ATC827-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC827-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2021-00164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 4 de mayo de 2021, por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Bancolombia SA contra el Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esa localidad y Elbert Araujo Daza; sino fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 el amparo de sus derechos a la igualdad, debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la entidad accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse rechace el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante presentado por Juan Manuel Castro Daza\u2026\u00bb y, por tanto, se ordene a la enjuiciada \u00abremitir el proceso\u2026 a la autoridad competente para que se surta el proceso que est\u00e1 regulado por la Ley 1116 de 2016\u00bb. <\/p>\n
2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que la queja del promotor del resguardo se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Juan Manuel Castro Daza promovi\u00f3 \u00abtr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante\u00bb, que fue admitido por el centro de conciliaci\u00f3n criticado con decisi\u00f3n del 14 de marzo de 2020, tr\u00e1mite en el que se design\u00f3 como conciliador a Elbert Araujo Daza. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, Bancolombia SA solicit\u00f3 el rechazo del referido proceso, por cuanto para la fecha de su iniciaci\u00f3n, Juan Manuel Castro Daza \u00abpresentaba la calidad de comerciante\u00bb, petici\u00f3n desestimada con determinaci\u00f3n del 12 de marzo de los corrientes. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que Juan Manuel Castro Daza \u00abdebi\u00f3 tramitar su insolvencia a trav\u00e9s de la ley 1116 de 2006 y no como persona natural no comerciante, de lo que se desprende que el suscrito operador de insolvencia no se encuentra facultado por la ley para conocer y tramitar dicho proceso\u00bb, por lo que debi\u00f3 rechazarlo. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Valledupar rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3.1. Elbert Araujo Daza defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en fallo de tutela de 4 de mayo anterior, neg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abno se demostr\u00f3 que se hayan agotado los mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n del 12 de marzo de los corrientes, situaci\u00f3n que torna improcedente la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el querellante, quien manifest\u00f3 que, contrario a lo argumentado por el a quo constitucional, s\u00ed agot\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa que tuvo a su alcance. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia del fallador constitucional de primera instancia para decidir el presente asunto, pues el ruego constitucional involucra, exclusivamente, al Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Valledupar y al conciliador all\u00ed designado, entidad que admiti\u00f3 el proceso de insolvencia incoado por Juan Manuel Castro Daza. <\/p>\n
Luego, se insiste, el a quo carec\u00eda de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), establece que \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Ello en la medida en que, como lo ha sostenido esta Sala Especializada, el procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas y convalidaci\u00f3n de acuerdos, \u00abno es de naturaleza jurisdiccional, seg\u00fan se desprende del precepto 533 del C. G. del P.\u00bb (CSJ ATC1609-2018), lo que excluye la aplicaci\u00f3n del numeral 11 de la norma en cita, seg\u00fan la cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que: <\/p>\n
\u2026 las C\u00e1maras de Comercio son personas jur\u00eddicas de derecho privado, de naturaleza corporativa, gremial y sin \u00e1nimo de lucro, que por expresa disposici\u00f3n legal ejercen funciones p\u00fablicas mediante la figura de la descentralizaci\u00f3n por colaboraci\u00f3n. En su calidad de particulares se encuentran sometidas a los principios de la funci\u00f3n administrativa que establece el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, respecto del cumplimiento de las funciones p\u00fablicas encomendadas, sin que ello implique una mutaci\u00f3n en su condici\u00f3n de sujeto sometido al r\u00e9gimen privado en lo atinente a su organizaci\u00f3n y al desarrollo de sus actividades propias, las cuales se encuentran bajo la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. (CC C-135\/16). <\/p>\n
2. En consecuencia, todo lo actuado en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
3. En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar, a quien correspondi\u00f3 por reparto inicialmente el presente asunto, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar, para que se asuma el conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
5 <\/p>\n
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ATC827-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC827-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2021-00164-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintiuno (2021). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 4 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54600","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54600"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54600\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}