ATC795-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC795-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00771-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Leonardo Alcal\u00e1 Simbaqueba al Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad y la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Carlos Alejo Barrera Arias, dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el prenombrado a la citada autoridad, con ocasi\u00f3n del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial con radicado 2017-00063-00, incoado por el gestor contra Rosangela de Quevedo Vargas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante acude a esta actuaci\u00f3n porque, en su sentir, se inobserv\u00f3 el fallo 30 de abril de 2021, mediante el cual esta Sala le concedi\u00f3 el amparo rogado y, en consecuencia, le orden\u00f3 a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 <\/p>\n
\u201c(\u2026) que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 4 de marzo de 2021, as\u00ed como las providencias que de \u00e9l se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, defina, nuevamente, la solicitud de adici\u00f3n elevada por el accionante al prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. El censor inici\u00f3 el resguardo indicado, aduciendo que, en sentencia de 10 de abril de 2018, el estrado del circuito acusado declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n, la sociedad patrimonial constituida por aqu\u00e9l y Rosangela de Quevedo Vargas, entre el 15 de febrero de 1993 y el 28 de mayo de 2014. <\/p>\n
Posteriormente, el promotor deprec\u00f3 ante el mismo despacho, la liquidaci\u00f3n de la rese\u00f1ada sociedad, en donde incluy\u00f3 varios activos, entre ellos, los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
Partida <\/p>\n
Bien <\/p>\n
Socio adquirente <\/p>\n
Data de celebraci\u00f3n o adquisici\u00f3n <\/p>\n
III <\/p>\n
Derechos sobre contrato de leasing habitacional <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
3 de diciembre de 2014 <\/p>\n
IV <\/p>\n
Lote <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
20 de junio de 2014 <\/p>\n
Lote <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
20 de junio de 2014 <\/p>\n
VI <\/p>\n
Lote <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
20 de junio de 2014 <\/p>\n
XII <\/p>\n
Garaje <\/p>\n
Actor <\/p>\n
5 de diciembre de 1995 <\/p>\n
XIII <\/p>\n
Apartamento <\/p>\n
Actor <\/p>\n
15 de marzo de 2002 <\/p>\n
Como pasivos, el tutelante denunci\u00f3 deudas relacionadas con impuestos y, obligaciones pendientes frente a terceros respaldadas en t\u00edtulos valores. <\/p>\n
Igualmente, pidi\u00f3 que Rosangela de Quevedo deb\u00eda compensar a la sociedad los frutos dejados de percibir frente a arrendamiento de algunos predios, as\u00ed como lo percibido por aqu\u00e9lla por la venta de unos inmuebles. <\/p>\n
En adici\u00f3n, deprec\u00f3 el pago de recompensas a su favor, aduciendo haber cancelado tributos distritales de varios bienes ra\u00edces y la administraci\u00f3n de la propiedad horizontal de otros. <\/p>\n
En diligencia de inventarios y aval\u00faos surtida el 14 de agosto de 2019, la demandada solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de los activos y pasivos enarbolados por el suplicante. <\/p>\n
El querellante hizo lo propio, respecto de los dos (2) predios invocados por su contraparte, pues, cada uno de dichos bienes, ten\u00eda un usufructo del 50% en beneficio de Marina Simbaqueba de Alcal\u00e1. <\/p>\n
En la mencionada diligencia, el despacho refutado, al abrigo de lo normado en el numeral 3\u00b0, art\u00edculo 501 de la Ley 1564 de 20121, suspendi\u00f3 la diligencia con el fin de practicar pruebas relacionadas con las objeciones presentadas por los contendientes. <\/p>\n
En audiencia celebrada el 9 de octubre de 2019, se practicaron las pruebas solicitadas por las partes. <\/p>\n
El 15 de julio de 2020, se resolvi\u00f3 no tener en cuenta, para efectos de la liquidaci\u00f3n, los siguientes activos reportados por el petente. <\/p>\n
<\/p>\n
Partida <\/p>\n
Bien <\/p>\n
Socio adquirente <\/p>\n
Data de celebraci\u00f3n o adquisici\u00f3n <\/p>\n
III <\/p>\n
Derechos sobre contrato de leasing habitacional <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
3 de diciembre de 2014 <\/p>\n
IV <\/p>\n
Lote <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
20 de junio de 2014 <\/p>\n
V <\/p>\n
Lote <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
20 de junio de 2014 <\/p>\n
VI <\/p>\n
Lote <\/p>\n
Quevedo Vargas <\/p>\n
20 de junio de 2014 <\/p>\n
Lo anterior, porque la all\u00ed convocada adquiri\u00f3 tales bienes, con posterioridad a la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial, acaecida el 28 de mayo de 2014. <\/p>\n
En cuanto a los pasivos, compensaciones y recompensas, se\u00f1al\u00f3 que no eran procedentes, pues las obligaciones all\u00ed mencionadas por impuestos y administraci\u00f3n de los inmuebles, estaban por fuera del rango de vigencia de la sociedad y las derivadas de t\u00edtulos valores, no pod\u00edan incluirse porque tales cartularios no se hab\u00edan adosado. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el accionante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, indicando que (i) aun cuando Quevedo Vargas compr\u00f3 algunos bienes tras la disoluci\u00f3n, esos negocios los hizo con dineros de la sociedad; (ii) los impuestos de varios predios deb\u00edan ser cancelados porque esa obligaci\u00f3n incumb\u00eda a ambos socios, m\u00e1s no a uno s\u00f3lo de ellos; y (iii) la nuda propiedad, generada ante el usufructo en cuesti\u00f3n, imped\u00eda que los dos (2) activos implorados por aqu\u00e9lla, fueran parte de la discusi\u00f3n. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien el 16 de diciembre de 2020, rese\u00f1\u00f3 frente a los pasivos que, para lograr su inclusi\u00f3n por falta de aceptaci\u00f3n de la contraparte, deb\u00eda promoverse objeci\u00f3n y, como esa actividad no fue desplegada por el inicialista, \u201cdeb\u00eda correr con la suerte de esa omisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Tocante a los activos, dicho colegiado destac\u00f3 que los inmuebles adquiridos por su expareja, luego de la disoluci\u00f3n de la sociedad, tampoco pod\u00edan ser estimados en la liquidaci\u00f3n, pues los mismos nunca hicieron parte del haber social. <\/p>\n
En cuanto a los activos objetados al estar gravados con usufructo, el tribunal acogi\u00f3 el planteamiento del actor y, por tanto, los excluy\u00f3 de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
El demandante pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de esa providencia, reiterando los argumentos esbozados como fundamento de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 y agregando que a \u00e9l no le incumb\u00eda realizar objeci\u00f3n alguna para lograr la inclusi\u00f3n del pasivo. <\/p>\n
En pronunciamiento de 4 de marzo de 2021, la corporaci\u00f3n atacada desestim\u00f3 el precitado pedimento <\/p>\n
3. El reclamante impulsa el presente asunto porque, si bien el tribunal recriminado, en acatamiento del mandato constitucional trascrito, en auto de 7 de mayo de 2021, defini\u00f3 la adici\u00f3n deprecada, deneg\u00f3 las compensaciones que aleg\u00f3 en las \u201cpartidas segunda y tercera\u201d relativas a la venta de inmuebles, por parte de su excompa\u00f1era permanente, as\u00ed como el pasivo denunciado por \u00e9l en las \u201cpartidas segunda y sexta\u201d, relacionadas con t\u00edtulos valores en favor de familiares suyos, y una obligaci\u00f3n bancaria emanada de un contrato de leasing. Adem\u00e1s, acot\u00f3, el incidentado no acogi\u00f3 la aclaraci\u00f3n rogada ni hizo un pronunciamiento frente a las costas, las cuales deb\u00edan modificarse, aspectos que, en su parecer, indican rebeld\u00eda a lo prove\u00eddo por esta Sala. <\/p>\n
4. Mediante auto de 18 de mayo de 2021, se puso en conocimiento de la corporaci\u00f3n encausada lo manifestado por el actor. <\/p>\n
5. El colegiado demandado indic\u00f3 haber obedecido lo dispuesto por el Sala, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n de 7 de mayo anterior. As\u00ed, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte, de un lado, resolvi\u00f3 negar la aclaraci\u00f3n solicitada y, de otro, acogi\u00f3 la adici\u00f3n implorada respecto al pronunciamiento de 16 de diciembre de 2020, en el sentido de <\/p>\n
\u201c(\u2026) [revocar], parcialmente, el ordinal segundo del auto apelado, esto es, el de 15 de julio de 2019, proferido por el Juzgado 3\u00ba de Familia de esta ciudad, dentro del asunto de la referencia, y, como consecuencia, [declarar infundada] la objeci\u00f3n alegada por la demandada en lo que tiene que ver con la partida primera del ac\u00e1pite de los pasivos y las atinentes a las partidas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, s\u00e9ptima, octava y novena del ac\u00e1pite de las recompensas a favor del [quejoso], en consecuencia, dichas partidas har\u00e1n parte del inventario (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, enfatiz\u00f3, deb\u00eda estarse a lo resuelto en el auto de 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
De la respuesta suministrada, el 25 de mayo postrero se le corri\u00f3 traslado al querellante, quien reiter\u00f3 la existencia de desacato a lo ordenado; por tanto, el 1\u00b0 de junio siguiente, se admiti\u00f3 el incidente. <\/p>\n
6. Por no existir pruebas a decretar, pues las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El desacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de tutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes impartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, por cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen mecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento de las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de la conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas superiores amparadas. <\/p>\n
2. El presente decurso se circunscribe a determinar si fue incumplido el mandato impartido por la Sala en la sentencia STC4683-2021 de 30 de abril de 2021, dentro del amparo incoado por Leonardo Alcal\u00e1 Simbaqueba a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, incoado por aqu\u00e9l contra Rosangela de Quevedo Vargas. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, en dicho pronunciamiento se le orden\u00f3 a esa entidad <\/p>\n
\u201c(\u2026) que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 4 de marzo de 2021, as\u00ed como las providencias que de \u00e9l se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, defina, nuevamente, la solicitud de adici\u00f3n elevada por el accionante al prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Para establecer si existi\u00f3 o no desacato, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que debe surtirse una comparaci\u00f3n entre lo resuelto y la supuesta omisi\u00f3n endilgada al destinatario de la orden2. <\/p>\n
Asimismo, esta Colegiatura ha sido especialmente enf\u00e1tica al indicar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige \u2018al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato\u2019 y ha reiterado que \u2018el juicio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad\u2019 en esa materia, \u2018no puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que en el tr\u00e1mite respectivo habr\u00e1 de establecerse que la orden judicial fue desatendida por negligencia de la persona obligada a cumplirla, aspecto \u00e9ste que deber\u00e1 ser demostrado en la correspondiente actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala en el fallo de 30 de abril de 2021, concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, porque para lograr la inclusi\u00f3n de compensaciones o recompensas basta denunciarlas y, como as\u00ed lo hizo el actor, ante la oposici\u00f3n de su excompa\u00f1era permanente a ello, deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 5014, suspender la audiencia, decretar y practicar pruebas, como en efecto lo hizo el estrado a quo\u201d. <\/p>\n
\u201cCon ese entendimiento, ante la negativa de la convocada a aceptar las compensaciones y recompensas del censor, as\u00ed como los pasivos que \u00e9ste relacion\u00f3, no era necesario para dar lugar al debate probatorio, que \u00e9ste enarbolara objeci\u00f3n ante la conducta procesal de su contendiente, pues ello implica una carga adicional no prevista en la norma\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no resulta admisible la interpretaci\u00f3n del tribunal al exigir una objeci\u00f3n para quien presenta un pasivo que no es aceptado por su expareja, pues ya lo alleg\u00f3, siendo innecesario objetar para lograr inclusi\u00f3n ante la resistencia de su contradictor, porque al haber discusi\u00f3n en la materia, la misma debe zanjarse a trav\u00e9s de los medios de convicci\u00f3n pertinentes. No desconoce la Corte, cuanto bien dice el juzgador de segunda instancia sobre las cargas probatorias de una y otra parte en pos de demostrar la existencia, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de obligaciones y cr\u00e9ditos, pero ello, habr\u00e1 de cumplirse por una y otro interviniente o interesado con el control del juez, una vez se suscite la controversia, en los t\u00e9rminos del n\u00fam. 3 del art. 501 aplicando los principios de igualdad, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, de modo que no haya dilaciones que prolonguen indefinidamente tan importante acto de los inventarios y aval\u00faos, ni que la misma se preste para fraudes o enga\u00f1os\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese orden de ideas, la colegiatura recriminada ten\u00eda el deber de resolver de fondo la alzada formulada por el gestor, respecto a los pasivos, compensaciones y recompensas referidos por \u00e9l, en los inventarios, por no haber sido aceptados por la demandada Rosangela de Quevedo Vargas y, en gran medida, al no haber sido reconocidos por el a quo; m\u00e1xime si el actor pidi\u00f3 la adici\u00f3n de ese prove\u00eddo y a ello no accedi\u00f3 la corporaci\u00f3n accionada el 4 de marzo de 2021 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo descrito, se orden\u00f3 a la corporaci\u00f3n fustigada <\/p>\n
\u201c(\u2026) deja[r]sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 4 de marzo de 2021, as\u00ed como las providencias que de \u00e9l se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, defina, nuevamente, la solicitud de adici\u00f3n elevada por el accionante al prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ello implicaba, para el colegiado acusado, resolver sobre los activos, pasivos, recompensas y compensaciones presentados por el promotor y no aceptados por su excompa\u00f1era permanente en la diligencia de inventarios y aval\u00faos y que fueron motivo de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisado lo anterior, se resalta, la autoridad incidentada, para atender el mandato tutelar, en decisi\u00f3n de 7 de mayo de 2021, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]especto de las deudas representadas en los pagar\u00e9s a favor de la progenitora y de la hermana del actor (2 para cada una) [que corresponden a la partida sexta del pasivo], debe sentarse que no pueden formar parte del inventario, porque no hay claridad sobre la verdadera existencia de ellas a cargo de la sociedad (\u2026) [por]que los t\u00edtulos valores se suscribieron luego de la disoluci\u00f3n de la sociedad y, adem\u00e1s, [por cuanto] del negocio jur\u00eddico subyacente a los t\u00edtulos valores aportados, puede afirmarse que no se trata de unas deudas sociales\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[A]dem\u00e1s, (\u2026) no hay prueba de que las acreedoras hayan entregado, a quien ser\u00eda el deudor, las sumas de dinero a que se refieren los t\u00edtulos valores a que se ha hecho alusi\u00f3n, tampoco se demostr\u00f3 que las obligaciones fueron contra\u00eddas por el demandante para solventar cargas relacionadas con su familia, raz\u00f3n por la cual no deben hacer parte del inventario y aval\u00fao\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En torno a las partidas 2\u00aa y 3\u00aa del ac\u00e1pite de compensaciones que no fueron incluidas por el Juez de primera instancia, esto es, las sumas de $269.823.000 y $202.500.000 M\/cte (inventariadas en ese orden), a favor de la masa social, en raz\u00f3n de la enajenaci\u00f3n que la demandada hizo de los inmuebles con folios de matr\u00edcula No. 50C-1016509 y 50N-20111732 que conformaban el haber social luego de revisar los certificados de tradici\u00f3n y libertad de los predios mencionados (fols. 324 a 329 y 346 a 348 cuad. 1), puede concluirse, sin ambages de ninguna naturaleza, que dichos bienes tienen el car\u00e1cter de sociales, pues fueron adquiridos por la demandada, a t\u00edtulo oneroso, dentro de la vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
\u201cPor otro lado, tambi\u00e9n puede verse en la copia de los mismos certificados que tales bienes ra\u00edces fueron enajenados por la se\u00f1ora ROS\u00c1NGELA DE QUEVEDO VARGAS los d\u00edas 25 de mayo de 2018 y el 6 de marzo de 2015, esto es, luego de disuelta la sociedad patrimonial (28 de mayo de 2014), lo cual significa, ni m\u00e1s ni menos, que en realidad no han salido del dominio de la sociedad il\u00edquida, pues se trata de venta de cosa ajena, negociaci\u00f3n que, conforme con lo prescrito en el art\u00edculo 1871 del C.C., es plenamente v\u00e1lida, sin perjuicio de los derechos del verdadero due\u00f1o, esto es, los de la sociedad, en el presente caso\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, no cabe la menor duda acerca de que no es posible la relaci\u00f3n de las compensaciones de que se trata originadas en la enajenaci\u00f3n de los dos referidos inmuebles, habida cuenta de que no existe el empobrecimiento social que se alega y lo que procede es el adelantamiento de las acciones correspondientes, para la efectiva vuelta de los bienes a la sociedad il\u00edquida que es la real titular del derecho de dominio sobre los mismos\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, a todas luces, era improcedente incluir dichas compensaciones en el inventario y aval\u00fao\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otro lado, frente a la partida primera del ac\u00e1pite de las compensaciones, esto es, \u201clos frutos dejados de percibir durante los diez a\u00f1os, los cuales se encontr\u00f3 ausente del pa\u00eds y administraci\u00f3n de sus propios bienes\u201d, ha de precisarse que no se demarc\u00f3 por el apelante, el l\u00edmite temporal en que se dieron esas utilidades; sin embargo, si a las que se refiere es a las que se produjeron dentro de la vigencia de la sociedad, es decir, las causadas entre el 15 de febrero de 1993 y el 28 de mayo de 2014, calenda \u00faltima en la que se declar\u00f3 la disoluci\u00f3n de aquella, es preciso sentar que para la inclusi\u00f3n de cualquier rubro dentro del inventario debe quedar probada su existencia al momento de la finalizaci\u00f3n de la sociedad, tarea que no fue asumida por el demandante, pues no basta con que se diga que hubo frutos civiles, sino que es necesario acreditar que ellos fueron capitalizados y que se encontraban en poder del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero respectivo, cuando se produjo la terminaci\u00f3n de la sociedad, de manera que, si ello no se hizo, la decisi\u00f3n del juez de primera instancia se ajusta a la normatividad legal\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, si los frutos civiles son los que se causaron con posterioridad a la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial, ellos pertenecen de suyo a los part\u00edcipes (en este caso, a los compa\u00f1eros) y, por lo tanto, no son inventariables, pues en realidad jam\u00e1s fueron parte de ella, ya que los mismos se produjeron luego de su disoluci\u00f3n, pues en esta materia es aplicable lo que sobre el particular\u201d <\/p>\n
Adicionalmente, en el pronunciamiento de 7 de mayo de 2021, al ad quem incidentado, se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda lugar a la aclaraci\u00f3n y, en lo dem\u00e1s, se estaba a lo resuelto en el prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2020, en donde valga destacar, \u201cse desestim\u00f3 lo tocante a un pasivo derivado de una obligaci\u00f3n contra\u00edda en virtud de un contrato de leasing\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, es claro, la magistratura llamada en desacato, atendi\u00f3 a lo ordenado en la sentencia de 30 de abril de 2021, pues deb\u00edan resolverse aquellos aspectos no definidos en el auto de 16 de diciembre de 2020 y as\u00ed procedi\u00f3 la autoridad acusada en la determinaci\u00f3n de 7 de mayo pasado, explicando y motivando la raz\u00f3n de su decisi\u00f3n en el fondo de lo controvertido y fincado en las pruebas allegadas por el inconforme y los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, el resguardo constitucional concedido al actor, no implicaba para el colegiado confutado emitir decisiones favorables al petente, tan solo pronunciarse sobre las objeciones que la excompa\u00f1era del inicialista efectu\u00f3 a sus inventarios y, as\u00ed lo hizo la corporaci\u00f3n enjuiciada en acatamiento a lo se\u00f1alado por la Corte, cuando defini\u00f3 lo pertinente frente las compensaciones relacionadas con la venta de dos (2) inmuebles y, acerca del pasivo relativo a dos (2) t\u00edtulos valores creados en beneficio de familiares del quejoso, pues lo ata\u00f1edero a la obligaci\u00f3n derivada de un contrato de leasing, fue zanjado en el auto de 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no se desatendi\u00f3 lo dispuesto por la Sala, ni siquiera cuando se deneg\u00f3 la aclaraci\u00f3n deprecada por el censor, porque ese tema no fue objeto de la salvaguarda materia de este incidente. <\/p>\n
De igual modo, la modificaci\u00f3n de las costas no fue objeto del auxilio en cuesti\u00f3n, adem\u00e1s, ese es un tema nuevo que el impulsor ha debido controvertir ante la corporaci\u00f3n denunciada directamente y sin intermediaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se colige en la actuaci\u00f3n de la autoridad incidentada rebeld\u00eda alguna, en orden a desacatar el precepto tutelar. <\/p>\n
Desde el punto de vista subjetivo, tampoco se observa que la intenci\u00f3n del estrado confutado hubiese sido la de desobedecer el fallo de tutela, es decir, su patente responsabilidad a t\u00edtulo de culpa o de dolo en la falta endilgada. Por el contrario, fund\u00f3 motivadamente y expl\u00edcitamente la raz\u00f3n de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
6. T\u00e9ngase en cuenta que, para sancionar por v\u00eda incidental, no s\u00f3lo deben mediar comportamientos objetivos manifiestos debidamente probados sino tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien desacata la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse ni debe olvidarse, que la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, no halla asiento en nuestro ordenamiento. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aqu\u00e9l es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
El desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria a la orden judicial impartida por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n
Para la Sala no se re\u00fanen los presupuestos objetivos ni subjetivos para imponer sanci\u00f3n alguna por desacato a la orden constitucional de tutela. <\/p>\n
6. Desde esa perspectiva, existiendo evidencia del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela de 30 de abril de 2021, se torna inviable la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Carlos Alejo Barrera Arias, cumpli\u00f3 la sentencia STC4683-2021 de 30 de abril de 2021, proferida por esta Sala. <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la incidentada, conforme se explic\u00f3 en la parte motiva de este pronunciamiento. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y aval\u00faos o sobre la inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de bienes o deudas sociales, el juez suspender\u00e1 la audiencia y ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicar\u00e1n en su continuaci\u00f3n. En la misma decisi\u00f3n se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para continuar la audiencia y advertir\u00e1 a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dict\u00e1menes sobre el valor de los bienes, con antelaci\u00f3n no inferior a cinco (5) d\u00edas a la fecha se\u00f1alada para reanudar la audiencia, t\u00e9rmino durante el cual se mantendr\u00e1n en secretar\u00eda a disposici\u00f3n de las partes (\u2026). En la continuaci\u00f3n de la audiencia se oir\u00e1 a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolver\u00e1 de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los aval\u00faos en la oportunidad se\u00f1alada en el inciso anterior, el juez promediar\u00e1 los valores que hubieren sido estimados por los interesados, sin que excedan el doble del aval\u00fao catastral (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Autos de 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. 7600122210002013-00013-01, entre otras. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00; reiterada en ATC de 5 de octubre de 2016, exp. 23001-22-14-000-2016-00414-01 <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) 3. Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y aval\u00faos o sobre la inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de bienes o deudas sociales, el juez suspender\u00e1 la audiencia y ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicar\u00e1n en su continuaci\u00f3n. En la misma decisi\u00f3n se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para continuar la audiencia y advertir\u00e1 a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dict\u00e1menes sobre el valor de los bienes, con antelaci\u00f3n no inferior a cinco (5) d\u00edas a la fecha se\u00f1alada para reanudar la audiencia, t\u00e9rmino durante el cual se mantendr\u00e1n en secretar\u00eda a disposici\u00f3n de las partes (\u2026)\u201d(se enfatiza). <\/p>\n
53 Corte Constitucional, Sentencia T- 763 de 1.998. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC795-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC795-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00771-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Leonardo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}