ATC777-2021<\/p>\n
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ATC777-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2021-00049-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1.- Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Didier Augusto Mazo P\u00e9rez contra el fallo emitido el pasado 12 de mayo por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la tutela que el impugnante promovi\u00f3 contra el Juzgado 1\u00ba Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolomb\u00f3, si no fuera porque esta Sala carece de facultades para definir el asunto. <\/p>\n
2.- Aunque la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja desat\u00f3 el resguardo en primera instancia, lo cierto es que la queja constitucional fue dirigida, \u00fanicamente, contra autoridades de la especialidad penal y, por ende, era el superior funcional de ellas el competente para conocer del tr\u00e1mite. Lo anterior, por mandato del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto No. 333 de 6 de abril de 2021, que establece: \u201clas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u201d. <\/p>\n
Bajo el marco descrito, puede colegirse que ni la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, ni la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n tienen competencia para conocer, en primera y segunda instancia, respectivamente, de la acci\u00f3n de tutela en comento, toda vez que la queja toral del actor fue enfilada contra autoridades judiciales de la especialidad penal en su categor\u00eda circuito. De forma tal que la competencia funcional para conocer del asunto, en principio, en primera instancia, radicaba en la Sala Penal del Tribunal mencionado; sin embargo, comoquiera que el accionante se duele de la falta de resoluci\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n que fue concedido por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, alzada que debe ser decidida por el superior de ese Juzgado, se advierte, que por el asunto objeto de decisi\u00f3n constitucional, al tr\u00e1mite debe ser vinculada la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, circunstancia que muta la competencia, para dejarla a cargo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia. <\/p>\n
3.- Entonces, como la Sala Civil Familia de la Corporaci\u00f3n de origen no era competente para decidir el resguardo en primera instancia, como tampoco lo es, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para desatarlo en segundo grado. De acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992 y atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 138 ib\u00eddem, se declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia, manteniendo la validez de lo rituado, para que la controversia sea definida por el superior funcional de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, esto es, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre el particular esta Magistratura ha puntualizado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4.- En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo proferido el 12 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Lo dem\u00e1s, conserva validez. <\/p>\n
Segundo. Rem\u00edtanse las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin que expida el veredicto de reemplazo. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n, de la manera m\u00e1s expedita, al Tribunal de origen, a los actores y a los dem\u00e1s implicados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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