AC2625-2021 (2021-01918-00)<\/p>\n
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AC2625-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01918-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Sexto Civil del Circuito de Barranquilla (Atl\u00e1ntico). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sebasti\u00e1n Colorado formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra la sede del Banco Davivienda situada en la \u00abcarrera 35 No. 38-35 Avenida Estudiantes\u00bb de la ciudad de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), pretendiendo que se ordene a esta \u00faltima \u00abcontrat[ar] un profesional int\u00e9rprete y un profesional gu\u00eda int\u00e9rprete\u00bb, con el fin de prestar ayuda a las personas con limitaciones auditivas y visuales que acudan a aquella entidad. <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se se\u00f1al\u00f3 como sitio de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n a \u00ablo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u00bb, pero m\u00e1s adelante se indic\u00f3 concretamente \u00abBarranquilla Atl\u00e1ntico\u00bb, adem\u00e1s se se\u00f1al\u00f3 que el domicilio de Davivienda S.A. es \u00abCarrera 35 No. 38-35 Avenida Estudiantes\u00bb, de esta \u00faltima localidad. <\/p>\n
3. El asunto fue repartido al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), autoridad que en auto de 18 de noviembre de 2020 admiti\u00f3 el escrito inaugural1, orden\u00f3 notificar al ente financiero accionado, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 82 de la Ley 472 de 1998 [Archivo Digital: 02]. <\/p>\n
4. En prove\u00eddo del 13 de abril pasado, el estrado memorado decret\u00f3 de oficio la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite constitucional y, en su lugar, rechaz\u00f3 la postulaci\u00f3n inicial, tras considerar que el actor indic\u00f3 como lugar de la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas colectivas y como domicilio del Banco demandado la ciudad de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), as\u00ed que dispuso la remisi\u00f3n del asunto a los jueces civiles de esa localidad. [Archivo Digital: 15 DECLARA NULIDAD, RECHAZA POR COMPETENCIA REVISADA]. <\/p>\n
5. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, el promotor instaur\u00f3 sin \u00e9xito recurso de reposici\u00f3n, pues en providencia de 29 del mes y a\u00f1o citados, se mantuvo inalterada [Archivo Digital: 14 Resuelve Recurso]. <\/p>\n
6. Al recibir las diligencias, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de aquella urbe tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n, con sustento en que al haber admitido el libelo inaugural, el despacho remitente no pod\u00eda \u00abdesligarse de la competencia que le fue asignada y que asumi\u00f3 con antelaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n est\u00e1 comprometido el principio de la seguridad jur\u00eddica que se espera de un proceso judicial en curso que fue admitido en el a\u00f1o 2020\u00bb. [Archivo Digital: 17 AutoSuscitaConflictoCompetencia]. <\/p>\n
7. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte, quien lo decidir\u00e1, de acuerdo con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el inciso segundo del canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb, (subraya la Sala). <\/p>\n
De cara a la anterior disposici\u00f3n surge, sin mayor dificultad, que en esta clase de acci\u00f3n en la que se persigue la salvaguarda de los derechos colectivos, el legislador estableci\u00f3 una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias. De esta manera, se encuentra, de un lado, el lugar donde ocurre la vulneraci\u00f3n y, de otro, el domicilio del accionado. <\/p>\n
Ante ese elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger el juez natural que dirimir\u00e1 su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa, ora, el lugar en el que se materializa la supuesta vulneraci\u00f3n, elecci\u00f3n que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador. Al respecto, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u00bb. (CSJ AC3261-2018, criterio reiterado en CSJ AC1986-2021, 26 mayo.). <\/p>\n
2. No obstante lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso, la autoridad judicial que, en principio, asuma el conocimiento del juicio conservar\u00e1 la competencia, salvo los casos se\u00f1alados expresamente en dicho mandato, de ah\u00ed que admitido el escrito inaugural, solamente la contraparte podr\u00e1 oponerse a ese aspecto, mediante los mecanismos dise\u00f1ados por el legislador para cada tipo de proceso. <\/p>\n
\u00abAl juzgador, \u2018en l\u00ednea de principio, le est\u00e1 vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumi\u00f3, pues una vez admitida la demanda, s\u00f3lo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, \u2018en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto. \u201cSi el demandado (\u2026) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio\u00bb – (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, criterio reiterado en CSJ AC5446-2018, 13 dic.). <\/p>\n
3. Acorde con las pautas hasta ahora expuestas, en materia de acciones populares, aun cuando el interesado no haya radicado el conocimiento de la controversia en el sitio en donde sucede la trasgresi\u00f3n de las prerrogativas colectivas o en el asiento principal de la entidad accionada, si el juzgador admite la demanda sin miramiento alguno a la escogencia de esos fueros, deber\u00e1 continuar con el tr\u00e1mite del asunto constitucional, en virtud del principio de la perpetuaci\u00f3n de la competencia -perpetuatio jurisdictionis- y s\u00f3lo podr\u00e1 repelerla en caso de prosperar los medios legales instaurados por el extremo pasivo, dirigidos a cuestionar ese aspecto. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de las acciones populares y el axioma referido, esta Colegiatura expuso: <\/p>\n
\u00ab[S]i el actor acude ante el funcionario que no corresponde, y \u00e9ste inadvierte tal situaci\u00f3n al calificar el sumario y decide impulsarlo, ser\u00e1 el extremo citado el \u00fanico facultado para discutir el tema por v\u00eda de reposici\u00f3n, ora mediante la excepci\u00f3n previa pertinente, pues de lo contrario la competencia quedar\u00e1 radicada en la entidad que lo asumi\u00f3 por virtud del principio de la \u2018perpetuatio jurisdictionis\u2019, lo que le impedir\u00e1 desprenderse posteriormente de \u00e9l, so pena de burlar la celeridad, prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y la preclusi\u00f3n, entre otros axiomas. Tal visi\u00f3n armoniza con el art\u00edculo 16 de la norma adjetiva actual, cuyo inciso primero prev\u00e9 que la \u2018jurisdicci\u00f3n y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables\u2019, lo cual significa que \u00fanicamente esos dos aspectos determinantes de la \u00abcompetencia\u00bb admiten revisi\u00f3n en cualquier ciclo del proceso; los dem\u00e1s, esto es, \u2018los factores objetivo, territorial y de conexidad\u2019, se sujetan a la pauta general de prorrogabilidad, lo que ratifica luego el inciso segundo ej\u00fasdem, a cuyo tenor la \u2018falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el Juez seguir\u00e1 conociendo del proceso\u2019\u00bb (CSJ AC3028-2019, 1\u00ba ago.). <\/p>\n
4. En el sub lite, Sebasti\u00e1n Colorado formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra la sede del Banco Davivienda ubicada en la \u00abcarrera 35 No. 38-35 Avenida Estudiantes\u00bb de la ciudad de Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y aunque afirm\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de las personas con limitaciones auditivas y visuales ocurre a \u00ablo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u00bb, enseguida concret\u00f3 que era en la localidad aludida. <\/p>\n
Sin embargo, pese a la afirmaci\u00f3n del gestor acerca del sitio donde acontece la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas y a que el domicilio principal de la entidad bancaria en menci\u00f3n es Bogot\u00e1 D.C.2, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) decidi\u00f3 admitir a tr\u00e1mite el asunto y dispuso el enteramiento de \u00e9ste a la compa\u00f1\u00eda financiera convocada, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 82 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Luego, asumido as\u00ed el conocimiento del caso, no le estaba permitido al estrado judicial aludido rehusarlo a posteriori decretando de oficio la nulidad por falta de competencia, m\u00e1xime cuando el actor popular se abstuvo de cuestionar ese \u00edtem, pero sobre todo, cuando el ente bancario atacado todav\u00eda no ha intervenido a\u00fan en aquella contienda, y no se est\u00e1 en ning\u00fan supuesto de improrrogabiliidad de la competencia que de suyo imponga ese desprendimiento inaplicando el principio de la perpetuatio jurisdictionis para evitar la nulidad de la sentencia que pudiera llegar a emitirse. <\/p>\n
Esto es, una vez el pleito fue admitido por el prenombrado despacho judicial de La Virginia (Risaralda), no pod\u00eda desprenderse de la direcci\u00f3n de este por iniciativa propia, habida cuenta que tal proceder \u00fanicamente podr\u00eda abrirse paso ante el reclamo que el interpelado pueda hacer respecto esa apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone concluir que el llamado a seguir tramitando el proceso referido es el juez de la localidad en menci\u00f3n, por lo que se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a dicha autoridad, eso s\u00ed, sin perjuicio de la facultad que le asiste al ente financiero demandado que todav\u00eda no ha sido vinculado, para controvertir la competencia, mediante el uso de los mecanismos legales pertinentes. Igualmente, se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), es el competente para continuar con el adelantamiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que prosiga con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y al demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En el expediente remitido a la Corte obra auto admisorio de la demanda de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2020-00102-00, la cual no tiene relaci\u00f3n con el presente asunto. No obstante, consultados los estados electr\u00f3nicos en la p\u00e1gina web www.ramajudicial.gov.co <\/A> se aprecia que mediante prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2020, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), admiti\u00f3 el tr\u00e1mite constitucional motivo de la colisi\u00f3n de competencia. <\/p>\n