AC2594-2021 (2017-00109-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2594-202 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-31-03-001-2017-00109-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que interpuso Mercadeo Tecnolog\u00eda y Comunicaciones S.A.S. (en adelante, Mercattel) frente a la sentencia de 10 de marzo de 2020, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso verbal que promovi\u00f3 la recurrente contra Telmex S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Mercattel pidi\u00f3 que se declare que su contraparte es civilmente responsable por la infracci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado el 1\u00ba de abril de 2011, \u00abpor cualquiera de las siguientes causas o las que resulten demostradas en el proceso: incumplir las obligaciones contenidas en el c\u00f3digo de \u00e9tica que forma parte del contrato; incumplir el principio de ejecuci\u00f3n de buena fe del contrato; abusar de la posici\u00f3n dominante; falta de diligencia y cuidado en la terminaci\u00f3n del contrato; falta de criterios objetivos en selecci\u00f3n; imprudencia y temeridad en su ejecuci\u00f3n; y\/o por alterar el principio de confianza leg\u00edtima al momento de declarar la terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, reclam\u00f3 varias indemnizaciones, que totalizan $11.227.953.4341, junto con \u00ablos intereses de mora que se causen desde el d\u00eda de presentaci\u00f3n de la demanda y hasta el d\u00eda del pago efectivo\u00bb. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 el pago de \u00ab$209.005.430, por facturas dejadas de pagar en la liquidaci\u00f3n del contrato, juntamente con los intereses de mora (\u2026) liquidados desde el 27 de junio de 2014\u00bb. <\/p>\n
2. Fundamento F\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. El 16 de marzo de 2004, Iv\u00e1n Mauricio Pr\u00edas conform\u00f3 el establecimiento de comercio denominado \u201cINGECOM\u201d, a trav\u00e9s del cual prestaba servicios de comercializaci\u00f3n, venta, soporte y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, siendo su principal cliente la sociedad TV Cable Pac\u00edfico S.A. <\/p>\n
2.3. Para atender tal exigencia, el 13 de junio de 2008 el se\u00f1or Pr\u00edas constituy\u00f3 la empresa unipersonal denominada \u201cMercadeo Tecnolog\u00eda y Comunicaciones Mercattel E.U.\u201d, con quien se celebraron nuevos contratos de prestaci\u00f3n de servicios con el mismo objeto de los anteriores y \u00abse suscriben adem\u00e1s los contratos de agencia comercial de hogar y pyme\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, aprovech\u00e1ndose de su condici\u00f3n de cliente \u00fanico de Mercattel, en esa oportunidad Telmex impuso el contenido de las negociaciones, incluyendo \u00abm\u00faltiples cl\u00e1usulas abusivas, tales como permitir la modificaci\u00f3n unilateral del contrato por Telmex (\u2026); se relacionaban m\u00e1s de 20 numerales para Mercattel y solo 2 para Telmex, (\u2026) se autorizaba la imposici\u00f3n de multas y sanciones, se creaban cl\u00e1usulas de sentido unidireccional para proteger a Telmex y no a la inversa, tales como cl\u00e1usulas de indemnidad, condici\u00f3n resolutoria, p\u00f3lizas y garant\u00edas a cargo de Mercattel, exclusividad a favor de Telmex, causales de terminaci\u00f3n a favor de Telmex, facultad de administrador del contrato y renuncias a derechos por parte de Mercattel, entre otros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.5. Para evitar \u00abque se dieran las consecuencias naturales de la antig\u00fcedad, el pago de la denominada cesant\u00eda comercial (\u2026), Telmex exig\u00eda que suscribieran entre las partes, llegada la fecha de vencimiento de cada contrato, actas de liquidaci\u00f3n y transacci\u00f3n, as\u00ed como el nuevo contrato que regir\u00eda inmediatamente terminado el anterior, pero no exist\u00eda terminaci\u00f3n real, ni soluci\u00f3n de continuidad en las gestiones, sino pr\u00f3rrogas y la documentaci\u00f3n de terminaci\u00f3n y transacci\u00f3n se firmaba incluso en \u00e9pocas diferentes a la fecha de terminaci\u00f3n, en ocasiones con posterioridad al inicio de vigencia del contrato\u00bb. <\/p>\n
2.6. Siguiendo el mismo patr\u00f3n, el 1 de abril de 2011 se suscribi\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios que regir\u00eda la relaci\u00f3n comercial desde esa fecha, cuyo contenido fue igualmente impuesto en su totalidad por Telmex y al que se adicionaron nuevas cl\u00e1usulas abusivas, con las que se increment\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el desequilibrio de la relaci\u00f3n negocial, \u00abrecargando en Telmex sanciones, intervenciones directas del contrato y los trabajadores, apropiaciones de la informaci\u00f3n, cl\u00e1usula penal unilateral, imposici\u00f3n de direcci\u00f3n t\u00e9cnica de exclusividad, no concurrencia, p\u00f3lizas excesivas, entre otras (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.7. Durante el a\u00f1o 2013, Telmex inici\u00f3 un proceso de licitaci\u00f3n para seleccionar las compa\u00f1\u00edas cuyos servicios seguir\u00eda contratando, y aunque Mercattel \u00abcumpli\u00f3 con todas las condiciones objetivas de la propuesta y estaba mejor perfilado que los dem\u00e1s oferentes\u00bb, en marzo de 2014 Telmex le informa que no fue seleccionado y que, por ende, deb\u00eda iniciar el \u00abdesmonte y la transferencia de todo el know how, empleados, procesos e informaci\u00f3n a otros aliados o controlados de Telmex\u00bb, proceso para el cual se solicit\u00f3 un plazo de seis meses, otorg\u00e1ndosele apenas la mitad de ese lapso. <\/p>\n
2.8. Previamente, Telmex hab\u00eda generado en Mercattel \u00abla confianza leg\u00edtima de que el contrato se iba a prorrogar\u00bb, pues, adem\u00e1s de que esta \u00faltima contaba con \u00ablas condiciones econ\u00f3micas, t\u00e9cnicas y financieras para ser admitida, ten\u00eda gran conocimiento en el mercado\u00bb, y siempre \u00abcumpli\u00f3 a satisfacci\u00f3n la totalidad de las obligaciones impuestas en el contrato\u00bb, nunca se le inform\u00f3 sobre la inobservancia de alguna de las condiciones exigidas en la licitaci\u00f3n. Por el contrario, en aquella \u00e9poca se le encarg\u00f3 el cubrimiento de ciudades distintas a aquellas para las que inicialmente se contrataron sus servicios, se le exigi\u00f3 aumentar su planta de personal y tambi\u00e9n invertir en el mejoramiento de su \u00abpropiedad planta y equipo\u00bb. <\/p>\n
2.9. Para cuando la convocada \u00abdio por terminado de forma abusiva e irresponsable\u00bb la mencionada relaci\u00f3n contractual, adeudaba a la convocante m\u00e1s de $200.000.000, acreencias que a\u00fan no ha satisfecho. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3.1. Notificada del auto admisorio de la demanda, la convocada se opuso al petitum y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abterminaci\u00f3n legal del contrato\u00bb; \u00abincumplimiento contractual por parte de Mercattel\u00bb; \u00abcumplimiento del contrato por parte de Telmex\u00bb; \u00abausencia de confianza leg\u00edtima\u00bb; y \u00abdemanda infundada e inexistencia del derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con el mismo fundamento de sus defensas perentorias (orientadas, en lo medular, a plantear que fue Mercattel quien incumpli\u00f3 injustificadamente el contrato de prestaci\u00f3n de servicios), la convocada interpuso demanda de mutua petici\u00f3n, frente a la cual la actora principal excepcion\u00f3 \u00abcumplimiento del contrato\u00bb; \u00abincumplimiento de Telmex \u2013 excepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb; \u00abimposibilidad de cobrar perjuicios, cl\u00e1usula penal, nulidad por abusividad y reducci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal\u00bb; \u00abmala fe \u2013 confianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. Mediante fallo de 20 de febrero de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia desestim\u00f3 ambas demandas. Las dos partes apelaron. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 integralmente el fallo proferido por el juez a quo, determinaci\u00f3n que se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
(i) Qued\u00f3 demostrado que el negocio jur\u00eddico que incumbe a este proceso tiene como antecedente \u00abun contrato de compraventa y distribuci\u00f3n suscrito el 16 de febrero y 26 de abril de 2006, para desarrollar operaciones de mercadeo en telecomunicaciones en las ciudades de Pasto y Armenia, los cuales fueron objeto de transacci\u00f3n el 30 de julio de 2008, fecha a partir de la cual las sociedades mercantiles [en litigio] celebraron en dicho ramo nuevos contratos de prestaci\u00f3n de servicios, que luego fueron finalizados y liquidados por vencimiento del plazo\u00bb. <\/p>\n
(ii) Una vez extinguidas las obligaciones derivadas de esa relaci\u00f3n comercial primigenia, el 1 de abril de 2011 los contendientes \u00absuscribieron un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, en el que la contratista se obligaba a prestar los servicios de levantamiento de maping, digitalizaci\u00f3n de maping, dise\u00f1o de redes HFC, construcci\u00f3n, mantenimiento e instalaci\u00f3n de redes coaxiales y control de materiales proporcionados por la contratante en calidad de propietaria de estos dispositivos (…), a los usuarios finales o consumidores que comprend\u00edan televisi\u00f3n digital, internet banda ancha, telefon\u00eda fija y m\u00f3vil\u00bb. <\/p>\n
(iii) En virtud de ese v\u00ednculo jur\u00eddico, Mercattel qued\u00f3 obligada \u00aba cumplir con las condiciones operativas, t\u00e9cnicas, requerimientos m\u00ednimos de calidad y seguridad, adem\u00e1s como empleadora, a efectuar una selecci\u00f3n de personal experimentado en la prestaci\u00f3n id\u00f3nea de los referidos servicios, debiendo acatar las normas y obligaciones de car\u00e1cter laboral\u00bb. Por su parte, Telmex se comprometi\u00f3 a \u00abpagar por cada trabajo realizado los valores fijados en el anexo 3\u00ba\u00bb. <\/p>\n
(iv) Del clausulado en comento emerge claro que la relaci\u00f3n jur\u00eddica que sostuvieron los litigantes correspondi\u00f3 a un \u00abcontrato de suministro de servicios\u00bb, y no a uno de agencia comercial, \u00abpuesto que en el proceso de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de las redes de telecomunicaciones, Mercattel, como contratista, solo participaba garantizando la provisi\u00f3n o suministro de los dise\u00f1os de maping, construcci\u00f3n, instalaci\u00f3n de las redes HFC que finalmente ser\u00edan de propiedad del productor o comercializador Telmex\u00bb, sin fungir como \u00abagente, ni representante de aquella frente a terceros, usuarios, o consumidores en la cadena productiva\u00bb. <\/p>\n
(v) En cuanto a la duraci\u00f3n del v\u00ednculo, las partes acordaron un t\u00e9rmino de 3 a\u00f1os, \u00abcontabilizado a partir del 1\u00ba de abril de 2011, sin pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, a menos que las partes manifestaran por escrito su voluntad de prorrogarlo, raz\u00f3n por la cual la relaci\u00f3n comercial finalizaba el 30 de marzo de 2014\u00bb. Tambi\u00e9n el contrato podr\u00eda concluir \u00abpor la manifestaci\u00f3n de cualquiera de las partes, siendo necesario para ello un aviso por escrito con 90 d\u00edas corrientes de anticipaci\u00f3n (…), sin lugar a indemnizaci\u00f3n alguna\u00bb; de igual manera se facult\u00f3 a Telmex para darlo por terminado, \u00abde manera unilateral, por los incumplimientos del contratista\u00bb. <\/p>\n
(vi) Para la \u00e9poca de vencimiento de la tercera pr\u00f3rroga del contrato (1 de abril de 2014), ninguno de los contratantes hizo uso de la facultad de finalizarlo anticipadamente; por el contrario, \u00abmediante otros\u00ed del 31 de marzo de 2014, convinieron modificar la citada cl\u00e1usula tercera con la finalidad de prorrogar su vigencia hasta el 15 de junio de esa anualidad, con el prop\u00f3sito de que Mercattel realizara el empalme y entrega de la operaci\u00f3n comercial a la nueva contratista indicada por Telmex\u00bb. <\/p>\n
(viii) Tampoco es factible disponer un resarcimiento con motivo de las irregularidades que se denunciaron respecto al proceso de licitaci\u00f3n que Telmex S.A. adelant\u00f3 por la misma \u00e9poca en que culmin\u00f3 su contrato con Mercattel, puesto que tal selecci\u00f3n \u00abfue el resultado de un proceso competitivo, sin que sea procedente que en este momento se reconozca una responsabilidad precontractual derivada del incumplimiento de las relaciones de la licitaci\u00f3n privada, ya que esta reclamaci\u00f3n jam\u00e1s se postul\u00f3 en la demanda principal\u00bb. <\/p>\n
(ix) En todo caso, ha de verse que la foliatura no evidencia que Telmex S.A. hubiera actuado con deslealtad en dicha licitaci\u00f3n, pues \u00ablos medios probatorios aportados en absoluto demuestran la existencia de un comportamiento que estuviese encaminado a enga\u00f1ar a los aliados comerciales con la utilizaci\u00f3n de este mecanismo de licitaci\u00f3n privada, como maniobra fraudulenta y especialmente dirigida a perjudicar a Mercattel\u00bb. <\/p>\n
(x) Adem\u00e1s, \u00abla demandante tuvo conocimiento de la oportunidad de presentar la oferta para participar en la licitaci\u00f3n y, finalmente, se concret\u00f3, pues a 16 de diciembre de 2013, present\u00f3 su pliego con el objeto de desarrollar la operaci\u00f3n en las regiones de Antioquia y occidente\u00bb, a lo que se a\u00f1ade que \u00abla evaluaci\u00f3n a realizar estaba sujeta a unos par\u00e1metros precisos de selecci\u00f3n, en los que Telmex se hab\u00eda reservado el derecho a seleccionar la mejor oferta y, de acuerdo a su propia conveniencia, dado que se trataba de una invitaci\u00f3n privada\u00bb. <\/p>\n
(xi) Tampoco se puede predicar que \u00abla demandada hubiera desconocido del deber de buena fe y c\u00f3digo de \u00e9tica, por la falta de una informaci\u00f3n exacta, explicita y veraz para conocer a fondo el proceso de selecci\u00f3n\u00bb, puesto que \u00abla solicitud de ofertas se ajust\u00f3 al procedimiento concursal dise\u00f1ado, con par\u00e1metros que fueron puestos en conocimiento de los oferentes para que presentaran sus propuestas entre las cuales se seleccionaron las convenientes para el operador de telecomunicaciones\u00bb, a lo que se suma que las probanzas recaudadas no sugieren, siquiera, que \u00abla demandante, al presentar su oferta, tuviese inquietudes en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del procedimiento licitatorio dise\u00f1ado\u00bb. <\/p>\n
(xii) En cuanto a la confianza leg\u00edtima que la demandante principal denunci\u00f3 vulnerada, las pruebas que se recaudaron para demostrar tal planteamiento fueron los testimonios de Mildred Casallas, Johana P\u00e9rez, Jhon Jaiber Saavedra y Sandra Milena Hurtado, los cuales \u00abcarecen de peso probatorio para establecer que la demandante tuvo la aspiraci\u00f3n firme y convencimiento de que resultar\u00eda preferida en la nueva contrataci\u00f3n que fue objeto de licitaci\u00f3n privada, pues sus versiones solo informaron acerca de la manera como se ejecut\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios, en cuya relaci\u00f3n comercial se le consideraba a Mercattel como uno de los mejores aliados de Telmex, sin aseverar que el procedimiento licitatorio y los tratos cotidianos entre las empresas involucradas, hubiere creado en la demandante la expectativa de renovaci\u00f3n del contrato inicial que las vinculaba\u00bb. <\/p>\n
(xiii) Tampoco est\u00e1 llamada a prosperar la pretensi\u00f3n de pago que formul\u00f3 Mercattel con miras a recaudar el importe de las facturas de venta a que aludi\u00f3 en su demanda, en tanto no se prob\u00f3 \u00abque la contratante le estaba adeudando a la contratista algunos valores facturados en la prestaci\u00f3n del servicio, luego de finalizada la operaci\u00f3n, puesto que las cuentas distinguidas con el numero F904, relacionada en la demanda principal, en sus cuant\u00edas, no corresponden al monto total consignado en la factura O904 que se alleg\u00f3 con el escrito genitor. Tampoco se aport\u00f3 el original o copia de las facturas F909 a F917 y el movimiento de la operaci\u00f3n bancaria de contabilidad correspondiente que estableciera que la demandante tuvo que erogar esas cantidades de dinero en la ejecuci\u00f3n del contrato y al momento de realizar la entrega de la operaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(xiv) La misma suerte adversa debe correr la apelaci\u00f3n de la reconviniente, orientada \u00fanicamente a censurar \u00abla falta de condena en contra de la reconvenida al reintegro de la suma de $100.000.000 que comprende los pagos efectuados por honorarios de abogado y las cuant\u00edas consignadas a los trabajadores de Mercattel con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de la demanda ordinaria laboral que aquellos formularon contra la empleadora y la beneficiaria de los servicios prestados\u00bb. Lo anterior, por cuanto Telmex S.A. no demostr\u00f3 haber pagado los dineros cuyo reembolso reclam\u00f3. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Contra la providencia del tribunal, Mercattel interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 la demanda de sustentaci\u00f3n que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en la que formul\u00f3 dos cargos, con fundamento en las causales segunda y primera (en su orden) del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida2. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio3), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio4), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su materialidad. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de revelar o exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 5. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El an\u00e1lisis de los ataques se abordar\u00e1 conjuntamente dado que las acusaciones presentan deficiencias comunes. <\/p>\n
3.2. Formulaci\u00f3n de los cargos. <\/p>\n
3.2.1. Primer cargo. <\/p>\n
Invocando la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante principal denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n indirecta, por error de hecho, de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 1615, 1618, 1620, 1621, 1622 y 1624 del C\u00f3digo Civil y 822, 830, 864, 870, 871 y 884 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Los argumentos esgrimidos en esta censura admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
(i) En los procesos de responsabilidad civil contractual, no es factible acudir a los principios generales del derecho, como lo hiciera el tribunal, sino que debe buscarse primero la soluci\u00f3n al caso concreto a partir del contenido del negocio jur\u00eddico sobre el que gravita el debate procesal. <\/p>\n
(ii) Por esa misma v\u00eda, en asuntos de dicha naturaleza el fallador solo puede apartarse del texto del contrato, cuando las estipulaciones que lo conforman sean oscuras, vagas o ambiguas, o cuando no representen fielmente la voluntad real de los contratantes, como es el caso de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
(iii) En este juicio, pese a que \u00abninguna de estas dos circunstancias se discute o analiza de forma alguna\u00bb, el tribunal obvi\u00f3 el estudio de las cl\u00e1usulas vig\u00e9simo cuarta y vig\u00e9simo quinta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado por los litigantes, en las que \u2013en forma expresa\u2013 se acord\u00f3 que la negociaci\u00f3n estar\u00eda integrada, entre otras cosas, por el c\u00f3digo de \u00e9tica de Telmex, contenido en el anexo 10 del escrito que recogi\u00f3 los t\u00e9rminos de la contrataci\u00f3n. <\/p>\n
(iv) En virtud de esa normativa, la entidad contratante adquiri\u00f3 el \u00abdeber espec\u00edfico de brindar informaci\u00f3n exacta, expl\u00edcita y veraz que le permita a Mercattel no incurrir en falsas apreciaciones en las que efectivamente incurri\u00f3 (\u2026) de donde se colige que las reservas mentales no son admisibles y menos cuando los contratistas est\u00e1n creyendo una cosa diferente a lo que Telmex est\u00e1 realizando\u00bb. <\/p>\n
(v) De haberse valorado ese elemento de juicio, el ad quem habr\u00eda establecido que \u00abla prueba de que Mercattel conoc\u00eda o deb\u00eda conocer que el proceso era para sacarlo del mercado, no correspond\u00eda a Mercattel, sino a Telmex, quien debi\u00f3 demostrar que inform\u00f3 de forma clara, expl\u00edcita y veraz los prop\u00f3sitos del SDO, como bien se lo exig\u00eda el c\u00f3digo de \u00e9tica\u00bb. <\/p>\n
(vi) Ciertamente, \u00aben el proceso se demostr\u00f3 que Mercattel y los dem\u00e1s aliados estaban \u00edntimamente convencidos de que el proceso SDO era para reorganizar el mercado entre ellos y para la expansi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, con lo cual Telmex, conforme al C\u00f3digo de \u00c9tica, deb\u00eda y pod\u00eda cambiar esa falsa percepci\u00f3n y no lo hizo; por el contrario, gener\u00f3 informaci\u00f3n inexacta, confusa y ocult\u00f3 los verdaderos prop\u00f3sitos de su actuar, hasta el punto que dicha informaci\u00f3n inexacta perdur\u00f3 aun durante la vigencia del proceso judicial (\u2026) pues ni siquiera con la contestaci\u00f3n de la demanda o con los interrogatorios al representante de Telmex se sab\u00eda por qu\u00e9 raz\u00f3n no se hab\u00eda seleccionado a Mercattel\u00bb. <\/p>\n
(vii) A partir de la contestaci\u00f3n de la demanda, el interrogatorio de parte de Telmex S.A., la exhibici\u00f3n de documentos efectuados por dicha entidad y los testimonios recaudados, tambi\u00e9n resulta evidente que la querellada no previ\u00f3 criterios de selecci\u00f3n objetiva para llevar a cabo la licitaci\u00f3n; ocult\u00f3 las tablas de puntaje con las que posteriormente calific\u00f3 a los concursantes, y mantuvo en secreto las razones por las que Mercattel no sali\u00f3 favorecido en esa selecci\u00f3n. <\/p>\n
(viii) En resumen, de haberse interpretado adecuadamente el contrato, en conjunto con el c\u00f3digo de \u00e9tica que lo integraba, se habr\u00eda concluido que lo importante no era \u00abpreguntarse si Telmex actu\u00f3 bajo los postulados de la buena fe comercial o si es responsable por no haber seguido las normas de selecci\u00f3n en licitaciones para entidades estatales, sino si, existiendo contratos vigentes con un c\u00f3digo de \u00e9tica (\u2026), al terminarse o cambiar dichos contratos deb\u00eda, o no, cumplirse con las condiciones de dicho c\u00f3digo\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Segundo cargo. <\/p>\n
Al amparo de la causal primera del citado canon 366, Mercattel acus\u00f3 la sentencia de trasgredir directamente \u00abla norma de hermen\u00e9utica que establece que los asuntos mercantiles se regir\u00e1n por la ley comercial, prefiriendo las estipulaciones de los contratos a las normas mercantiles supletivas y a los principios generales del derecho\u00bb, y que estar\u00eda contenida, seg\u00fan su apreciaci\u00f3n, en los art\u00edculos 1, 2, 4, 7 y 871 del C\u00f3digo de Comercio, 1602 del C\u00f3digo Civil y \u00aben el c\u00f3digo de \u00e9tica de Telmex, vinculado contractualmente por las cl\u00e1usulas vig\u00e9sima cuarta y vig\u00e9sima quinta del contrato objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, aleg\u00f3 que, de conformidad con dichos preceptos, \u00abel juez deb\u00eda primero analizar si las conductas desplegadas por Telmex daban total cumplimiento al contrato como fuente normativa, antes de acudir a resolver el caso por los principios generales que se derivan del concepto de la buena fe contractual\u00bb. No obstante, \u00abel tribunal hace o\u00eddos sordos a la solicitud de aplicaci\u00f3n del c\u00f3digo de \u00e9tica como fuente normativa entre las partes, nada dice sobre los deberes especiales de informaci\u00f3n o sobre el cumplimiento o no de los deberes que el c\u00f3digo de \u00e9tica implicaba para Telmex, y decide al momento de valorar la probidad de la actuaci\u00f3n de Telmex, irse de una vez a planteamientos generales de la buena fe\u00bb. <\/p>\n
Al pretermitirse las cl\u00e1usulas vig\u00e9simo cuarta y vig\u00e9simo quinta del contrato, el ad quem \u00abviola la norma sustancial de hermen\u00e9utica (…) y por tanto ha de casarse la sentencia y proferirse una sustitutiva\u00bb, lo que a su vez redunda en una transgresi\u00f3n \u00absecundaria de la norma sobre responsabilidad a la que hacemos referencia en el cargo primero\u00bb. <\/p>\n
3.3. Examen conjunto de los cargos. <\/p>\n
3.3.1. Conforme al precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n, la demanda de casaci\u00f3n debe desandar el sendero argumentativo construido en la sentencia impugnada y derruir la totalidad de los pilares que le sirven de apoyo, porque en la medida en que sus razones basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem la torna inquebrantable. <\/p>\n
Al respecto, se ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cpor v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (Sent. cas. civ. No. 027 de 27 de julio de 1999; subrayas de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche depender\u00e1 de \u201cque se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia\u201d (Sent. cas. civ. No. 002 de 25 de enero de 2008) y \u201cexista completa armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u201d (fallo de 27 de febrero de 2012)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, la Corte insisti\u00f3 en que, al sustentar su remedio extraordinario <\/p>\n
\u00ab(…) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. <\/p>\n
Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211-2017, 26 sep.). <\/p>\n
Las sentencias, pues, llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, incumbi\u00e9ndole al recurrente desvirtuarla, efectuando una cr\u00edtica concreta, coherente, sim\u00e9trica y razonada frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, evidenciando la trascendencia del error y refiri\u00e9ndose a todos los cimientos de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.3.2. Precisado lo anterior, conviene memorar que la sentencia objeto de censura \u2013en cuanto concierne al petitum de la demanda originaria\u2013 se finc\u00f3 en dos razones principales. De un lado, para el tribunal no era factible declarar civilmente responsable a Telmex de los perjuicios que Mercattell dijo haber sufrido a causa de la terminaci\u00f3n \u00abunilateral, intempestiva e injustificada\u00bb en que se finc\u00f3 la demanda primigenia, fundamentalmente porque fue esta \u00faltima contratista quien, por voluntad propia, puso fin al negocio jur\u00eddico que la vinculaba con su contendora. <\/p>\n
Al respecto, en el fallo se resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abNinguna de las partes en desarrollo de sus relaciones manifest\u00f3 una fecha de terminaci\u00f3n anticipada del contrato y respecto del plazo fijado de 3 a\u00f1os. Por el contrario, se observa que mediante otro si calendado el 31 de marzo de 2014, convinieron modificar la citada cl\u00e1usula 3\u00aa con la finalidad de prorrogar su vigencia hasta el 15 de junio de esa anualidad, con el prop\u00f3sito de que Mercattel realizara el empalme y entrega de la operaci\u00f3n comercial a la nueva contratista indicada por Telmex (\u2026). Mercattel, mediante correo electr\u00f3nico de 23 de abril de 2014, comunic\u00f3 a Telmex la imposibilidad de continuar con el contrato, por la dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera que afrontaba, comunicaci\u00f3n recibida por la contratante el 30 de abril de ese mismo a\u00f1o, en la que le recalcaba la contratista que esa decisi\u00f3n conllevaba a la inejecuci\u00f3n del objeto contractual y la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo de manera unilateral, contrario a lo convenido, inform\u00e1ndole adem\u00e1s que hab\u00eda acatado la orden de embargo de cr\u00e9ditos emitida por la Dian por $3\u00b4305.990.000. <\/p>\n
(…) Se descarta el argumento de apelaci\u00f3n formulado por Mercattel relacionado con que Telmex, en las circunstancias en que finaliz\u00f3 la relaci\u00f3n, hab\u00eda desconocido el principio de buena fe, porque la ampliaci\u00f3n del plazo pactado en el documento otro s\u00ed, era insuficiente y que el objeto de la SDO no estuvo orientado a perfeccionar una contrataci\u00f3n distinta, puesto que, se insiste, en el litigio nunca se evidenci\u00f3 que este procedimiento concursal ocultaba la terminaci\u00f3n irregular de relaciones contractuales anteriores y como se dijo en antecedencia, se demostr\u00f3 que el acuerdo firmado por las partes tuvo un plazo de duraci\u00f3n que se extendi\u00f3 por su voluntad, pero este convenio fue terminado de manera unilateral y anticipada por la demandante, mediante entrega definitiva de la operaci\u00f3n el 30 de abril de 2014, situaci\u00f3n que acept\u00f3 la contratante, hecho que se deduce de las afirmaciones contenidas en la contestaci\u00f3n de la demanda de Telmex y del cruce de comunicaciones por correo electr\u00f3nico no tachados por ninguno de los litigantes cuando la prorroga se hab\u00eda acordado hasta el 15 de junio de ese a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, esa colegiatura afirm\u00f3 que el principio de congruencia, que informa al procedimiento civil, le imped\u00eda evaluar la posibilidad de disponer un resarcimiento que tuviera como causa lo acontecido en el proceso de licitaci\u00f3n privada que Telmex adelant\u00f3 en el a\u00f1o 2013, por cuanto en la demanda no se incluy\u00f3 una pretensi\u00f3n con ese fin. As\u00ed, en la sentencia de segundo grado se indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) los medios probatorios aportados en absoluto demuestran la existencia de un comportamiento desarrollado por Telmex, que estuviese encaminado a enga\u00f1ar a los aliados comerciales con la utilizaci\u00f3n de este mecanismo de licitaci\u00f3n privada, como maniobra fraudulenta y especialmente dirigida a perjudicar a Mercattel, como conducta incoherente con los antecedentes comportamentales derivados de su antigua relaci\u00f3n comercial y por hab\u00e9rsele creado a la demandante la expectativa que la negociaci\u00f3n le fuera renovada, pues como se comprob\u00f3, la adjudicaci\u00f3n a un tercero fue el resultado de un proceso competitivo, sin que sea procedente que en este momento se reconozca una responsabilidad precontractual, derivada del incumplimiento de las condiciones de la licitaci\u00f3n privada, ya que esta reclamaci\u00f3n jam\u00e1s se postul\u00f3 en la demanda principal\u00bb. <\/p>\n
3.3.3. Obviando esa estructura argumentativa, la recurrente dedic\u00f3 la totalidad de su impugnaci\u00f3n extraordinaria a insistir en que, en la rese\u00f1ada licitaci\u00f3n, Telmex S.A. estaba obligada a honrar el deber calificado de buena fe que le impon\u00eda el c\u00f3digo de \u00e9tica incorporado al contrato de prestaci\u00f3n de servicios por ellos suscrito, pasando por alto rebatir los dos razonamientos en que se apoy\u00f3 el tribunal para colegir la intrascendencia de las eventuales irregularidades que se hubieran cometido en ese proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n
Ante tal escenario, conviene recordar que <\/p>\n
\u00ab[l]a competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01). <\/p>\n
3.3.4. A la deficiencia reci\u00e9n anotada, se suma el desenfoque en que incurri\u00f3 la recurrente en sus dos embates, al censurar que la corporaci\u00f3n ad quem no hubiera entendido demostrado que el c\u00f3digo de \u00e9tica incorporado a la negociaci\u00f3n, le impon\u00eda a Telmex S.A. \u00abel deber particular de brindar informaci\u00f3n clara, precisa y veraz\u00bb respecto a los prop\u00f3sitos, condiciones, etapas y resultados del proceso de selecci\u00f3n surtido entre 2013 y 2014. <\/p>\n
Y, si bien es cierto que el tribunal se pronunci\u00f3 tangencialmente sobre lo que all\u00ed aconteci\u00f3 (a manera de argumento secundario o de refuerzo), resalta la Corte que, al hacerlo, no sostuvo en manera alguna que Telmex S.A. no estuviera obligada a actuar de buena fe en la fase final de la relaci\u00f3n comercial que sostuvo con Mercattel; contrario sensu, lo que se recalc\u00f3 fue que, aun de no existir la limitante impuesta por el principio de congruencia, no era viable efectuar un reconocimiento indemnizatorio por tal concepto, en consideraci\u00f3n a que ninguna de las pruebas recaudadas hac\u00edan patente el incumplimiento del pluricitado deber secundario de conducta. <\/p>\n
Fue con esa orientaci\u00f3n que la magistratura en cita se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abMercattel particip\u00f3 en la solicitud de oferta convocada por Telmex el 6 de diciembre de 2013 (\u2026) y se demostr\u00f3 que la demandante tuvo conocimiento de la oportunidad de presentar la oferta para participar en la licitaci\u00f3n y que, finalmente, se concret\u00f3, pues a 16 de diciembre de 2013, present\u00f3 su pliego con el objeto de desarrollar la operaci\u00f3n en las regiones de Antioquia y occidente, para lo cual constituy\u00f3 la p\u00f3liza de cumplimiento 2277206, pero no fue seleccionada su propuesta, seg\u00fan comunicaci\u00f3n de 4 de marzo de 2014, que le remiti\u00f3 Telmex (\u2026). Mercattel no fue sorprendida en la finalizaci\u00f3n del contrato y tampoco se hab\u00eda desarrollado por la demandada una conducta relevante que hubiera generado en aquella sociedad alg\u00fan grado de confianza leg\u00edtima para preferirla en la celebraci\u00f3n de un nuevo convenio en la explotaci\u00f3n del servicio de telecomunicaciones extendido a otras zonas del pa\u00eds y que se hab\u00eda puesto en consideraci\u00f3n en la licitaci\u00f3n privada, ya que la evaluaci\u00f3n a realizar estaba sujeta a unos par\u00e1metros precisos de selecci\u00f3n, en los que Telmex se hab\u00eda reservado el derecho a seleccionar la mejor oferta y, de acuerdo a su propia conveniencia, dado que se trataba de una invitaci\u00f3n privada y si los oferentes tuvieren duda en su interpretaci\u00f3n, contaban con la posibilidad de pedir las aclaraciones pertinentes, lo que deb\u00eda efectuarse en los plazos previos establecidos en el proceso concursal. Ello es as\u00ed, porque nada se ha demostrado acerca de que la demandante, al presentar su oferta, tuviese inquietudes en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del procedimiento licitatorio dise\u00f1ado, por lo que tampoco se puede predicar que en esta gesti\u00f3n, y en el caso particular de sus v\u00ednculos comerciales, la demandada hubiera desconocido del deber de buena fe y c\u00f3digo de \u00e9tica, por la falta de una informaci\u00f3n exacta, explicita y veraz para conocer a fondo el proceso de selecci\u00f3n y que desde esta perspectiva pretendi\u00f3 excluir del mercado a Mercattel\u00bb. <\/p>\n
3.3.5. En consideraci\u00f3n a lo expuesto, queda evidenciado que la fundamentaci\u00f3n de los dos cargos en estudio ni siquiera es apta para derruir los raciocinios de refuerzo de la sentencia de segunda instancia, pues all\u00ed la recurrente se dedic\u00f3 a demostrar la existencia de una obligaci\u00f3n contractual que el tribunal no desconoci\u00f3 y que, por contrav\u00eda, asumi\u00f3 como cabalmente atendida \u2013y por tanto, impl\u00edcitamente existente\u2013 en sus consideraciones. <\/p>\n
Tal desenfoque resulta inadmisible en esta sede, en tanto que, como lo tiene sentado la Corte, <\/p>\n
\u00abel recurrente debe plantear una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
3.3.6. Adicionalmente, se observa que en el planteamiento de la censura no se atendi\u00f3 la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los cargos debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, puesto que la impugnante termin\u00f3 por entremezclar la naturaleza de las acusaciones que formul\u00f3 al fallo de segunda instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese como, en el cargo primero, denunci\u00f3 \u00abviolaci\u00f3n indirecta por errores de hecho\u00bb cometidos por la colegiatura de segunda instancia en la apreciaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas vig\u00e9simo cuarta y vig\u00e9simo quinta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios objeto del litigio, pero al sustentar esa queja termin\u00f3 exponiendo que el yerro se habr\u00eda configurado \u2013entre otras cosas\u2013 porque el tribunal invirti\u00f3 ilegalmente las cargas probatorias, desacierto que, de haberse presentado, realmente tendr\u00edan naturaleza jur\u00eddica y no f\u00e1ctica, seg\u00fan lo tiene decantado el precedente de esta Corporaci\u00f3n6. <\/p>\n
Similar imprecisi\u00f3n cometi\u00f3 la memorialista en su segundo cargo, pues, pese a haber pregonado all\u00ed la presencia de una infracci\u00f3n directa de la normativa sustancial, al desarrollar su cuestionamiento nuevamente reproch\u00f3 que el tribunal no hubiera valorado el contenido de las cl\u00e1usulas vig\u00e9simo cuarta y vig\u00e9simo quinta del acuerdo, deficiencia esta que, por recaer directamente sobre la labor apreciativa del fallador de instancia, no puede encausarse por aquella senda, conforme lo prev\u00e9 expresamente el numeral 2\u00ba (lit. a) del art\u00edculo 344 del estatuto procesal. <\/p>\n
De esta manera, la mixtura evidenciada impone afirmar que la demanda de sustentaci\u00f3n tampoco atendi\u00f3 el requisito formal consistente en formular cada cargo \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, comoquiera que, como lo ha rese\u00f1ado el precedente, <\/p>\n
\u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u201co saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 24 jul. 2001, rad. 7684; reiterado en CSJ AC, 19 mar. 2002, rad. 1994-01325-01). <\/p>\n
3.4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no resultan precisos, claros y suficientes, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el numeral 1 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por la demandante principal, frente a la sentencia proferida el 10 de marzo de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso verbal previamente referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Este monto se compone de los siguientes rubros: (i) $5.798.000.000, por el \u00abvalor que tendr\u00eda la compa\u00f1\u00eda si el contrato se hubiese renovado por el plazo contenido en el contrato\u00bb; (ii) $1.799.052.453, \u00abcorrespondientes al valor negativo del patrimonio a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda que constituye parte del da\u00f1o emergente\u00bb; y (iii) $3.630\u00b4900.999 a t\u00edtulo de \u00abintereses de mora que adeuda Mercattel a sus acreedores desde el mes de abril de 2014\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 CSJ 034 de 10 de agosto de 1999, SC, 25 may. 2004, rad 7127 y AC7250 de 2016, entre otros. <\/p>\n
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AC2594-2021 (2017-00109-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2594-202 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-31-03-001-2017-00109-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54513","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54513"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54513\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}