AC2607-2021 (2017-00041-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AC2607-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-009-2017-00041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por VP Energy Service Colombia Ltda. frente a la sentencia de 4 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 contra Meta Petroleum Corp. y Pacific Stratus Energy Colombia Corp., ambas integradas patrimonialmente a Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Seg\u00fan los escritos de demanda y de subsanaci\u00f3n la promotora pretendi\u00f3: <\/p>\n
1.1. La declaraci\u00f3n de que tuvo \u00abuna relaci\u00f3n comercial contractual\u00bb con las demandadas la cual consist\u00eda en que les prestaba servicios y suministraba productos, a cambio de una \u00abcontraprestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.2. El reconocimiento de las accionadas como contratantes incumplidos por haber dejado de aprobar y autorizar los trabajos realizados por la convocante, pagado tard\u00edamente la contraprestaci\u00f3n de unos servicios y dejado de sufragarla respecto de otros, a ra\u00edz de lo cual deb\u00edan ser condenadas a abonar $1.501.000.000 junto con los \u00abintereses de mora\u00bb, suma conformada por: <\/p>\n
1.2.1. $201.000.000 equivalentes a \u00ablos servicios prestados\u00bb; <\/p>\n
1.2.2. $1.300.000.000 por \u00abintereses de mora originados en el retraso en el pago de todas las sumas de dinero\u00bb adeudadas. <\/p>\n
1.3. Igualmente, deprec\u00f3 que se les impusiera el pago de los siguientes \u00abperjuicios materiales y morales\u00bb: <\/p>\n
1.3.1. $620.000.000 como \u00abda\u00f1o emergente\u00bb por el \u00abincremento de las obligaciones a cargo de VP Energy Service Colombia Ltda., que le fueron exigidos judicialmente\u00bb; <\/p>\n
1.3.2. $810.000.000 como \u00ablucro cesante\u00bb por la \u00abimposibilidad que tuvo\u2026 VP Energy Service Colombia Ltda. de continuar desempe\u00f1ando su objeto social al carecer\u2026 de capital de trabajo, situaci\u00f3n que se agrav\u00f3 con las medidas cautelares correspondientes a las demandas ejecutivas de las que fue objeto\u00bb; y <\/p>\n
1.3.3. $68.945.100 como \u00abperjuicios morales\u2026 consistentes en la grave afectaci\u00f3n que sufri\u00f3 la imagen y la actividad de\u2026 VP Energy Service Colombia Ltda.\u00bb, cantidad que corresponde a 100 SMLMV. <\/p>\n
En esencia, la causa petendi se finc\u00f3 en que la promotora prest\u00f3 servicios a las demandadas, algunos de los cuales fueron pagados tard\u00edamente mientras que otros no fueron sufragados. Esto le caus\u00f3 perjuicios derivados del incumplimiento contractual al punto que no pudo continuar explotando su objeto social, tuvo que cerrar sus actividades, y se vio deteriorada su \u00abimagen\u00bb y disminuido su \u00abgood will\u00bb. As\u00ed, por cambios en los protocolos contractuales de las segundas, se ejecutaron trabajos carentes de \u00f3rdenes de servicio, hoja de entrada o autorizaci\u00f3n para facturar, sobre los que la actora ten\u00eda la convicci\u00f3n que, como ven\u00eda sucediendo, ser\u00edan pagados luego de su realizaci\u00f3n; sin embargo, estos no fueron remunerados (folios 268 a 289 y 294 a 300 del cuaderno principal T. 1, y 301 a 326 del cuaderno principal T. 2). <\/p>\n
2. Las convocadas \u00abguardaron silencio en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda\u00bb (folio 352 del cuaderno principal T. 2). <\/p>\n
3. El 13 de agosto de 2019 concluy\u00f3 la primera instancia cuando el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia escrita que, adem\u00e1s de negar las pretensiones, conden\u00f3 a la convocante a pagar costas, incluyendo $90.000.000 como agencias en derecho (folios 404 a 407 del cuaderno principal T. 2). <\/p>\n
4. El 4 de febrero de 2020 la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al resolver la alzada de la actora, confirm\u00f3 el fallo (folios 9 a 16 vto del cuaderno del Tribunal). <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. No encontr\u00f3 prueba de obligaciones pendientes de pago a cargo de las demandadas. Las ofertas de servicios y productos dirigidas por la convocante a las accionadas no fueron consentidas expresa o t\u00e1citamente por sus destinatarias pues tales documentos tienen en blanco la casilla de aceptaci\u00f3n de la oferta y del plenario no se extraen hechos inequ\u00edvocos provenientes de las convocadas para ejecutar el acuerdo propuesto, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 854 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Tampoco se acreditaron las condiciones de tiempo, modo y lugar de la ejecuci\u00f3n de los servicios ofrecidos, ni siquiera el recibo de estos por parte de las accionadas. <\/p>\n
2. Reconoci\u00f3 que demandante y demandadas s\u00ed tuvieron una relaci\u00f3n comercial donde la primera prest\u00f3 servicios a las segundas. Sin embargo, como narr\u00f3 su representante legal, las contraprestaciones respectivas fueron pagadas cabalmente, lo que descarta responsabilidad civil contractual. <\/p>\n
Tambi\u00e9n neg\u00f3 que se hubiera estructurado incumplimiento por pago tard\u00edo de obligaciones en raz\u00f3n a que no se demostr\u00f3 el momento de su exigibilidad y, por contera, el surgimiento de la mora. Adem\u00e1s, si bien hubo pagos realizados por cuenta de procesos judiciales, de los mismos tampoco se infiere mora. <\/p>\n
3. Aunque la falta de contestaci\u00f3n de la demanda acarrea la presunci\u00f3n de certeza de los hechos confesables contenidos en ella, ese medio de prueba resulta insuficiente para acceder a las pretensiones en virtud de que para tener por acreditada la existencia de obligaciones a cargo de las convocadas es menester \u00abtener soportes de la existencia de las mismas y las fechas de su exigibilidad\u00bb, de lo cual se encuentra ayuno el expediente. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se present\u00f3 el pasado 20 de agosto mediante la formulaci\u00f3n de dos embates que, por carecer de los requisitos pertinentes, ser\u00e1n inadmitidos (folios 11 a 26 del cuaderno Corte). <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
\u00abCon fundamento en la causal segunda\u00bb de casaci\u00f3n acus\u00f3 la sentencia de \u00abviolaci\u00f3n directa por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1602, 1625, 1546 del C\u00f3digo Civil, y\u2026 870 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb (las negrillas son del texto). <\/p>\n
Mencion\u00f3 que los preceptos 1602 y 1625 del C\u00f3digo Civil fueron desconocidos por el colegiado, en raz\u00f3n a que establecen que \u00ablas obligaciones asumidas por los contratantes no desaparecen del mundo jur\u00eddico de cualquier manera, sino de conformidad con la normatividad\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el fallo tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el canon 1546 ib\u00edd., al haber sostenido la inexistencia de obligaci\u00f3n a cargo de las convocadas, descartar incumplimiento ante la falta de pago por un \u00abservicio prestado por a\u00f1os\u00bb, y considerar que \u00abel contrato celebrado entre las partes\u2026 no vincula a las demandadas en su condici\u00f3n de contratantes\u00bb, a pesar de que deb\u00eda ser una ley entre ellas, en raz\u00f3n a que \u00abobtuvieron una prerrogativa a su favor sin contraprestaci\u00f3n alguna\u00bb y en otras ocasiones pagaron sus obligaciones cuando lo estimaron conveniente, lo que edific\u00f3 incumplimiento negocial. <\/p>\n
Razon\u00f3 que las pruebas demostraron la existencia de una relaci\u00f3n flexible entre las partes donde el pago de \u00ablos trabajos\u00bb se hac\u00eda luego de su terminaci\u00f3n y recibo a satisfacci\u00f3n, y por los abonos tard\u00edos dejaron de cancelarse \u00absumas de dinero importantes\u00bb, conducta que admiti\u00f3 el representante legal de Pacific Stratus Energy Colombia Corp, sobre todo cuando el Tribunal privilegi\u00f3 su dicho por encima de la confesi\u00f3n derivada de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda y de \u00ablos estados financieros del extremo demandante\u00bb sobre los que \u00abnada se dijo en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 la conclusi\u00f3n de que las obligaciones asumidas por las accionadas hubieran desaparecido a pesar de no haberse pagado, aserto que se bas\u00f3 en la prueba de su inexistencia, lo cual muestra que fue ignorado \u00abel abundante material documental que acompa\u00f1a el expediente que da testimonio de los m\u00faltiples compromisos que dejaron de cancelarse\u00bb. <\/p>\n
Observ\u00f3 que la inaplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil desemboc\u00f3 en la sustracci\u00f3n del \u00abcar\u00e1cter coactivo\u00bb de las obligaciones reclamadas lo que, a su vez, condujo a la transgresi\u00f3n del precepto 1546 ejusdem, proceder que resulta contrario a los precedentes de esta Sala en punto a que la desatenci\u00f3n \u00abde las pautas contractuales fijadas\u2026 en los documentos comerciales denominados propuesta de servicios, orden de servicios y orden de remisi\u00f3n, no (sic) es motivo suficiente para condenar a la parte incumplida\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel alejamiento de los elementos esenciales del contrato celebrado conlleva\u2026 a que la parte incumplida tenga que asumir la indemnizaci\u00f3n correspondiente\u00bb, la cual fue estimada bajo la gravedad del juramento. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Bajo el segundo motivo casacional fustig\u00f3 la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos 1602 y 1546 del C\u00f3digo Civil, 870 y 936 del C\u00f3digo de Comercio por errores de hecho manifiestos y trascendentes al momento de sopesar la demanda, su falta de r\u00e9plica y los estados financieros de VP Energy Service Colombia Ltda. <\/p>\n
Tild\u00f3 de \u00abparca\u00bb la sentencia respecto de la argumentaci\u00f3n para negar los pedimentos porque si se prob\u00f3 que las convocadas pagaron sumas a la convocante \u00abno se entiende porqu\u00e9 se llega a la conclusi\u00f3n de que\u2026 no estaban obligadas al pago\u00bb. Es inaceptable que unas sociedades que por a\u00f1os han aceptado propuestas con una fecha de pago de las prestaciones \u00aby han acostumbrado a sus proveedores\u2026 al pago a 30 o 60 d\u00edas\u2026 se liberen de sus responsabilidades y puedan timar a los contratistas\u2026 pagando sus compromisos a 2 y 3 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Puso de presente que los hechos 10\u00ba a 37 de la demanda conten\u00edan imputaciones detalladas de incumplimiento contractual, los cuales fueron confesados por la falta de su contestaci\u00f3n, lo que deb\u00eda ser suficiente para acoger las pretensiones y tomar como cierta la fecha de exigibilidad del pago plasmada en cada propuesta de servicios. <\/p>\n
Identific\u00f3 como susceptibles de confesi\u00f3n los hechos contenidos en el libelo y atinentes a la relaci\u00f3n comercial, el retraso durante m\u00e1s de dos a\u00f1os en los pagos, la causaci\u00f3n de perjuicios a la promotora, la correspondencia de los servicios cobrados con las propuestas presentadas, su recibo a entera satisfacci\u00f3n, la instrucci\u00f3n de pago contenida en las \u00f3rdenes respectivas, as\u00ed como los perjuicios causados y estimados bajo la gravedad del juramento. <\/p>\n
Calific\u00f3 a las demandadas como \u00abde las multinacionales m\u00e1s grandes del pa\u00eds\u00bb, raz\u00f3n que impon\u00eda aplicar la consecuencia prevista en los art\u00edculos 96 y 97 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00abde haberse aplicado la norma procesal en comento, otra suerte hubieran corrido las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Imput\u00f3 al Tribunal omisi\u00f3n en la contemplaci\u00f3n de documentales como \u00abel estado financiero\u00bb de la accionante, \u00ablas constancias adjuntas\u00bb sobre servicios prestados seg\u00fan las diversas vicisitudes que se presentaron durante la ejecuci\u00f3n del contrato, a lo cual sum\u00f3 las declaraciones del representante legal de las demandadas para se\u00f1alar que ante esa multitud de probanzas el Tribunal se limit\u00f3 a descartar el m\u00e9rito de las propuestas por falta de aceptaci\u00f3n de las demandadas, a pesar de que cada una se\u00f1alaba la \u00e9poca en que el pago deb\u00eda efectuarse, para lo cual refiri\u00f3 una a una las ofertas, su fecha, contenido y valor. <\/p>\n
Censur\u00f3 la falta de apreciaci\u00f3n de los estados financieros de la accionante, de los correos electr\u00f3nicos de 9 de abril y 6 de mayo de 2014, y 2 de abril de 2013, las \u00abremisiones\u00bb 84, 86, 17, 18 y 20 (que acreditaban la aceptaci\u00f3n de las ofertas por las demandadas), y las \u00f3rdenes de servicio que probaban las omisiones a sus protocolos de contrataci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia y los legajos relacionados con trabajos prestados sin orden de servicio, hoja de entrada y autorizaci\u00f3n de facturar fueron mal apreciados. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la contradicci\u00f3n del Tribunal al haberse basado en la declaraci\u00f3n del representante legal de Pacific Stratus Energy Colombia Corp. para concluir que las prestaciones fueron pagadas pero, al mismo tiempo, considerar que las ofertas fueron negadas, lo que, desde su perspectiva, deb\u00eda levantar sospechas en el fallador por haberse demostrado el pago tard\u00edo de las prestaciones. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el Tribunal haya sostenido que los \u00abpagos tard\u00edos no representan un perjuicio merecedor de un resarcimiento econ\u00f3mico\u00bb, lo cual conduc\u00eda a que, al menos, se reconociera la causaci\u00f3n de intereses desde que las obligaciones se hicieron exigibles, para lo cual hizo una relaci\u00f3n de los pagos tard\u00edos, refiri\u00f3 que varios se hicieron por \u00f3rdenes judiciales y apunt\u00f3 que la demora afect\u00f3 la liquidez de la compa\u00f1\u00eda y le impidi\u00f3 continuar su actividad econ\u00f3mica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El car\u00e1cter extraordinario que identifica al recurso de casaci\u00f3n justifica que los art\u00edculos 344, 346 y 347 ibidem listen los requerimientos de la demanda de casaci\u00f3n que, en caso de ser inobservados, conducen a su inadmisi\u00f3n, pues no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley y se cumplan las exigencias legales establecidas para precisar, delimitar y facilitar el estudio y entendimiento de los embates con los cuales se pretende derruir los fundamentos de la sentencia confutada. <\/p>\n
La admisibilidad de la demanda est\u00e1 sujeta a que se identifiquen las partes y la sentencia impugnada, se elabore una s\u00edntesis del proceso y de los hechos materia del litigio, a m\u00e1s de la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n de manera separada, clara, precisa, completa, enfocada y demostrando su trascendencia, pues, de no ocurrir esto, ser\u00e1 procedente repeler, total o parcialmente, el escrito con que pretende sustentarse el mecanismo. Esto implica que no se incurra en mixtura (defecto donde se mezclan indebidamente embistes que no ameritan estar juntos), obscuridad (argumentaci\u00f3n ininteligible, deshilvanada o sin sentido), incompletitud (forma de combatir la sentencia sin atacar todos sus pilares), desenfoque (planteamiento de temas que no fueron ni debieron ser materia de la decisi\u00f3n), intrascendencia (como ocurre cuando se traen a colaci\u00f3n defectos que no conducen al quiebre del fallo). Exigencias que se explican fundamentalmente en que, gracias a la presunci\u00f3n de acierto que resguarda la sentencia de \u00faltima instancia, la argumentaci\u00f3n del recurso debe tener un temple superior a las alegaciones de las partes durante el proceso. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n se detallan las razones por las que los cargos formulados carecen de los requisitos previstos para su admisibilidad. <\/p>\n
2.1. Es evidente que el primer embate arranc\u00f3 invocando la causal segunda prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, la atinente a la violaci\u00f3n indirecta de la normativa sustancial; sin embargo, luego se hizo consistir expresamente en su transgresi\u00f3n inmediata, defecto que no constituye un tema menor pues le resta claridad al cuestionamiento, que es uno de los requisitos de la demanda exigido por el numeral 2\u00ba del canon 344 ejusdem. <\/p>\n
En todo caso, haciendo a un lado esa falencia, del desarrollo del embate se advierte que el cuestionamiento se hizo consistir en la v\u00eda directa, y no en la indirecta, pues los argumentos del recurrente no contienen errores de hecho o de derecho, en raz\u00f3n a que en \u00e9l no se individualizaron pruebas objetivamente preteridas o adicionadas (es decir, errores f\u00e1cticos), ni se plantearon equivocaciones al momento de aplicar las reglas sobre solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o valoraci\u00f3n del material probatorio (l\u00e9ase, yerros de derecho). Por el contrario, se cuestion\u00f3 la forma en que se emplearon las fuentes del derecho sustancial en el caso concreto, aunque sin la fuerza argumentativa necesaria para derribar los pilares del fallo y la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que lo cobija. <\/p>\n
Efectivamente, lucen desenfocadas las alusiones a los art\u00edculos 1602 (el contrato es ley para las partes), 1625 (formas de extinci\u00f3n de las obligaciones) y 1546 (condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita en los acuerdos sinalagm\u00e1ticos) del C\u00f3digo Civil porque la negativa de las pretensiones no se deriv\u00f3 de la falta de aplicaci\u00f3n, indebido uso o incorrecta hermen\u00e9utica de estas disposiciones sino que se bas\u00f3 en dos pilares: (i) la falta de prueba de ejecuci\u00f3n defectuosa de las obligaciones a cargo de las demandadas por supuesto pago tard\u00edo de servicios que s\u00ed recibieron; y (ii) la inexistencia de convenci\u00f3n entre las partes sobre trabajos supuestamente realizados, a ra\u00edz de que no fueron aceptadas expresa o t\u00e1citamente las ofertas comerciales de prestaci\u00f3n de servicios o suministro y, adem\u00e1s, no se probaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los trabajos supuestamente ejecutados. <\/p>\n
El desenfoque resulta evidente pues el recurrente fustiga la sentencia por donde no es al atacar de manera inadecuada sus fundamentos. As\u00ed, caen al vac\u00edo las alusiones a la prestaci\u00f3n de servicios durante a\u00f1os, la falta de pago de las contraprestaciones o la remuneraci\u00f3n tard\u00eda o la desatenci\u00f3n de los protocolos de contrataci\u00f3n de las accionadas, pues se trata de argumentaciones que sacan de contexto las consideraciones y decisi\u00f3n del Tribunal, adem\u00e1s de que se trata de cuestionamientos a la plataforma f\u00e1ctica de la sentencia, lo cual no se aviene al requisito plasmado por el literal a del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La Sala pone de presente que el embate confunde las bases del fallo impugnado, pues el Tribunal concluy\u00f3, por un lado, que las partes s\u00ed sostuvieron una relaci\u00f3n contractual que fue cumplida por las convocadas, gracias a que no se prob\u00f3 el pago tard\u00edo de los servicios recibidos y, por el otro, no surgi\u00f3 la convenci\u00f3n que la accionante pretend\u00eda derivar de las ofertas comerciales en raz\u00f3n a que no fueron aceptadas de ninguna manera y no se prob\u00f3 la realizaci\u00f3n o aceptaci\u00f3n de trabajos supuestamente llevados a cabo por la promotora, sin contraprestaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, para cumplir con la exigencia de claridad del cargo al recurrente le correspond\u00eda sustentar la pertinencia de las normas citadas como transgredidas, adem\u00e1s de explicar c\u00f3mo resultaron violadas, es decir, si fueron (y por qu\u00e9) inaplicadas injustamente, empleadas sin que hubiera lugar ello o interpretadas en un sentido diverso al que correspond\u00eda. Sin embargo, sobre este punto no se hizo desarrollo alguno, lo que oscurece e impide desentra\u00f1ar el cargo en su magnitud e impone, como raz\u00f3n adicional, inadmitirlo. <\/p>\n
En tal orden de ideas, por resultar desenfocado, haber descendido a la materia probatoria (pese a venir planteado por la v\u00eda directa) y carecer de la claridad necesaria, se inadmitir\u00e1 el embiste inicial. <\/p>\n
2.2. El segundo embate, facturado bajo errores de hecho manifiestos y trascendentes que ocasionaron la transgresi\u00f3n indirecta de normas sustanciales, tambi\u00e9n ser\u00e1 repelido por carecer del temple argumentativo necesario en casaci\u00f3n, ser asimilable a un alegato de instancia y haber dejado de contrastar las consideraciones del Tribunal con las pruebas cuyo contenido fue adicionado o preterido. <\/p>\n
Vale la pena recordar que el verdadero yerro de hecho consiste en la adici\u00f3n o supresi\u00f3n del contenido de medios de convicci\u00f3n que integran el plenario, el cual debe ser sustentado de forma suficiente en d\u00f3nde radica, sobre qu\u00e9 pruebas espec\u00edficas ocurri\u00f3, contrastando el contenido de ellas con la motivaci\u00f3n que sirvi\u00f3 para decidir la instancia, para demostrar c\u00f3mo esa equivocaci\u00f3n incidi\u00f3 en el desconocimiento de normas sustantivas. <\/p>\n
El defecto f\u00e1ctico debe estar orientado a exponer con facilidad que el \u00f3rgano decisor \u00absobrepas\u00f3 los l\u00edmites de lo razonable en la valoraci\u00f3n probatoria, de manera que sus conclusiones no est\u00e1n sustentadas en ninguna l\u00f3gica racional\u00bb, es decir, \u00abque no exist\u00eda manera humana de concluir lo que el juez\u2026 ha concluido, bas\u00e1ndose en el material obrante en autos, o bien que se ha apoyado, no en m\u00e1ximas de experiencia\u2026 , sino en simples juicios intuitivos y de subjetividad que no son objetivables\u2026\u00bb1. <\/p>\n
Sobre \u00e9l la jurisprudencia de la Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
no puede confundirse el error de hecho con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre apreciaci\u00f3n que se efect\u00faa de los elementos de persuasi\u00f3n que obran en el proceso. <\/p>\n
As\u00ed, resulta ostensible que por la propia naturaleza de la funci\u00f3n jurisdiccional, el fallador goza de plena autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n probatoria, sin que ella llegue a comportar arbitrariedad alguna, de manera que s\u00f3lo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. (CSJ AC1427-2020, rad. 2015-00461, 13 jul. 2020). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha reiterado: <\/p>\n
la opini\u00f3n divergente del litigante en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n que hace el ad quem no basta para fundamentar el ataque. Debe identificar, con concisi\u00f3n, qu\u00e9 apartes concretos de las pruebas fue el apreciado incorrectamente, o cu\u00e1l consideraci\u00f3n fue fruto de tal equivocaci\u00f3n (CSJ AC1434-2020, rad. 2016-0093, 13 jul. 2020). <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n del recurso pas\u00f3 por alto que las pretensiones fracasaron por razones diversas a las que sugiere la impugnaci\u00f3n. Efectivamente, el ad quem neg\u00f3 los pedimentos, en primer lugar, porque dentro de la relaci\u00f3n comercial que existi\u00f3 entre las partes, las convocadas cumplieron sus prestaciones, es decir, remuneraron de forma cumplida (y no tard\u00eda, como se pretendi\u00f3 en el libelo) los servicios recibidos, precisamente porque no se demostr\u00f3 la \u00e9poca de exigibilidad de la contraprestaci\u00f3n ni mucho menos la mora. En segundo lugar, el fallador de \u00faltimo grado descart\u00f3 que las demandadas hubieran recibido servicios sin haberlos remunerado, principalmente porque no se prob\u00f3 la aceptaci\u00f3n de las ofertas ni las condiciones de modo, tiempo y lugar de su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Tales conclusiones y sus fundamentos no fueron contrastadas con los supuestos errores de hecho del recurso; por el contrario, el recurrente omiti\u00f3 contrastar los supuestos errores f\u00e1cticos con la motivaci\u00f3n del Tribunal, en raz\u00f3n a que se limit\u00f3 a endilgar que la sentencia de \u00faltima instancia suprimi\u00f3 el texto de la demanda. Esto es as\u00ed, porque se limit\u00f3 a sostener que su contenido bastaba para acceder a las pretensiones, afirmaci\u00f3n que, en su sentir, estaba respaldada por documentos emanados del v\u00ednculo contractual que existi\u00f3 entre las partes. Tal forma de razonar, en vez de mostrar la comisi\u00f3n de errores facti in iudicando, denota una discrepancia entre la lectura que el colegiado le asign\u00f3 a los medios suasorios y la del combatiente. <\/p>\n
La argumentaci\u00f3n del recurso es un alegato de instancia carente de norte argumentativo, como se constata en la alusi\u00f3n a \u00abla costumbre y h\u00e1bitos mercantiles entre las partes\u00bb que, seg\u00fan el recurrente, deb\u00eda emplearse para superar las dudas sobre las fechas de pago y de los servicios supuestamente prestados, afirmaci\u00f3n que no se desarroll\u00f3 ni sustent\u00f3 de qu\u00e9 manera estaba probada en el expediente. Algo similar sucede con la supuesta contradicci\u00f3n del Tribunal al concluir que las convocadas s\u00ed remuneraron algunos servicios y, al mismo tiempo, negar que no estaban obligadas al pago de otros, lo cual resulta explicable en el contexto de la decisi\u00f3n, de acuerdo con el cual las prestaciones sobre las que hubo contrato entre las partes fueron retribuidas cumplidamente, mientras que respecto de las otras no hubo contrato por la sencilla pero inc\u00f3lume raz\u00f3n que las ofertas no fueron aceptadas ni se prestaron servicios que no hubieran sido remunerados. <\/p>\n
Tampoco se combatieron con la fuerza necesaria los argumentos expuestos por el Tribunal para estimar insuficiente la confesi\u00f3n derivada de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, para lo cual es indiferente el estatus empresarial que ostenten las convocadas. <\/p>\n
A los cuestionamientos atinentes a las respuestas del representante legal de las convocadas sobre servicios remunerados, la negativa a aceptar las propuestas y los pagos tard\u00edos (que descart\u00f3 el ad quem), no se hizo la necesaria labor de contraste frente a las consideraciones expuestas por el Tribunal, con lo que el cargo se qued\u00f3 en una fase inicial y no fue desarrollado debidamente. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, por haberse limitado a razonar de la manera como procede en los alegatos de conclusi\u00f3n, y no como corresponde en esta sede extraordinaria, esto es, sin contrastar las consideraciones del Tribunal con las pruebas supuestamente adicionadas o preteridas, resulta inadmisible el segundo embate. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por las razones esgrimidas, se inadmitir\u00e1n ambos cargos. <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada por VP Energy Service Colombia Ltda. en el proceso de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 NIEVA FENOLL, Jordi. La valoraci\u00f3n de la prueba. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2010. P. 355 <\/p>\n
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AC2607-2021 (2017-00041-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO AC2607-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-009-2017-00041-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio dos mil veintiuno (2021). Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por VP Energy Service […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54522","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54522"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54522\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}