{"id":54578,"date":"2024-05-17T20:41:22","date_gmt":"2024-05-17T20:41:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/17\/atc750-2021\/"},"modified":"2024-05-17T20:41:22","modified_gmt":"2024-05-17T20:41:22","slug":"atc750-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/17\/atc750-2021\/","title":{"rendered":"ATC750 2021"},"content":{"rendered":"<p>ATC750-2021<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>ATC750-2021 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 15693-22-08-000-2021-00053-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). &nbsp;<\/p>\n<p>Corresponder\u00eda &nbsp;decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido &nbsp;el 28 &nbsp;de abril de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del &nbsp;Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la acci\u00f3n de &nbsp;tutela instaurada por Sandra &nbsp;Esperanza Herrera Ruiz y Mar\u00eda Ana Ruiz de Herrera, esta &nbsp;\u00faltima quien dice obrar en nombre propio y como apoderada &nbsp;general de Henry Herrera Ruiz, contra &nbsp;el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso, \u00ababogados\u00bb &nbsp;y Notar\u00eda Segunda de esa localidad; &nbsp;si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la &nbsp;primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta &nbsp;lo actuado. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Las accionantes reclamaron &nbsp;protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, vivienda &nbsp;digna, trabajo, \u00absalud &nbsp;en conexidad a la vida\u00bb &nbsp;y m\u00ednimo vital, que dicen vulneradas por los convocados, por &nbsp;lo que pidieron que \u00abse &nbsp;decrete la nulidad de la escritura p\u00fablica No. 2733 de 1\u00b0 &nbsp;de diciembre de 2015\u2026, por no estar acorde con la realidad\u00bb; &nbsp;y que \u00abse &nbsp;deje sin efecto la decisi\u00f3n judicial proferida\u2026 el 11 &nbsp;de agosto de 2.020 y en su lugar se archive el proceso\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tejada &nbsp;Trading &amp; C\u00cdA. SAS promovi\u00f3 proceso ejecutivo &nbsp;hipotecario contra Henry Herrera Ruiz, Sandra Esperanza Herrera Ruiz &nbsp;y Mar\u00eda Ana Ruiz de Herrera, con fundamento en gravamen &nbsp;constituido con escritura p\u00fablica No. 2733 de 1\u00b0 de &nbsp;diciembre de 2015, libr\u00e1ndose mandamiento ejecutivo el 29 de &nbsp;noviembre de 2018. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;Enterados los demandados, formularon excepciones de m\u00e9rito, &nbsp;siendo rechazadas las que propuso Sandra Esperanza Herrera Ruiz por &nbsp;extempor\u00e1neas, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 29 de &nbsp;febrero de 2019. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. &nbsp;Mediante sentencia del 11 de agosto de 2020, se desestimaron los &nbsp;mecanismos exceptivos propuestos por los otros demandados, decisi\u00f3n &nbsp;que apel\u00f3 la parte ejecutada, recurso que se declar\u00f3 &nbsp;desierto por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito &nbsp;Judicial de Santa Rosa de Viterbo con prove\u00eddo del 30 de &nbsp;septiembre de 2020. &nbsp;<\/p>\n<p>2.4. &nbsp;En s\u00edntesis, expresaron las gestoras del resguardo que &nbsp;carecieron de defensa t\u00e9cnica, toda vez que los profesionales &nbsp;del derecho que las representaron no desplegaron la actuaci\u00f3n &nbsp;necesaria para velar por sus intereses, teniendo en cuenta que quien &nbsp;fungi\u00f3 como mandatario de Sandra Esperanza Herrera Ruiz &nbsp;present\u00f3 tard\u00edamente el escrito de excepciones, &nbsp;mientras que el apoderado de Henry Herrera Ruiz y Mar\u00eda Ana &nbsp;Ruiz de Herrera omiti\u00f3 sustentar la apelaci\u00f3n formulada &nbsp;contra la sentencia de primera instancia, lo que conllev\u00f3 que &nbsp;fuese declarada desierta. &nbsp;<\/p>\n<p>2.5. &nbsp;Agregaron que el fallo de primer grado \u00abbasa &nbsp;su decisi\u00f3n en quitar de tajo un origen a la obligaci\u00f3n &nbsp;hipotecaria, que adem\u00e1s dice que es accesoria a una &nbsp;principal\u00bb, &nbsp;desconociendo que \u00absi &nbsp;la obligaci\u00f3n principal no tiene claridad, menos la accesoria, &nbsp;porque no tiene asidero jur\u00eddico, no es viable el hecho de &nbsp;hipotecar por hipotecar un inmueble sin una obligaci\u00f3n &nbsp;principal que, se reitera, no es clara\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Admitida la &nbsp;acci\u00f3n, &nbsp;se allegaron las siguientes respuestas: &nbsp;<\/p>\n<p>3.1. &nbsp;Tejada &nbsp;Trading &amp; C\u00cdA. SAS defendi\u00f3 la legalidad de la &nbsp;actuaci\u00f3n cuestionada. &nbsp;<\/p>\n<p>3.2. &nbsp;El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso destac\u00f3 que &nbsp;\u00abel &nbsp;tr\u00e1mite y las decisiones proferidas en\u2026 [el proceso &nbsp;aludido] en la acci\u00f3n constitucional se han realizado &nbsp;atendiendo la normatividad sustancial y procesal vigente\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3.3. &nbsp;La Notar\u00eda Segunda de esa municipalidad pidi\u00f3 declarar &nbsp;improcedente el resguardo, toda vez que existen otras v\u00edas &nbsp;judiciales para cuestionar la legalidad de la escritura p\u00fablica &nbsp;atacada. &nbsp;<\/p>\n<p>4. El a &nbsp;quo constitucional &nbsp;deneg\u00f3 el amparo \u00abal &nbsp;determinarse la inexistencia de una v\u00eda de hecho en el actuar &nbsp;judicial dentro del proceso ejecutivo seguido contra los accionantes &nbsp;\u2026\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp;La &nbsp;anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la parte accionante, &nbsp;sin precisar los motivos de su inconformidad. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se &nbsp;desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta &nbsp;Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente &nbsp;asunto, pues el auxilio constitucional involucra, entre otras &nbsp;actuaciones, la decisi\u00f3n adoptada el 30 de septiembre de 2020, &nbsp;que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que formularon las &nbsp;promotoras contra la sentencia que dirimi\u00f3, en primera &nbsp;instancia, el juicio cuestionado; pues, en sentir de las quejosas, &nbsp;tal declaraci\u00f3n obedeci\u00f3 a la falta de defensa t\u00e9cnica &nbsp;que denunciaron como sustento de su petici\u00f3n de amparo. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;las cosas, es claro que el reclamo involucra directamente a la Sala &nbsp;\u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa &nbsp;Rosa de Viterbo, toda vez que fue dicha sede judicial la que profiri\u00f3 &nbsp;el citado auto de 30 de septiembre de las calendas pasadas. &nbsp;<\/p>\n<p>Entonces, &nbsp;comoquiera que la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, &nbsp;seg\u00fan las tutelantes, tuvo lugar porque se vulneraron sus &nbsp;garant\u00edas fundamentales, al haberse declarado desierta su &nbsp;alzada por falta de \u00abdefensa &nbsp;t\u00e9cnica\u00bb, &nbsp;es evidente que la queja constitucional involucra &nbsp;esa \u00faltima decisi\u00f3n (de 30 de septiembre de 2020), por &nbsp;lo que el referido colegiado deb\u00eda ser vinculado por pasiva, &nbsp;lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la &nbsp;salvaguarda, debiendo conocer de la acci\u00f3n de tutela, en &nbsp;primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta &nbsp;Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 2\u00ba del &nbsp;art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 20151, &nbsp;modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, &nbsp;norma vigente al momento de la interposici\u00f3n del resguardo (23 &nbsp;de marzo de 2021). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;un caso de similares contornos, la Sala dijo que: &nbsp;<\/p>\n<p>No &nbsp;obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que &nbsp;conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala &nbsp;Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta &nbsp;se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por &nbsp;ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se &nbsp;cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del &nbsp;circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste &nbsp;\u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el &nbsp;caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por &nbsp;la demandante (CSJ &nbsp;ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; &nbsp;reiterado en ATC438-2015, 7 &nbsp;feb. 2015, rad. 02190-01). &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;En &nbsp;consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala &nbsp;\u00danica del &nbsp;Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo est\u00e1 &nbsp;viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo &nbsp;16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de &nbsp;tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 &nbsp;de 1992. &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para &nbsp;tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a &nbsp;partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del &nbsp;Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se &nbsp;torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia &nbsp;por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el &nbsp;inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto &nbsp;adjetivo2, &nbsp;por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 &nbsp;obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la &nbsp;cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de &nbsp;tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 &nbsp;de 1992. (Criterio &nbsp;expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en &nbsp;ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Por otro lado, en &nbsp;torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb &nbsp;a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, &nbsp;recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;La &nbsp;situaci\u00f3n descrita permite &nbsp;la aplicaci\u00f3n del canon 138 del &nbsp;C\u00f3digo General del Proceso, &nbsp;en &nbsp;lo &nbsp;referente &nbsp;a &nbsp;los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma &nbsp;extensiva &nbsp;a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado &nbsp;en el &nbsp;art\u00edculo 4\u00b0 &nbsp;del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el &nbsp;cual alude &nbsp;a &nbsp;los &nbsp;principios generales del Estatuto Procesal Civil &nbsp;para &nbsp;la interpretaci\u00f3n de los &nbsp;preceptos regulatorios de &nbsp;dicho tr\u00e1mite, en cuanto &nbsp;no contrar\u00ede &nbsp;sus &nbsp;propias disposiciones. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos &nbsp;que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha &nbsp;discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en &nbsp;ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: &nbsp;<\/p>\n<p>\u201c(\u2026) &nbsp;respecto &nbsp;a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse &nbsp;incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con &nbsp;base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de &nbsp;reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en &nbsp;manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o &nbsp;corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se &nbsp;declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, &nbsp;puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de &nbsp;reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido &nbsp;Decreto] &nbsp;reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a &nbsp;la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por &nbsp;supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces &nbsp;competentes\u201d. &nbsp;<\/p>\n<p>\u201c[Por &nbsp;lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque &nbsp;el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de &nbsp;informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 &nbsp; indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso &nbsp;(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la &nbsp;administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan &nbsp;la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de &nbsp;tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma &nbsp;no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el &nbsp;pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se &nbsp;relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al &nbsp;debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), &nbsp;\u2018el cual establece &nbsp;que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al &nbsp;acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con &nbsp;observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 &nbsp;(Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d &nbsp;(CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio &nbsp;expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n &nbsp;de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de &nbsp;esta Corte, para que sea asignada de &nbsp;acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en &nbsp;primera instancia, el reclamo constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil, &nbsp;resuelve: &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Declarar la nulidad de &nbsp;todo lo actuado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del &nbsp;Distrito Judicial del Santa Rosa de Viterbo en la presente acci\u00f3n &nbsp;de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en &nbsp;los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General &nbsp;del Proceso. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda &nbsp;de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para &nbsp;que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que &nbsp;se imprima el tr\u00e1mite de rigor. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante &nbsp;telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones &nbsp;pertinentes. &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ARMANDO TOLOSA VILLABONA &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;\u00abArt\u00edculo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Para &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(\u2026) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;\u00abart\u00edculo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;16. Prorrogabilidad &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;e improrrogabilidad &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;jurisdicci\u00f3n y la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;competencia por los factores &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;subjetivo y funcional &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;son improrrogables. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;subjetivo o funcional, lo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;proferido que ser\u00e1 nula, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Se subray\u00f3] &nbsp;<\/p>\n<p>5 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATC750-2021 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp; Magistrado &nbsp;ponente &nbsp; ATC750-2021 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 15693-22-08-000-2021-00053-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). &nbsp; Corresponder\u00eda &nbsp;decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido &nbsp;el 28 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}