ATC826-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC826-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n incoada por Hortencia de la Concepci\u00f3n Vergara de \u00c1vila frente al fallo dictado el 29 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al m\u00ednimo vital, dignidad humana y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada ante la no materializaci\u00f3n de la orden de tutela que emiti\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en concreto, \u00abordenar al Juez Cuarto Civil del Circuito de Valledupar imponer al incidentado las sanciones de que tratan los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela incoada por la accionante, en fallo dictado el 25 de abril de 2013 el Juzgado acusado le orden\u00f3 \u00abal Director Territorial Cesar del Incoder que\u2026 inicie las gestiones pertinentes a plantear una soluci\u00f3n justa y adecuada a la problem\u00e1tica desde una iniciativa t\u00e9cnica, determinando el \u00e1rea real del predio Rodesia, el n\u00famero de UAF que podr\u00edan consolidarse, su distribuci\u00f3n entre las familias adjudicatarias y de ser posible administrativamente, explique la forma en que se llevar\u00e1 a cabo y lo haga sin m\u00e1s dilaciones ni excusas, o lo coordine con las unidades que pudieran intervenir en ese proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, ante el incumplimiento de esa orden constitucional, la quejosa impulso diferentes solicitudes de desacato que dieron lugar, entre otras decisiones, a que el 19 de marzo de 2015 se resolviera no corregir a los encargados de atenderla, el 10 de junio de 2016 se sancionara al Director Territorial del Incoder, el 8 de noviembre siguiente el Tribunal ad-quem anulara esta determinaci\u00f3n al advertir que el fallo ahora le correspond\u00eda atenderlo a la Agencia Nacional de Tierras, el 15 de noviembre de 2017 el a-quo sancion\u00f3 a la Subdirectora de esa \u00faltima entidad, castigo que el 28 de mayo de 2018 revoc\u00f3 su superior al no vislumbrar el \u00abdolo necesario\u00bb para imponerlo, el 11 de marzo de 2020 el Juzgado abri\u00f3 nuevo tr\u00e1mite incidental pero el 27 de mayo siguiente nuevamente se abstuvo de imponer sanciones, lo que reiter\u00f3 el 26 de enero \u00faltimo. <\/p>\n
2.3. En esta nueva oportunidad la actora se doli\u00f3, en s\u00edntesis, de que \u00abresulta injustificable e irrazonable\u00bb que, tras haber transcurrido m\u00e1s de 8 a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 el mentado fallo de tutela, haya sido posible obtener su cumplimiento, debido al \u00abactuar negligente del Juez\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el 28 de mayo de 2018 el Tribunal revoc\u00f3 las sanciones impuestas por el a-quo \u00abconden\u00e1ndo[l]os as\u00ed a una vulneraci\u00f3n extendida en el tiempo de [su] derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al concluir que \u00abel juzgado accionado ha impartido el tr\u00e1mite de ley que corresponde\u2026, las decisiones han sido adoptadas en aplicaci\u00f3n a la norma y jurisprudencia de las altas cortes, garantizando el debido proceso a las partes\u00bb, evidenci\u00e1ndose que est\u00e1 \u00abadoptando todas las medidas necesarias para forzar la satisfacci\u00f3n de las \u00f3rdenes de amparo, en ejercicio de las facultades que con ese objeto le concedi\u00f3 el Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo, en correlaci\u00f3n con las actuaciones surtidas en el juicio fustigado, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para decidir este asunto en primera instancia y, por ende, la carencia de la misma por parte de esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que el auxilio supralegal resulta extensivo a aquella Colegiatura, en tanto que aunque la queja de la reclamante se dirige, en principio, \u00fanicamente contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, lo cierto es que, como atr\u00e1s se rese\u00f1\u00f3, cuestiona que no se haya materializado lo ordenado en el fallo de tutela a pesar de que desde su emisi\u00f3n han transcurrido m\u00e1s de 8 a\u00f1os, lo que torna evidente que su inconformidad tambi\u00e9n recae sobre los prove\u00eddos dictados por el ad-quem en ese interregno. <\/p>\n
En esa medida, el referido Tribunal debe vincularse por pasiva, lo que le imped\u00eda resolver v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, en primera instancia, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, conforme a lo previsto en los numerales 5\u00ba y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), los cuales, en lo que aqu\u00ed interesa y en su orden, ense\u00f1an que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb; y que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n de la regla 4\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo considerado, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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