u00e1 enviar el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de San Lu\u00eds, quien deber\u00e1 continuar con el tr\u00e1mite ya iniciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Promiscuo Municipal de San Lu\u00eds corresponde, conocer el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por EMPRESAS P\u00daBLICAS DE MEDELL\u00cdN ESP frente a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y PERSONAS INDETERMINADAS. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 24 del c. 01-2020-0253 parte 1, exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 53 a 58 c. 01-2020-0253 parte 5, ib. <\/p>\n
3\u0002 Folios 60 a 61, ib. <\/p>\n
4\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n