ATC771-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC771-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2021-00122-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la consulta de la providencia proferida el 20 de mayo de 2021 por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que sancion\u00f3 a los Directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, as\u00ed como al Contralor General de la Rep\u00fablica, con multa equivalente a un salario m\u00ednimo legal mensual vigente y un d\u00eda de arresto, por el incumplimiento a la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida en la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor de Jes\u00fas Lescano Gaviria. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la referida sentencia, la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn ampar\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n al actor. En virtud de ello, dispuso: <\/p>\n
\u00ab\u2026Segundo: Ordenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, Departamento para la Prosperidad Social, Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y Personer\u00eda Puerto Nare que den respuesta al derecho de petici\u00f3n presentado por H\u00e9ctor de Jes\u00fas Lezcano Gaviria el 8 de enero de 2021, atendiendo a las consideraciones expuestas. Para cumplir esta orden se les concede un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Defensor del Pueblo y la Uariv que den cumplimiento al art\u00edculo 21 del CPCA, seg\u00fan las consideraciones expuestas. Para cumplir esta orden se les concede un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia\u00bb. <\/p>\n
2. Mediante escrito, el tutelante solicit\u00f3 el tr\u00e1mite del incidente de desacato, \u00abante el incumplimiento exacto y oportuno de la decisi\u00f3n emitida por su despacho, mediante sentencia\u00bb. Adujo que la violaci\u00f3n a sus derechos se hab\u00eda materializado, porque la UARIV no respond\u00eda a sus s\u00faplicas de manera efectiva y \u00abomite cumplir los mandatos constitucionales\u00bb. Pidi\u00f3 ordenar a la entidad accionada dar cumplimiento al fallo constitucional. <\/p>\n
3. En raz\u00f3n al requerimiento que le hiciera el Tribunal, por auto del 15 de abril de 2021, la anterior petici\u00f3n fue aclarada por el promotor, el 19 de abril siguiente, quien indic\u00f3 que \u00abhasta la fecha solo respondieron la defensor\u00eda del pueblo, personer\u00eda de Bello, faltando por responder la UARIV, LA PROCURADURIA, LA CONTRALORIA, LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y EL DPS\u00bb, resaltando que, por la respuesta de la Defensor\u00eda del Pueblo, quien nos debe otorgar las ayudas humanitarias es el Departamento para la Prosperidad Social y la Presidencia de la Rep\u00fablica, \u00abquien debe velar por la seguridad y al m\u00ednimo vital de los l\u00edderes, los gestores de paz y defensores de derechos humanos en Colombia\u00bb. <\/p>\n
4. Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de abril de la presente anualidad, previo a la apertura del incidente de desacato, el a quo constitucional requiri\u00f3 a los representantes de las entidades mencionadas, para que informaran \u00absi cumplieron la orden de tutela contenida en la sentencia del 18 de marzo de 2021, en relaci\u00f3n a la respuesta al derecho de petici\u00f3n presentado por H\u00e9ctor de Jes\u00fas Lescano Gaviria el 8 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
5. El 5 de mayo siguiente, con base en las contestaciones allegadas, el Tribunal consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a abrir incidente de desacato contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, porque acredit\u00f3 que traslad\u00f3 el derecho de petici\u00f3n al Ministerio del Interior, a la Gobernaci\u00f3n de Antioquia, al Municipio de Bello y a la UARIV, de manera que cumpl\u00eda con \u00abel supuesto normativo del art\u00edculo 21 del CPCA, en cuanto (\u2026) declar\u00f3 su incompetencia para resolver del asunto y la remiti\u00f3 a las autoridades que considera competentes\u00bb. Igual conclusi\u00f3n hizo frente al Departamento de la Prosperidad Social, porque atendi\u00f3 el requerimiento de fondo, al indicarle al querellante que no hab\u00eda programas de prosperidad social para l\u00edderes gestores de paz y defensores de derechos humanos y explicarle que el programa de solidaridad de familias en acci\u00f3n se reclamaba por grupos familiares y no por personas, as\u00ed como las razones por las cuales no era beneficiario del mismo. <\/p>\n
Por otra parte, dispuso la apertura del tr\u00e1mite frente al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Contralor General de la Rep\u00fablica, porque no se \u00abpronunciaron respecto al requerimiento previo\u00bb, as\u00ed como contra el Director la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, en raz\u00f3n a que no \u00abdio cumplimiento a la orden de tutela, porque en ella se le dijo puntualmente a la Uariv que deb\u00eda allegar constancia de entrega al demandante del oficio de remisi\u00f3n de la petici\u00f3n que hizo a la autoridad que estima competente para resolver del asunto\u00bb (se subraya). <\/p>\n
II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA <\/p>\n
El 20 de mayo de este a\u00f1o, la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn impuso las sanciones que son objeto de consulta, por \u00abla omisi\u00f3n de cumplimiento de la orden de tutela (\u2026) (de) las personas encargadas de velar porque se diera una respuesta clara, coherente y de fondo, atendiendo a los lineamientos del CPCA a la petici\u00f3n del 8 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, se sustent\u00f3 en la cita textual de los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y en que el incidente de desacato busca \u00abel cumplimiento de la orden precisa y perentoria que imparte el Juez constitucional para la protecci\u00f3n eficaz del derecho fundamental, no siendo \u00abadmisible respuesta, ni conducta distinta del acatamiento a la orden impartida para su eficacia\u00bb, sin hacer consideraciones adicionales. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LAS SOLICITUDES POSTERIORES <\/p>\n
1. El 25 de mayo de 2021, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, a trav\u00e9s del Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica, solicit\u00f3 desvincular del tr\u00e1mite de desacato al director de la entidad, toda vez que \u00abel cumplimiento de la orden judicial corresponder\u00e1 al director misional de la direcci\u00f3n de Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Social y Humanitaria el Dr. H\u00c9CTOR GABRIEL CAMELO RAM\u00cdREZ\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, sostuvo que, \u00abmediante comunicado Radicado No. 202172013775961 del 25\/05\/2021, se emite respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n presentado, la cual fue enviado a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico suministrada por el accionante como direcci\u00f3n de notificaciones\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 que no hab\u00eda lugar a hacer remisi\u00f3n a otra entidad, conforme con lo establecido en el art\u00edculo 21 del CPACA, porque lo pretendido por el actor \u00aben calidad de gestor de paz no se encuentra reglamentada y por lo tanto no existe una responsabilidad de alguna entidad de entregar\u2026\u00bb. En sustento, hizo menci\u00f3n al procedimiento para la atenci\u00f3n humanitaria por parte de las v\u00edctimas, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 47 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consider\u00f3 que hab\u00eda carencia actual de objeto, por hecho superado, por lo que pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n sancionatoria. Adujo que, cuando la orden constitucional se ha cumplido, procede su inaplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El 26 de mayo de 2021, la delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica indic\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n del tutelante fue trasladado al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, seg\u00fan el art\u00edculo 21 de la Ley 1437 de 2011, de manera que la entidad hab\u00eda dado cumplimiento a la orden impuesta. <\/p>\n
3. El 26 de mayo de 2021, el Contralor General (e) puso de presente que \u00abni el fallo de tutela ni el posterior incidente de desacato fueron notificados al buz\u00f3n dispuesto para el efecto, y en consecuencia no fue posible tomar medidas para controvertir las decisiones ni para acatar su cumplimiento estricto e inmediato\u00bb. Afirm\u00f3 que no se recibi\u00f3 notificaci\u00f3n en el buz\u00f3n notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co, exclusivamente dispuesto por la entidad, de conformidad con el art\u00edculo 197 de la Ley 1437 de 2011 y tampoco fueron enviados al correo jorge.lopera@contraloria.gov.co, que fue referido en la contestaci\u00f3n de la tutela, por lo que no pudieron impugnar el fallo ni atender el requerimiento del desacato. <\/p>\n
Precis\u00f3 que al \u00faltimo correo mencionado se remiti\u00f3 la sanci\u00f3n del desacato y que, en consecuencia, procedieron a impartir instrucciones para que el Gerente Departamental de Antioquia diera cumplimiento a la orden constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el actor limit\u00f3 su petici\u00f3n de desacato al incumplimiento de parte de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas, sin enfilar reproche contra el organismo de control, por lo que \u00abmal har\u00eda el juez de tutela en aplicar sanciones en contra del representante legal de la entidad cuyo cumplimiento de las \u00f3rdenes dadas por el juez constitucional de tutela, nunca ha sido cuestionado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 cerrar el incidente en contra de la entidad e inaplicar la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
3.1. En la misma fecha, el Gerente Departamental de Antioquia inform\u00f3 que, mediante Oficio 2021EE0004546 del 18 de enero de 20211, se hab\u00eda dado respuesta a la petici\u00f3n del accionante y que se \u00abenviaron correos electr\u00f3nicos a las entidades competentes para que conocieran la petici\u00f3n presentada por el se\u00f1or H\u00e9ctor de Jes\u00fas Lezcano Gaviria en cumplimiento de lo dispuesto al art. 21 de -CPCA\u00bb, el 26 de mayo del presente a\u00f1o; en consecuencia, pidi\u00f3 inaplicar la sanci\u00f3n, por carencia de objeto. <\/p>\n
3.2. El 2 de junio de esta anualidad, se recibi\u00f3 escrito del Director Jur\u00eddico del ente de control, quien reiter\u00f3 las alegaciones referidas en los memoriales citados. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha sido reiterativa la jurisprudencia al se\u00f1alar que, por la finalidad que tienen los fallos proferidos en una acci\u00f3n de tutela, su cumplimiento deviene forzoso, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial. <\/p>\n
Debido a ello, el juez del amparo estar\u00e1 compelido a propender por su cumplimiento y, de ser necesario, a imponer las sanciones previstas en la ley por su desacato. Para lo anterior, deber\u00e1 constatar los aspectos relacionados con el contenido y alcance de la orden de protecci\u00f3n, su destinatario y el t\u00e9rmino concedido para su cumplimiento. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, si la orden se ejecuta, ello permite dejar sin efectos la sanci\u00f3n, en tanto que \u00abcuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, as\u00ed sea extempor\u00e1neamente e incluso despu\u00e9s de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas\u2026 \u2018pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3. (\u2026) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que \u2018(\u2026) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia\u2019\u2026\u00bb (CSJ STC, 31 oct. 2013, exp. 00393-01, reiterada en STC8900-2017, 21 jun. 2017, rad. 00181-01 y STC21539-2017, 15 dic. 2017, rad. 00799-01). <\/p>\n
2. En el sub examine, se advierte que la sentencia constitucional del 18 de marzo de 2021 impuso unas \u00f3rdenes a las entidades accionadas en la tutela promovida por H\u00e9ctor de Jes\u00fas Lescano Gaviria, por no haber contestado el derecho de petici\u00f3n del 8 de enero de 2021 o no haber realizado el traslado al competente, seg\u00fan lo dispone el CPACA. <\/p>\n
Dicho petitorio ten\u00eda por objeto que \u00abse inicien los tr\u00e1mites administrativos para que se hagan las gestiones pertinentes y se otorguen la ayuda del bono solidario o la ayuda que otorgue el Gobierno Nacional a los l\u00edderes Gestores de Paz y Defensores de Derechos Humanos y nos incluyan en la base de datos de todos los ministerios p\u00fablicos como Gestores de Paz que fuimos formados en el a\u00f1o 2016\u00bb (Se resalta). Sustent\u00f3 su petici\u00f3n en que era un l\u00edder social, v\u00edctima del conflicto armado y perteneciente a la comunidad LGTBI, que desde el inicio de la cuarentena todos los l\u00edderes solicitaron ayuda al Gobierno, para recibir un ingreso solidario, pero que no hab\u00edan recibido apoyo alguno. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el fin de su petici\u00f3n no era otro que ser beneficiario los ingresos solidarios creados por Gobierno Nacional, en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de l\u00edder social, v\u00edctima de conflicto armado y ante la situaci\u00f3n de la pandemia. Al respecto, en el fallo constitucional, el Tribunal precis\u00f3 que \u00aben el apartado de la pretensi\u00f3n solicita que se otorgue lo que \u00e9l denomina un \u201cbono\u201d solidario o la \u201cayuda\u201d que otorgue el Gobierno Nacional a los l\u00edderes gestores de paz y defensores de derechos humanos\u00bb, en consonancia con lo indicado en la tutela, esto es, que \u00abhasta la fecha no me han brindado la ayuda que otorga el gobierno nacional a los l\u00edderes y defensores de derechos humanos y no cuento con ning\u00fan otro mecanismo eficaz para lograr una pronta respuesta y la expedici\u00f3n de la prestaci\u00f3n que requiero, pues mi (sic) derechos como v\u00edctima se ven vulnerados con el obrar pernicioso de la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, resulta claro que, si bien, como se mencion\u00f3, la sentencia del Tribunal impuso una serie de \u00f3rdenes a distintas entidades p\u00fablicas, para que atendieran el derecho de petici\u00f3n que, en los mismos t\u00e9rminos, el actor radic\u00f3 ante las autoridades accionadas, su raz\u00f3n de ser, sin lugar a dudas, era que el gestor tuviera una repuesta, de parte de los competentes, sobre si le asist\u00eda o no derecho al ingreso solidario pretendido, seg\u00fan las condiciones particulares que aleg\u00f3 en el escrito referido. <\/p>\n
En ese sentido, el Tribunal determin\u00f3, en auto del 5 de mayo de 2021, que no abrir\u00eda el incidente de desacato frente al Departamento de la Prosperidad Social, porque dio cumplimiento a la orden impuesta, en cuanto le hab\u00eda contestado al demandante, \u00abinform\u00e1ndole que no maneja programa alguno que tenga como poblaci\u00f3n objeto de focalizaci\u00f3n a l\u00edderes gestores de paz y defensores de derechos humanos y que tampoco existe norma que asigne funciones esa entidad para su atenci\u00f3n. Del mismo modo se le puso de presente que no pod\u00eda ser beneficiario del programa familias en acci\u00f3n porque ten\u00edan un puntaje mayor a 30 en Sisben, y dicho programa requer\u00eda de un puntaje inferior, sumado a que no pod\u00eda permanecer ning\u00fan miembro del grupo familiar a otro programa de ayuda social, y en este caso se evidenci\u00f3 que el actor pertenece al programa familias en acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en dicha respuesta, el Departamento le inform\u00f3 al peticionario que en la \u00aboferta institucional ofrecida por PROSPERIDAD SOCIAL, no se encuentra programa alguno, que tenga como poblaci\u00f3n objeto de focalizaci\u00f3n a L\u00edderes Gestores de Paz y Defensores de Derechos Humanos\u00bb, le indic\u00f3 cu\u00e1l era el \u00abPrograma Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situaci\u00f3n de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb, de conformidad con el Decreto 518 de 2020, y le explic\u00f3 que el reclamado \u00abINGRESO SOLIDARIO\u00bb hab\u00eda sido creado para hogares y no para las personas, individualmente consideradas, detallando las razones por las cuales su n\u00facleo familiar no era beneficiario del mismo2. <\/p>\n
Ahora bien, en el auto del 5 de mayo, el Tribunal abri\u00f3 el desacato contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, por cuanto \u00aballeg\u00f3 pronunciamiento frente al requerimiento previo (\u2026) en el que dio respuesta al derecho de petici\u00f3n del actor, y despu\u00e9s de informarle que ten\u00eda a su disposici\u00f3n un giro de ayuda humanitaria por su condici\u00f3n de v\u00edctima de la violencia, le inform\u00f3 que no tiene competencia para otorgar bonos solidarios o ayudas humanitarias l\u00edderes gestores de Paz y Defensores de derechos Humanos, porque s\u00f3lo administra los recursos para las v\u00edctimas de la violencia\u00bb; sin embargo, el a quo constitucional estim\u00f3 que ello no era suficiente, en consideraci\u00f3n a era la misma respuesta dada en el tr\u00e1mite inicial de la tutela y porque en el fallo \u00abse le dijo puntualmente a la Uariv que deb\u00eda allegar constancia de entrega al demandante del oficio de remisi\u00f3n de la petici\u00f3n que hizo a la autoridad que estima competente para resolver del asunto\u00bb, frente a lo cual, en todo caso, resalta la Sala que en la sentencia constitucional, el Tribunal estim\u00f3 que \u00abla Uariv es la \u00fanica entidad que dio una respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De la contestaci\u00f3n en comento, se destaca que la Unidad le inform\u00f3 al peticionario que, dado que se encontraba en la ruta de primer a\u00f1o, en su condici\u00f3n de v\u00edctima del desplazamiento forzado, se hab\u00eda puesto a su disposici\u00f3n $ 590.00 durante el mes de marzo de la presente anualidad y que los dos giros subsiguientes ser\u00edan de $ 410.000, seg\u00fan Resoluci\u00f3n 0600220213052296 del 10 de marzo de 2021; tambi\u00e9n le expres\u00f3, en cuanto al bono solidario a l\u00edderes sociales, que no ten\u00eda facultades para esos asuntos y que las ayudas por COVID19 eran competencias de los entes territoriales y de las autoridades \u00abcon determinaciones especiales conferidas por los Decretos dictados en esta etapa de emergencia, sanitaria, econ\u00f3mica y social\u00bb. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, se advierte que, en el oficio del 20 de marzo de 2021, dirigido al Tribunal3, con ocasi\u00f3n del fallo de tutela, la Unidad le hab\u00eda puesto de presente que no era \u00abnecesario realizar remisi\u00f3n toda vez que las entidades competentes para dar respuesta a la solicitud que hace la v\u00edctima, se encuentran vinculadas al presente tr\u00e1mite y adem\u00e1s la misma petici\u00f3n tambi\u00e9n fue presentada ante estas\u00bb (se subraya), lo cual no fue analizado en concreto en el tr\u00e1mite del desacato, pese a que dicho argumento era razonable y pod\u00eda tener aplicabilidad para varias de las accionadas. <\/p>\n
Para la Sala, las respuestas anteriores daban cuenta de la protecci\u00f3n de la garant\u00eda amparada, esto es, el derecho de petici\u00f3n, en los t\u00e9rminos reclamados en la tutela, pues el fin del mismo era que el promotor tuviera una respuesta de las autoridades competentes, sobre si pod\u00eda acceder a un ingreso solidario, por su condici\u00f3n de l\u00edder social, v\u00edctima de conflicto armado y en raz\u00f3n a las condiciones derivadas de la emergencia generada por la pandemia, lo cual fue objeto de los pronunciamientos referidos. <\/p>\n
Al respecto, adem\u00e1s, se observa que el Tribunal se abstuvo de abrir incidente de desacato contra la Procuradur\u00eda, porque hab\u00eda trasladado la petici\u00f3n al Ministerio del Interior, a la Gobernaci\u00f3n de Antioquia, al Municipio de Bello y a la UARIV, cumpliendo as\u00ed con lo previsto en el art\u00edculo 21 del CPACA y que, en el tr\u00e1mite constitucional, verific\u00f3 las respuestas y traslados de otras autoridades frente al mismo derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, recuerda la Sala el fin perseguido con el desacato no es la sanci\u00f3n propiamente dicha, sino aquella como un medio para lograr que se cumpla el fallo, siendo pertinente que el juez examine el alcance de la orden de protecci\u00f3n, pues no se trata del mero cumplimiento sino del restablecimiento del derecho amparado, de manera que debe darse prevalencia a la efectividad del derecho fundamental otorgado. <\/p>\n
De otro lado, es pertinente resaltar que, en estos eventos, no s\u00f3lo deben mediar el desobedecimiento sino que debe estar acreditado, ante todo, que aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional est\u00e1 fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla y, por supuesto, de vulnerar el amparo concedido en detrimento de su titular, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo, tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n
3. Igualmente, no puede perderse de vista que, con posterioridad a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n consultada, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica alleg\u00f3 copia del documento OFI21-00005434 del 13 de enero de 2021, dirigido al se\u00f1or LESCANO GAVIRIA (hlescano39@gmail.com), en el cual le informaba que hab\u00eda dado traslado \u00abal Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas – UARIV, con fundamento en las funciones que le corresponden a las citadas Entidades\u00bb (se subraya); as\u00ed como copia de los oficios OFI21-00005441 y OFI21-00005442, ambos de la fecha indicada y dirigidos a las mencionadas entidades; y aport\u00f3 unos pantallazos que refieren la creaci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos 725415, 725424 y 725425, asociados a los citados oficios, enviados a los destinatarios el mismo 13 de enero de 2021. <\/p>\n
Por su parte, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica aport\u00f3 copia del oficio 2021EE0084058 del 26 de mayo de la presente anualidad y del correo electr\u00f3nico, dirigido a los dem\u00e1s accionados, entre ellos, a la Presidencia de la Rep\u00fablica, a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con copia a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del tutelante, trasladando por competencia la solicitud del actor, en raz\u00f3n a la sanci\u00f3n de desacato impuesta contra la entidad. <\/p>\n
A su vez, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas adjunt\u00f3 el oficio 202172013775961, dirigido al tutelante y enviado el 25 de mayo de 2021, en el cual reiter\u00f3 la respuesta otorgada inicialmente, as\u00ed como un informe, en el que puso de presente que \u00abno hay lugar de realizar remisi\u00f3n conforme al art\u00edculo 21 de CPACA a otra entidad del orden nacional por cuanto que este tipo de ayudas que la parte accionante est\u00e1 solicitando espec\u00edficamente en calidad de gestor de paz no se encuentra reglamentada y por lo tanto no existe una responsabilidad de alguna entidad de entregar por esta raz\u00f3n la Unidad para las V\u00edctimas le reitera la atenci\u00f3n humanitaria que en su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado puede recibir y la cual ha recibido como se indica en los ac\u00e1pites anteriores. Adem\u00e1s se informa a su se\u00f1or\u00eda que esta ayuda espec\u00edfica no tiene una entidad competente sino que cada una en el \u00e1mbito de su misionalidad otorga las ayudas que su misma norma les provee\u00bb, argumento que, como se indic\u00f3, tambi\u00e9n hab\u00eda presentado ante el Tribunal en memorial del 20 de marzo de este a\u00f1o. <\/p>\n
Lo expuesto, resulta relevante no solo para soportar lo dicho anteriormente, en el sentido que varias de las autoridades tuteladas confluyeron en que los tr\u00e1mites requeridos por el gestor, para el reconocimiento del auxilio pretendido, deb\u00edan ser atendidos por el Departamento para la Prosperidad Social y la UARIV, entidades que ya hab\u00edan emitido contestaci\u00f3n de fondo, sino para evidenciar que, en todo caso, se dieron las respuestas y traslados por competencia del derecho de petici\u00f3n echados de menos, en la mayor\u00eda de los casos entre las mismas accionadas y otras, pues, adem\u00e1s, la Defensor\u00eda del Pueblo envi\u00f3 por competencia el asunto al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n4 y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n lo hizo al Ministerio del Interior, el municipio de Bello y la Gobernaci\u00f3n de Antioquia5. <\/p>\n
4. En consonancia con lo anterior, sin que sean necesarias m\u00e1s disquisiciones, se dejar\u00e1n sin efecto las medidas objeto de consulta. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTO la sanci\u00f3n impuesta el 20 de mayo de 2021 por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn a los Directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, as\u00ed como al Contralor General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedido, lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y devu\u00e9lvase las presentes diligencias a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Remitida a su correo electr\u00f3nico el 19 de enero siguiente. <\/p>\n
2\u0002 Memorial enviado al correo electr\u00f3nico del tutelante y al Tribunal el 4 de mayo de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Enviado por correo electr\u00f3nico el 23 de marzo de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Oficio 20210060020979 del 25 de marzo de 2021, remitido al d\u00eda siguiente a la entidad y al tutelante. <\/p>\n
5\u0002 Oficios IUS E-2021-008194 del 19 de marzo de 2021, enviados por correo electr\u00f3nico a las respectivas entidades y al peticionario. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC771-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente ATC771-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2021-00122-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la consulta de la providencia proferida el 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}