AC2485-2021 (2021-01823-00)<\/p>\n
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AC2485-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01823-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Noveno Civil de Circuito Oral de Barranquilla y Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- frente a RODRIGO LE\u00d3N MORE C\u00c1RDENAS y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito Oral de Barranquilla, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- solicit\u00f3 la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social del predio denominado \u201cK 10 INT 1 IRBANIZACI\u00d3N EL MIRADOR\u201d, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atl\u00e1ntico, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-182795 y registrado como de propiedad de la sociedad Isaza Inmobiliaria (Banco de Lotes) & Compa\u00f1\u00eda S. en C. \u201cEn Liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En el libelo inaugural, el conocimiento se atribuy\u00f3 a la referida agencia judicial, en consideraci\u00f3n al lugar de ubicaci\u00f3n del bien y a la cuant\u00eda, la cual estim\u00f3 en \u201ctrescientos diez millones ciento diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($310.119.448)\u201d1. <\/p>\n
2. La dependencia de origen admiti\u00f3 el escrito inaugural y posteriormente surti\u00f3 varias actuaciones, entre ellas, orden\u00f3 la notificaci\u00f3n personal a los demandados, dict\u00f3 medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda, realiz\u00f3 la diligencia de entrega anticipada del inmueble objeto del proceso, y luego, por medio de auto de 8 de febrero de la presente calenda, con sustento en la providencia de unificaci\u00f3n AC140 de 24 de enero de 2020, proferida por esta Sala y en virtud del control de legalidad establecido en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, decidi\u00f3 \u201cdeclarar la falta de competencia por el factor subjetivo, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de la sociedad demandante, Agencia Nacional Estatal \u2013 ANI\u201d, por lo que, \u201cla competencia para conocer del presente proceso se encuentra en cabeza del Juez Civil del Circuito Oral de Bogot\u00e1 D.C., en aplicaci\u00f3n de la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d2. <\/p>\n
3. La parte demandante, radic\u00f3 ante ese despacho solicitud de control de legalidad, para que se dejara sin valor ni efecto la providencia referida en el p\u00e1rrafo precedente, con el prop\u00f3sito de que el proceso siguiera su curso en la capital del Atl\u00e1ntico; con sustento en que, como el bien objeto de expropiaci\u00f3n se encuentra ubicado en dicha ciudad la entidad renunci\u00f3 de forma t\u00e1cita a la aplicaci\u00f3n al \u201cfuero personal\u201d al momento de presentar el libelo para darle prevalencia al fuero real; adicionalmente, adujo que no se debe confundir el factor subjetivo con el fuero personal, pues en su sentir, el segundo originado en el factor territorial no altera la competencia cuando dentro del proceso interviene una entidad p\u00fablica, por lo que no exist\u00edan razones para remitir las diligencias a Bogot\u00e13. <\/p>\n
4. Por medio de providencia de 14 de abril pasado, la juzgadora de Barranquilla resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume el auto cuestionado, al advertir que dicha decisi\u00f3n se tom\u00f3 en atenci\u00f3n tanto al auto de unificaci\u00f3n AC140-2020, como a lo dispuesto en el art\u00edculo 29 del estatuto procesal vigente, pues en virtud de una \u201cinterpretaci\u00f3n correcta, y en observancia del car\u00e1cter de orden p\u00fablico y por lo tanto de obligatorio cumplimiento de las normas procesales\u201d, no es procedente la \u201crenuncia tacita del fuero personal por parte de la demandante al presentar la demanda ante el Juez donde se encuentra ubicado el bien objeto del proceso y no, en ante el Juez de su domicilio (…)\u201d, por expresa disposici\u00f3n legal contenida en el canon 13 ib\u00eddem y de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el asunto realizado por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil4. <\/p>\n
5. Recibidas las diligencias por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de la ciudad de destino, este tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, refiri\u00e9ndose a que corresponde el conocimiento del asunto a la juzgadora remitente, pues \u201cel predio del cual se solicita sea expropiado se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Colombia- Atl\u00e1ntico, es decir, prevalece el facto territorial. (\u2026) Aunado a lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, manifest\u00f3 en el escrito de la demanda, su predilecci\u00f3n para que prevalezca el fuero real determinado por la ubicaci\u00f3n del inmueble (\u2026), entendiendo el juzgador la voluntad de la actora como una renuncia al factor subjetivo5. <\/p>\n
6. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil de circuito competente para conocer del presente proceso de expropiaci\u00f3n, en el que se discute si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o el del numeral s\u00e9ptimo del mismo precepto. Cumple averiguar, adem\u00e1s, si la competencia debe continuar en el juzgador ante el que primero se radic\u00f3, en atenci\u00f3n al principio de la perpetuatio iurisdictionis. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d6. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. Inaplicaci\u00f3n del postulado de la \u201ccompetencia perpetua\u201d cuando se est\u00e1 frente a un foro privativo <\/p>\n
No hay duda que, en l\u00ednea de principio, la competencia por el factor territorial es prorrogable, si de entrada el juzgador no advierte que el funcionario facultado para tramitar el caso es otro, o si hay silencio de las partes al respecto. <\/p>\n
Sin embargo, excepciones hay a esa regla general, y ellas surgen de los eventos en los que se est\u00e1 en presencia de un foro privativo, y en los que el criterio que se sigue para asignar la atribuci\u00f3n radica en la naturaleza o calidad de las partes que intervienen en el litigio, como por ejemplo, en los supuestos contemplados en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
(\u2026) Como se denota, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n, y precisamente en el sub lite ocurri\u00f3 una de dichas salvedades por la intervenci\u00f3n de una entidad p\u00fablica descentralizada de servicios p\u00fablicos, de donde le era posible al juez inicial, desprenderse de la competencia del asunto, con miras acatar el mandato de car\u00e1cter imperativo consagrado en el art\u00edculo 29 C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. (\u2026) Resaltado a prop\u00f3sito7. <\/p>\n
6. El caso concreto <\/p>\n
De la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la entidad8, se observa que la convocante es \u201cuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u201d, y tambi\u00e9n que su domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, por lo que es evidente que \u00e9sta es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido el que resulta entonces aplicable, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al lugar en donde se encuentran ubicados los bienes, como lo pretendi\u00f3 el Juez Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pues, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en el citado auto de unificaci\u00f3n, <\/p>\n
En virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)9. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En atenci\u00f3n al numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, complementado con los art\u00edculos 13 y 29 del mismo estatuto, independientemente de que el inmueble caracterizado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-182795, del que se pretende la expropiaci\u00f3n est\u00e9 ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atl\u00e1ntico, en consideraci\u00f3n a que la parte demandante es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es Bogot\u00e1, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a la prevalencia establecida en esta norma. <\/p>\n
Por esas razones, se ordenar\u00e1 enviar el expediente al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, ello, sin que interese que haya alcanzado a ser tramitado con anterioridad por su hom\u00f3logo Noveno Civil de Circuito Oral de Barranquilla, \u201cpor tratarse el descrito de un foro exclusivo que, por lo mismo, descarta la aplicaci\u00f3n del principio legal de la perpetuatio jurisdictionis\u201d (AC5943-2017). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los juzgados mencionados, determinando que al Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corresponde conocer el juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- frente a RODRIGO LE\u00d3N MORE C\u00c1RDENAS, WILLING ZAPATA DEL TORO, ISAZA INMOBILIARIA (BANCO DE LOTES) & COMPA\u00d1\u00cdA S. EN C. \u201cEN LIQUIDACI\u00d3N\u201d y el DEPARTAMENTO DEL ATL\u00c1NTICO. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 a 11, anexo 01 demanda.pdf, exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 4, anexo 25 auto declara falta de competencia.pdf, exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 4, anexo 25 auto declara falta de competencia.pdf, exp. digital. <\/p>\n
4\u0002 Anexo 28 auto resuelve solicitud de ilegalidad.pdf, exp. digital. <\/p>\n
5\u0002 Anexo 30 auto conflicto negativo de competencia.pdf, Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC 278 2020. <\/p>\n
8\u0002 https:\/\/www.ani.gov.co\/informacion-de-la-ani\/quienes-somos <\/A><\/p>\n