AC2497-2021 (2018-00486-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2497-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00486-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Antes de proceder a dictar la sentencia para decidir el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por NOE D\u00cdAZ SARRIA como apoderado general de FREDDY ORLANDO, CIRO Y REBECA JUDITH GUERRERO BLANCO frente a la sentencia emitida el 23 de febrero de 2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso declarativo especial de pertenencia promovido por LUZ DARY OSPINA VIRGEN contra aqu\u00e9llos, se entra a resolver sobre la solicitud de suspensi\u00f3n del presente tr\u00e1mite extraordinario, planteado por la parte impugnante en el escrito contentivo de los alegatos. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demanda de revisi\u00f3n se funda en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso que alude a \u201c[h]aberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida\u201d. <\/p>\n
2. Adelantadas las fases procesales de rigor, ingres\u00f3 el expediente al Despacho para proferir la decisi\u00f3n de fondo; sin embargo, al alegar de conclusi\u00f3n, los accionantes solicitaron la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite con fundamento en el inciso tercero del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, en armon\u00eda con el numeral 1\u00b0 del canon 161 ib\u00eddem1. <\/p>\n
3. En el periodo probatorio se obtuvo informaci\u00f3n mediante oficio No. 20380-01-02-89 de 10 de febrero de 2020, de la Fiscal\u00eda 89 Seccional de Cali, atinente a que \u201cel 23 de enero de 2016, se recepcion\u00f3 en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, denuncia escrita del se\u00f1or denunciante NOE SARRIA, con radicado n\u00famero 760010001932016007021, donde se alleg\u00f3 poder especial ampli\u00f3 y suficiente conferido por el se\u00f1or FREDDY ORLANDO GUERRERO BLANCO, en calidad de HEREDERO DE CIRO GUERRERO SEPULVEDA y REBECA BLANCO, cit\u00e1ndose como indiciada a la se\u00f1ora LUZ DARY OSPINA, asignada a la Fiscal\u00eda 42 Seccional de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d y, el 13 de junio siguiente, otra denuncia por parte de aqu\u00e9llos con id\u00e9ntica indiciada, que correspondi\u00f3 \u201ca la Fiscal\u00eda 34 Seccional; despacho que remiti\u00f3 por conexidad y por ser la m\u00e1s antigua, a la Fiscal\u00eda 42 Seccional, las que se encuentran en etapa de indagaci\u00f3n\u201d y \u201cfueron instauradas por el presunto delito de Fraude Procesal\u201d (resalto intencional)2. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la suspensi\u00f3n por prejudicialidad <\/p>\n
Establece el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 161 del vigente Estatuto Procesal Civil que, el juez decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n del proceso \u201c[c]uando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A su vez, el inciso segundo del precepto 162 de la misma obra determina que corresponde al juez de conocimiento decidir sobre la procedencia de dicha figura, previendo adem\u00e1s, que la par\u00e1lisis por el citado motivo \u201csolo se decretar\u00e1 mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia\u201d (\u00e9nfasis ajeno al texto). <\/p>\n
Por su lado, el \u00faltimo inciso del canon 356 ejusdem, prev\u00e9 que en las demandas de revisi\u00f3n apoyadas, entre otras, en la causal segunda, como en este caso, en el evento de no haber terminado el juicio criminal, \u201cse suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva. Esta suspensi\u00f3n no podr\u00e1 exceder de dos (2) a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
Al contrastar la informaci\u00f3n que arroja el expediente con las consideraciones expuestas en precedencia, se advierte improcedente la solicitud de suspensi\u00f3n de que aqu\u00ed se trata, comoquiera que, de acuerdo con el informe rendido por la Fiscal\u00eda 89 Seccional de Cali, las denuncias penales formuladas por los recurrentes radicadas con el No. 760010001932016007021 y 76001000193201621478, se encuentran en fase de \u201cindagaci\u00f3n\u201d, pero a\u00fan no tienen la connotaci\u00f3n de proceso judicial3, por lo que no se satisface dicho requisito para la aludida suspensi\u00f3n. <\/p>\n
A cerca de esa tem\u00e1tica, la cual en vigencia de la Ley 600 de 2000 se denominaba \u201cinvestigaci\u00f3n previa\u201d, la Corte Constitucional precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u201cLa investigaci\u00f3n previa es considerada como una etapa preprocesal donde el Estado debe determinar si una conducta ha ocurrido, si est\u00e1 tipificada en la ley penal, si se configura una causal de ausencia de responsabilidad y si la acci\u00f3n penal es procedente, y donde el ente acusador tiene la posibilidad de recaudar las pruebas indispensables que permitan individualizar o identificar los autores o part\u00edcipes de un il\u00edcito (CPP. art\u00edculo 322). <\/p>\n
En la Sentencia C-412 de 1993 MP. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, la Corte debi\u00f3 pronunciarse en relaci\u00f3n con una demanda contra la norma del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (anterior) que autorizaba la duraci\u00f3n indefinida de la investigaci\u00f3n previa. La Corte rese\u00f1\u00f3 la importancia y algunas de las caracter\u00edsticas de este momento procesal en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cDurante la investigaci\u00f3n previa el inter\u00e9s dominante corresponde a la funci\u00f3n investigativa del Estado. El adentrarse en el proceso propiamente dicho impone la idea de equilibrio entre la funci\u00f3n investigativa y punitiva del Estado (autoridad) – trasunto de su deber de administrar justicia – y los derechos y garant\u00edas del sindicado (libertad). (…). <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u2018La investigaci\u00f3n previa como etapa anterior al proceso persigue determinar si hay lugar o no a la acci\u00f3n penal. Se trata de una actuaci\u00f3n contingente que no debe realizarse si existe suficiente informaci\u00f3n para iniciar la acci\u00f3n penal habida cuenta de la tipicidad del hecho, la identificaci\u00f3n de sus autores o part\u00edcipes y la inexistencia de causales de justificaci\u00f3n o inculpabilidad. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de la investigaci\u00f3n previa es la de establecer los presupuestos m\u00ednimos para adelantar la acci\u00f3n penal y dar curso a la iniciaci\u00f3n formal del proceso. La simple \u00abnotitia criminis\u00bb no se considera motivo suficiente para iniciar el proceso penal – y poner en marcha la funci\u00f3n investigativa y punitiva del Estado – sino se acompa\u00f1a de las pruebas sobre los presupuestos necesarios de la acci\u00f3n penal – tipicidad del hecho, identificaci\u00f3n de autores o part\u00edcipes, procedibilidad de la acci\u00f3n – que permitan racionalmente colegir en principio su necesidad.\u201d (destaco deliberado, C.C. C-033\/03). <\/p>\n
Y, en rigor la Ley 906 de 2004, que regula el actual \u201cSistema Penal Acusatorio\u201d, en relaci\u00f3n con la aludida etapa, dicha Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa actuaci\u00f3n penal se inicia desde el momento en que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tiene informaci\u00f3n de la noticia criminal por medio de denuncia, querella, petici\u00f3n especial o por cualquier otro medio id\u00f3neo (art. 200 C.P.P.). No obstante, es posible que la noticia criminal no tenga la informaci\u00f3n suficiente para iniciar la acci\u00f3n penal, evento en cual se llevar\u00e1 a cabo una actuaci\u00f3n preliminar, anterior al proceso propiamente dicho, denominada indagaci\u00f3n, cuya finalidad es establecer la necesidad de darle curso al proceso y definir si el hecho delictivo se cometi\u00f3, c\u00f3mo ocurri\u00f3 y qui\u00e9nes participaron en su realizaci\u00f3n. <\/p>\n
En esta primera fase de indagaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda determinar\u00e1 la existencia del hecho delictivo, las circunstancias en que este se present\u00f3 e identificar\u00e1 a los autores o part\u00edcipes. Es posible que los hechos no sean f\u00e1ciles de verificar y no existan elementos materiales que ayuden en la identificaci\u00f3n del il\u00edcito, siendo ese el caso, la Fiscal\u00eda y las autoridades de polic\u00eda judicial, deber\u00e1n definir la conducta que va a ser objeto de investigaci\u00f3n y juicio, mediante actividades y diligencias previas, t\u00e9cnicas y cient\u00edficas. Para desarrollarlas tendr\u00e1 como l\u00edmite el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Si por el contrario, existe informaci\u00f3n suficiente sobre la ocurrencia del delito, sobre las circunstancias en que \u00e9ste fue cometido y sobre sus autores, no se requiere adelantar esta fase de indagaci\u00f3n y se formular\u00e1 la imputaci\u00f3n\u201d (resalto premeditado, C.C. C-559\/19). <\/p>\n
De otro lado, aunque las rese\u00f1adas denuncias se relacionan con los hechos de la presente impugnaci\u00f3n extraordinaria, estas se instauraron por la presunta comisi\u00f3n del delito de \u201cfraude procesal\u201d, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la mentada dependencia en el informe citado con antelaci\u00f3n, pero ninguna por la conducta penal de \u201cfalsedad en documento privado\u201d, en particular, del contrato de promesa de compraventa que sirvi\u00f3 de base al fallo confutado, como lo sugieren los actores, de ah\u00ed que, tampoco se cumple el presupuesto de que la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, como a\u00fan no hay proceso penal en curso y las denuncias citadas por los impugnantes se instauraron por la presunta comisi\u00f3n de la conducta penal de fraude procesal, ninguna por falsedad en documento privado, se impone denegar la solicitud materia de estudio. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la petici\u00f3n de los recurrentes relacionada con la suspensi\u00f3n del presente tr\u00e1mite extraordinario. <\/p>\n
SEGUNDO: En firme esta providencia, ingresaran de nuevo las actuaciones para lo pertinente: dictar sentencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 234 y 235, cdno. Corte. <\/p>\n
2\u0002 Folio 225, ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC3373-2014 y SC10050-2014. <\/p>\n
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