ATC787-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC787-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00509-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada, en el proceso ordinario laboral de radicaci\u00f3n n\u00b0. 75765. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La parte accionante afirm\u00f3 que el se\u00f1or Jhon Fredy Arboleda Cano \u00abfalleci\u00f3 el 30 de octubre de 2008 (\u2026) fecha para la cual ten\u00eda la condici\u00f3n de afiliado del RPM y hab\u00eda cotizado las 50 semanas m\u00ednimas requeridas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.2. La se\u00f1ora Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez present\u00f3 reclamaci\u00f3n administrativa ante el ISS, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores, en la cual pidi\u00f3 \u00abel reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes [\u2026]\u00bb. La entidad, mediante la Resoluci\u00f3n 004388 del 19 de marzo de 2010, concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n a sus descendientes, \u00aba partir del 30 de octubre de 2008 en porcentajes del 50% del valor de la mesada ($461.500), respectivamente\u00bb, y neg\u00f3 la pretendida por la c\u00f3nyuge, con el argumento de que no convivi\u00f3 con el causante durante los 5 a\u00f1os anteriores a su deceso, en atenci\u00f3n a que \u00abcontrajeron nupcias el 10 de diciembre de 2004\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la promotora que Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez instaur\u00f3 demanda laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2.4. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn que, por sentencia del 29 de agosto de 2014, absolvi\u00f3 a la parte demandada y declar\u00f3 que la demandante no era beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2.6. La se\u00f1ora Oquendo G\u00f3mez present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por el cual la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia CSJ SL5167-2020 de 9 de diciembre de 2020, emitida en el proceso de radicado 75765, cas\u00f3 la providencia del Tribunal y dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2014, por el Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn y, en su lugar, CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES a reconocer y pagar a NATALIA PAULINA OQUENDO G\u00d3MEZ la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a partir de la ejecutoria de esta providencia, en cuant\u00eda equivalente al 50% del SMLMV, la cual ser\u00e1 compartida con sus hijos (\u2026) en un 25% cada uno, hasta que cumplan los 18 a\u00f1os de edad o hasta los 25, siempre que acrediten la calidad de estudiantes y una vez extinguida tal condici\u00f3n, la prestaci\u00f3n acrecer\u00e1 a la actora de manera vitalicia en un 100%…\u00bb. <\/p>\n
2.7. La entidad gestora sostuvo que dicha providencia era constitutiva de defecto sustantivo, al sostener que por la muerte del afiliado no se requer\u00eda la acreditaci\u00f3n de alg\u00fan periodo de convivencia m\u00ednimo entre el causante y la compa\u00f1era permanente o c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes; en consecuencia, solicit\u00f3 dejarla sin efectos y, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
3. El 25 de marzo de 2021, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos, cuestionamientos o condenas reclamadas en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar con la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3. En el presente asunto, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar debidamente a los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, revisado el expediente documental, se evidencia que, mediante auto del 16 de marzo de 2021, se dispuso admitir la presente acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, as\u00ed como de \u00abNatalia Paulina Oquendo G\u00f3mez y los dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite que dio origen a este asunto (radicado interno de la Corte 75765) y que tengan relaci\u00f3n directa con las pretensiones de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, aunque el citado auto dispuso la vinculaci\u00f3n de la se\u00f1ora Oquendo G\u00f3mez, de las comunicaciones remitidas se aprecia que en estas no figura una direcci\u00f3n concreta de env\u00edo, solo se anot\u00f3 \u00abSan Luis (Antioquia)\u00bb, sin advertirse que a folio 50 del escrito de tutela estaban consignadas, como direcciones de notificaci\u00f3n de la misma, las siguientes: \u00abNATALIA PAULINA OQUENDO GOMEZ: calle 21 Nro. 21-58 primer piso Municipio San Luis Antioquia o en la calle 115 Nro. 64B B26 apto 301 Las Brisa Medell\u00edn. Correo electr\u00f3nico: paulina1876@hotmail.com [\u2026]\u00bb, siendo de suma importancia la notificaci\u00f3n directa a la se\u00f1ora Oquendo G\u00f3mez, dado que fue quien instaur\u00f3 la demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones, mediante la cual reclamaba la prestaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n. Es de anotar, que esa notificaci\u00f3n no se suple con la realizada a su apoderada judicial. <\/p>\n
Por tanto, es claro que la se\u00f1ora Natalia Paula Oquendo G\u00f3mez tiene un inter\u00e9s directo en las decisiones que en esta sede se adopten, en aras de evacuar las pretensiones propuestas y, en tal sentido, resulta imperativo darle a conocer la existencia de este mecanismo. <\/p>\n
4. Lo anterior, desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 C.G. del P., preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, que dispone que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
5. En ese orden de ideas, lo rese\u00f1ado impone declarar la invalidez de todo lo actuado, con posterioridad al auto que admiti\u00f3 el amparo, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad de notificar adecuadamente dentro de la acci\u00f3n de tutela a la se\u00f1ora Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, con posterioridad al auto que admiti\u00f3 el amparo. <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que, por Secretar\u00eda, se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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