AC2587-2021 (2018-00200-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2587-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-31-10-002-2018-00200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
La actora pidi\u00f3 \u00abdeclarar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores Jon Jairo Olivera Ram\u00edrez (Q.E.P.D.) y Mayda Lorena Saavedra M\u00e9ndez, desde el 30 de marzo de 2007 hasta el d\u00eda 20 de enero de 2018, fecha de [su] fallecimiento\u00bb. En consecuencia, reclam\u00f3 \u00abque se declare la constituci\u00f3n de una sociedad patrimonial\u00bb entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Para fincar su reclamaci\u00f3n, la se\u00f1ora Saavedra M\u00e9ndez dijo haber convivido \u00abpor un t\u00e9rmino de once (11) a\u00f1os\u00bb con Jon Jairo Olivera Ram\u00edrez, con quien construy\u00f3 un proyecto de vida mutuo, llegando a procrear al ni\u00f1o Kevin Santiago Olivera Saavedra. A ello agreg\u00f3 que la estabilidad del v\u00ednculo more uxorio permiti\u00f3 el surgimiento de la universalidad jur\u00eddica aludida en el p\u00e1rrafo precedente, la cual est\u00e1 integrada por varios activos, relacionados con detalle en el escrito introductorio. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.1. Los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Olivera Ram\u00edrez comparecieron al proceso a trav\u00e9s de curador ad litem, sin manifestar su oposici\u00f3n a los reclamos incorporados en el escrito introductor. <\/p>\n
2.2. El 19 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 puso fin a la primera instancia, mediante fallo \u00edntegramente desestimatorio del petitum. La demandante apel\u00f3. <\/p>\n
3. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 lo decidido por el fallador a quo, apoy\u00e1ndose en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) Las pruebas obrantes en el expediente no evidencian el elemento de \u00abcomunidad de vida\u00bb en la pareja; los testimonios recaudados \u00absolamente hacen referencia a episodios pasajeros entre Mayda Lorena Saavedra y Jon Jairo Olivares Ram\u00edrez los cuales corresponden a visitas espor\u00e1dicas que ocurr\u00edan de 8 o 15 d\u00edas\u00bb, lo que nada dice acerca del \u00abdesarrollo interno que ten\u00eda la pareja en el aspecto afectivo, emocional, crecimiento personal, respeto y colaboraci\u00f3n entre ellos\u00bb. <\/p>\n
(ii) Las documentales aportadas al proceso no dan fe de las circunstancias dom\u00e9sticas y afectivas que desarrollaba la pareja, y tampoco acreditan que \u00abentre ellos existiera una relaci\u00f3n de convivencia\u00bb, en especial si se tiene en cuenta que \u00abdentro del plenario existen testimonios que desdicen la uni\u00f3n marital\u00bb. <\/p>\n
(iii) El requisito de la \u00absingularidad\u00bb qued\u00f3 desvirtuado con las declaraciones decretadas de oficio, pues los testigos, de manera uniforme, indicaron que \u00abel finado sosten\u00eda una relaci\u00f3n amorosa con Yuliana Castro, persona con la que acostumbraba a ir al corregimiento de Payande y quien lo socorri\u00f3 cuando Olivera Ram\u00edrez sufri\u00f3 un accidente en su cicla y se lesion\u00f3 el brazo; aspecto que sin asomo de duda va en contra del requisito\u00bb. <\/p>\n
4. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Contra la decisi\u00f3n del tribunal, la se\u00f1ora Saavedra M\u00e9ndez interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, formulando un \u00fanico cargo, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de revelar o exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n del cargo \u00fanico. <\/p>\n
Invocando la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la actora denunci\u00f3 la transgresi\u00f3n indirecta de \u00abla ley sustancial\u00bb, como consecuencia de un \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. Para desarrollar esta cr\u00edtica, expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El tribunal err\u00f3 \u00aben la valoraci\u00f3n de los medios de prueba testimonial (\u2026), comoquiera que generaliz\u00f3 en su contexto, obvi\u00f3 hacer un an\u00e1lisis pormenorizado de cada uno de los dichos de los testigos y una valoraci\u00f3n en conjunto de la prueba acatando las exigencias de la sana critica, de la l\u00f3gica y la experiencia\u00bb, para \u00abdeterminar su valor probatorio y colegir el valor que ten\u00edan para respaldar la pretensi\u00f3n de la demanda o para demeritarla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Esa colegiatura omiti\u00f3 valorar el interrogatorio de la demandante, quien relat\u00f3 \u00abcon detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se dio la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, pese a que su dicho, analizado \u00aben conjunto y bajo los criterios de la sana critica\u00bb, era coherente, razonado y lo suficientemente cre\u00edble para ser tenido en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. En ese mismo sentido, el ad quem rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio a los testimonios presentados por la parte actora, a pesar de que estos daban fe de que \u00abJon Jairo y Mayda Lorena conviv\u00edan juntos (sic), compart\u00edan como una pareja normal, velaban por su hijo, disfrutaban en pareja, viajaban y depart\u00edan en familia\u00bb, lo que permit\u00eda \u00abevidenciar que exist\u00eda entre los compa\u00f1eros un proyecto de vida materializado por actos rec\u00edprocos de bienestar com\u00fan, apoyo moral, socorro y solidaridad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Fue tal el desatino del juzgador de segunda instancia, que no solamente desconoci\u00f3 la contundencia de las pruebas citadas, sino que \u00abpas\u00f3 por alto las protuberantes contradicciones en las que incurrieron los testigos convocados al proceso de oficio\u00bb y termin\u00f3 por \u00abpor aceptar que ellos si dec\u00edan la verdad y que la misma era suficiente para llegar al conocimiento fidedigno de que no existi\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, a pesar de que tales declaraciones ameritaban serios reparos, por incoherentes e imprecisas. <\/p>\n
<\/p>\n
v. M\u00e1s grave a\u00fan, se tuvo en cuenta la versi\u00f3n de Diego Fernando Olivera, cuando esta fue aducida de manera irregular e indebida, en tanto que no se decret\u00f3 en la \u00abetapa procesal respectiva\u00bb, sino que se recibi\u00f3 en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, es decir, se obtuvo \u00abcon violaci\u00f3n al debido proceso y por consiguiente es nula de pleno derecho\u00bb, por lo que \u00abno pod\u00eda ser tenida en cuenta para resolver este asunto\u00bb; adem\u00e1s, su dicho era incoherente, se mostraba impreciso y contradictorio. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En ese orden, \u00abesos testimonios claudican en eficiencia probatoria frente a los medios de convicci\u00f3n aducidos a petici\u00f3n de la parte actora, porque sus dichos si fueron coherentes, sinceros y sirven para demostrar a la justicia que efectivamente entre la demandante y el interfecto Jon Jairo olivera Ram\u00edrez, existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, inferencia que surge del \u00aban\u00e1lisis en conjunto y bajo los criterios de la sana critica del caudal probatorio\u00bb. <\/p>\n
3.2. Examen del cargo. <\/p>\n
(i) Como la causal segunda de casaci\u00f3n consiste en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es ineludible que, al sustentar su cr\u00edtica por esta v\u00eda, la parte recurrente demuestre que el tribunal incurri\u00f3 en un yerro del que surja patente la trasgresi\u00f3n de, al menos, una norma que tenga ese linaje, debi\u00e9ndose precisar que, como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha de resaltarse que no basta con invocar gen\u00e9ricamente las normas \u00absustanciales\u00bb que, a juicio del recurrente, habr\u00eda infringido el fallador de segundo grado, sino que aquel debe demostrar que dichas disposiciones constituyeron base esencial de la sentencia impugnada, o debieron serlo; ello, sin perder de vista la necesidad de explicar de qu\u00e9 manera se habr\u00edan trasgredido esos preceptos, as\u00ed como la relevancia que esa \u00abviolaci\u00f3n\u00bb tuvo en lo resolutivo de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Aplicando esas premisas al presente cuestionamiento, refulge su traspi\u00e9, porque la se\u00f1ora Saavedra M\u00e9ndez no se\u00f1al\u00f3 ninguna norma de linaje sustancial \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme lo exige el citado par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n basta relievar que la recurrente denunci\u00f3, gen\u00e9ricamente, la infracci\u00f3n de la \u00abley sustancial\u00bb, pero no especific\u00f3 ning\u00fan precepto espec\u00edfico, deficiencia que constituye raz\u00f3n suficiente para inadmitir el cargo, pues como ha reconocido esta Corporaci\u00f3n en oportunidades anteriores, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la transgresi\u00f3n que se invoca versa tan solo sobre normas rituales que de suyo, por su propia \u00edndole, no pueden ser las que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte tiene circunscrita su atribuci\u00f3n decisoria por los l\u00edmites precisos que trace la censura en casaci\u00f3n \u2013pues es la demanda punto de partida ineludible de cualquier consideraci\u00f3n cr\u00edtica respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G. J. T. CXXXVIII, p\u00e1g. 244, y CXXX, p\u00e1g. 165)\u2013, p\u00f3nese as\u00ed de manifiesto la falta de idoneidad del escrito (\u2026) y la p\u00e9rdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un tr\u00e1mite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo (\u2026) concierne, tendr\u00e1 que terminar con el registro en la sentencia del defecto advertido desde un principio\u00bb (CSJ AC221, 24 sep. 1998, rad. 7251). <\/p>\n
(ii) A la grave falencia anotada cabe agregar que, al desarrollar el \u00fanico cargo propuesto, la se\u00f1ora Saavedra ofreci\u00f3 valoraciones alternativas de los testimonios a los que se aludi\u00f3 en el fallo confutado; pero esas explicaciones no muestran, al menos en forma irrefutable, que la \u00fanica lectura de esas probanzas sea la que all\u00ed se propone, como es de rigor para demostrar las equivocaciones del linaje de las pregonadas en la sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario. <\/p>\n
Insiste la Corte en que a la libelista le incumb\u00eda demostrar que los errores cometidos en el fallo cuestionado eran de tal magnitud que dejaban al descubierto su apartamiento grosero y trascendente de los elementos de convicci\u00f3n, evidenciando adem\u00e1s que la tesis expuesta por la censura es la \u00fanica admisible; pero, se itera, este discurso fue obviado en la demanda de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Justamente, en lugar de atender ese gravamen argumentativo, la demandante se limit\u00f3 a compendiar los testimonios recaudados, para exponer, a partir de all\u00ed, una particular propuesta de valoraci\u00f3n del material probatorio, como disyuntiva a la que sirvi\u00f3 para fundar la decisi\u00f3n impugnada. No obstante, los reparos as\u00ed formulados tienen la entidad propia de un alegato de instancia, incompatible con este recurso extraordinario. <\/p>\n
Por consiguiente, se impone colegir que la demanda de sustentaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para comprobar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase, respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
(iii) Adicionalmente, la se\u00f1ora Saavedra M\u00e9ndez entremezcl\u00f3 la naturaleza de sus acusaciones, pues dijo denunciar \u00aberrores de hecho\u00bb, pero a rengl\u00f3n seguido se\u00f1al\u00f3 que los mismos se explicaban a partir de la falta de valoraci\u00f3n en conjunto del caudal demostrativo y a la valoraci\u00f3n de un testimonio aducido de manera irregular, defectos estos que, de haberse presentado, realmente tendr\u00edan naturaleza jur\u00eddica, seg\u00fan lo tiene decantado el precedente de esta Corporaci\u00f3n (Cfr. CSJ AC5272-2019, 10 dic., entre otras). <\/p>\n
El comentado hibridismo desatiende los principios de autonom\u00eda e independencia que caracterizan a un recurso formal y, por v\u00eda general, dispositivo como la casaci\u00f3n y, por esa v\u00eda, frustra la posibilidad de \u00e9xito del ataque, pues como se ha reconocido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores [de hecho y de derecho, se aclara] no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026). Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n (…) pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb (AC219-2017, 25 ene.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La recurrente no relacion\u00f3 ninguna norma de derecho sustancial al desarrollar su cargo por la v\u00eda indirecta, ni demostr\u00f3 tampoco la trascendencia de los errores denunciados; de ah\u00ed que sea imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia, con apoyo en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Mayda Lorena Saavedra M\u00e9ndez frente a la sentencia de 22 de julio de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso verbal de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital que promovi\u00f3 la recurrente contra los herederos de Jon Jairo Olivera Ram\u00edrez. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC2587-2021 (2018-00200-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2587-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-31-10-002-2018-00200-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}