AC2608-2021 (2016-00212-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2608-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-03-001-2016-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). ____ (___) de ______ dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Jaime Quiroga y Beatriz Perdomo Garc\u00eda, frente a la sentencia de 19 de noviembre de 2019 proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso verbal de declaraci\u00f3n de pertenencia promovido por los recurrentes contra Ren\u00e9 Francisco Mart\u00edn Torres y personas indeterminadas, con pretensi\u00f3n reivindicatoria en mutua petici\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los convocantes pretendieron la declaraci\u00f3n de pertenencia por usucapi\u00f3n extraordinaria del predio \u00abEl Para\u00edso\u00bb de 14 fanegadas y 0798.84 varas cuadradas, aproximadamente en 90.240 mts2 y 325,48 mts2 de construcci\u00f3n, que hace parte del de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLa Gaitana\u00bb identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 176-39266, el cual tiene una extensi\u00f3n de 11 Ha y 9.194,59 mts2 y est\u00e1 ubicado en la Vereda Portachuelo de Zipaquir\u00e1, Cundinamarca. Tambi\u00e9n solicitaron ordenar la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del mencionado municipio, efectuando la apertura de un nuevo folio. <\/p>\n
Para sustentar estas pretensiones narraron que ingresaron al predio como trabajadores de su propietario, quien desapareci\u00f3 de la regi\u00f3n entre 1994 y 1995. A partir de 1998 empezaron a comportarse como se\u00f1ores y due\u00f1os explot\u00e1ndolo con actividades ganaderas o pecuarias, al punto que son reconocidos por entidades p\u00fablicas y particulares como poseedores. Finalmente, relataron que desconocen a Ren\u00e9 Francisco Mart\u00edn Torres Ni\u00f1o, actual propietario del terreno, y que \u00e9l ha promovido diversas reclamaciones resueltas favorablemente a los accionantes. <\/p>\n
2. Ren\u00e9 Francisco Mart\u00edn Torres se opuso a la prosperidad de los pedimentos y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia del derecho de posesi\u00f3n invocado por los demandantes\u00bb, \u00abausencia de los requisitos esenciales para la formaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva alegada por existir mala fe\u00bb, \u00ababuso contra la propiedad y posesi\u00f3n adquirida por mi mandante con arreglo a las leyes civiles\u00bb, \u00ababuso del derecho a litigar\u00bb y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n contra los libelistas iniciales con el prop\u00f3sito de que se reivindicara el predio reclamado y a ellos se les impusiera restituirlo junto con los frutos civiles desde el 14 de agosto de 2006 hasta la entrega. Tales peticiones las fund\u00f3 en que desde esta fecha adquiri\u00f3 el derecho real de dominio del fundo de mayor extensi\u00f3n y arrend\u00f3 una parte a los ahora reclamantes, gracias a lo cual promovi\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado donde se estableci\u00f3 su condici\u00f3n de meros arrendatarios. <\/p>\n
Los demandados en reconvenci\u00f3n se opusieron a la reivindicaci\u00f3n con las defensas de \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria por ser posterior la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo de propiedad del demandante a la posesi\u00f3n ejercido por los demandados\u00bb e \u00abinoponibilidad de la sentencia del proceso de restituci\u00f3n n.\u00ba 2009-0215\u00bb <\/p>\n
3. La primera instancia culmin\u00f3 el 10 de junio de 2019 mediante sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 donde, en esencia, neg\u00f3 la usucapi\u00f3n y accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n, ordenando a los actores iniciales entregar el predio reclamado dentro de los seis d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
4. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante su Sala Civil-Familia, al resolver la alzada que los convocados en reconvenci\u00f3n sustentaron contra el fallo de primer grado, lo confirm\u00f3 el 19 de noviembre de 2019. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Con base en decisiones judiciales de otros decursos concluy\u00f3 que era \u00abverdad incontrovertible para los fines de este proceso\u2026 que los demandantes ostentaban la calidad de arrendatarios sobre el predio en litigio\u00bb. <\/p>\n
La primera de ellas fue proferida el 5 de febrero de 2013 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado entre las mismas partes (rad. 2009-0215), donde a pesar de haberse negado las pretensiones por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, \u00abse determin\u00f3 la existencia de un convenio verbal de arrendamiento entre\u2026 Rodrigo Ram\u00edrez\u00bb y los convocantes iniciales, \u00absusceptible de ser declarado judicialmente terminado por mora en el pago de c\u00e1nones\u00bb. <\/p>\n
La otra sentencia data del 7 de junio de 2016 y eman\u00f3 del Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 dentro del proceso de la misma especie promovido por Martha Cristina Falla contra los demandados en reconvenci\u00f3n, donde tambi\u00e9n se declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. No obstante, sostuvo, fue dejada sin efectos por una acci\u00f3n de tutela, a ra\u00edz de lo cual se profiri\u00f3 otra determinaci\u00f3n el 11 de marzo de 2019 que, \u00abtras determinar la legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes para incoar la acci\u00f3n restitutoria\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda dudas sobre el \u00abcontrato verbal de arrendamiento entre\u2026 Rodrigo Ram\u00edrez\u2026 y Jaime Quiroga y Beatriz Perdomo de una parte\u00bb, la cual neg\u00f3 las pretensiones porque estos \u00faltimos \u00abmudaron su condici\u00f3n de tenedores a poseedores\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdicha sentencia fue sometida a control constitucional, mediante sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 el\u2026 20 de abril de 2019, en la que consider\u00f3 que en dicho proceso de restituci\u00f3n dichos medios exceptivos no ten\u00edan la virtualidad de enervar las pretensiones de la demanda\u00bb. La decisi\u00f3n de tutela fue confirmada por el Tribunal el 14 de junio de 2019. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que las referidas decisiones \u00abparten de la existencia de contrato de arrendamiento\u2026 entre los demandantes\u2026 con\u2026 Rodrigo Ram\u00edrez\u2026 respecto de la parte de la finca La Gaitana motivo de esta contienda\u00bb por lo que \u00abal menos, al tiempo en que se inici\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que curs\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1\u2026 en el que se profiri\u00f3 sentencia el\u2026 5 de febrero de 2013\u00bb, adem\u00e1s de que \u00abera all\u00e1 en ese proceso en donde deb\u00edan acreditar la inexistencia del contrato de arrendamiento, o la mutaci\u00f3n de su t\u00edtulo, pero\u2026 fue claro y contundente el fallador de instancia en colegir la existencia del contrato de arrendamiento con base en lo all\u00e1 probado, conclusi\u00f3n que no puede ser desconocida ni alterada en este proceso por fuerza del principio de la cosa juzgada que ampara las decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
Plante\u00f3 la posibilidad de que, luego de las referidas sentencias, los accionantes se hubieran convertido en poseedores porque la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia puede considerarse como acto de posesi\u00f3n, sin que la interversi\u00f3n del t\u00edtulo se extienda al momento en que ingresaron al fundo. <\/p>\n
2. La conclusi\u00f3n de que la interversi\u00f3n del t\u00edtulo se present\u00f3 el 4 de octubre de 2013 es acorde con la cosa juzgada que se deriva del fallo de 5 de febrero de 2013 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
3. No puede discutirse nuevamente la existencia del contrato de arrendamiento, la calidad en que ingresaron al predio o los actos posesorios que supuestamente realizaron los promotores desde 1989, porque, adem\u00e1s, confesaron que en esa data no eran poseedores sino trabajadores, calidad en la que desarrollaron actividades ganaderas y de agricultura. <\/p>\n
4. Los aportes a pensiones a favor de los accionantes no son eficientes para demostrar posesi\u00f3n sino dependencia o, seg\u00fan el caso, independencia en la realizaci\u00f3n de labores personales. <\/p>\n
5. Los demandantes han vivido largo tiempo en la finca pero como trabajadores y arrendatarios, no como poseedores, calidad en la que han realizado actividades en el inmueble, calificadas en la demanda como actos posesorios que, en realidad, carecen de esa connotaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La mala fe de los demandantes se ampara en la presunci\u00f3n consagrada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil, porque la posesi\u00f3n estuvo precedida del t\u00edtulo de tenencia por arrendamiento que, al haber mutado, da lugar a que se presuma la ausencia de buena fe. <\/p>\n
7. Como la posesi\u00f3n comenz\u00f3 el 4 de octubre de 2013 y la demanda se present\u00f3 el 27 de junio de 2016, los promotores no completaron el tiempo para adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En ella se sustentaron dos cargos que incumplen los requisitos exigibles y, por tanto, son inadmisibles. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con base en la segunda causal de casaci\u00f3n acusaron el fallo de violar indirectamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 762, 2518, 2531, 2532, 2535 del C\u00f3digo Civil y, por utilizaci\u00f3n indebida, 947 y 950 de la misma obra, a ra\u00edz de errores de hecho y de derecho. <\/p>\n
Manifestaron que el Tribunal cometi\u00f3 las siguientes equivocaciones f\u00e1cticas: <\/p>\n
(i) tergivers\u00f3 la sentencia de 5 de febrero de 2013 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Ren\u00e9 Francisco Torres instaur\u00f3 contra los demandantes (fallo 2009-2015) porque, a pesar de haber reconocido la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del primero, el Tribunal asegur\u00f3 que ese fallo hab\u00eda declarado la existencia de un contrato de arrendamiento donde los ahora accionantes son arrendatarios. No obstante, ese acuerdo no fue reconocido en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n sino que sobre \u00e9l se hicieron unos razonamientos en las consideraciones, adem\u00e1s de que no se integr\u00f3 el contradictorio con el sujeto que s\u00ed gozaba de legitimaci\u00f3n sustancial para demandar; <\/p>\n
(ii) alteraci\u00f3n de la primera sentencia del Juzgado Primero Civil Municipal -sin precisar de qu\u00e9 ciudad- proferida el 7 de junio de 2016 en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de Martha Cristina Falla contra los casacionistas (fallo 2016-0039) donde se reconoci\u00f3 que ellos hab\u00edan celebrado contrato de arriendo con Rodrigo Ram\u00edrez y Martha Cristina Falla, decisi\u00f3n que \u00abfue anulada mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 el d\u00eda 24 de octubre de 2016\u00bb y, por tanto, \u00abtergiversada por el Tribunal\u00bb porque \u00abning\u00fan efecto jur\u00eddico produce\u00bb; <\/p>\n
(iii) tergiversaci\u00f3n de la sentencia que el 24 de octubre -sin precisar el a\u00f1o- profiri\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (fallo de tutela 1) que, supuestamente, reconoci\u00f3 la existencia de un acuerdo, a pesar de que \u00abno es prueba del contrato de arriendo\u00bb sino de \u00abuna v\u00eda de hecho que condujo a la anulaci\u00f3n del fallo primero 2016-0039\u00bb. <\/p>\n
(iv) tergiversaci\u00f3n de la \u00absegunda sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal dentro del proceso 2016-0039 fechada 11 de marzo de 2019\u00bb correspondiente al tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por Martha Cristina Falla (fallo segundo 2016-0039) porque \u00abfue anulada mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1\u00bb el 12 de abril de 2019 y \u00abno adopt\u00f3 ninguna decisi\u00f3n sobre la existencia\u2026 del contrato de arriendo en cuesti\u00f3n, pues ning\u00fan efecto jur\u00eddico produce al haber sido anulado\u00bb; <\/p>\n
(v) tergiversaci\u00f3n de la sentencia de tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 el 20 de abril de 2019 (fallo de tutela 2) y que anul\u00f3 el fallo 2016-0039, as\u00ed como el expedido el 14 de junio de 2019 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca (fallo de tutela 3), al haber sido invocados como fundamento de la decisi\u00f3n impugnada a pesar de que solamente prueba la v\u00eda de hecho del fallo segundo 2016-0039. <\/p>\n
Aseguraron que el ad quem incurri\u00f3 en estos deslices jur\u00eddicos probatorios: <\/p>\n
(i) violaci\u00f3n del precepto 166 del C\u00f3digo General del Proceso al darle fuerza de cosa juzgada al fallo 2009-2015 porque las decisiones judiciales no son prueba de todas sus consideraciones y el car\u00e1cter de cosa juzgada se predica solamente de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y no de la existencia del contrato de arrendamiento; <\/p>\n
(ii) vulneraci\u00f3n de la misma norma procesal por tener en cuenta el fallo 2016-0039 dado que, por haberse anulado por una providencia de tutela, carece de presunci\u00f3n de legalidad y acierto y no pod\u00eda servir de base para la decisi\u00f3n; <\/p>\n
(iii) el mismo motivo del numeral anterior respecto del fallo de tutela 1 al considerar que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada \u00abrespecto de una situaci\u00f3n jur\u00eddica que escapa de la \u00f3rbita de la mencionada decisi\u00f3n de amparo, pese a que no goza de presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u2026 respecto de la existencia o no del contrato de arriendo\u00bb, pero a rengl\u00f3n seguido sostuvo: \u00abel fallo de tutela 1, en la medida que no fue impugnado, hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en lo que concierne a la vulneraci\u00f3n del debido proceso, que justificaba anular el fallo primero 2016-0039\u00bb; <\/p>\n
(iv) por igual violaci\u00f3n de disposici\u00f3n probatoria respecto del fallo segundo 2016-0039 que carece de efectos de cosa juzgada y de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto por haber sido revocado; <\/p>\n
(v) desconocimiento del mismo art\u00edculo citado sobre el \u00abfallo de tutela 2 que anul\u00f3 el fallo segundo 2016-0039 y el fallo de tutela 3, que confirm\u00f3 aquel\u00bb porque no gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto ni hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada respecto de la existencia o no del contrato de arriendo, sino sobre una vulneraci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n
Finalizaron se\u00f1alando que no hab\u00eda prueba del contrato de arrendamiento que sirvi\u00f3 para negar las pretensiones, porque si se le hubiera dado el alcance que merec\u00edan las decisiones referidas se hubiera accedido a los pedimentos, toda vez que el Tribunal no pod\u00eda fundarse en decisiones que perdieron efectos jur\u00eddicos y \u00abhabr\u00eda tenido que evaluar otros medios de prueba que le permitieran determinar desde cu\u00e1ndo oper\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, luego de lo cual hubiera concluido que los actores se convirtieron en \u00abposeedores a partir del a\u00f1o 1995 cuando quebr\u00f3 Flores San Mateo y el propietario de La Gaitana, Rodrigo Ram\u00edrez, dej\u00f3 el Municipio de Zipaquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando \u00abla causal contenida en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb acusaron la sentencia \u00abde ser indirectamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso y\u2026 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que por \u00aberrores de hecho\u00bb se cometi\u00f3 un \u00abgrave yerro al no declarar la nulidad del proceso por haberse presentado una demanda de reconvenci\u00f3n extempor\u00e1neamente\u00bb, para lo cual narr\u00f3 las vicisitudes del libelo inicial, se\u00f1alando que luego de haberse admitido fue notificada al demandado mediante \u00abcitatorio\u2026 recibido el\u2026 21 de septiembre de 2016\u00bb, por lo que al no haber comparecido el \u00abdemandado para notificarse personalmente de la demanda, a pesar de haber conferido poder a su abogado desde el 30 de agosto de 2016\u2026 le fue enviada la notificaci\u00f3n por aviso\u2026 el d\u00eda 11 de octubre de 2016\u2026 recibido el d\u00eda 12 de octubre de 2016\u2026\u00bb. <\/p>\n
Argumentaron que el demandado se enter\u00f3 del auto admisorio de la demanda inicial el 13 de octubre de 2016 y \u00abcontaba con veinte\u2026 d\u00edas h\u00e1biles, \u2026 a partir del 14 de octubre de 2016, para contestar la demanda y ejercer su derecho de defensa. En conclusi\u00f3n, ten\u00eda hasta el d\u00eda 18 de noviembre de 2020 (sic)\u2026\u00bb. Luego, al hacer recuento d\u00eda a d\u00eda, precis\u00f3 que esta \u00faltima fecha correspond\u00eda al 18 de noviembre de 2016. <\/p>\n
Sin embargo, la reconvenci\u00f3n fue radicada el 22 de noviembre de 2016 sin que se rechazara por tard\u00eda, lo que muestra que \u00abno se hizo un estudio juicioso del t\u00e9rmino para presentar la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb y ello significa el desconocimiento de \u00abgarant\u00edas fundamentales\u00bb por haber tenido \u00abque afrontar un tr\u00e1mite viciado de nulidad que nunca debi\u00f3 surgir\u00bb. <\/p>\n
Rese\u00f1aron que las nulidades se presentan \u00abcuando se ejecutan actos procesales sin las formalidades de tiempo, modo, lugar, que la ley prescribe, tal y como ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Trajeron a colaci\u00f3n el art\u00edculo 29 constitucional para se\u00f1alar que el derecho fundamental al debido proceso result\u00f3 lesionado porque, de haberse examinado la tempestividad del libelo de mutua petici\u00f3n se hubiera rechazado por extempor\u00e1nea y los hechos susceptibles de confesi\u00f3n de la demanda inicial se hubieran presumido como ciertos y adem\u00e1s se hubiera constituido un indicio grave en contra del demandado respecto de los dem\u00e1s. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El primer cargo adolece de obscuridad porque no precis\u00f3 de qu\u00e9 forma fueron lesionadas las normas citadas como sustanciales. T\u00e9ngase en cuenta que se imput\u00f3 inaplicaci\u00f3n de algunas disposiciones e indebido uso de otras, sin que los recurrentes desarrollaran la manera en que una y otra forma de transgresi\u00f3n fueron cometidas. <\/p>\n
Y es que no se trata de un tema menor, porque explicar la manera en que el ordenamiento objetivo fue lesionado resultaba indispensable no solo para que la Sala no se enfrentara a dificultades adicionales al momento de desentra\u00f1ar el cargo sino tambi\u00e9n para ejercer cabalmente su funci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior es suficiente para cerrar paso al primer embate. <\/p>\n
2. Por su parte, el segundo cargo carece de precisi\u00f3n y claridad porque los recurrentes invocaron la potestad de esta Sala de casar sentencias \u00aba\u00fan de oficio\u00bb, de acuerdo con la parte final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, en su desarrollo citaron como transgredidas una disposici\u00f3n procesal y otra constitucional, deprecaron la comisi\u00f3n de un error de hecho, la configuraci\u00f3n de la nulidad del decurso por haberse tramitado la demanda de reconvenci\u00f3n que, seg\u00fan los casacionistas, fue radicada extempor\u00e1neamente y la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, lo que muestra sin discusiones la falta de t\u00e9cnica al entremezclar cuestionamientos que podr\u00edan subsumirse en diversas causales de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que en esta sede extraordinaria los fallos de instancia se presumen legales y acertados, sobre los recurrentes pesa el imperativo de desvirtuar tal presunci\u00f3n mediante cargos suficientes que, seg\u00fan las causales procedentes, derroten completamente las bases de la sentencia o planteen defectos procedimentales admisibles que, igualmente, dejen sin piso el fallo recurrido. Nada de ello se deriva del cargo en cuesti\u00f3n por las razones que se explican en lo sucesivo. <\/p>\n
Los recurrentes parecen sugerir de forma liviana que la supuesta extemporaneidad de la demanda de reconvenci\u00f3n lesion\u00f3 su derecho o garant\u00eda constitucional al debido proceso, acusaci\u00f3n que no se aprecia de manera \u00abevidente\u00bb como exige la parte final del precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso para abrir paso a la denominada casaci\u00f3n oficiosa. Esto es as\u00ed porque no sustentaron si reclamaron o no oportunamente por tal defecto procedimental durante las instancias, o porqu\u00e9 raz\u00f3n se encaja en el motivo de casaci\u00f3n expresamente invocado (en vez de la causal quinta atinente a la invalidez del tr\u00e1mite). <\/p>\n
Tampoco se deduce del embate la vulneraci\u00f3n de normas sustanciales porque no fue citada alguna de esa especie que rigiera o debiera regir la controversia, y no se precis\u00f3 la forma en que las disposiciones citadas resultaron transgredidas ni mucho menos se ilustraron verdaderos errores de hecho o de derecho al momento de sopesar probanzas concretas. <\/p>\n
Por otro lado, del embiste no trasluce la invocaci\u00f3n de una verdadera nulidad procesal, por la sencilla pero poderosa raz\u00f3n de que no se invoc\u00f3 causal de invalidez alguna ni se cumplieron los requisitos previstos en los preceptos 135 y siguientes ibidem, sobre todo el atinente a la convalidaci\u00f3n t\u00e1cita de la supuesta irregularidad que ahora, vagamente, se pretende hacer valer. <\/p>\n
En tal orden de ideas, la falta de precisi\u00f3n y claridad del cuestionamiento casacional resulta suficiente para inadmitirlo. <\/p>\n
3. Por las razones anotadas, ser\u00e1n repelidos los cargos formulados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada Jaime Quiroga y Beatriz Perdomo Garc\u00eda en el proceso de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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AC2608-2021 (2016-00212-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2608-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-03-001-2016-00212-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). ____ (___) de ______ dos mil veintiuno (2021). Dec\u00eddese sobre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}