ATC790-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC790-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00336-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n incoada por Jos\u00e9 Antonio Ortiz Mart\u00ednez (quien dijo actuar como mandatario de Luis Alberto Baquero R\u00edos, a su vez, apoderado general de Mar\u00eda del Carmen R\u00edos de Baquero) frente al fallo dictado el 28 de abril de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales a la igualdad, \u00abadministraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abreconocimiento de persona jur\u00eddica (sic)\u00bb y \u00ablibre [desarrollo de la] personalidad\u00bb, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada a Mar\u00eda del Carmen R\u00edos de Baquero con ocasi\u00f3n de la medida cautelar que decret\u00f3 en el juicio fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque el auto de\u2026 2 de marzo 2021 que deja sin efectos por 6 meses m\u00e1s el poder general contenido en la escritura p\u00fablica 2039 del 7 octubre 2017 de la Notar\u00eda 77 de Bogot\u00e1\u2026, proferido por el Juzgado [encausado]\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Mar\u00eda Baquero R\u00edos promovi\u00f3 proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio frente a su madre Mar\u00eda del Carmen R\u00edos de Baquero (diagnosticada con \u00abtrastorno cognitivo mayor tipo Alzheimer con una escala de deterioro global 6-7, es decir en fase grave o final\u00bb), cuya demanda se admiti\u00f3 el 21 de julio de 2020, a la vez que, acorde con los art\u00edculos 6\u00ba y 55 de la Ley 1996 de 2019, se le design\u00f3 como su \u00abapoyo transitorio o provisional, \u00fanica y exclusivamente para la administraci\u00f3n de los bienes descritos en la pretensi\u00f3n segunda de la demanda\u00bb (administraci\u00f3n de la propiedad y los frutos presentes y futuros sobre su porcentaje respecto a 6 inmuebles); y se dispuso \u00abdejar sin efectos por el t[\u00e9]rmino de\u2026 (6) meses, el poder general contenido en la escritura p\u00fablica No. 02039 del 7 de octubre de 2017\u00bb, otorgado ante la Notar\u00eda 77 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 por Mar\u00eda del Carmen a su otro hijo, aqu\u00ed accionante, Luis Alberto. <\/p>\n
2.2. Esa \u00faltima determinaci\u00f3n la mantuvo el Juzgado convocado el 11 de diciembre de 2020 al desatar la reposici\u00f3n propuesta por el quejoso, a la vez que le concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria que interpuso, sin embargo, el pasado 18 de febrero el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 inadmisible tal censura vertical al concluir que \u00abla decisi\u00f3n que resuelve sobre las medidas cautelares, en este caso, no es susceptible del recurso de alzada, como quiera que el proceso\u2026 se tramita en \u00fanica instancia (CGP 390 -par\u00e1grafo 1\u00ba-)\u00bb, porque el precepto 54 de la Ley 1996 de 2019 \u00abestablece que del proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio conocer\u00e1n los jueces de familia mediante el proceso verbal sumario\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 2 de marzo de 2021 se dispuso \u00abdejar sin efectos por el t\u00e9rmino de\u2026 (6) meses m\u00e1s el [referido] poder general\u00bb, decisi\u00f3n que se mantuvo el 15 de abril siguiente, a la vez que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada subsidiaria que frente a misma propuso el accionante, para lo cual el estrado acusado afirm\u00f3 que tal tem\u00e1tica ya hab\u00eda quedado dirimida con las decisiones referidas a espacio. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela el quejoso cuestion\u00f3, en lo medular, que el Juzgado encartado, al ordenar, como medida cautelar, suspender los efectos jur\u00eddicos del poder general que Mar\u00eda del Carmen R\u00edos de Baquero otorg\u00f3 a su hijo Luis Alberto, vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales de la primera porque, en contrav\u00eda de su \u00abderecho a la autodeterminaci\u00f3n, hace un trato discriminatorio con la autonom\u00eda y la libre expresi\u00f3n de suscribir ante Notario P\u00fablico escrituras p\u00fablicas donde se ha expresado manifestaci\u00f3n de voluntad (sic)\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al concluir que el abogado accionante, Jos\u00e9 Antonio Ortiz Mart\u00ednez, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para instaurarlo porque no trajo poder especial alguno conferido a \u00e9l por Luis Alberto Baquero R\u00edos o Mar\u00eda del Carmen R\u00edos de Baquero para reclamar el resguardo de los derechos fundamentales que invoc\u00f3. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales y arrimando el mandato especial que con ese prop\u00f3sito le otorg\u00f3 Luis Alberto Baquero R\u00edos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo, en correlaci\u00f3n con las actuaciones surtidas en el juicio fustigado, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para decidir el presente asunto en primera instancia y, por ende, la carencia de la misma por parte de esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que el auxilio supralegal resulta extensivo a aquella Colegiatura, en tanto que aunque la queja del reclamante se dirige, en principio, contra el auto que el pasado 2 de marzo emiti\u00f3 el Juzgado convocado, lo cierto es que, como atr\u00e1s se rese\u00f1\u00f3, el 15 de abril \u00faltimo ese despacho mantuvo tal decisi\u00f3n sosteniendo que la tem\u00e1tica tratada qued\u00f3 zanjada en los autos previos que se encontraban ejecutoriados, entre los cuales est\u00e1 el dictado el 18 de febrero de 2021 por el referido Tribunal, que consider\u00f3 de \u00fanica instancia el asunto en cuesti\u00f3n y, por ende, no susceptible de apelaci\u00f3n la providencia del a-quo. <\/p>\n
En esa medida, el referido Tribunal debe vincularse por pasiva, lo que le imped\u00eda resolver v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, en primera instancia, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, conforme a lo previsto en los numerales 5\u00ba y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), los cuales, en lo que aqu\u00ed interesa y en su orden, ense\u00f1an que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb; y que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n de la regla 4\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo considerado, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
<\/p>\n
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